{"id":101605,"date":"2026-07-01T18:31:04","date_gmt":"2026-07-01T18:31:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101605"},"modified":"2026-07-01T18:31:04","modified_gmt":"2026-07-01T18:31:04","slug":"stc2284-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2284-2018\/","title":{"rendered":"STC2284-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2284-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00300-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho). <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Alfonso Ricaurte Riveros contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al que fueron citados la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de la nombrada ciudad. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El interesado actuando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00aby dar la prevalencia y efectividad a los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, presuntamente vulnerados por la Sala de Casaci\u00f3n accionada con el auto de 30 de agosto de 2017 por el que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n que present\u00f3. <\/p>\n

Pide que con el fin de restablecerles las prerrogativas que reclama, \u00abordenar que se ADMITA la demanda de casaci\u00f3n y se proceda a revisar la sentencia que fuera objeto de esta y que fuera proferida por el Tribunal Superior Sala Penal de Ibagu\u00e9 de fecha abril 7 de 2017, por encima de todo rigorismo procedimental evitando caer en un exceso ritual manifiesto\u00bb (f. 6, negrilla y may\u00fascula fija en texto). <\/p>\n

2. Para lo anterior, aduce, en s\u00edntesis, que por haber efectuado diferentes \u00f3rdenes de compra en el a\u00f1o 2006 y celebrado contratos cuando se desempe\u00f1\u00f3 gerente del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagu\u00e9, se adelant\u00f3 investigaci\u00f3n de car\u00e1cter penal en su contra por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y fue condenado por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Ibagu\u00e9 el 16 de agosto 2016, a la pena de 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n, concedi\u00e9ndole la domiciliaria como mecanismo sustitutivo de la intramural, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de esa ciudad el 7 de abril de 2017. <\/p>\n

Manifiesta que de manera oportuna su defensor present\u00f3 demanda de casaci\u00f3n que inadmiti\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 30 de agosto de 2017, incurriendo en defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto \u00abal proceder a un apego excesivo a las formalidades desconociendo que los procedimientos judiciales son mecanismos para alcanzar la efectividad del derecho y no fines en s\u00ed mismos, denegado de esta manera el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, ante la consideraci\u00f3n de un apego excesivo a un ritual manifiesto opuesto a la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (ff. 1 a 7). <\/p>\n

3. Presentada la acci\u00f3n de tutela, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante auto de 31 de enero de 2018, dispuso en cumplimiento del art\u00edculo 44 del Acuerdo 06 de 2002, remitir el expediente a esta Sala Especializada al observar que \u00abla presente acci\u00f3n est\u00e1 dirigida contra la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n\u00bb (f. 2, cd. Corte 2). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

El H. Magistrado Ponente de la providencia cuestionada, se opuso al amparo y manifest\u00f3 que en la providencia CSJ AP5656-2017, 30 ago. 2017, rad. 50955, por medio de la cual esa Sala Especializada inadmiti\u00f3 la demanda presentada por su defensor, claramente se manifest\u00f3 que no se observaba \u00ab(…) que con ocasi\u00f3n del fallo impugnado o dentro de la actuaci\u00f3n se hayan violado derechos o garant\u00edas de los intervinientes, como para que tal circunstancia imponga superar los defectos del libelo para decidir de fondo (…)\u00bb, y el hecho de que no se hubiera estudiado y resuelto el fondo del disenso planteado no obedeci\u00f3 \u00fanica y exclusivamente a que la demanda no cumpliera los presupuestos de l\u00f3gica y debida fundamentaci\u00f3n, sino, adem\u00e1s, a que no se encontr\u00f3 necesario dejar de lado la insatisfacci\u00f3n de tales requisitos (ff. 46 a 48). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el medio id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u2026\u00bb, y bajo los postulados de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y que, \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00). <\/p>\n

2. Del escrito inicial se concluye que Alfonso Ricaurte Riveros, pretende que se revoque la providencia de 30 de agosto de 2017 por la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n presentada por su defensor en contra del fallo del 7 de abril de 2017, por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala de Decisi\u00f3n Penal, confirm\u00f3 la sentencia condenatoria dictada el 16 de agosto de 2016 por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de esa capital, por el delito de celebraci\u00f3n indebida de contratos. <\/p>\n

