{"id":101626,"date":"2026-07-01T18:34:04","date_gmt":"2026-07-01T18:34:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101626"},"modified":"2026-07-01T18:34:04","modified_gmt":"2026-07-01T18:34:04","slug":"stc2306-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2306-2018\/","title":{"rendered":"STC2306-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

STC2306-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00346-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho)
\nBogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la se\u00f1ora Vilma Cecilia Ramos de Castilla y la Cooperativa Integral de Transporte de Cartagena Ltda, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculada la parte activa y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLos accionantes a trav\u00e9s de gestor judicial, reclaman la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales convocadas, en el marco del proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual que en su contra promovieron Irma de Jes\u00fas Lamas Ru\u00edz, Jos\u00e9 Humberto, Alexandra del Carmen y Patricia del Pilar Fierro Llamas, con radicado No. 2011-00120-00. <\/p>\n

Exigen, entonces, para la protecci\u00f3n de la citada prerrogativa, que se ordene al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, \u00abdecretar dentro del [citado litigio] la Operancia de la Ilegalidad del Protocolo de Audiencia Art. 373 del C.G. del P., dentro de la cual se encuentra la Parte Resolutiva de la Sentencia adiada 05 de Diciembre de 2016\u00bb, as\u00ed como la providencia del \u00ab27-09-2017\u00bb (fl. 2, cdno. 1). <\/p>\n

2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aducen en lo esencial, que pese haber solicitado la declaratoria de ilegalidad del tr\u00e1mite surtido al interior del litigio referido en l\u00edneas anteriores, por no haberse vinculado a la aseguradora La Equidad Seguros Generales O.C., llamada all\u00ed en garant\u00eda por ellos, como litisconsorte necesario, la citada oficina judicial neg\u00f3 lo suplicado mediante la segunda de las providencias mencionadas, aduciendo que dicha tem\u00e1tica ya se hab\u00eda controvertido \u00abpor la v\u00eda de los recursos ordinarios dentro de las correspondientes oportunidades\u00bb, lo cual, afirman, no es cierto, puesto que nunca formularon recurso alguno contra la decisi\u00f3n que declar\u00f3 precluida la oportunidad para hacer valer el susodicho llamamiento, sumado a que la juez del conocimiento pas\u00f3 por alto \u00abel mandato expreso del Inciso 4\u00ba in fine del Art. 134 del C.G. del P., el cual taxa: Cuando exista Litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anular\u00e1 y se integrar\u00e1 el contradictorio\u00bb, as\u00ed como lo sostenido por la jurisprudencia referente a que \u00ablos autos manifiestamente ilegales no se ejecutor\u00edan realmente, porque se rompe la unidad del proceso\u00bb. <\/p>\n

Finalmente sostienen, que por lo anterior la sentencia de primer grado y \u00abcolateralmente la Audiencia de Alegaciones y Fallo llevada a cabo y proferida por el H.T.S. del D.J. de C., Sala Civil-Familia, calendada el 08 de Junio de 2017\u00bb, son nulas, y por ende, deben invalidarse para que pueda integrarse el contradictorio; de ah\u00ed que, aseguran, se hace urgente y necesaria la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor (fls. 1 a 24, Cit.). <\/p>\n

3.\tUna vez asumido el tr\u00e1mite, producto de la nulidad decretada mediante prove\u00eddo del 7 de febrero de 2018 (fls. 4 a 8, cdno. 2), el d\u00eda 13 siguiente se admiti\u00f3 nuevamente la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 166, cdno. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

a. La titular del Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, luego de memorar las actuaciones que se han desplegado con ocasi\u00f3n del litigio debatido, se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, tras se\u00f1alar que \u00abno ha habido violaci\u00f3n a derecho fundamental por parte de [ese] Despacho Judicial\u00bb (fls. 118 a 120, ejusdem). <\/p>\n

b. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala Civil Familia del Tribunal convocado, pidi\u00f3 negar el auxilio invocado, con fundamento en que dicha actuaci\u00f3n \u00abse fundament\u00f3 en la normatividad vigente, d\u00e1ndole la debida aplicaci\u00f3n a las normas procesales y analizando detenidamente el acervo probatorio recaudado\u00bb (fl. 192). <\/p>\n

