{"id":101650,"date":"2026-07-01T18:37:14","date_gmt":"2026-07-01T18:37:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101650"},"modified":"2026-07-01T18:37:14","modified_gmt":"2026-07-01T18:37:14","slug":"stc2342-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2342-2018\/","title":{"rendered":"STC2342-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2342-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2017-00541-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 12 de enero de 2018 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda del Carmen Cubillos de Ardila, Flor \u00c1ngela y Blanca Constanza Ardila Cubillos contra el Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1 y Mar\u00eda Esperanza Ardila Cubillos, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLas accionantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos a la igualdad, a la salud, a la vida, a la informaci\u00f3n, al debido proceso, a la defensa y de petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por el despacho judicial accionado. <\/p>\n

Solicitan, entonces, se ordene al Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1, que: <\/p>\n

i). \u2026d[\u00e9] cumplimiento a la informaci\u00f3n pedida por medio del derecho de petici\u00f3n, como es la solicitud inmediata de obtener las copias simples de todo el proceso de interdicci\u00f3n, con el fin de conocer el proceso que se realiz\u00f3 por parte de la accionada ESPERANZA ARDILA CUBILLOS\u2026 y que le ha impedido a\u2026 MAR\u00cdA DEL CARMEN CUBILLOS DE ARDILA ejercer sus derechos fundamentales con autonom\u00eda porque est\u00e1 en pleno uso de sus facultades mentales y f\u00edsicas de acuerdo a su edad para administrar sus bienes obtenidos dentro de la sociedad conyugal lograda con su esposo. <\/p>\n

ii). \u2026la entrega inmediata de los dineros consignados\u2026 por c\u00e1nones de arriendo y dem\u00e1s que est\u00e9n en custodia dentro del proceso[,] ya que\u2026 MAR\u00cdA DEL CARMEN CUBILLOS DE ARDILA no recibe nada de dinero por par[te] de su hija ESPERANZA ARDILA CUBILLOS, quien tiene en posesi\u00f3n la casa de propiedad de la accionante en Fusagasug\u00e1 y los dineros que est\u00e1n en este proceso\u2026 <\/p>\n

iii). \u2026dar terminaci\u00f3n definitiva\u2026 por la nulidad proferida por medio de tutela al proceso de interdicci\u00f3n ya que\u2026 todo ha sido un da\u00f1o inminente a su Madre por la situaci\u00f3n econ\u00f3mica que vive y que disfrutan todos sus bienes sus hijos HERN\u00c1N\u2026 [y] ESPERANZA ARDILA CUBILLOS. <\/p>\n

iv). \u2026que entregue de manera inmediata el inmueble ubicado en la calle 24 n\u00ba 11 A \u2013 30 Barrio Manilla Dos (2) Tercer Sector Fusagasug\u00e1 a favor de\u2026 MAR\u00cdA DEL CARMEN CUBILLOS DE ARDILA (folios 9 a 20, cuaderno 1). <\/p>\n

2.1.\tMar\u00eda Esperanza Ardila Cubillos y Angee Shirley Roa Ardila1 promovieron proceso para obtener la interdicci\u00f3n judicial de Mar\u00eda del Carmen Cubillos de Ardila2, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al entonces Juzgado Promiscuo de Familia de Fusagasug\u00e1, con radicado 2014- 00309. <\/p>\n

2.2.\tEl 27 de agosto de 2014 el estrado judicial acusado avoc\u00f3 conocimiento de la demanda y decret\u00f3 la interdicci\u00f3n provisoria de Cubillos de Ardila, sin que se aportara un \u00abcertificado m\u00e9dico que acreditara [su] estado de salud\u00bb; asimismo, decret\u00f3 medidas cautelares consistentes en disponer que los arrendatarios de los diferentes inmuebles de propiedad de aqu\u00e9lla, consignaran a \u00f3rdenes del juzgado los c\u00e1nones de arrendamiento, al tiempo que le orden\u00f3 a Colpensiones poner a disposici\u00f3n de ese despacho la mesada pensional que percib\u00eda la presunta interdicta; luego, el 28 de enero de 2015, design\u00f3 como curadora provisoria de \u00e9sta a su hija y demandante, Mar\u00eda Esperanza Ardila Cubillos. <\/p>\n

2.3.\tPosteriormente, con ocasi\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela anterior, el 11 de agosto de 2016 la Sala Civil-Familia del Tribunal de Cundinamarca ampar\u00f3 las garant\u00edas de la pretensa interdicta, decisi\u00f3n confirmada por esta Corte, en sede de impugnaci\u00f3n, el 21 de septiembre siguiente, tras considerar que el auto admisorio carec\u00eda de motivaci\u00f3n, a m\u00e1s que no estuvo precedido de una debida valoraci\u00f3n probatoria, en punto al dictamen pericial que soportaba la medida provisional, as\u00ed como tampoco se hab\u00eda realizado un estudio juicioso respecto a la necesidad o no de notificar a Mar\u00eda del Carmen Cubillos, por lo que dispuso dejar sin valor ni efecto el aludido prove\u00eddo inicial, ordenando reanudar la actuaci\u00f3n de acuerdo a lo all\u00ed consignado. <\/p>\n

