{"id":101613,"date":"2026-07-01T18:32:14","date_gmt":"2026-07-01T18:32:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101613"},"modified":"2026-07-01T18:32:14","modified_gmt":"2026-07-01T18:32:14","slug":"stc2293-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2293-2018\/","title":{"rendered":"STC2293-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

STC2293-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2017-00427-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 6 de diciembre de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Leiny Yulieth Cabrales Garc\u00eda contra los Juzgados Octavo Civil Municipal y Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fue v\u00ednculos los demandados en el ejecutivo singular n\u00ba 2013-00074. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas, al \u00abdeclarar probada de oficio la excepci\u00f3n de cosa juzgada\u00bb en la ejecuci\u00f3n antes referida. <\/p>\n

2. En s\u00edntesis, expuso que como consecuencia de la restituci\u00f3n de un local comercial arrendado a Jose Abraham Riveros B\u00e1ez, Sorayda Dur\u00e1n Fl\u00f3rez y Jos\u00e9 Manuel Gonz\u00e1lez Sep\u00falveda, adelant\u00f3 contra \u00e9stos un \u00abproceso ejecutivo impropio\u00bb, el cual, tras durar \u00ab6 meses\u00bb en la definici\u00f3n de competencia en primera instancia, finalmente el conocimiento lo asumi\u00f3 el Juzgado Octavo Civil Municipal. <\/p>\n

Dijo que tras sortear con \u00e9xito un recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago dictado por el referido Juzgado, ya que inicialmente solo lo libr\u00f3 por las costas liquidadas al considerar que \u00abpod\u00eda existir cosa juzgada\u00bb respecto de los c\u00e1nones adeudados, los demandados concurrieron al proceso para oponerse mediante excepciones. <\/p>\n

Indic\u00f3 que \u00abla excepci\u00f3n previa de cosa juzgada fue rechazada por el Juzgado por extempor\u00e1nea\u00bb, y se le corri\u00f3 traslado de la de fondo denominada \u00abcobro de lo no debido\u00bb, para seguidamente dar paso a la audiencia de tr\u00e1mite, en donde se declar\u00f3 fracasada la conciliaci\u00f3n por inasistencia de la parte demandada y se decretaron los medios de prueba. <\/p>\n

Adujo que en sesi\u00f3n posterior, al percatarse la acusada que en un ejecutivo impropio \u00abno pod\u00eda resolver de acuerdo a la fijaci\u00f3n del litigio, no encontr\u00f3 m\u00e1s sal\u00eda que DECLARAR PROBADA DE OFICIO LA EXCEPCI\u00d3N DE COSA JUZGADA, sin pruebas y sobre lo cual hab\u00eda prejuzgado al negar el mandamiento de pago\u00bb.
\nInform\u00f3 que apel\u00f3 dicha decisi\u00f3n exponiendo con suficiencia su inconformidad, pero la misma fue confirmada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito, \u00absin tener en cuenta lo alegado sobre el hecho que no existe prueba v\u00e1lida para declarar de oficio la excepci\u00f3n de cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n

3. Pretende que \u00abse ordene dejar sin efecto y valor la sentencia dictada en audiencia el 18 de septiembre del a\u00f1o en curso [2017]\u00bb, y que \u00abprofiera nuevamente el fallo que en derecho corresponda para resolver la segunda instancia de acuerdo a la fijaci\u00f3n del litigio y las pruebas legalmente decretadas y practicadas\u00bb (fls. 2 a 8, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

