{"id":101646,"date":"2026-07-01T18:36:40","date_gmt":"2026-07-01T18:36:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101646"},"modified":"2026-07-01T18:36:40","modified_gmt":"2026-07-01T18:36:40","slug":"stc2338-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2338-2018\/","title":{"rendered":"STC2338-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2338-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-00290-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Aura Patricia Ruiz Posada, Daniela, Mar\u00eda Alejandra y Diego V\u00e9lez Ruiz contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, la Inspecci\u00f3n Central de Polic\u00eda Valencia, el Banco Agrario de Colombia y Jos\u00e9 Alfredo Fl\u00f3rez Julio, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dicen vulnerado por los accionados. <\/p>\n

En consecuencia, solicitaron se declare \u00abla nulidad del proceso ejecutivo hipotecario adelantado por el Banco Agrario de Colombia frente a (\u2026) Diego Le\u00f3n V\u00e9lez Arango\u00bb y, de forma subsidiaria, \u00abse ordene la nulidad de la diligencia de secuestro practicada (\u2026) el d\u00eda 17 de febrero de 2014\u00bb. <\/p>\n

2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n

2.1. El Banco Agrario de Colombia promovi\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria en contra de Diego Le\u00f3n V\u00e9lez Arango, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, que libr\u00f3 mandamiento de pago, el 6 de junio de 2013. <\/p>\n

2.2. Posteriormente, se dispuso el emplazamiento del ejecutado y, surtido \u00e9ste, fue designado curador ad litem, con quien se surti\u00f3 el enteramiento de la orden de apremio. Cumplido lo anterior, con providencia del 26 de febrero de 2014, se dispuso continuar con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

2.3. Practicado el aval\u00fao del predio objeto de la hipoteca, se dispuso su remate, que fue aprobado con prove\u00eddo del 13 de abril de 2015. <\/p>\n

2.5. Seguidamente, el 21 de noviembre de 2016, comparecieron al rito Aura Patricia Ruiz Posada, Daniela, Mar\u00eda Alejandra y Diego V\u00e9lez Ruiz, como sucesores procesales de Diego Le\u00f3n V\u00e9lez Arango, quien falleci\u00f3 en el tr\u00e1mite del proceso, reclamando la invalidez de lo actuado, petici\u00f3n que rechaz\u00f3 de plano el juzgado de conocimiento con auto del 16 de diciembre de 2016, decisi\u00f3n que apelaron los peticionarios, siendo confirmada por el Tribunal criticado, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 20 de octubre de 2017. <\/p>\n

2.6. Por v\u00eda de tutela, criticaron los sucesores del ejecutado que su petici\u00f3n invalidatoria debi\u00f3 prosperar, habida cuenta que el secuestro de la heredad hipotecada se practic\u00f3 de forma irregular; que tanto el aval\u00fao del predio, como la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, fueron presentadas extempor\u00e1neamente; que se dispuso proseguir con la ejecuci\u00f3n \u00abcomo si fuese un proceso mixto, cuando en el auto admisorio orden\u00f3 tramitar un proceso ejecutivo hipotecario\u00bb; que el aval\u00fao del inmueble no se ajusta a la realidad, pues no se tuvo en cuenta el valor real del terreno, ni el \u00abcultivo de teca\u00bb all\u00ed plantado; y que se presentaron anomal\u00edas en la realizaci\u00f3n del remate. <\/p>\n

3.\tAdmitida la demanda de amparo, la Corte orden\u00f3 enterar a las autoridades accionadas, a las partes y terceros intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja.
\nLA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda dijo oponerse \u00aba la pretensi\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional, por cuanto (\u2026) no ha violado derecho constitucional alguno\u00bb. <\/p>\n

2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tAl tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n

De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2. Sea lo primero indicar que el an\u00e1lisis que efectuar\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 al auto del 20 de octubre de 2017, que confirm\u00f3 el que dict\u00f3 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monteria, el 16 de diciembre de 2016, a trav\u00e9s del cual fue rechazada de plano la petici\u00f3n de invalidez que elevaron los quejosos, toda vez que fue esa determinaci\u00f3n la que zanj\u00f3 la discusi\u00f3n sobre la que recae la queja constitucional. <\/p>\n

3. En este orden de ideas, considera la Corte que el resguardo est\u00e1 llamado al fracaso, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la prenotada providencia de 20 de octubre de la pasada anualidad, explic\u00f3 los motivos por los que resultaba inviable dar tr\u00e1mite a la referida solicitud de nulidad, respecto de lo cual se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026 oteado el tr\u00e1mite del proceso que ocupa la atenci\u00f3n de esta Sala, no es necesario hacer mayor esfuerzo y abundar en argumentos para concluir que las dem\u00e1s peticiones son extempor\u00e1neas, la oportunidad ha precluido, v\u00e9ase que ya el bien fue rematado y la nulidad debi\u00f3 ser alegada antes de la adjudicaci\u00f3n, incluso, el juzgado en anterior ocasi\u00f3n analiz\u00f3 la solicitud de nulidad por indebida notificaci\u00f3n y esta fue despachada desfavorablemente, providencia que est\u00e1 en firme. <\/p>\n