2.4.\tEn cumplimiento a lo dispuesto, previa inadmisi\u00f3n, el 26 de octubre de 2016 el estrado judicial criticado nuevamente avoc\u00f3 el conocimiento del juicio ordenando, entre otras cosas, remitir a \u00abMar\u00eda del Carmen Cubillos de Ardila, al Grupo de Psiquiatr\u00eda Forense Seccional Cundinamarca\u2026 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogot\u00e1\u2026 a fin de que le sea asignada una cita para que le practiquen un dictamen por un perito m\u00e9dico para establecer el estado de la paciente\u00bb; asimismo, dispuso que \u00abprevio a decretarse la INTERDICCI\u00d3N PROVISORIA de\u2026 [aqu\u00e9lla],\u2026 la Asistente Social adscrita al Despacho [deber\u00eda] PRACT[ICAR] visita social al hogar de la presunta interdicta, en aras de establecer sus condiciones actuales y modus operandi\u00bb; empero, no levant\u00f3 las medidas preventivas. <\/p>\n

2.5.\tLuego, Cubillos de Ardila solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso a fin de asumir nuevamente la administraci\u00f3n de sus bienes, ante lo que el 17 de mayo de 2017 el Juzgado accionado, previo a decidir dicha solicitud, dispuso requerirla para que allegara \u00abcopia de su epicrisis y\/o valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica\u00bb; determinaci\u00f3n que cobro ejecutoria sin reparo alguno. <\/p>\n

2.6.\tEl 26 de julio de 2017 la sede judicial accionada dispuso expedir copia aut\u00e9ntica de toda la actuaci\u00f3n surtida al interior proceso a costa de la gestora, al tiempo que deneg\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente para la ciudad de Bogot\u00e1 \u00aben virtud del principio de la jurisdicci\u00f3n perpetua\u00bb; asimismo, requiri\u00f3 a la parte interesada a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el prove\u00eddo de 17 de mayo anterior; decisi\u00f3n que no fue objeto de recurso. <\/p>\n

2.7.\tIndicaron las quejosas, en s\u00edntesis, que Mar\u00eda Esperanza Ardila Cubillos, en calidad de demandante, realiz\u00f3 actos de mala fe ocasion\u00e1ndole perjuicios a la presunta interdicta, pues, por una parte, los dineros producto de rentas a favor de \u00e9sta se encontraban a \u00f3rdenes del Juzgado accionado, sin que los mismos pudieran ser retirados; y por otro lado, porque el inmueble ubicado en la calle 24 n\u00ba 11 A 30 donde viv\u00eda Cubillos de Ardila en Fusagasug\u00e1, hab\u00eda sido ocupado por aquella, ejerciendo actos de posesi\u00f3n sin cancelar ning\u00fan valor por canon de arrendamiento, destacando que Mar\u00eda del Carmen estaba residiendo en la ciudad de Bogot\u00e1; agregaron que presentaron petici\u00f3n a fin de obtener copias del proceso, sin que la misma hubiera sido atendida por la sede judicial. <\/p>\n

2.8.\tRefirieron que el Juzgado accionado desatendi\u00f3 la orden constitucional atr\u00e1s aludida, pues no orden\u00f3 \u00abla pr\u00e1ctica del examen de medicina legal que determin[ara] si se deb[\u00eda] declarar o no la interdicci\u00f3n en la vida de\u2026 Cubillos de Ardila\u00bb; relievando que, adem\u00e1s, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas, pues al haber sido declarada la nulidad del proceso a trav\u00e9s de esa primigenia acci\u00f3n tuitiva, el despacho ten\u00eda el deber de terminar el juicio y, en consecuencia, levantar las medidas cautelares, lo que no ocurri\u00f3, resaltando que a la fecha el asunto se encontraba \u00absin movimiento procesal\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n

1.\tLa Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 \u2013 Zona Centro inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda al considerar que los hechos y pretensiones aludidas por las tutelantes no se refer\u00edan a acciones u omisiones de esa entidad (folios 45 y 46, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tEl Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1 limit\u00f3 su actuar a remitir, en calidad de pr\u00e9stamo, al a quo constitucional, el proceso criticado (folio 47, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tEl Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses manifest\u00f3 que conforme a lo solicitado por el Juzgado accionado, en punto a la pr\u00e1ctica del examen m\u00e9dico psiqui\u00e1trico de Mar\u00eda del Carmen Cubillos de Ardila, el 7 de julio de 2015 le solicit\u00f3 al despacho la remisi\u00f3n del expediente completo; que cit\u00f3 a la pretensa interdicta en dos oportunidades, esto es, 25 de julio de 2016 y 16 de noviembre de 2017, a fin de realizar la valoraci\u00f3n, pero tales llamados no fueron atendidos por la interesada; que ha dado cumplimiento a lo requerido por la autoridad judicial, por lo que no exist\u00eda acci\u00f3n u omisi\u00f3n de su parte que vulnerara las garant\u00edas de las gestoras (folios 48 y 49, cuaderno 1). <\/p>\n

4.\tLa Administradora Colombiana de Pensiones sostuvo que el llamado a responder la salvaguarda era el estrado judicial accionado (folios 51 y 52, cuaderno 1). <\/p>\n

5.\tMar\u00eda Esperanza Ardila Cubillos indic\u00f3 que lo evidenciado era \u00abla disputa econ\u00f3mica entre hermanos y sobrinos por los bienes de Mar\u00eda del Carmen\u00bb, por lo que han afrontado diversas actuaciones judiciales ante fiscal\u00edas, juzgados y comisar\u00edas de familia; que Flor \u00c1ngela le \u00abimped[\u00eda] a toda costa el contacto familiar\u00bb con la presunta interdicta, por lo que a trav\u00e9s de correo certificado la exhort\u00f3 a fin de que cumpliera la citaci\u00f3n del Instituto Nacional de Medicina Legal, la que fue desatendida \u00abentorpeciendo el curso normal del proceso de interdicci\u00f3n y causando por s\u00ed los enormes perjuicios morales y econ\u00f3micos que [le] achacan\u00bb; que para la entrega del inmueble donde ella resid\u00eda las inconformes contaban con un procedimiento espec\u00edfico que no pod\u00eda sustituirse por esta v\u00eda supralegal; que las peticiones no proced\u00edan al interior de los tr\u00e1mites judiciales, a m\u00e1s que para solicitar copias simples del expediente deb\u00edan actuar de conformidad con lo reglado en el C\u00f3digo General del Proceso (folios 84 a 88, cuaderno 1). <\/p>\n