c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los interesados en la presente queja constitucional. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Siguiendo los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en los procesos para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, en virtud precisamente del principio de autonom\u00eda que le otorga la Constituci\u00f3n a las autoridades judiciales. Sin embargo, en el evento en que el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado ha hecho uso de los medios de protecci\u00f3n judicial a su alcance, y no cuenta con ninguno otro que le permita conjurar la lesi\u00f3n, y por supuesto, que se observe el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional rogada por la se\u00f1ora Vilma Cecilia Ramos de Castilla y la Cooperativa Integral de Transporte de Cartagena Ltda, resulta improcedente, pues la determinaci\u00f3n emitida el 27 de septiembre de 2017 por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, por medio de la cual se rechaz\u00f3 la solicitud de declaratoria de ilegalidad elevada por los demandados, aqu\u00ed accionantes, frente a las sentencias dictadas en primera y segunda instancia dentro del juicio declarativo de responsabilidad civil extracontractual que en su contra promovieron Irma de Jes\u00fas Lamas Ru\u00edz, Jos\u00e9 Humberto, Alexandra del Carmen y Patricia del Pilar Fierro Llamas (fls. 55 y 56, cdno. 1), tuvo como fundamento argumentos jur\u00eddicos que de manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisi\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n

3. En efecto, examinada dicha providencia en el campo de los derechos fundamentales, se observa que la autoridad criticada en punto de resolver dicho pedimento, tuvo en consideraci\u00f3n lo establecido en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 43 del C\u00f3digo General del Proceso, que autoriza al juez a rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaci\u00f3n manifiesta, sobre la base que \u00abhabi\u00e9ndose controvertido la validez o la legalidad por la v\u00eda de los recursos ordinarios dentro de las correspondientes oportunidades, las cuales evidentemente han quedado atr\u00e1s en este proceso, no es dable impetrar ahora la ilegalidad de una actuaci\u00f3n judicial, luego de encontrarse definida\u00bb (ejusdem), conclusi\u00f3n que no est\u00e1 desprovista de l\u00f3gica y raz\u00f3n, en la medida que estando definido el memorado juicio en sus dos instancias, y por virtud del principio de preclusi\u00f3n no pod\u00eda efectuarse el control de legalidad suplicado, por lo que hizo bien la susodicha autoridad en dar aplicaci\u00f3n a la consecuencia jur\u00eddica de los supuestos de la norma en cita, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en la rese\u00f1ada providencia se hubiera incurrido en alguna causal de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a la referida determinaci\u00f3n, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (citada recientemente, entre otras, en CSJ STC17973-2017 y STC065-2018). <\/p>\n

4. Ahora, como si fuera poco, se advierte que los aqu\u00ed interesados no solo dejaron de recurrir a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n la decisi\u00f3n por medio de la cual el juzgado accionado declar\u00f3 precluida la oportunidad para que se efectuara el llamamiento en garant\u00eda que formularon frente a la aseguradora La Equidad Seguros Generales O.C., hecho que sirvi\u00f3 de fundamento para elevar la rese\u00f1ada solicitud de ilegalidad, sino que tambi\u00e9n acudieron de forma tard\u00eda al presente mecanismo de amparo, si en cuenta se tiene que la aludida determinaci\u00f3n data del 20 de marzo de 2013 (fl. 19, cdno. 3, Rad. 2011-00120-00), en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 28 de noviembre de 2017 (fl. 113, cdno. 1), circunstancia que evidencia que la pretensi\u00f3n frente a la rese\u00f1ada providencia no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se acot\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo bastante significativo \u2013cuatro a\u00f1os y un poco m\u00e1s de ocho meses, sin que los tutelantes solicitaran la protecci\u00f3n de los derechos que consideran hoy vulnerados con la misma, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto general de procedibilidad de la inmediatez, seg\u00fan el cual, el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n

La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que <\/p>\n

\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n

Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n

5.\tComo consecuencia de lo expuesto, se denegar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

Devu\u00e9lvase el expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo a la oficina de origen. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO STC2306-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00346-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la se\u00f1ora Vilma Cecilia Ramos de Castilla y la Cooperativa Integral de Transporte de Cartagena Ltda, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101626","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101626","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101626"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101626\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101626"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101626"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101626"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}