{"id":101598,"date":"2026-07-01T18:30:08","date_gmt":"2026-07-01T18:30:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101598"},"modified":"2026-07-01T18:30:08","modified_gmt":"2026-07-01T18:30:08","slug":"stc2189-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2189-2018\/","title":{"rendered":"STC2189-2018"},"content":{"rendered":"
Magistrada ponente <\/p>\n

STC2189-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00281-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada, mediante abogado, por Luz Mabel Orrego Agudelo frente a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, concretamente contra el magistrado Cruz Antonio Y\u00e1nez Arrieta, extensiva al Juzgado Primero de Familia de esa ciudad. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- La querellante reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades encartadas dentro del juicio de cesaci\u00f3n de efectos civiles y liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que Gerardo Alberto L\u00f3pez Arango le formul\u00f3. <\/p>\n

2.- Expuso, como pilares de su reclamo, en compendio, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- Con base en las causales 2\u00aa y 3\u00aa del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, se entabl\u00f3 el sub lite que el 12 de agosto de 2010 admiti\u00f3 el Juzgado Segundo de Familia de Monter\u00eda, siendo que como \u00ablas partes acordaron ponerle fin a su matrimonio\u00bb, prosigui\u00f3se con el anejo tr\u00e1mite liquidatorio. <\/p>\n

2.2.- Por ende, a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n de 27 de septiembre de 2011, en su numeral segundo, y comoquiera que no fueron objetados, el aludido despacho aprob\u00f3 los \u00abinventarios y aval\u00faos\u00bb. <\/p>\n

2.3.- Luego, mediante \u00abauto fechado en enero 20 del 2012 se decret\u00f3 la partici\u00f3n de los bienes que conformaron el haber de la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n

En punto de tales providencias Gerardo Alberto L\u00f3pez Arango interpuso acci\u00f3n de tutela, que fue denegada por fallo CSJ STC, 5 feb. 2013, rad. 2013-00132-00. <\/p>\n

2.5.- Coet\u00e1neamente, L\u00f3pez Arango promovi\u00f3 un proceso verbal de \u00abexclusi\u00f3n de bienes\u00bb en contra de ella, solicitando \u00abse excluyera [del inventario de su sociedad conyugal] el inmueble de Matr\u00edcula Inmobiliaria N\u00ba. 140-25325\u00bb. <\/p>\n

Esa demanda la avoc\u00f3 el Juzgado Tercero de Familia de Monter\u00eda, que neg\u00f3 las pretensiones en la sentencia correspondiente y \u00ab[c]ontra esa decisi\u00f3n la parte demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n el cual fue declarado desierto por la sala segunda de decisi\u00f3n civil-familia-laboral magistrado ponente Jorge Maya Cardona\u00bb. <\/p>\n

2.6.- Posteriormente, en el sub judice \u00abel juzgado de descongesti\u00f3n de familia del circuito [de Monter\u00eda] con fecha 23 de septiembre del 2014 deja sin efectos el numeral segundo del auto adiado el 27 de octubre del a\u00f1o 2011 [\u2026] que dispuso aprobar el inventario [y] avalu\u00f3 presentado y todas aquellas actuaciones que dependan de esta como es el decreto de partici\u00f3n efectuado el d\u00eda 20 de enero del 2012\u00bb, disponiendo entonces correr traslado del inventario y aval\u00fao; as\u00ed, el all\u00ed demandante de inmediato inst\u00f3 \u00abla exclusi\u00f3n del bien inmueble con [M]atr\u00edcula 140-25325\u00bb, acaeciendo que el despacho mentado \u00abmediante auto del 7 de mayo del a\u00f1o 2015 niega [\u2026] la objeci\u00f3n referente a la exclusi\u00f3n del inventario y aval\u00faos de la sociedad conyugal [\u2026] del bien inmueble urbano registrado con Matr\u00edcula Inmobiliaria 140-25325\u00bb. <\/p>\n