3. En este contexto, advierte la Sala que el reclamo constitucional resulta improcedente por el incumplimiento del principio de subsidiariedad, pues si bien se formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n respecto de la sentencia de segunda instancia, tal impugnaci\u00f3n fue inadmitida por la Sala de Casaci\u00f3n accionada al advertir que, en relaci\u00f3n con el cargo \u00fanico consistente en la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial por aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 410 del C\u00f3digo Penal, en el que sostuvo el recurrente \u00abque el art\u00edculo 410 de la Ley 599 de 2000 es un tipo penal en blanco que requiere complementaci\u00f3n con las disposiciones de la Ley 80 de 1993, en particular con el art\u00edculo 24 de \u00e9sta, que consagra el principio de transparencia. De acuerdo con dicho principio -prosigue\u2013 la regla general es la licitaci\u00f3n p\u00fablica, pero existen excepciones, con la del literal l), esto es los contratos que celebren las entidades estatales para la prestaci\u00f3n de servicios de salud\u00bb, por lo que afirm\u00f3 que la actuaci\u00f3n de Ricaurte Riveros se enmarc\u00f3 dentro de esa excepci\u00f3n, consider\u00f3 la Sala accionada que, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) El conflicto normativo que el demandante pretende trabar con la sentencia impugnada, referido a la selecci\u00f3n de la norma de reenv\u00edo del tipo penal en blanco plasmado en el art\u00edculo 410 del C\u00f3digo Penal es inexistente porque no es cierto lo que afirma en el sentido que \u201c(\u2026) el juzgador aplic\u00f3 de forma gen\u00e9rica e incompleta el art\u00edculo 24 de la Ley 80 de 1993 para llenar los elementos del tipo de contrato sin cumplimiento de requisitos legales (\u2026)\u201d (fol. 68 cuaderno de segunda instancia)\u00bb <\/p>\n

Agreg\u00f3 a lo anterior, \u00abes ineludible concluir que el demandante equivoc\u00f3 la v\u00eda de ataque de la sentencia en casaci\u00f3n, pues debi\u00f3 orientarla hacia una violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial. <\/p>\n

Sin embargo, la realidad es que acus\u00f3 el fallo del tribunal de haber violado directamente la ley sustancial y no cumpli\u00f3 con las exigencias que esa v\u00eda de ataque supone, pues, al tratarse de una controversia de puro derecho, no le estaba permitido discutir los hechos que el ad quem declar\u00f3 probados ni su apreciaci\u00f3n del acervo probatorio (\u2026) <\/p>\n

En conclusi\u00f3n, por no satisfacer las m\u00ednimas exigencias de l\u00f3gica y debida fundamentaci\u00f3n, la demanda presentada por el defensor de Alfonso Ricaurte Riveros ser\u00e1 inadmitida. <\/p>\n

Resta se\u00f1alar que no se observa que con ocasi\u00f3n del fallo impugnado o dentro de la actuaci\u00f3n se hayan violado derechos o garant\u00edas de los intervinientes, como para que tal circunstancia imponga superar los defectos del libelo para decidir de fondo, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 216 de la Ley 600 de 2000\u00bb (ff. 8 a 21, negrilla en texto). <\/p>\n

Por tanto, como lo ha sostenido esta Sala, la circunstancia de que el resultado de la determinaci\u00f3n censurada no se avenga a los intereses de una de las partes del proceso, es cuesti\u00f3n que en s\u00ed misma considerada escapa al \u00e1mbito del juez constitucional, comoquiera que este: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) no puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; citada, entre otras, en la CSJ STC, 7 abr. 2011, rad. 00604-00, STC3145-2015, STC18975-2017 y, STC21360-2017, 14 dic. rad. 03306-00). <\/p>\n

5. Cabe se\u00f1alar igualmente que, seg\u00fan lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el car\u00e1cter extraordinario de ese medio de impugnaci\u00f3n impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. Lo formal o lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de garant\u00edas irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial (CSJ STC13448-2014 y STC3145-2015, 19 mar. rad. 00514-00). <\/p>\n

6. De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n impetrada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC2284-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00300-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho). Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Alfonso Ricaurte Riveros contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101605","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101605","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101605"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101605\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101605"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101605"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101605"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}