1. La Juez Octava Civil Municipal de C\u00facuta inform\u00f3 que la desestimaci\u00f3n de pretensiones contenida en la sentencia del 17 de abril de 2017, confirmada por su superior jer\u00e1rquico mediante fallo del 18 de septiembre de la misma anualidad, consistente en la \u00abdeclaratoria oficiosa de la excepci\u00f3n de cosa juzgada\u00bb, tuvo lugar \u00abde conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 282 del CGP\u00bb, y que revisadas las exigencias generales y espec\u00edficas decantadas por la jurisprudencia constitucional, la actuaci\u00f3n censurada no configura vicio alguno que pudiera dar lugar al amparo (fls. 35 a 39, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. Los vinculados Jos\u00e9 Abraham Riveros B\u00e1ez y Jos\u00e9 Manuel Gonz\u00e1lez Sep\u00falveda, se pronunciaron, en extenso, acerca de los hechos y pretensiones de la demanda tutelar, se opusieron a lo pedido por esta v\u00eda, se\u00f1alando que adem\u00e1s de configurarse \u00abtemeridad\u00bb ya que por los mismos hechos y \u00abcon el mismo apoderado\u00bb, se hab\u00eda intentado sin \u00e9xito la protecci\u00f3n constitucional, se pretend\u00eda hacer incurrir a la juzgadora de instancia \u00aben ERROR\u00bb, puesto que entre \u00ablas mismas partes y teniendo como base en mismo t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, el 22 de noviembre de 2013 el Juzgado Segundo Civil Municipal de C\u00facuta, \u00abemiti\u00f3 sentencia en la cual se absolvi\u00f3 a los demandados\u00bb al \u00ababstenerse de continuar adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, y por tanto sus reclamaciones \u00abhicieron tr\u00e1nsito a Cosa Juzgada\u00bb, como efectivamente lo declararon los acusados (fls. 41 a 62, ib\u00edd.). <\/p>\n

3. La Juez Sexta Civil del Circuito de esa ciudad, manifest\u00f3 que al revisar la decisi\u00f3n de primer grado mediante la cual se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abpago total de la obligaci\u00f3n por compensaci\u00f3n\u00bb que se propuso frente a las costas procesales, y oficiosamente la de \u00abcosa juzgada\u00bb respecto de los c\u00e1nones de arrendamiento y cl\u00e1usula penal, la encontr\u00f3 ajustaba al material probatorio y que correspond\u00eda a \u00abun criterio razonable de la interpretaci\u00f3n de las normas procesales\u00bb, enfatizando en cuanto a la \u00faltima figura, que tambi\u00e9n en el ejecutivo, si el juez encuentra probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n, por expreso mandato legal deber\u00e1 declararla de oficio, y ahondando en los argumentos expuestos en la providencia censurada, concluy\u00f3 que la misma no constituye v\u00eda de hecho (fls. 128 a 134, \u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Estableciendo de manera preliminar que \u00abno se configur\u00f3 temeridad en la acci\u00f3n\u00bb ya que la anterior tutela no se resolvi\u00f3 se fondo habida cuenta la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, neg\u00f3 el resguardo aduciendo que para procurar la protecci\u00f3n de sus derechos, la reclamante no ha agotado todos los medios judiciales de defensa previstos en la ley, \u00abtal como lo es el recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb, en caso de considerar que lo decidido obedeci\u00f3 a un \u00abserio quebrando del derecho de a la defensa\u00bb o porque lo decidido \u00absurja como consecuencia de un comportamiento il\u00edcito de las partes\u00bb, entre otros aspectos que escapan \u00abde la \u00f3rbita de competencia de esta justicia constitucional\u00bb (fls. 145 a 148, cd. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 el apoderado judicial de la accionante criticando que en esta nueva acci\u00f3n tampoco se hubiera dictado resoluci\u00f3n de fondo, acotando que para acudir a la tutela, no es obligatorio agotar los recursos extraordinarios como lo es el de revisi\u00f3n al que remite el fallador de primer grado, aunado a que lo alegado en esta oportunidad \u00abno tiene nada que ver\u00bb con las taxativas causales que la ley prev\u00e9 para la procedencia de dicho recurso (fls. 155 y 156, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario profiera alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada en STC20627-2017, 7 dic. 2017, rad. 00462-01, entre otras). <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que cuando el juez profiere una decisi\u00f3n trascendental en el proceso obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, queda desconectado del ordenamiento jur\u00eddico, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administraci\u00f3n de justicia, y en esas condiciones la v\u00eda excepcional resulta id\u00f3nea para conjurar o prevenir el perjuicio. <\/p>\n

2. Bajo tales premisas, correspondiendo determinar si el Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta, como fallador de segunda instancia dentro del ejecutivo n\u00ba 2013-00074, vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, al confirmar la desestimaci\u00f3n de pretensiones por encontrar probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada y declararla oficiosamente, la Corte respaldar\u00e1 la negaci\u00f3n del amparo porque no advierte en tal proceder, la incursi\u00f3n de defecto espec\u00edfico de procedibilidad capaz de quebrantar la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n