2.7.- Sin embargo, el \u00abdemandante interp[uso] recurso de apelaci\u00f3n\u00bb y la sala recriminada, por pronunciamiento de 28 de octubre de 2015, \u00abrevoc[\u00f3] el [\u2026] auto apelado y excluy[\u00f3] del inventario y aval\u00faos el inmueble 140-25325\u00bb. <\/p>\n

2.8.- Formul\u00f3 incidente de nulidad con base en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, mismo que el juzgado accionado deneg\u00f3 por determinaci\u00f3n de 28 de junio de 2016. <\/p>\n

2.9.- Apel\u00f3 tal resoluci\u00f3n y el tribunal cuestionado la ratific\u00f3 el d\u00eda 3 de octubre de 2017, aconteciendo que, en su criterio, \u00abexcedi\u00f3 su competencia para resolver una solicitud de nulidad y utiliz\u00f3 esta oportunidad para convertirse en una tercera instancia\u00bb, por cuanto esa t\u00f3pico ya hab\u00eda sido debatido en el sub judice y, por dem\u00e1s, estaba zanjado por fallo adoptado, en diverso proceso, por el Juzgado Tercero de Familia de Monter\u00eda. <\/p>\n

2.10.- Alude que no soslay\u00f3 el postulado de la \u00abinmediatez\u00bb, habida cuenta que \u00abla acci\u00f3n de tutela fue interpuesta en un t\u00e9rmino razonable tomando como base el auto del 3 de octubre del a\u00f1o 2017\u00bb. <\/p>\n

3.- Solicita, conforme a lo relatado, \u00abdejar sin valor ni efectos jur\u00eddicos\u00bb los autos de \u00ab23 de septiembre del a\u00f1o 2014\u00bb, de \u00ab28 de octubre del a\u00f1o 2015\u00bb y de \u00ab3 de octubre del a\u00f1o 2017\u00bb, dictados, el primero por el a quo y los restantes por la corporaci\u00f3n entutelada, esto de un lado. Y, de otro, condenar \u00aben abstracto a las entidades accionadas [\u2026] a indemnizar[la a ella\u2026] y a sus menores hijos los da\u00f1os materiales en la modalidad de lucro cesante, da\u00f1o emergente y da\u00f1os morales causados el cual se liquidar\u00e1 conforme al art\u00edculo 25 del [D]ecreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

Guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal se indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisi\u00f3n que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, en SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada resulta evidente que la quejosa, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos f\u00e1ctico, procedimental absoluto, error inducido, desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, enfila su inconformismo as\u00ed: <\/p>\n

2.1.- Contra el tribunal querellado por cuanto profiri\u00f3 las determinaciones, una, revocatoria de \u00ab28 de octubre del a\u00f1o 2015\u00bb, con que \u00abexcluy[\u00f3] del inventario y aval\u00faos el inmueble 140-25325\u00bb; y, otra, revalidatoria de 3 de octubre del a\u00f1o pr\u00f3ximo pasado. <\/p>\n

2.2.- Y, en frente del auto de \u00ab23 de septiembre del a\u00f1o 2014\u00bb, con que en primera instancia se dej\u00f3 \u00absin efectos el numeral segundo del auto adiado el 27 de octubre del a\u00f1o 2011\u00bb. <\/p>\n

3.- Obran como cardinales acreditaciones que ata\u00f1en con la disconformidad elevada, las siguientes: <\/p>\n

3.1.- Demanda que origin\u00f3 el sub examine. <\/p>\n

3.2.- Acta fechada 22 de febrero de 2011, mediante la cual el Despacho Segundo de Familia de Monter\u00eda decret\u00f3 el cese de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico y dispuso la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal. <\/p>\n

3.3.- Auto de 27 de octubre de 2011, mediante el cual la mentada c\u00e9lula judicial resolvi\u00f3: \u00abprimero: Acoger el dictamen pericial presentado por el perito el d\u00eda 12 de septiembre de 2011. segundo: apru\u00e9bese los inventarios y aval\u00faos presentados\u00bb. <\/p>\n