6.\tLa Procuradur\u00eda Treinta y Seis Judicial II Familia anot\u00f3 que respecto de las copias solicitadas por la parte actora, las mismas fueron autorizadas el 26 de julio de 2017 por el Juzgado y a su costa; que respecto a la rendici\u00f3n de cuentas por parte de Mar\u00eda Esperanza Ardila Cubillos y la entrega de inmueble ubicado en Fusagasug\u00e1, la salvaguarda se tornaba procedente a fin de garantizar las prerrogativas de una adulta mayor vulnerable por su estado de salud f\u00edsica y mental, m\u00e1xime cuando el estrado judicial al disponer nuevamente la admisi\u00f3n de la demanda en cumplimento de la acci\u00f3n de tutela anterior omiti\u00f3 requerir a la curadora provisional para rendir sus cuentas en punto a los dineros y el usufructo de los bienes, especialmente, respecto de aqu\u00e9l en el que reside actualmente y del parqueadero bajo administraci\u00f3n de Hern\u00e1n Ardila Cubillos (folios 90 a 95, cuaderno 1). <\/p>\n

7.\tHern\u00e1n Ardila Cubillos indic\u00f3 que los hechos constitutivos del resguardo se tornaban \u00abego\u00edsta[s], injurios[os] y calumnios[os]\u00bb; que Flor \u00c1ngela Ardila manipulaba a su se\u00f1ora madre sin que \u00e9sta hubiese sido declarada interdicta; que de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 1251 de 2008 Mar\u00eda del Carmen pod\u00eda decidir sobre sus bienes y su bienestar; que lo evidenciado con la solicitud de amparo era \u00abel car\u00e1cter de poder y econ\u00f3mico que quer\u00eda[n] ejercer [sus] hermanas, lejos de valorar y respetar el derecho que ten[\u00eda] [su] progenitora a una vida digna y segura\u00bb (folios 96 y 97, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo constitucional deneg\u00f3 el amparo por carencia actual de objeto y por incumplir el requisito de subsidiariedad, pues, por una parte, la solicitud de copias de cuya falta de resoluci\u00f3n se dol\u00edan las actoras, fue despachada por el Juzgado accionado el 26 de julio de 2017, sin que la parte interesada haya cancelado los emolumentos respectivos para su reproducci\u00f3n; y por otro lado, porque respecto a la terminaci\u00f3n del proceso y a la administraci\u00f3n de los bienes de Mar\u00eda del Carmen Cubillos de Ardila se emiti\u00f3 pronunciamiento con auto de 17 de mayo de 2017, donde el estrado judicial dispuso que previo a decidir lo pertinente, la presunta interdicta deb\u00eda aportar copia de \u00absu epicresis y\/o valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica\u00bb, orden que le fue reiterada el 26 de julio siguiente, sin que la gestora hubiese cumplido con dicha carga, destacando, por dem\u00e1s, que tales determinaciones no fueron objeto de recurso y que aquel requerimiento no luc\u00eda arbitrario. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que si bien en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n se hab\u00eda protegido el debido proceso de Cubillos de Ardila, declarando la nulidad del proceso de interdicci\u00f3n, ello no implicaba que el juicio tuviera que haberse terminado (folios 99 a 109, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 Flor \u00c1ngela Ardila Cubillos insistiendo en los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que sus pretensiones concretas consist\u00edan en que se ordenara: i). la remisi\u00f3n del proceso de interdicci\u00f3n criticado a la ciudad de Bogot\u00e1, por falta de garant\u00edas en Fusagasug\u00e1; ii). a Mar\u00eda Esperanza Ardila Cubillos, que rindiera cuentas respecto a la administraci\u00f3n que ejerci\u00f3 sobre los bienes de la presunta interdicta mientras ejerci\u00f3 el cargo de guardadora provisional; asimismo, para que aclarara los gastos atinentes a la remodelaci\u00f3n de la casa ubicada en la calle 24 n\u00ba 11 A – 30 de Fusagasug\u00e1; y iii). abrir investigaci\u00f3n y proceso disciplinario en contra de los funcionarios del Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1 y de su hermana Mar\u00eda Esperanza Ardila (folios 150 a 160, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tDe lo expuesto, se evidencia que la queja de las promotoras se centr\u00f3 en i) la ausencia de respuesta respecto de la solicitud de copias del proceso presentada el 10 de julio de 2017; ii). el prove\u00eddo de 17 de mayo de ese a\u00f1o, mediante el cual el Juzgado se refiri\u00f3 a la terminaci\u00f3n del juicio y a la administraci\u00f3n de los bienes por parte de Mar\u00eda del Carmen Cubillos de Ardila; iii). el auto de 26 de julio de la misma anualidad que neg\u00f3 la remisi\u00f3n del asunto a los despachos judiciales de Bogot\u00e1; iv). la falta de rendici\u00f3n de cuentas y la entrega del inmueble ubicado en la calle 24 n\u00ba 11 A \u2013 30 de Fusagasug\u00e1; y v). la necesidad de adelantar investigaci\u00f3n disciplinaria y penal a los funcionarios del despacho accionado y a Mar\u00eda Esperanza Ardila Cubillos. <\/p>\n