En efecto, revisado el reclamo constitucional y con observancia en las piezas procesales allegadas, en especial el fallo dictado por el Despacho ad quem el 18 de septiembre de 2017, no se vislumbra que pueda dar como resultado la manifestaci\u00f3n de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del orden jur\u00eddico, sino que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable, por lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Delimit\u00e1ndose el problema jur\u00eddico a determinar si en la ejecuci\u00f3n, proced\u00eda o no el reconocimiento oficioso de las excepciones cuyos hechos fueron probados en el pleito, el accionado precis\u00f3 que contrario a la nominaci\u00f3n y taxatividad de las llamadas previas, \u00ablas perentorias, de m\u00e9rito o definitivas, se convierten en tales cuando el demandado invoca unos hechos que est\u00e1n encaminadas (sic) a dejar sin piso las pretensiones del actor\u00bb, en tanto que m\u00e1s all\u00e1 del nombre que se les otorgue, lo que interesa es \u00abla relaci\u00f3n de los hechos en que se apoya\u00bb, citando como soporte un precedente emitido por esta Corporaci\u00f3n desde el 22 de noviembre de 1979, que alud\u00eda a la aplicaci\u00f3n de lo previsto en el art\u00edculo 306 del anterior estatuto procesal civil. <\/p>\n

Advirti\u00f3 que \u00abSi bien en los procesos ejecutivos no es admisible como excepci\u00f3n la simple nominaci\u00f3n del medio exceptivo, o acudir al expediente de invocar excepciones gen\u00e9ricas, en raz\u00f3n a que el derecho del ejecutante ya es cierto y se encuentra respaldado en el t\u00edtulo, s\u00f3lo que su pretensi\u00f3n es insatisfecha, es de referir que ante la circunstancia de que el demandado formule unas excepciones de fondo sin nominarlas, o se equivoque en nominarlas, ello no impide que el juez la acoja en su sentencia y desestime las pretensiones, porque, no tiene ninguna relevancia el nombre con que el ejecutado opte por identificar su excepci\u00f3n, siempre y cuando pruebe los hechos en que la funda\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que pese a la discrepancia que al respecto se hab\u00eda suscitado, a partir del precedente emanado del Consejo de Estado \u00absentencia 211177 del 12 de agosto de 2004\u00bb, seg\u00fan el cual la demostraci\u00f3n de los hechos al interior del juicio que desvirt\u00faen la ejecuci\u00f3n, conlleva a que el juzgador as\u00ed lo declare sin que se afecte con ello el principio de congruencia, y que tal postura tambi\u00e9n la asumi\u00f3 la Corte Constitucional al aseverar \u00aben las sentencias an\u00e1logas citadas por la juez de primera instancia, entre ellas, la T-537-09\u00bb, que la ley procesal civil le otorga al juez del ejecutivo \u00abel deber – que no la simple posibilidad- de reconocer las excepciones que se hallaren probadas dentro del proceso, as\u00ed las partes no las hayan alegado\u00bb. <\/p>\n

Aclar\u00f3 que \u00abcosa distinta es que, si dentro del t\u00e9rmino de traslado el ejecutado no formul\u00f3 ninguna excepci\u00f3n de fondo, el juez no puede, por s\u00ed mismo, entrar a declararlas, as\u00ed se encuentren plenamente demostradas, pues ante el silencio lo que debe es proferirse la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n como lo manda el art\u00edculo 507 del C de P.C, hoy 440 del CGP, salvo que se percate que el documento allegado como base de la ejecuci\u00f3n no reun\u00eda los requisitos del art\u00edculo 488 del C. de P.C., hoy 422 del CGP, y se equivoc\u00f3 al expedir el mandamiento ejecutivo, por lo que tendr\u00e1 que fallar negando seguir adelante la ejecuci\u00f3n, sin que esto implique que haya decretado de oficio alguna excepci\u00f3n de m\u00e9rito, pues en este preciso evento las normas procesales lo facultan para actuar de ese modo\u00bb. <\/p>\n