3.4.- Determinaci\u00f3n datada 20 de enero de 2012, con que el despacho aludido decret\u00f3 \u00abla partici\u00f3n de los bienes que conforman el haber de la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n

3.5.- Resoluci\u00f3n de 23 de septiembre de 2014, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado de Familia de Descongesti\u00f3n de Monter\u00eda dej\u00f3 \u00absin efecto el numeral 2 del auto adiado 27 de octubre de 2011 que dispuso aprobar el inventario y aval\u00fao presentado y todas aquellas actuaciones que dependen de est[e], como lo es el decreto de la partici\u00f3n efectuada en prove\u00eddo del 20 de enero de 2012 y dem\u00e1s que de ella emanen\u00bb. <\/p>\n

3.6.- Prove\u00eddo de 28 de octubre de 2015, en virtud del que el tribunal cuestionado \u00abrevoc[\u00f3] el numeral tercero del auto apelado [de 7 de mayo de 2015], en su lugar, excl\u00fayase del inventario y aval\u00fao de la sociedad conyugal [\u2026] el bien inmueble urbano registrado con [M]atr[\u00ed]cula [I]nmobiliaria N\u00ba. 140-25325 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Monter\u00eda\u00bb. <\/p>\n

Ello, por cuanto que, en breve, \u00abno es dable [\u2026] por un criterio netamente interpretativo tener como activo social un bien propio de uno de los miembros de la sociedad conyugal, como consecuencia de un error por parte de este en la elaboraci\u00f3n del inventario del haber social, actuaci\u00f3n con la que se estar\u00eda convalidando un enriquecimiento sin justa causa en cabeza de la [tutelista]. As\u00ed las cosas y como quiera [sic] que del plenario se evidencia que el bien fue adquirido por el apelante, antes de la vigencia de la sociedad conyugal, por lo que es un bien propio, se revocar\u00e1 el numeral tercero del auto apelado y se confirmar\u00e1 en todo lo dem\u00e1s el mismo\u00bb. <\/p>\n

3.8.- Sentencia de tutela CSJ STC, 5 feb. 2013, rad. 2013-00132-00, que deneg\u00f3 el amparo instado por \u00abGerardo Alberto L\u00f3pez Arango en frente de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, concretamente contra el magistrado Cruz Antonio Y\u00e1nez Arrieta, y el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad\u00bb. Tal, fue confirmada mediante fallo CSJ STL, 10 abr. 2013, rad. 2013-00132-02. <\/p>\n

3.9.- Decisi\u00f3n constitucional CSJ STC, 31 oct. 2013, rad. 2013-02470-00, que neg\u00f3 la salvaguardia enderezada por \u00abGerardo Alberto L\u00f3pez Arango en frente de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda\u00bb. La misma fue convalidada por CSJ STL, 22 ene. 2014, rad. 2013-02470-02. <\/p>\n

4.- Referente a la censura que gravita en torno a los autos dictados en el sub lite, calendados 23 de septiembre de 2014 (que en primera instancia dej\u00f3 \u00absin efectos el numeral segundo del auto adiado el 27 de octubre del a\u00f1o 2011\u00bb) y 28 de octubre de 2015 (mediante el que el tribunal acusado \u00abexcluy[\u00f3] del inventario y aval\u00faos el inmueble 140-25325\u00bb), cabe relevar que la concesi\u00f3n de la salvaguardia tutelar deprecada en el particular asunto deviene inane, ya que no se atendi\u00f3 al requisito general de procedencia de la inmediatez, dado el dilatado per\u00edodo verificado desde que cada uno de ellos se emiti\u00f3 hasta la proposici\u00f3n de la solicitud de auxilio planteada el d\u00eda 5 de febrero de 2018, incuria que desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable de la protecci\u00f3n implorada, sin que al efecto sea admisible la excusa planteada para justificar la tardanza aludida, en el sentido de que \u00abla acci\u00f3n de tutela fue interpuesta en un t\u00e9rmino razonable tomando como base el auto del 3 de octubre del a\u00f1o 2017\u00bb. <\/p>\n

