{"id":101603,"date":"2026-07-01T18:30:49","date_gmt":"2026-07-01T18:30:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101603"},"modified":"2026-07-01T18:30:49","modified_gmt":"2026-07-01T18:30:49","slug":"stc2279-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2279-2019\/","title":{"rendered":"STC2279-2019"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2279-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-00466-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve)
\nBogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Alberto Navarro Julio y Gloria Navajas Serrato, contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio especial a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLos accionantes reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con el fallo proferido en el marco del proceso de restituci\u00f3n de tierras que Pablina Lozano Rojas y otros, adelantaron contra personas indeterminadas, tr\u00e1mite en el que ellos actuaron como opositores. <\/p>\n

Por tal motivo, pretenden que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, \u00abdejando sin valor ni efecto (\u2026) el numeral vig\u00e9simo segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2018\u00bb, y que como consecuencia de ello, \u00abse declare que [son] (\u2026) terceros de buena fe exentos de culpa\u00bb. <\/p>\n

2. Para respaldar la queja aducen en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que aunque dentro del litigio referido en l\u00edneas anteriores acreditaron no solo que sobre el predio \u00abLa Gloria\u00bb no se presentaron \u00absituaciones propias del conflicto armado que generara en los habitantes del sector la necesidad de desplazarse\u00bb, sino que en el mismo no se \u00absufri\u00f3 el (\u2026) influjo de grupos ilegales\u00bb, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Superior de Cartagena orden\u00f3 la restituci\u00f3n del predio a favor de la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y los herederos del causante Rafael Llano S\u00e1nchez, ello aun cuando estaba demostrado, aseguran, que el difunto enajen\u00f3 el aludido bien a H\u00e9ctor S\u00e1nchez Uribe por cuanto \u00abse encontraba cansado por el desgaste de los a\u00f1os\u00bb, quien entr\u00f3 en mora en el pago del precio establecido, lo que llev\u00f3 al primero a adelantar la respectiva ejecuci\u00f3n, en donde antes de rematar el predio, ellos negociaron la compraventa del mismo, pag\u00e1ndoles a cada uno de los extremos del proceso el valor previamente convenido en una promesa de compraventa; empero, la mentada Corporaci\u00f3n no les reconoci\u00f3 \u00abla calidad de buena fe exenta de culpa (\u2026) como opositores\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1alan que pese a que se denunciaron hechos de violencia sobre la familia solicitante, lo cierto es que \u00e9stos obedecieron a que \u00abGerm\u00e1n Llanos Lozano enfrentaba un conflicto personal con el se\u00f1or Morales Ben\u00edtez, alias JJ, porque \u00e9ste ten\u00eda una relaci\u00f3n con su hija (\u2026). [y] esta situaci\u00f3n se agrav\u00f3 cuando en 2002 su hija qued\u00f3 embarazada\u00bb, lo que a la postr\u00e9 gener\u00f3 \u00abaltercados\u00bb entre dichos sujetos, desencadenando la muerte de uno de ellos. <\/p>\n

Finalmente sostienen, que la autoridad convocada no solo realiz\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n de los medios de prueba recaudados, sino que debi\u00f3 decretar oficiosamente los que considerara necesarios para establecer la veracidad de lo dicho, circunstancias todas \u00e9stas que, que aseguran, vulneran las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n

3.\tUna vez asumido el tr\u00e1mite, el 20 de febrero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

b.)\tLa Sala Civil Especializada en restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena puntualiz\u00f3, en lo fundamental, que la decisi\u00f3n atacada por este mecanismo \u00abse encuentra basada en las pruebas arrimadas al dossier, valoradas en comunidad y con garant\u00eda de los derechos de las partes involucradas\u00bb, la que por dem\u00e1s, puede ser cuestionada por los tutelantes a trav\u00e9s del recurso de revisi\u00f3n previsto por el legislador (fls. 1101 y 1102). <\/p>\n

c.)\tLos Jefes de las Oficinas Asesoras Jur\u00eddicas de la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n \u2013UNP, la Agencia Nacional de Tierras \u2013ANT, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Director Territorial Cesar del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, as\u00ed como la sociedad Drummond Limited \u2013 Sucursal Colombia, coincidieron en alegar, en escritos separados, su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues de los hechos esbozados en el escrito de tutela no se desprende queja puntual en su contra (fls. 108 a 110, 1116 y 1117, 1125, 1128 y 1129, 1136 a 1139). <\/p>\n

d.)\tEl Director (e) de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas del Cesar se\u00f1al\u00f3, en s\u00edntesis, que el amparo rogado est\u00e1 llamado al fracaso pues, de un parte, \u00ablos hechos demandados no constituyen violaciones a los derechos fundamentales\u00bb, y por la otra, lo actores \u00abcuentan con otros mecanismos judiciales para rebatir la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal (\u2026) tal como es, interponer el recurso de revisi\u00f3n\u00bb (fls. 1148 a 1152). <\/p>\n

e.)\tAl momento de registrar el proyecto de fallo no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tComo es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; ahora, trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n