Sea del caso recordar que el proceso ejecutivo est\u00e1 dividido en una serie de etapas preclusivas y en este caso todas las de este juicio se encuentran clausuradas, sin que haya lugar a retrotraer las actuaciones, por ende, con relaci\u00f3n a los dem\u00e1s hechos expuestos para configurar la nulidad alegada por el recurrente \u00e9sta no es procedente\u2026 <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

Siguiendo el anterior orden de ideas se debe decir que la decisi\u00f3n de rechazar de plano el incidente de nulidad est\u00e1 ajustado a derecho, pues, todas las etapas del juicio est\u00e1n concluidas, oportuno es traer a colaci\u00f3n lo se\u00f1alado en el art, 130 y el 455 del CGP. <\/p>\n

"ART\u00cdCULO 130. RECHAZO DE INCIDENTES. El juez rechazar\u00e1 de plano los incidentes que no est\u00e9n expresamente autorizados por este c\u00f3digo y los que se promuevan fuera de t\u00e9rmino o en contravenci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 128. Tambi\u00e9n rechazar\u00e1 el incidente cuando no re\u00fana los requisitos formales". <\/p>\n

"ART\u00cdCULO 455. SANEAMIENTO DE NULIDADES Y APROBACI\u00d3N DEL REMATE. Las irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerar\u00e1n saneadas si no son alegadas antes de la adjudicaci\u00f3n. – Las solicitudes de nulidad que se formulen despu\u00e9s de esta, no ser\u00e1n o\u00eddas". <\/p>\n

As\u00ed las cosas, haciendo un parang\u00f3n con las actuaciones adelantadas dentro del proceso, se observa que la petici\u00f3n de nulidad est\u00e1 por fuera de tiempo. Por ende, mal har\u00eda esta judicatura en convalidar las ventajas que pretende obtener la parte demandada luego de concluido legalmente el juicio en su contra, v\u00e9ase que ya fue adjudicado el inmueble e incluso en oportunidad anterior se analizaron algunos de los temas aqu\u00ed expuestos, como es la indebida notificaci\u00f3n, situaci\u00f3n que est\u00e1 resuelta. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n

4. Cabe a\u00f1adir que, al margen de las rese\u00f1adas disquisiciones del Tribunal, lo cierto es que la solicitud invalidatoria que exigieron los quejosos no pod\u00eda prosperar, toda vez que las circunstancias en las que se soportaba no fueron oportunamente alegadas por el ejecutado Diego Le\u00f3n V\u00e9lez Arango al comparecer el rito, conforme se verific\u00f3 en las copias allegadas al plenario, silencio que sane\u00f3 cualquier tipo de anomal\u00eda. <\/p>\n

En efecto, el art\u00edculo 136 (numeral 1\u00ba) del C\u00f3digo General del Proceso, establece que \u00abla nulidad se considerar\u00e1 saneada (\u2026) 1. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla\u2026\u00bb. Entonces, comoquiera que el all\u00ed enjuiciado, en su primera intervenci\u00f3n, se limit\u00f3 a esgrimir su indebida notificaci\u00f3n de la orden de apremio, sin aducir ninguna de las dem\u00e1s irregularidades denunciadas, posteriormente, por los gestores del resguardo (relacionadas con el secuestro de la heredad hipotecada, el aval\u00fao del predio, la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y el remate), \u00e9stas quedaron saneadas. <\/p>\n

As\u00ed pues, al margen de los cuestionamientos que por v\u00eda de tutela alegaron los promotores, es un aspecto que resulta intrascendente, pues lo cierto es que, se reitera, la petici\u00f3n de invalidez no pod\u00eda abrirse paso. <\/p>\n

Sobre la carencia de trascendencia constitucional de la salvaguarda suplicada dijo la Sala que \u00ab\u2026con independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado, el hecho cierto es que (\u2026) el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado (CSJ STC1684-2015, rad. 2015-00201). <\/p>\n

5. Por lo dem\u00e1s, observa esta Colegiatura que los accionantes no han aducido ante el juez de la ejecuci\u00f3n, la imposibilidad de continuar con la misma al haberse rematado el predio hipotecado, siendo ese el escenario propicio para debatirlo, con lo que se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar tal inconformidad, no es posible acceder a las s\u00faplicas de los quejosos, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n

6. Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

5<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2338-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-00290-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Aura Patricia Ruiz Posada, Daniela, Mar\u00eda Alejandra y Diego V\u00e9lez Ruiz contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101646","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101646","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101646"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101646\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101646"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101646"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101646"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}