Y es que, como ha tenido ocasi\u00f3n de se\u00f1alar esta Corporaci\u00f3n al interior de asuntos que guardan simetr\u00eda con el aqu\u00ed analizado, \u00abno cualquier formulaci\u00f3n que eleven los quejosos puede tener la virtualidad de alterar el hito judicial a partir del cual se ha de realizar el c\u00f3mputo del preciso lapso que concierne con el postulado de que se viene tratando\u00bb (CSJ STC17379-2014, 18 dic. 2014, rad. 2014-02882-00), que \u00abno es otro distinto al de la puntual y concreta fecha en que se dicta la resoluci\u00f3n materia de disenso\u00bb (se subline\u00f3; CSJ STC15061-2017, 21 sep. 2017, rad. 2017-02450-00). Dicho de otro modo: \u00abel plazo m\u00e1ximo del semestre a considerar en aras de revisar el conteo de la referida figura, que se yergue como uno de los requisitos generales de procedencia, se parte a verificar, de suyo, desde la puntual calenda en que es dictada la providencia objeto del reproche ius fundamental, que no desde ning\u00fan otro acto procedimental\u00bb (CSJ STC18667-2017, 9 nov. 2017, rad. 2017-02996-00). <\/p>\n

Sobre el t\u00f3pico de la \u00abinmediatez\u00bb, la Corte ha sostenido que el \u00abplazo fijado como razonable\u00bb, en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, \u00abes de seis meses, salvo que la demora sea justificada, evento en el cual se habilitar\u00eda su ejercicio, pero como en este caso se echa de menos explicaci\u00f3n alguna sobre el punto, inexorablemente debe desestimarse la protecci\u00f3n suplicada\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2011, rad. 00842-00. En el mismo sentido ver, entre otras providencias, CSJ STC, 7 may. 2015, rad. 00897-00 y CSJ STC18985-2017, 15 nov. 2017, rad. 2017-02448-00). <\/p>\n

5.- Depurado lo anterior, y ata\u00f1edero con el cuestionamiento planteado en punto del prove\u00eddo confirmatorio de 3 de octubre de 2017, que dict\u00f3 la sala enjuiciada, ha de se\u00f1alarse que contrario sensu a lo manifestado en la disconformidad, el mismo no alberga abierta y ostensible anomal\u00eda que imponga, prima facie, la perentoria custodia deprecada. <\/p>\n

Lo propio comoquiera que, entre otras reflexiones, citando jurisprudencia, all\u00ed expres\u00f3 que \u00abel problema jur\u00eddico a resolver se centra en determinar si en el presente caso se revivi\u00f3 un proceso legalmente concluido, nulidad consagrada en el numeral 2 del art\u00edculo 133 del CGP que dispone que el proceso es nulo, \u201cCuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite \u00edntegramente la respectiva instancia\u201d. Norma de la que se desprende, que el referido motivo de invalidez se puede presentar de tres maneras: (i) porque se procede contra providencia ejecutoriada del superior; (ii) cuando se revive un proceso legalmente concluido; y (iii) cuando se pretermite la respectiva instancia\u00bb. <\/p>\n

Adujo, de seguido, que \u00abfrente a la segunda, esto es que se reviva un proceso terminado legalmente, en la cual se centr\u00f3 el problema jur\u00eddico, es claro que debe entenderse que la anterior tiene \u00fanicamente lugar cuando el fallador prosigue el litigio, cuando ya se ha dado por culminado por cualquiera de las causales de la norma procesal\u00bb, o sea, \u00abcuando se revive el mismo juicio, en donde se solicita la invalidez del tr\u00e1mite, sin embargo, no tiene ocurrencia, cuando el juicio est\u00e9 en curso, y se pretenda terminar en virtud de otro de diferente naturaleza\u00bb. <\/p>\n