3.\tEn primer lugar, respecto a la falta de pronunciamiento frente a las copias del proceso pretendidas el 10 de julio de 2017; la petici\u00f3n de protecci\u00f3n carece de objeto, toda vez que de los documentos obrantes en la acci\u00f3n tuitiva, se tiene que con prove\u00eddo de 26 de julio siguiente el despacho accionado se refiri\u00f3 sobre ese punto, disponiendo la reproducci\u00f3n aut\u00e9ntica de toda la actuaci\u00f3n surtida al interior de juicio, a costa de la parte interesada, sin que la misma haya cancelado tal emolumento a fin de obtenerlas, circunstancia que no puede reprocharse al estrado judicial; por lo que se vislumbra una carencia de objeto, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n

[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n

4.\tEn segundo lugar, respecto del auto de 26 de julio de 2017, que neg\u00f3 la remisi\u00f3n del proceso a los despachos judiciales de Bogot\u00e1, la salvaguarda rogada tambi\u00e9n se torna inviable, debido a que las gestoras ten\u00edan a su alcance el recurso de reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo que critican, medio ordinario de defensa que era procedente de conformidad con el art\u00edculo 3183 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual no agotaron frente a dicha determinaci\u00f3n; circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos. <\/p>\n

Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si la gestora de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n

\u2026 es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy art\u00edculo 117 del C\u00f3digo General del Proceso]-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01) <\/p>\n

En cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha expuesto: <\/p>\n

\u2026y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia \u2026 (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada, entre otras, en STC12585-2016, 7 sep. 2016, rad. 2016-02476-00). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n alegada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de agotamiento del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, las decisiones criticadas en sede de tutela. <\/p>\n

5.\tPor otra parte, respecto a la falta de rendici\u00f3n de cuentas y de la entrega del inmueble ubicado en la calle 24 n\u00ba 11 A \u2013 30 por parte de Mar\u00eda Esperanza Ardila Cubillos, as\u00ed como el traslado del proceso a otro Distrito Judicial, tambi\u00e9n se evidencia la improcedencia de la salvaguarda impetrada, comoquiera que las promotoras cuentan con otros mecanismos de defensa para exponer sus reclamos. <\/p>\n

En efecto, las peticionarias bien pueden: 1) solicitar la rendici\u00f3n de cuentas de conformidad con el art\u00edculo 105 de la Ley 1306 de 20094, a fin de que quien actu\u00f3, en calidad de curadora provisional y durante el tiempo que ejerci\u00f3 dicho cargo, explique lo referente a los movimientos de dineros de los que por esta v\u00eda se duelen las quejosas; 2) en punto a la entrega del inmueble ubicado en la calle 24 n\u00ba 11 A 30 de Fusagasug\u00e1, en donde supuestamente reside Esperanza Ardila, se tiene que dicho predio no fue objeto de las medidas cautelares decretadas (folios 63 y 64, cuaderno 1), por lo que la parte actora cuenta con otras v\u00edas a fin de obtener el reintegro de dicha propiedad, toda vez que puede ejercer las acciones pertinentes, bien sea la reivindicatoria, restitutoria, posesoria o la que de acuerdo a la situaci\u00f3n espec\u00edfica proceda, habida cuenta de que de lo aportado a la salvaguarda no se tiene certeza de la calidad de las partes de cara a dicho bien; 3) acudir al cambio de radicaci\u00f3n contemplado en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 30 del C\u00f3digo General del Proceso, a fin de trasladar el conocimiento del asunto a otro Distrito Judicial, tras considerar y argumentar la falta de garant\u00edas e imparcialidad de la que por esta v\u00eda se duelen. <\/p>\n

Luego, a trav\u00e9s de los citados tr\u00e1mites es que las gestoras podr\u00e1n exponer sus reclamos e inconformidades, pues la acci\u00f3n de tutela, se itera, est\u00e1 destinada a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural no logran protegerse los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n

Por tanto, al existir esos otros medios judiciales para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de las accionantes, ni aun como mecanismo transitorio, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo a los regulares de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; STC, 21 ag. 2013, rad. 2013-01258-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n

6.\tAhora, en lo referente a la solicitud de compulsar copias a fin de iniciar investigaci\u00f3n en contra de los funcionarios y empleados que han estado y est\u00e1n al frente del Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1, y de Mar\u00eda Esperanza Ardila Cubillos, es menester precisar que si las quejosas consideran que existe alguna actuaci\u00f3n irregular en el tr\u00e1mite que fustigan, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello.
\nFrente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n

\u2026es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 2016-00321-01). <\/p>\n

7.\tNo obstante lo anterior, no ocurre lo mismo con el prove\u00eddo de 17 de mayo de 2017, mediante el cual el Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1 dispuso que previo a decidir sobre la administraci\u00f3n de bienes a favor de Mar\u00eda del Carmen Cubillos de Ardila, resultaba necesario requerir a los interesados con el fin de que allegaran copia de la \u00abepicrisis y\/o valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica\u00bb de la presunta interdicta; determinaci\u00f3n con la que, advierte la Corte, el estrado judicial enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, m\u00e1xime cuando con dicha decisi\u00f3n se comprometieron las garant\u00edas esenciales de una persona de la tercera edad, que se encuentra en estado de indefensi\u00f3n, a qui\u00e9n se le debe brindar un trato especial debido a las particulares condiciones y necesidades que presenta, circunstancia que permite superar la inmediatez e incuria derivadas de la falta de ejercicio oportuno de los recursos pertinentes frente al auto en cuesti\u00f3n. <\/p>\n