Luego, retomando la normativa adjetiva sobre la resoluci\u00f3n de excepciones, dijo que era aplicable en el ejecutivo en la medida en que \u00e9ste \u00abse transforma en proceso de conocimiento en virtud de la proposici\u00f3n de una excepci\u00f3n\u00bb, precis\u00f3 que \u00ab(\u2026) si bien los ejecutados actuaron con deficiencia en la formulaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de cosa juzgada, no puede desconocerse que con la excepci\u00f3n alegada de fondo de COBRO DE LO NO DEBIDO, se ataca el derecho u obligaci\u00f3n ejecutada, constituyendo uno de los hechos fundamento de la misma, que las, pretensiones demandadas ya fueron objeto de pronunciamiento en las sentencias proferidas en el proceso ejecutivo radicado 2012-00841-00, debidamente ejecutoriadas, adelantado en el Juzgado Segundo Civil Municipal de C\u00facuta. Aunase a lo anterior, que del acervo probatorio obtenido en el proceso, mana la demostraci\u00f3n de este hecho alegado que sin duda alguna enerva las pretensiones invocadas por la demandante, y faculta al juzgador de primera instancia expedir una resoluci\u00f3n teniendo en cuenta lo evidenciado a trav\u00e9s de esos medios\u00bb. <\/p>\n

Acerca de los hechos que soportan la excepci\u00f3n a declarar, dijo que al proponerla la parte demandada \u00abexpres\u00f3 claramente los hechos en que fundaba la misma, y vencido el termino de traslado se le corri\u00f3 traslado a la ejecutante para que se pronunciara acera de la excepci\u00f3n de fondo alegada por su contraparte, por lo que no es de recibo legal la manifestaci\u00f3n de la parte apelante que fue sorprendido con el medio exceptivo de cosa juzgada declarado de oficio por la juez, y que se menoscaba el debido y el derecho de defensa de la demandante, al ser evidente que el juez de primera instancia se est\u00e1 apoyando en hechos alegados por los demandados, y el demandante tuvo la oportunidad de contradecir el mismo y desvirtuarlo\u00bb. <\/p>\n

Record\u00f3 que a pesar de que la sentencia proferida en una ejecuci\u00f3n como la revisada no ten\u00eda \u00abla virtualidad de ponerle fin\u00bb, puesto que ello solo ocurre \u00abcomo consecuencia del pago efectivo de la obligaci\u00f3n\u00bb, en el presente caso \u00ablas sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el proceso ejecutivo radicado bajo el No. 2012-00841, adelantado en el Juzgado Segundo Civil Municipal de C\u00facuta, pusieron fin al mismo, y si bien no fue con origen de las excepciones de m\u00e9rito formuladas por los demandados, de la motivaci\u00f3n jur\u00eddica y f\u00e1ctica que soportan la decisi\u00f3n, hacen a tr\u00e1nsito de cosa juzgada material, como quiera que se estableci\u00f3 que la relaci\u00f3n contractual surgida entre las partes del contrato de arrendamiento ciertamente no pas\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 de la segunda pr\u00f3rroga del mismo, que data de fecha 31 de agosto de 2012, y por tanto no existe la opci\u00f3n de volver a debatir ejecutivamente las pretensiones derivadas del contrato de arrendamiento por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento causados con posterioridad a esta fecha, ni la cl\u00e1usula penal, a trav\u00e9s de un proceso distinto\u00bb. <\/p>\n

Y finaliz\u00f3 aduciendo que \u00abel estatuto procesal civil no proh\u00edbe que el juez de manera oficiosa acoja excepciones de m\u00e9rito que, pese a no haber sido postuladas debidamente por el demandado, aparezcan probadas, porque, como se dijo antecedentemente no tiene ninguna relevancia el nombre con que el ejecutado opte por identificar su excepci\u00f3n, siempre y cuando pruebe los hechos en que la funda. En desarrollo de lo contemplado en el art\u00edculo 305 del C de P. C., tampoco hay lugar a aceptar el eventual razonamiento de que en los ejecutivos se viola la congruencia si el juez reconoce en su fallo excepciones de m\u00e9rito no invocadas por el demandado, aunque los hechos que de ellas surjan s\u00ed est\u00e9n cabalmente demostrados, pues el proceso no s\u00f3lo est\u00e1 concebido para solucionar una controversia, sino para producir una decisi\u00f3n justa y verdadera en un tiempo razonable, esto es, termine d\u00e1ndosele la taz\u00f3n al que la tiene de acuerdo con el derecho sustancial, y no a aquel al que artificialmente se le concede por manejos de simple t\u00e9cnica procesal\u00bb. <\/p>\n

