{"id":101612,"date":"2026-07-01T18:32:11","date_gmt":"2026-07-01T18:32:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101612"},"modified":"2026-07-01T18:32:11","modified_gmt":"2026-07-01T18:32:11","slug":"stc2292-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2292-2018\/","title":{"rendered":"STC2292-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2292-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2017-00210-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Especializada de Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 18 de enero de 2018, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gustavo Adolfo Laverde Aguirre contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y la Fiscal\u00eda 12 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl Solicitante, actuando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n

2.\tRelat\u00f3 que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Penal, en segunda instancia lo conden\u00f3 a la pena 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de homicidio, la cual alega se vali\u00f3 de \u00abfalsas versiones o testigos falsos que utiliz\u00f3 la Fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n

Por considerar que esa decisi\u00f3n se fund\u00f3 en pruebas irregulares, el 2 de marzo de 2016 formul\u00f3 denuncia penal por \u00abprevaricato por acci\u00f3n y omisi\u00f3n agravado, fraude procesal, falsedad ideol\u00f3gica y material y concierto para delinquir contra los Magistrados integrantes de la Sala que dict\u00f3 la referida sentencia, investigaci\u00f3n que correspondi\u00f3 a la Fiscal\u00eda 12 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que el 24 de mayo de 2017 orden\u00f3 su archivo por \u00abatipicidad objetiva\u00bb, frente a la cual interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia pide \u00ab(\u2026) se deniegue la orden de archivo de la investigaci\u00f3n (\u2026) y que por el contrario se ordene abrir investigaci\u00f3n penal en contra de los denunciados (\u2026)\u00bb (ff. 1 a 28, cd.1) <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

1.\tLa Fiscal 12 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, precis\u00f3 que una vez estudiada la denunciada presentada por el quejoso \u00aby analizada la providencia proferida por los Magistrados del Tribunal de C\u00facuta Sala Penal, la Fiscal\u00eda encontr\u00f3 que la decisi\u00f3n se ajustaba a derecho, que si bien pod\u00edan existir discrepancias en la forma en la cual se analizaron las pruebas por los jueces, ello no constituye delito, pues no se evidencia en la conducta de los Magistrados acciones indicativas de corrupci\u00f3n o inter\u00e9s indebido para arribar a la decisi\u00f3n condenatoria en contra del [accionante] raz\u00f3n por la cual ante la atipicidad de la conducta se decidi\u00f3 el archivo de las diligencias\u00bb. Indic\u00f3 que los recursos interpuestos por el querellante contra la rese\u00f1ada determinaci\u00f3n fueron contestados oportunamente, aunque \u00abfrente a la orden de archivo no prev\u00e9 la Ley 906 de 2006 recurso alguno\u00bb (ff. 145 a 148, ib\u00eddem). <\/p>\n

3.\tEl Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Penal, a trav\u00e9s de uno de los Magistrados acusados por el actor, aport\u00f3 copia de la decisi\u00f3n cuestionada, emitida el 22 de octubre de 2008, y destac\u00f3 que la misma fue objeto de recurso extraordinario de casaci\u00f3n inadmitido por la Corte Suprema el 17 de junio de 2009; asimismo, indic\u00f3 que el sentenciado promovi\u00f3 demanda de revisi\u00f3n contra la misma providencia la que fue igualmente inadmitida por el Alto Tribunal (f. 162, ib.). <\/p>\n

SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que los pronunciamientos reprochados fueron razonables y se ajustaron al contenido de las normas aplicables al caso concreto, precisando que aquella \u00ab(\u2026) no vino como fruto del capricho, la mera liberalidad o la transgresi\u00f3n torticera de la Ley. Lo que de suyo excluye la configuraci\u00f3n de v\u00eda de hecho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Adicionalmente resalt\u00f3 que el gestor cuenta con otras v\u00edas para plantear la discusi\u00f3n, porque \u00absi lo que persigue en \u00faltimas es la reanudaci\u00f3n de la indagaci\u00f3n penal que result\u00f3 archivada, esa solicitud bien puede adelantarse ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria, m\u00e1s precisamente, ante el Juez de Control de Garant\u00edas encargado precisamente de velar por los derechos constitucionales y legales de las partes e intervinientes (\u2026)\u00bb (ff. 183 a 196, cd. 1.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso el actor, reiterando los argumentos del escrito inicial, insistiendo en su condici\u00f3n de inocencia respecto de los hechos por los cuales fue juzgado y resaltando los errores en que, seg\u00fan su entender, incurrieron los Magistrados al momento de dictar la sentencia que le fue adversa, a quienes acusa de no haber tenido en cuenta las pruebas que exist\u00edan en su favor y por el contrario valorar las que considera \u00abfalsos testigos\u00bb (ff. 199 a 210, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tHa reiterado esta Corporaci\u00f3n que la acci\u00f3n constitucional establecida en el art\u00edculo 86 Superior, es de car\u00e1cter residual, pues, s\u00f3lo procede como remedio inmediato y eficaz para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, y porque no fue instituida como un instrumento sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s instrumentos que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