7.1.\tEs claro que la pretensa interdicta, Mar\u00eda del Carmen Cubillos de Ardila, re\u00fane las condiciones para ser considerada un sujeto de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, dado que actualmente tiene 87 a\u00f1os de edad -de acuerdo a su acta de bautismo naci\u00f3 el 2 de diciembre de 1930 (folio 5, cuaderno Corte)-, supuesto que, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1276 de 2009 (seg\u00fan el canon 1\u00ba de dicha norma la misma \u00abtiene por objeto la protecci\u00f3n a las personas de la tercera edad (o adultos mayores)\u2026\u00bb), permite aseverar que aqu\u00e9lla hace parte del grupo poblacional de las personas de la tercera edad o adultos mayores, entendidos \u00e9stos como \u00abaquella[s] persona[s] que cuenta[n] con sesenta (60) a\u00f1os de edad o m\u00e1s. A criterio de los especialistas de los centros vida, una persona podr\u00e1 ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 a\u00f1os y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste f\u00edsico, vital y psicol\u00f3gico as\u00ed lo determinen\u00bb. <\/p>\n

Resulta importante destacar que conforme a la jurisprudencia constitucional, las personas de la tercera edad gozan de una especial protecci\u00f3n (art\u00edculo 46 de la Constituci\u00f3n Nacional), raz\u00f3n por la cual en algunas ocasiones y ante una flagrante vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales, procede la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n

En punto a las excepciones de procedencia del resguardo cuando se ven afectadas las garant\u00edas de la personas mayores, la Corte Constitucional dijo que: <\/p>\n

1.1. Subsidiariedad. En esta oportunidad, la Sala adoptar\u00e1 la posici\u00f3n ilustrada en los fundamentos de la sentencia, seg\u00fan la cual los recursos judiciales ordinarios carecen de eficacia frente a las personas que han alcanzado o superado la expectativa de vida de las personas colombianas al nacer. El peticionario, en efecto, ha alcanzado ese umbral, pues cuenta con 74 a\u00f1os de edad, de manera que se cumple este presupuesto excepcional en el que la tutela desplaza a los mecanismos ordinarios de defensa judicial. <\/p>\n

1.2. Inmediatez\u2026 Podr\u00eda argumentarse que tampoco desde ese punto de vista se satisface el requisito de inmediatez, pues la tutela fue presentada en noviembre de 2010, aproximadamente 8 meses despu\u00e9s de proferida la resoluci\u00f3n 3753 de 23 de marzo de 2010. La Sala rechaza, sin embargo, esa posici\u00f3n, tomando en cuenta que el accionante es una persona que ha alcanzado el promedio de vida de la poblaci\u00f3n colombiana y que su inter\u00e9s puede tener incidencia en un derecho de car\u00e1cter irrenunciable, como lo es la pensi\u00f3n de vejez o jubilaci\u00f3n (T-981\/11). <\/p>\n

Asimismo, ha resaltado que: <\/p>\n

\u2026la carga de inmediatez en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela es desproporcionada cuando se trata de una persona de la tercera edad o cuando su estado de salud la ubica en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta, m\u00e1s a\u00fan si, adem\u00e1s, se trata de una persona en situaci\u00f3n de discapacidad\u2026 <\/p>\n

El art\u00edculo 46 constitucional consagra la obligaci\u00f3n del Estado de proteger y asistir a las personas de la tercera edad, garantizando su seguridad social integral, obligaci\u00f3n que no prescribe ni caduca por el paso del tiempo. <\/p>\n

Con base en estos postulados, es leg\u00edtimo otorgar especial comprensi\u00f3n a las contingencias que pudieren incidir en que una persona de avanzada edad no acudiese al mecanismo constitucional de amparo, con la prontitud que se espera que lo haga una persona que no est\u00e9 afrontando las debilidades de comportamiento que vienen con la senectud (T-410\/13). <\/p>\n

7.2.\tZanjado lo anterior, por ser de cardinal importancia en el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Sala, debe anotarse que de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 1503 del C\u00f3digo Civil, que regula lo concerniente a la presunci\u00f3n de capacidad, \u00ab[t]oda persona es legalmente capaz, excepto aqu\u00e9llas que la ley declara incapaces\u00bb; bajo ese par\u00e1metro, desde anta\u00f1o, se ha entendido tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, que \u00ab[l]a capacidad es la regla general y la incapacidad su excepci\u00f3n\u00bb, de donde, de no presentarse los supuestos normativos para considerar que una persona es absoluta o relativamente incapaz (art\u00edculo 1504 \u00eddem), ha de presumirse su capacidad de goce y de ejercicio. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n, frente a la presunci\u00f3n de capacidad de las personas, ha dicho que: <\/p>\n

\u2026la capacidad, en sentido general, consiste en la facultad que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. De acuerdo con el art\u00edculo 1502 de la ley sustantiva civil esa capacidad puede ser de goce o de ejercicio. <\/p>\n

La primera hace referencia a la idoneidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, de la cual gozan todas las personas, por lo cual se erige como uno de los atributos de la personalidad jur\u00eddica; al paso que la segunda consiste en la habilidad que la ley les reconoce para ejercer por s\u00ed mismas los derechos de que son titulares y cumplir con sus obligaciones, sin necesidad de la autorizaci\u00f3n o mediaci\u00f3n de otras. <\/p>\n

Por lo tanto, la capacidad es la regla general y por ello, todo individuo tiene capacidad de goce; en cuanto a la capacidad de ejercicio, requisito para la validez de una declaraci\u00f3n de voluntad, en principio, tambi\u00e9n la tienen todas las personas, salvo aquellas a las que la ley declare incapaces, seg\u00fan lo previene el art\u00edculo 1503 del Estatuto Civil (CSJ STC14592-2015, 22 oct. 2015, rad, 2015-02426-00). <\/p>\n