2.2. En apoyo a la argumentaci\u00f3n anteriormente descrita, en un caso de similares contornos jur\u00eddicos al presente, tambi\u00e9n fallado bajo el anterior estatuto procedimental civil, esta Sala encontr\u00f3 razonable que en segunda instancia se declarara pr\u00f3speras excepciones que daban al traste con la ejecuci\u00f3n, al sostener que: \u00ab(\u2026) en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el Juez tiene la potestad de declarar de oficio las excepciones que se encuentren probadas, salvo casos particulares como el de la prescripci\u00f3n y otras, y en el caso bajo estudio, al hacer una valoraci\u00f3n en conjunto de las pruebas y de las actuaciones surtidas en el proceso, el Tribunal advirti\u00f3 que el documento arrimado como t\u00edtulo, no hab\u00eda sido aportado en original, circunstancia que no pod\u00eda ser subsanada a trav\u00e9s de las memorada reconstrucci\u00f3n, raz\u00f3n por la que se hac\u00eda necesario declarar probados los medios exceptivos propuestos con relaci\u00f3n a la insuficiencia o inexistencia del t\u00edtulo base del recaudo allegado por la entidad financiera aqu\u00ed accionante (CSJ STC16556-2016, 16 nov. 2016, rad. 03217-00). <\/p>\n

Por lo dem\u00e1s, se hace necesario acotar que para cerrar la discusi\u00f3n atinente a si el precepto que se incorporaba en el canon 306 del anterior estatuto adjetivo, exclu\u00eda a los procesos ejecutivos, bajo la actual redacci\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso, el art\u00edculo 282 prev\u00e9 que \u00abEn cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n

Al respecto es necesario reiterar que mientras las determinaciones cuestionadas en un proceso no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, como tambi\u00e9n que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque: \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC4691-2016, 15 ABR. 2016, rad. 00100-00). <\/p>\n

En ese mismo sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho: \u00ab(\u2026) los Jueces en su tarea de administrar justicia gozan de (\u2026) autonom\u00eda en la ex\u00e9gesis de la ley y en la valoraci\u00f3n de la prueba, motivo por el cual no es suficiente que la tutelante oponga un planteamiento as\u00ed sea coherente sobre lo que debi\u00f3 ser ya la explicaci\u00f3n de la norma o del an\u00e1lisis de la prueba, para desde\u00f1ar una providencia judicial que no comparte y encasillarla como v\u00eda de hecho judicial (\u2026)\u00bb (CSJ STC 1\u00b0 de septiembre de 2010, exp. 01377-00, reiterada en STC1810-2017, 15 feb. 2017, rad. 00269-00, entre otras). <\/p>\n

As\u00ed, como la decisi\u00f3n que se censura no comprende defecto alguno de procedibilidad de la protecci\u00f3n deprecada, la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que la actuaci\u00f3n de la autoridad accionada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada. <\/p>\n

4. Por \u00faltimo, se niega la solicitud de compulsar copias para que se adelanten investigaciones de \u00edndole disciplinaria y\/o penal contra los funcionarios accionados, ya que sobre el punto la Corte ha dicho que si el interesado en tal actuaci\u00f3n \u00abestima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u201cEn relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u201d (\u2026)\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01, y STC8993-2017, 22 jun. 2017, rad. 00254-01, entre otras). <\/p>\n

5. Corolario de las precisiones dadas en precedencia, se impone ratificar la denegaci\u00f3n de la salvaguarda implorada, en tanto la actuaci\u00f3n censurada no comporta desafuero susceptible de correcci\u00f3n a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo judicial. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones se\u00f1aladas en esta instancia. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA STC2293-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2017-00427-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101613","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101613","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101613"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101613\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101613"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101613"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101613"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}