Por tanto, reliev\u00f3, \u00abla determinaci\u00f3n del a quo, se ajust\u00f3 a las normas y precedentes que regulan el tema, en tanto que deneg\u00f3 la nulidad, porque la providencia que se se\u00f1al\u00f3 como aquella contra la que se procedi\u00f3, fue proferida en un proceso diferente\u00bb. <\/p>\n

Con todo, acot\u00f3 que \u00abbien pudo la [quejosa], al momento de surtirse el recurso de alzada impetrado por el demandante en el tr\u00e1mite del incidente de exclusi\u00f3n de bien, poner en conocimiento a esta Sala, la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Tercero de Familia en el proceso verbal de exclusi\u00f3n de bienes de la sociedad conyugal, sin embargo, no lo hizo y esta Sala Unitaria en su oportunidad resolvi\u00f3 la exclusi\u00f3n del bien inmueble motivo de litigio, y como bien se dijo en precedencia, la nulidad incoada no tiene asidero en raz\u00f3n a que se trata de dos procesos distintos, y en el presente no hay una sentencia ejecutoriada que haya dado por terminado el proceso, consecuencialmente, no podr\u00eda predicarse que haya existido cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n

5.2.- Al abrigo de dichos argumentos y otros de similar perfil adopt\u00f3 la providencia objeto de censura. <\/p>\n

5.3.- Bajo esa perspectiva, emerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n extraordinaria exigida en la medida en que, it\u00e9rese, no est\u00e1 demostrada la causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos procedimental absoluto, f\u00e1ctico, error inducido, desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n enrostrada, en tanto que de la transcripci\u00f3n antes vista dimana que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios manifestados se guarecen en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado, am\u00e9n que fueron tenidas en cuenta las demostraciones obrantes. <\/p>\n

Esto es, que al emerger establecido que la invalidez procesal solamente se puede materializar cuando se halla probada una de las taxativas causales al efecto estipuladas por el legislador, y lo propio bajo las precisas hip\u00f3tesis que en ellas est\u00e1n recogidas, no era factible decretar la nulidad del sub lite con base en el numeral 2 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, habida cuenta que la decisi\u00f3n presuntamente soslayada que se invoca como clausuradora del debate y que, por ende, supuestamente deriv\u00f3 en que se incurriera en la incorrecci\u00f3n de revivir un litigio legalmente concluido, fue adoptada \u00aben el proceso verbal de exclusi\u00f3n de bienes de la sociedad conyugal\u00bb que otrora promovi\u00f3 Gerardo Alberto L\u00f3pez Arango y que finiquit\u00f3 el Juzgado Tercero de Familia de Monter\u00eda, o sea, en un juicio distinto al de cesaci\u00f3n de efectos civiles y liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal materia de pronunciamiento, lo cual desestructura la imploraci\u00f3n elevada por sustracci\u00f3n de materia, habida cuenta que, por dem\u00e1s, el pleito que ocupa la atenci\u00f3n se encuentra presentemente en curso, m\u00e1xime cuando en el sub judice \u00abno hay una sentencia ejecutoriada que haya dado por terminado el proceso, consecuencialmente, no podr\u00eda predicarse que haya existido cosa juzgada\u00bb, hermen\u00e9utica que surge respetable y por tanto no puede ser alterada por esta v\u00eda, la cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo. <\/p>\n

5.4.- La Corte ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01), en tanto que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01), m\u00e1xime cuando \u00abno est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente [\u2026] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; citada, entre otras, en la CSJ STC, 7 abr. 2011, rad. 00604-00). <\/p>\n