7.3.\tAplicados los anteriores derroteros al caso concreto, advirtiendo que el juzgador accionado, en la actualidad, no ha determinado si hay lugar o no a disponer la interdicci\u00f3n de Cubillos de Ardila, ya provisional ora definitiva, resulta evidente que dicha ciudadana, para todos los efectos legales, ha de presumirse capaz, conforme lo pregona el mentado art\u00edculo 1503 de la norma sustantiva civil, de donde al admitirse la demanda de interdicci\u00f3n sin acceder a la solicitud cautelar reclamada de declaraci\u00f3n de interdicci\u00f3n provisional, se present\u00f3 el decaimiento de las cautelas dispuestas previamente, pues las mismas perdieron toda raz\u00f3n de ser, en la medida en que su objeto no pod\u00eda ser otro que proteger el patrimonio de la pretensa interdicta permitiendo que su curadora provisoria asumiera la administraci\u00f3n del mismo; en ese orden, claro est\u00e1 que, de momento, Cubillos de Ardila puede ejercer directamente la administraci\u00f3n de sus bienes, de donde arbitraria result\u00f3 la determinaci\u00f3n del fallador de postergar la resoluci\u00f3n de la solicitud de ella encaminada a obtener la restituci\u00f3n de los bienes que le fueron cautelados, lo que adem\u00e1s, en este preciso asunto, no solo constituye una cuesti\u00f3n de \u00edndole patrimonial, sino que trasciende a la \u00f3rbita de las garant\u00edas fundamentales, colocando en riesgo, tambi\u00e9n, el derecho al m\u00ednimo vital de aqu\u00e9lla, pues, incluso, le fue restringido el pago de la mesada pensional con la cual supl\u00eda sus necesidades b\u00e1sicas. <\/p>\n

A lo anterior debe sumarse que tal presunci\u00f3n de capacidad se ve afianzada porque ha sido la misma presunta interdicta quien ha acudido directamente a solicitar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas de primer grado, quien le solicit\u00f3 al despacho convocado le permitiera continuar administrando su patrimonio y la terminaci\u00f3n del juicio que all\u00ed se adelanta. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, en conclusi\u00f3n, se itera que Mar\u00eda del Carmen Cubillos de Ardila se presume capaz de acuerdo al art\u00edculo 1503 del C\u00f3digo Civil, por no encontrarse en ninguna de las situaciones establecidas en el canon 1504 \u00eddem5, lo que adem\u00e1s se patentiza porque ha sido ella quien, en nombre propio, ha solicitado la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas de primer grado, participado en el proceso censurado, al punto de exigir que el mismo se termine y se le devuelvan los bienes que le han sido cautelados, sin que, por dem\u00e1s, exista determinaci\u00f3n judicial ejecutoriada alguna que disponga su interdicci\u00f3n, ya provisional ora definitiva; motivos todos por lo que no resulta de recibo lo dispuesto por el estrado judicial en punto a condicionar la resoluci\u00f3n de la petici\u00f3n de aquella en cuanto a que se le restituya en la administraci\u00f3n de su patrimonio, a la presentaci\u00f3n previa de su \u00abepicrisis y\/o valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica\u00bb, debi\u00e9ndose ordenar el levantamiento inmediato de todas las medidas cautelares que recaen sobre los bienes de la presunta interdicta, retorn\u00e1ndoselos para que disponga lo que a bien tenga con los mismos. <\/p>\n

7.4.\tPor otra parte, es de precisar que en la primigenia acci\u00f3n tuitiva, a la que se aludiera en los antecedes de esta providencia (tramitada bajo el radicado 2016-00307), se estableci\u00f3 que la interdicci\u00f3n provisoria de Cubillos de Ardila, dispuesta inicialmente por el Juzgador acusado, carec\u00eda de motivaci\u00f3n, pues la misma hab\u00eda sido dispuesta \u00absin efectuar ninguna consideraci\u00f3n respecto a si estaban reunidos los presupuestos para tal proceder, en especial, si hab\u00eda sido aportado el dictamen pericial que soportaba la medida provisional\u00bb, por lo cual, en esa oportunidad se dispuso: <\/p>\n

\u2026dej[ar] sin valor ni efecto el proceso de interdicci\u00f3n de marras, incluyendo su auto admisorio\u2026 ello sin perjuicio de las pruebas practicadas dado que las mismas conservan su validez\u2026
\nDe all\u00ed que fuera acertada la conclusi\u00f3n del a-quo constitucional en el fallo aqu\u00ed impugnado, en punto a que lo resuelto en esa ocasi\u00f3n \u00abno implica[ba] que el proceso deb[ier]a ser terminado inopinadamente como se pretende\u00bb, pero lo que s\u00ed debe destacar la Corte en esta oportunidad es que, por lo all\u00ed dispuesto, el Juzgado convocado deb\u00eda volver a analizar el tema de la procedencia o no de la interdicci\u00f3n provisional de Mar\u00eda del Carmen, por lo que, para ese momento, la discusi\u00f3n no se concentr\u00f3 en las medidas cautelares decretadas, pues el fallador ordinario era el llamado a pronunciarse de primera mano. <\/p>\n

Sin embargo, como en cumplimiento de la mentada orden constitucional, el 26 de octubre de 2016 el Juzgado acusado resolvi\u00f3 avocar nuevamente el conocimiento del asunto sin acceder all\u00ed a la aludida medida provisoria, con ello se present\u00f3, como quedara dicho, el decaimiento de la raz\u00f3n de ser de las cautelas dispuestas mediante prove\u00eddo de 27 de agosto de 2014, lo que, entonces, implicaba su levantamiento inmediato, pero como ello no ocurri\u00f3, se justificaba nuevamente la intervenci\u00f3n del juzgador de tutela, destacando que la situaci\u00f3n de hecho que ahora se advierte no puede ligarse directamente a lo definido a la salvaguarda anteriormente desatada, especialmente por la presencia de hechos nuevos que, por tal naturaleza, no fueron objeto de pronunciamiento con anterioridad. <\/p>\n