2. Abordando el tema del sublite, la inconformidad del demandante se centra en la decisi\u00f3n adoptada por la Fiscal\u00eda accionada de archivar la indagaci\u00f3n penal iniciada en contra de los Magistrados integrantes de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta por los presuntos delitos de prevaricato por acci\u00f3n y omisi\u00f3n agravado, fraude procesal, falsedad ideol\u00f3gica y material y concierto para delinquir. <\/p>\n

Afirma que solicit\u00f3 el impulso de la indagaci\u00f3n, sin tener \u00e9xito, alegando que la Fiscal\u00eda no tuvo en cuenta las \u00abevidentes falencias\u00bb en la valoraci\u00f3n probatoria por parte de los Funcionarios acusados, as\u00ed como la falta de apreciaci\u00f3n de elementos y declaraciones que lo favorec\u00edan, dado que, lo ubicaban en un contexto distinto al de los hechos por los cuales fue juzgado; proceder que en su sentir configura los delitos denunciados. <\/p>\n

3.\tAdvertido lo anterior, como viene de indicarse, por principio general, \u00e9sta acci\u00f3n de amparo es improcedente contra actuaciones y decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando no se ha hecho uso de los mecanismos con los que cuenta el proceso para plantear la pretensi\u00f3n que aqu\u00ed se eleva. <\/p>\n

Dado su car\u00e1cter residual y subsidiario, no es la tutela el escenario apropiado para definir si la decisi\u00f3n de archivo adoptada por la Fiscal\u00eda fue acertada o no, pues ello corresponde a un asunto que debe ser alegado al interior de la causa, cuya aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n normativa es del resorte exclusivo del juez competente. <\/p>\n

Lo anterior, por cuanto el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 79 de la Ley 906 de 2004 (C\u00f3digo de Procedimiento Penal), dispone que si surgieren nuevos elementos probatorios el Ente Investigador deber\u00e1 reanudar la indagaci\u00f3n mientras no se haya extinguido la acci\u00f3n penal, sin embargo, si dicha entidad se negare a ello, le concierne al juez de control de garant\u00edas dirimirlo previa petici\u00f3n directa del interesado, es decir, existe otro medio de defensa judicial al que debi\u00f3 acudir el actor y no lo hizo, y hasta aqu\u00ed no ha demostrado la presencia de un riesgo inminente o un perjuicio irremediable que pudiere habilitar esta instancia tutelar. <\/p>\n

Respecto a la competencia del juez de control de garant\u00edas para definir casos como el que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en la sentencia C- 1154 de 2005, de la Corte Constitucional, precis\u00f3: <\/p>\n

\u00abIgualmente, se debe resaltar que las v\u00edctimas tienen la posibilidad de solicitar la reanudaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n y de aportar nuevos elementos probatorios para reabrir la investigaci\u00f3n. Ante dicha solicitud es posible que exista una controversia entre la posici\u00f3n de la Fiscal\u00eda y la de las v\u00edctimas, y que la solicitud sea denegada. En este evento, dado que se comprometen los derechos de las v\u00edctimas, cabe la intervenci\u00f3n del juez de garant\u00edas. Se debe aclarar que la Corte no est\u00e1 ordenando el control del juez de garant\u00edas para el archivo de las diligencias sino se\u00f1alando que cuando exista una controversia sobre la reanudaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, no se excluye que las v\u00edctimas puedan acudir al juez de control de garant\u00edas\u00bb Resalta la Sala. <\/p>\n

De esta manera, omitir el tr\u00e1mite previsto para este prop\u00f3sito acudiendo a la tutela, implica invadir una competencia que de manera exclusiva se encuentra radicada en el se\u00f1alado juez de la especialidad penal, lo cual ser\u00eda abiertamente contrario a la finalidad y alcance del instrumento constitucional; pues \u00e9ste, se ha instituido para la defensa de los derechos fundamentales, pero, se reitera, no es una instancia paralela o adicional a la de los funcionarios competentes, como en este caso la Fiscal 12 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien en ejercicio de su autonom\u00eda, concluy\u00f3 que las diligencias deb\u00edan archivarse ante la falta de elementos de conocimiento indicativos de la estructuraci\u00f3n de alg\u00fan tipo penal que permitiera continuar con las mismas. <\/p>\n

4. \tAs\u00ed entonces, al contar con otros medios de defensa judicial \u2013 acudir ante los jueces de control de garant\u00edas \u2013 (Magistrados que frente a los aforados ejerzan esa funci\u00f3n), la petici\u00f3n de amparo propuesta no puede prosperar por improcedente ante la carencia del presupuesto de subsidiariedad, lo cual impone la confirmaci\u00f3n del fallo censurado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC2292-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2017-00210-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Especializada de Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101612","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101612","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101612"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101612\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101612"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101612"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101612"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}