{"id":101631,"date":"2026-07-01T18:34:57","date_gmt":"2026-07-01T18:34:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101631"},"modified":"2026-07-01T18:34:57","modified_gmt":"2026-07-01T18:34:57","slug":"stc2312-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2312-2018\/","title":{"rendered":"STC2312-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2312-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2017-01371-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 19 de enero de 2018, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Luz Estela Bedoya Murillo en calidad de apoderada general de Jessica P\u00e9rez Bedoya, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad, el Inspector de Polic\u00eda Urbana de Permanencia y la Subsecretar\u00eda de Gobierno, todos del municipio de Itag\u00fc\u00ed, y John Nathan Gordon, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn, la sociedad Comercializadora A & O S.A., as\u00ed como las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa promotora del amparo en la calidad citada, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de su mandante al debido proceso, al m\u00ednimo vital, a la vida digna y a la \u00abpropiedad\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada, con ocasi\u00f3n de las decisiones emitidas en el marco del proceso ejecutivo singular que la Comercializadora A & O S.A. instaur\u00f3 contra Jaime de Jes\u00fas P\u00e9rez Ortega, tr\u00e1mite en que aqu\u00e9lla fungi\u00f3 como tercera opositora en la diligencia de secuestro dispuesta en dicho tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n

Solicita entonces, que se disponga a su favor \u00abla entrega de los bienes secuestrados\u00bb (fl. 7 anverso, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tPara sustentar su inconformidad adujo en s\u00edntesis, que en tr\u00e1mite del juicio coercitivo prenombrado, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn libr\u00f3 despacho comisorio con el fin de adelantar el secuestro de los veh\u00edculos identificados con las placas \u00abSNL 929, SNL 930, SNN 209, SNR 209, SNR 817, SMM 415 y SNR 602\u00bb, los cuales hab\u00edan sido previamente aprehendidos, diligencia que tuvo lugar el pasado 3 de octubre, hecho por el cual, intervino \u00abcomo apoderada general de la propietaria y poseedora y present\u00f3 oposici\u00f3n [frente al] veh\u00edculo de placas SNL-929, adjunt[ando las respectivas] pruebas (\u2026) y solicit\u00f3 que se le entregara el remolque de placas R-43899 por no estar relacionado en el despacho comisorio y no ser objeto de medida cautelar\u00bb, alegatos frente a los cuales el Inspector de Polic\u00eda comisionado guard\u00f3 silencio, porque, seg\u00fan su dicho, es el Juzgado del conocimiento quien debe resolver sobre la oposici\u00f3n, sin que a la fecha la misma hubiese sido zanjada, lo que a todas luces, asegura, vulnera las prerrogativas fundamentales de su prohijada (fls. 1 a 8, \u00eddem). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

a.)\tEl titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, adem\u00e1s de remitir en disco compacto copia de las diligencias adelantadas con ocasi\u00f3n del despacho comisorio que es blanco de las quejas de la tutelante, adujo en lo esencial, que \u00abse excluy\u00f3 como objeto de la diligencia de secuestro el Trailer de Placas 43899\u00bb, hecho por el cual, los cuestionamientos de \u00e9sta ya fueron solucionados, debi\u00e9ndose negar el amparo ante la existencia de un hecho superado (fls. 195, \u00eddem). <\/p>\n

b.)\tA su turno, el Director Administrativo, Autoridad Especial de Polic\u00eda, Cuidado e Integridad del Espacio P\u00fablico y General del citado municipio, tambi\u00e9n inst\u00f3 la negaci\u00f3n de la salvaguarda rogada por los mismos motivos esbozados por el juez convocado, esto es, por encontrarse superada la situaci\u00f3n alegada (fls. 198 y 199, Cit.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal constitucional de primer grado concedi\u00f3 parcialmente el amparo reclamado, es decir, \u00fanicamente en lo relacionado con el derecho de petici\u00f3n presentado por la convocante frente al Inspector de Polic\u00eda Urbano de Permeancia de Itag\u00fc\u00ed el 19 de septiembre de 2017, por no hallarse demostrada su contestaci\u00f3n, ordenando que se procediera a ello en el t\u00e9rmino perentorio de 48 horas contabilizado a partir de la notificaci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n

Sin embargo, no corrieron la misma suerte los ruegos instados frente a los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Oralidad de ese mismo municipio y Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn, como quiera que advirti\u00f3 el a quo, que \u00abla mora judicial que se ven\u00eda presentando frente a la definici\u00f3n de las actuaciones [de las que se dol\u00eda la petente], fue superada\u00bb. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela (fls. 219 y 219 anverso, \u00edd.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tSe recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n

2.\tEn relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece, que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n

Sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que: <\/p>\n

\u00ab[L]a legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (C. C. ST-878 de 2007). <\/p>\n

3.\tEn este asunto, la accionante aduciendo ser la apoderada general de Jessica P\u00e9rez Bedoya, cuestiona a trav\u00e9s de este mecanismo especial, la falta de resoluci\u00f3n de la oposici\u00f3n que present\u00f3 en representaci\u00f3n de \u00e9sta en la diligencia de secuestro ordenada en el marco del juicio coercitivo quirografario que la Comercializadora A & O S.A. instaur\u00f3 contra Jaime de Jes\u00fas P\u00e9rez Ortega. <\/p>\n

4. No \tobstante, la Corte al verificar la documentaci\u00f3n obrante en \tel plenario, advierte que si bien la titular de los derechos \tfundamentales cuya protecci\u00f3n aqu\u00ed se invoca, es \tdecir, Jessica P\u00e9rez \tBedoya, \totorg\u00f3 poder \tgeneral \ta favor de Luz \tEstela Bedoya Murillo, con el fin de que la represente \u00abante \tcualquier corporaci\u00f3n, entidad, funcionario o empleado de la \trama ejecutiva y sus organismos vinculados o adscritos; en la rama \tjudicial, y de la rama legislativa, del poder p\u00fablico, en \tcualquier petici\u00f3n, actuaci\u00f3n, diligencia, o proceso, \tsea como demandante, sea como demandado o como coadyuvante de \tcualquiera de las partes, para iniciar o seguir hasta su \tterminaci\u00f3n, los proceso, actos diligencias y actuaciones \trespectivas\u00bb \t(fls. 186 a 190, cdno. 1), dicho \tmandato no habilita a esta \u00faltima para \tcuestionar las decisiones emitidas por las autoridades accionadas \tmediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que si \tbien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la \tcalidad de abogado en quien la suscribe, ya que puede ser \tinterpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un \tJuez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, \tha sido criterio de esta Corte de tiempo atr\u00e1s, que cuando \tde derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que se \tacompa\u00f1e a la demanda poder \tespecial por \tmedio del cual se act\u00faa, o que se proceda en los t\u00e9rminos \tdel inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, \tvalga decir, alegando agencia oficiosa. <\/p>\n

En ese sentido esta Sala ha precisado, que <\/p>\n

\u00abCuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026). (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras). (Subrayas fuera del texto)\u00bb (ver en CSJ STC19645-2017). <\/p>\n

5.\tEn consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se invalidar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia, para as\u00ed, desestimar el amparo rogado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, para en su lugar, DENEGAR la salvaguarda instada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC2312-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2017-01371-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 19 de enero de 2018, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101631","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101631","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101631"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101631\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101631"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101631"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101631"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}