7.5.\tDe otro lado, al margen de lo anterior y ya de cara a lo que tiene que ver con el estancamiento del curso del proceso de interdicci\u00f3n cuestionado, es de precisar que, por los motivos diversos que all\u00ed se hayan presentado, si bien no se ha adosado al expediente el dictamen pericial al que se refiere el art\u00edculo 27 de la Ley 1306 de 20096, a fin de determinar la capacidad de la pretensa interdicta, lo cierto es que la ausencia de ese medio probatorio no puede ser impedimento para el desarrollo normal del juicio, pues, de ser necesario, el Juez puede acudir al decreto de medios suasorios diversos con el fin de verificar la capacidad mental de Mar\u00eda del Carmen para adoptar la decisi\u00f3n que corresponda en punto a una eventual medida provisional, esto es, una entrevista con ella, una visita social a efectos de verificar su estado, entorno familiar, sus condiciones de vivienda y establecer las garant\u00edas m\u00e1s convenientes para aqu\u00e9lla, e incluso, contar con su voluntad a efectos, se itera, de continuar con el tr\u00e1mite respectivo, recordando que lo censurable es que frente al particular se tome una determinaci\u00f3n sin pruebas que la soporten y carente de motivaci\u00f3n adecuada. <\/p>\n

En un caso con alguna simetr\u00eda al ahora auscultado, en punto a la participaci\u00f3n del presunto interdicto al interior de los juicios en los que se discute su capacidad mental, la Sala dijo que: <\/p>\n

A partir de los argumentos esbozados en ese precedente [T-1103\/04] y en vista de las particularidades del caso de ahora, juzga la Corte que ciertamente exist\u00eda m\u00e9rito para ordenar la citaci\u00f3n de [R.O.M.] al juicio en el cual se discute su propia capacidad, todo con miras a garantizar la posibilidad de que ejerza los derechos de contradicci\u00f3n y defensa. <\/p>\n

\u2026para garantizar la efectividad de [los derechos] fundamentales de las partes, se adicionar\u00e1 el fallo de tutela de primer grado, en el sentido de que ser\u00e1 el titular del juzgado accionado quien previa comparecencia de [R.O.M.], y con el agotamiento de todos los procedimientos necesarios y las ayudas cient\u00edficas y t\u00e9cnicas que sean menester, determine si aquel puede comunicarse suficientemente para participar en el proceso, si es su voluntad otorgar un apoderado para que lo represente y, en suma, para que de ser posible ejerza su derecho de defensa (CSJ STC, 25 mar. 2009, rad. 2009-00010-01). <\/p>\n

7.6.\tPor ese mismo sendero, de cara al tipo de proceso ahora auscultado, resulta de suma importancia resaltar que el juzgador ha de observar que los est\u00e1ndares de los Derechos Humanos y el desarrollo de las leyes Colombianas han avanzado en el concepto de discapacidad mental con el fin de vincular de una forma gradual a las personas con ese tipo de afecciones para lograr su inclusi\u00f3n social. Partiendo de la base que con los nuevos cambios normativos hemos pasado de un modelo rehabilitador a modelo social apoyado, como se se\u00f1al\u00f3, en los est\u00e1ndares de derechos humanos. <\/p>\n

Por tal raz\u00f3n, el ordenamiento jur\u00eddico colombiano mediante la ley 1346 de 2009, incorpor\u00f3 la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre Protecci\u00f3n de Derechos a Personas con Discapacidad, cuyo prop\u00f3sito es \u00abproteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente\u00bb, a m\u00e1s de incluir aquellas \u00abque tengan deficiencias f\u00edsicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participaci\u00f3n plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s\u00bb. <\/p>\n

Sumado a lo anterior, es de precisar que los art\u00edculos 2\u00ba8 y 5\u00ba9 de la mentada Convenci\u00f3n, de cara a la igualdad e inclusi\u00f3n a la sociedad de las personas que sufren discapacidad, contempla la adopci\u00f3n de mecanismos efectivos para el entendimiento rec\u00edproco con aqu\u00e9llas, encaminados a mejorar sus posibilidades de accesibilidad a la sociedad, fomentar su autonom\u00eda personal, y con ello el libre desarrollo de la personalidad. <\/p>\n

As\u00ed, la Corte Constitucional, al ejercer el control de constitucionalidad de la Ley 1346 de 2009, por la cual, en el ordenamiento patrio, se aprob\u00f3 la aludida convenci\u00f3n, consign\u00f3 que: <\/p>\n

En esta l\u00ednea, debe destacarse, por ejemplo, el uso frecuente en el articulado de la Convenci\u00f3n del t\u00e9rmino ajustes razonables, definido, como ya se precis\u00f3, en su art\u00edculo 2\u00b0, concepto que se refiere a la extensi\u00f3n de las acciones que deber\u00e1n adelantarse para mejorar las condiciones de accesibilidad, y con ello, el pleno ejercicio de los derechos de las personas discapacitadas. Se entienden como razonables aquellos ajustes que no imponen una carga desproporcionada o indebida, apreciaci\u00f3n que implica la simult\u00e1nea ponderaci\u00f3n de los costos que tales acciones necesariamente tendr\u00e1n para el Estado y la sociedad. A juicio de la Corte, este concepto referente, as\u00ed como la trascendental consideraci\u00f3n que en \u00e9l va envuelta, se acompasan debidamente con los principios constitucionales que inspiran el dise\u00f1o y ejecuci\u00f3n de las acciones afirmativas, a trav\u00e9s de las cuales el Estado procura el logro de la igualdad real y efectiva garantizada por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Por consiguiente, se considera que su uso y aplicaci\u00f3n como medida de las acciones a realizar no plantea problemas en relaci\u00f3n con la exequibilidad de estas normas. <\/p>\n