6.- Finalmente, la condena que se depreca conforme al art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, atinente al pago de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios que seg\u00fan la gestora le fueron irrogados a ella y a sus menores hijos con ocasi\u00f3n de los hechos que originaron su solicitud de tutela, debe denegarse al tenor de lo dispuesto en el aludido precepto, en tanto que seg\u00fan tiene dicho la jurisprudencia de esta Sala, \u00abesta acci\u00f3n no puede emplearse para efectos de indemnizaci\u00f3n, toda vez que el art\u00edculo 25 del decreto 2591 de 1991 tan s\u00f3lo la permite con esos fines, en los casos en que \u201cel afectado no disponga de otro medio judicial, y la violaci\u00f3n del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acci\u00f3n clara e indiscutiblemente arbitraria…\u201d\u00bb (CSJ STC, 25 jun. 2002, rad. 2002-02221-00), de donde surge que \u00absu procedencia est\u00e1 supeditada a los siguientes aspectos: 1\u00ba. que el afectado no disponga de otro medio judicial; 2\u00ba. que la violaci\u00f3n del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acci\u00f3n clara e indiscutiblemente arbitraria, y 3\u00ba. que el proferimiento de la condena sea necesaria para asegurar el goce efectivo del derecho as\u00ed como el pago de las costas del proceso\u00bb (CSJ STC, 15 ene. 2003, rad. 2002-00628-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 6 jun. 2012, rad. 00137-01 y CSJ STC4359-2015, 16 abr. 2015, rad. 2015-00628-00). <\/p>\n

En torno al alcance de la mencionada norma ha dicho la Corte Constitucional, entre otros fallos, en Sentencias C-543 de 1\u00ba de octubre de 1992, T-033 de 2 de febrero de 1994 y 095 de 4 de marzo de 1994, que \u00abla acci\u00f3n de tutela no tiene por objeto una determinaci\u00f3n judicial sobre indemnizaci\u00f3n de perjuicios. Para ello el legislador ha instituido varios procedimientos [\u2026]. Debe recordarse, adicionalmente, que tal indemnizaci\u00f3n s\u00f3lo es posible decretarla si se concede la tutela, raz\u00f3n por la cual la prosperidad en esta materia -que, por ende, resulta ser accesoria- \u00fanicamente puede darse si prospera la pretensi\u00f3n principal, es decir si el juez ha encontrado aqu\u00e9lla procedente y, adem\u00e1s, ha concluido que las razones de hecho y de derecho por \u00e9l evaluadas dan lugar a impartir una orden de inmediato cumplimiento en cuya virtud se realicen, en el caso espec\u00edfico, los postulados constitucionales. Pero, fuera de eso, se requiere que la indemnizaci\u00f3n sea necesaria para asegurar el goce efectivo del derecho; que el afectado no disponga de otro medio judicial para obtener el resarcimiento del perjuicio; que la violaci\u00f3n sea manifiesta y provenga de una acci\u00f3n clara e indiscutiblemente arbitraria, \u201c…supuestos que justifican y aun exigen que el fallador, buscando realizar a plenitud la justicia en cada caso, disponga lo concerniente\u201d (cfr. sentencia C – 543, ya citada)\u00bb. <\/p>\n

Esos presupuestos, valga anotarlo, se encuentran ausentes en el caso concreto por cuanto que al no estar demostrada la violaci\u00f3n de derecho fundamental alguno y ante la existencia de otros medios judiciales de defensa para el eventual reclamo perjuiciario, por sustracci\u00f3n de materia no hay ninguna vulneraci\u00f3n que sea consecuencia de una \u00abacci\u00f3n clara e indiscutiblemente arbitraria\u00bb; am\u00e9n, tampoco se requiere el proferimiento de condena alguna para \u00abasegurar el goce efectivo del derecho\u00bb. <\/p>\n

7.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n impetrada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Magistrada ponente STC2189-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00281-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada, mediante abogado, por Luz Mabel Orrego Agudelo frente a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101598","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101598","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101598"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101598\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101598"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101598"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101598"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}