2.\tEn el presente asunto se observa, que la censura est\u00e1 encaminada, concretamente, frente al prove\u00eddo proferido el 26 de septiembre de 2018 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, a trav\u00e9s del cual se dispuso \u00abDECLARAR NO PROBADA la buena fe exenta de culpa alegada por los se\u00f1ores ALBERTO NAVARRO JULIO y GLORIA NAVAJAS SERRATO\u00bb, aqu\u00ed interesados, en el marco del proceso de restituci\u00f3n de tierras que Pablina Lozano Rojas y otros promovieron contra personas indeterminadas, tr\u00e1mite en el que aqu\u00e9llos obraron como opositores, pues en su sentir, se realiz\u00f3 una errada valoraci\u00f3n de los medios de prueba obrantes en las diligencias. <\/p>\n

3.\tNo obstante, una vez examinado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada a trav\u00e9s de este mecanismo especial, se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n constitucional implorada, en raz\u00f3n a que aqu\u00e9lla tuvo como fundamento argumentos que de manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta toda posibilidad de intervenci\u00f3n del Juez de tutela. <\/p>\n

Y es que el Tribunal Superior de Cartagena para negar la oposici\u00f3n que fue formulada por los aqu\u00ed tutelantes, razon\u00f3 que en ese tipo de asuntos era necesario que los opositores a la restituci\u00f3n demostraran haber actuado con buena fe objetiva y calificada, presupuesto que no lograron probar aqu\u00e9llos, dado que \u00abten\u00edan pleno conocimiento de la situaci\u00f3n de violencia de la zona\u00bb, situaci\u00f3n que el mismo se\u00f1or Navarro Julio confirm\u00f3, al se\u00f1alar que \u00ab"[\u2026] S\u00ed me dijeron que en Codazzi hubo violencia, pero en mi finca no y esa fue una de las cosas que pregunt\u00e9 a un administrador que ten\u00eda el se\u00f1or Llanos y que el se\u00f1or H\u00e9ctor S\u00e1nchez lo dejo ah\u00ed, se llamaba Mario, no recuerdo el apellido y \u00e9l me dijo que nunca hab\u00eda tenido problemas con la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico, que nunca le hab\u00eda llegado nadie, entre otras cosas como est\u00e1 en la base de la Serran\u00eda, ese era el punto donde siempre el ej\u00e9rcito antes de existir el Batall\u00f3n de Alta Monta\u00f1a ten\u00eda como una especie de base, ah\u00ed llegaba todo el ej\u00e9rcito para subir esas monta\u00f1as hasta que se cre\u00f3 el batall\u00f3n de alta monta\u00f1a."[…]\u00bb <\/p>\n

Y en cuanto a la opositora Navajas Serrato, destac\u00f3 el Tribunal que ella misma destac\u00f3 en la versi\u00f3n dada, que \u00ab"[…] en el momento en que mi esposo compr\u00f3 la finca en el a\u00f1o 2005 no hab\u00eda ning\u00fan problema Doctor, estaba una parte sana y estaba m\u00e1s bien el Ej\u00e9rcito. Yo acompa\u00f1\u00e9 a mi esposo con mis hijos, me sent\u00eda muy segura, nunca sent\u00ed temor de que me fuera asaltar la guerrilla o que tuvi\u00e9ramos el problema de que alguien nos llegara a la finca, entonces siempre me sent\u00ed segura y todav\u00eda me siento segura en la finca"\u00bb. <\/p>\n

No obstante, en l\u00edneas anteriores \u00e9sta reconoci\u00f3, que \u00abpara el a\u00f1o 2005 hab\u00eda escuchado del asesinato de manos de grupos al margen de la ley, de uno de los integrantes del n\u00facleo familiar de los solicitantes y luego de trascurridos cerca de tres a\u00f1os, es que se efect\u00faa la compraventa del inmueble\u00bb, lo que permiti\u00f3 determinar, entonces, que los inconformes \u00abestaban interesados en adquirir un predio, por lo que se puede deducir que (\u2026) [\u00e9stos] deb\u00edan estar informados acerca del valor correspondiente a cada hect\u00e1rea de terreno, las caracter\u00edsticas adecuadas de la tierra, como tambi\u00e9n la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico de la zona donde se ubicar\u00eda el fundo objeto de compra\u00bb. <\/p>\n

Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, luego de memorar, por una parte, que los actores afirmaron que cancelaron \u00abla suma de ciento setenta millones de pesos (\u2026), bas\u00e1ndose en el valor total de aval\u00fao del inmueble, seg\u00fan se registr\u00f3 en el aviso de remate suscrito por el Juzgado Primero Civil Municipal de Valledupar\u00bb, y por la otra, que la escritura p\u00fablica de compraventa de 31 de agosto de 2005 se registr\u00f3 \u00abpor valor de sesenta millones de pesos (\u2026), dinero que fue recibido por el vendedor en su totalidad\u00bb, a m\u00e1s que \u00abde acuerdo con el Hist\u00f3rico de Aval\u00fao elaborado por el IGAC, para el a\u00f1o 2005, dicho fundo registraba un valor por cincuenta y un millones setenta y cuatro mil pesos\u00bb, la Colegiatura observ\u00f3 que era claro que se presentaba una \u00abinconsistencia entre lo declarado por aqu\u00e9l y el sustento probatorio del dossier, teniendo en cuenta que los opositores contaron con la asesor\u00eda de un profesional del Derecho, situaci\u00f3n que les exig\u00eda obrar con total rectitud y apegados a los estamentos legales establecidos para este tipo de negociaciones de car\u00e1cter jur\u00eddico. Dado el caso que efectivamente se hubiese cancelado el valor de 170 millones de pesos, (\u2026) esa suma de dinero se debi\u00f3 registrar en la escritura de compraventa para evitar suspicacias como la que se est\u00e1 presentando\u00bb. <\/p>\n

Concluyendo finalmente, que \u00abla incursi\u00f3n de grupos al margen de la ley que rodeaban la zona, y la forma en que se llev\u00f3 a cabo el negocio jur\u00eddico, y teniendo en cuenta lo contemplado en la Ley 1448 de 2011, sobre la prueba de la buena fe exenta de culpa, no puede desconocerse que en este caso espec\u00edfico, no se observan elementos que permiten a la Sala, considerar el tema de la buena fe desde la flexibilizaci\u00f3n contenida en la sentencia C-330-2016, teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad, razonabilidad e igualdad, atendiendo a pruebas obrantes en el expediente, dada sus calidades especiales de personas con una formaci\u00f3n acad\u00e9mica nivel profesional, y que a su vez no son sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional debido a que no presentan condiciones de vulnerabilidad, como tampoco registraron ser v\u00edctimas del conflicto armado interno. Raz\u00f3n por la cual esta Sala no considera probada la buena fe exenta de culpa alegada y por lo tanto no se acceder\u00e1 al reconocimiento de compensaci\u00f3n pecuniaria alguna\u00bb. <\/p>\n

4.\tAs\u00ed las cosas, m\u00e1s all\u00e1 de que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Tribunal de Cartagena, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela, y menos cuando lo que realmente pretenden los peticionarios del amparo (all\u00ed opositores), es anteponer su propio criterio al de la accionada y atacar por esta v\u00eda la decisi\u00f3n que les desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza excepcional, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios especiales, m\u00e1xime cuando, como qued\u00f3 visto, en efecto, los actores de manera alguna asumieron las cargas probatorias que les correspond\u00edan para demostrar que obraron con \u00abla conciencia de haber actuado correctamente\u00bb, y \u00abun comportamiento encaminado a verificar la regularidad de la situaci\u00f3n\u00bb1 del inmueble pretendido en venta, ello con el fin de que se acreditaran su buena fe exenta de culpa, tarea que dadas las particulares de este tipo de asuntos, es una obligaci\u00f3n inexorable de los opositores y segundos ocupantes. <\/p>\n

Respecto de la valoraci\u00f3n probatoria y los argumentos expuestos en las sentencias judiciales, se ha dicho de manera uniforme y repetida, que <\/p>\n

\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (ver entre otras, CJS STC7329-2018). <\/p>\n

5. Por dem\u00e1s, sobre los juicios de la naturaleza del aqu\u00ed auscultado, esta Sala ha precisado, que <\/p>\n

\u00abLa estructura, etapas y recursos consagrados por el legislador en la Ley 1448 de 2011 para el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras, se han estimado como suficientes para garantizar, en lo medular, o, en su n\u00facleo esencial, los derechos de las v\u00edctimas, opositores, intervinientes y terceros. De ello da cuenta la sentencia C-099 de 27 de febrero de 2013, en la que Corte Constitucional destac\u00f3 que no obstante la brevedad del respectivo procedimiento, justificada como \u00abuna medida necesaria para proteger a las v\u00edctimas del empleo de artima\u00f1as jur\u00eddicas y del abuso del derecho para perpetuar el despojo jur\u00eddico de los predios\u00bb, se definieron en la norma \u00abgarant\u00edas suficientes para que quienes tengan inter\u00e9s puedan intervenir en el proceso, solicitar pruebas y controvertir las que hayan sido presentadas\u00bb (ver entre otras STC13031-2018). <\/p>\n

6.\tPor todo lo expuesto, se desestimar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tC.C. T367-2016.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC2279-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-00466-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Alberto Navarro Julio y Gloria Navajas Serrato, contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101603","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101603","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101603"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101603\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101603"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101603"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101603"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}