De igual manera resalta la Corte que, pese al considerable y ambicioso alcance de los compromisos que a trav\u00e9s de esta Convenci\u00f3n pretenden asumir los Estados respecto de los derechos sociales, econ\u00f3micos y culturales de las personas con discapacidad, las condiciones en que tales obligaciones quedan planteadas permiten descartar cualquier posible objeci\u00f3n sobre su exequibilidad. Ello por cuanto, conforme al art\u00edculo 4\u00b0 de la Convenci\u00f3n, tales compromisos se atender\u00e1n de manera progresiva\u201d, con el objeto de que las personas discapacitadas logren a trav\u00e9s del tiempo el pleno ejercicio de todos sus derechos, para lo cual los Estados miembros adoptar\u00e1n medidas \u201chasta el m\u00e1ximo de sus recursos disponibles\u201d. Como puede apreciarse, estos par\u00e1metros aseguran la racionalidad de los esfuerzos asumidos en cumplimiento de esta Convenci\u00f3n, toman en cuenta las condiciones de restricci\u00f3n presupuestal que en todos los Estados son inherentes a la acci\u00f3n p\u00fablica, y son congruentes con el principio de ampliaci\u00f3n progresiva de los derechos sociales, que es caracter\u00edstico de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991. <\/p>\n

De otra parte, la Corte destaca que uno de los principios inspiradores que subyacen dentro del articulado de la Convenci\u00f3n y los compromisos en \u00e9l contenidos es el reconocimiento y exaltaci\u00f3n de la autonom\u00eda del individuo, y el prop\u00f3sito de controlar, tanto como sea posible, el efecto de restricci\u00f3n de dicha autonom\u00eda que normalmente resulta de las distintas discapacidades que las personas pueden padecer. As\u00ed por ejemplo, la Convenci\u00f3n plantea, entre otras garant\u00edas, que los individuos con discapacidad tienen derecho a tener un trabajo que les permita procurarse su propio sustento (art. 27), que est\u00e1n en capacidad de elegir c\u00f3mo y con qui\u00e9n vivir (art. 19), que pueden establecer relaciones familiares como las de las dem\u00e1s personas a partir del libre consentimiento de los interesados (art. 23), y que pueden ejercer el derecho al sufragio y los dem\u00e1s derechos de participaci\u00f3n pol\u00edtica y social, en lo posible, sin la intervenci\u00f3n de otras personas (art. 29). La Corte considera que en cuanto estas circunstancias buscan potenciar el ejercicio de la autonom\u00eda personal, y con ello el libre desarrollo de la personalidad a que se refiere el art\u00edculo 16 superior, todas estas disposiciones son v\u00e1lido desarrollo de importantes objetivos constitucionales, y por lo mismo, plenamente exequibles (CC C-293\/10). <\/p>\n

En ese orden, las disposiciones citadas, esto es, las leyes 1306 de 2009 (Por la cual se dictan normas para la protecci\u00f3n de personas con discapacidad mental y se establece el r\u00e9gimen de la representaci\u00f3n legal de incapaces emancipados) y 1346 de 2009 (Por medio de la cual se aprueba la \u00abConvenci\u00f3n sobre los Derechos de las personas con Discapacidad\u00bb, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006), auscultadas de forma arm\u00f3nica y sistem\u00e1tica, conllevan a que en los juicios donde puedan verse afectados los intereses de las personas con discapacidad, incluso, \u00e9stas puedan ser escuchadas y su impresi\u00f3n valorada de cara a la situaci\u00f3n concreta que les concierne. <\/p>\n

Lo anterior, destacando que la citada Convenci\u00f3n en el literal \u00abO\u00bb de su pre\u00e1mbulo y en sus art\u00edculos 7 y 21, resalta que \u00ablas personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopci\u00f3n de decisiones sobre pol\u00edticas y programas, incluidos los que los afectan directamente\u00bb, y su opini\u00f3n ha de ser tenida en cuenta. <\/p>\n

7.7.\tPor todo lo atr\u00e1s consignado, sumado a las particularidades del asunto puesto a consideraci\u00f3n de la Sala, especialmente en lo referente a la evidente disputa econ\u00f3mica y patrimonial que se presenta entre los familiares de Mar\u00eda del Carmen Cubillos de Ardila y los efectos nocivos que para el bienestar de \u00e9sta irradia esa situaci\u00f3n, es menester ordenar al Juez de Familia de Fusagasug\u00e1, quien conoce actualmente del juicio fustigado, que en acatamiento de sus deberes (art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso) y en uso de sus poderes de ordenaci\u00f3n, instrucci\u00f3n y correccionales (preceptos 43 y 44 \u00eddem), adelante y gestione todas las actuaciones que sean pertinentes al interior del proceso de interdicci\u00f3n judicial con radicado 2014-00309, con el fin de llevarlo a feliz t\u00e9rmino, incluso, adoptando medidas sancionatorias eficaces que le permitan obtener las probanzas para lograr determinar la capacidad mental de la pretensa interdicta. <\/p>\n

As\u00ed mismo, de observar tal fallador que el actuar de las partes e intervinientes en ese juicio se direcciona a impedir su avance normal, en cuanto sea necesario, ha de colocar tal proceder en conocimiento de las autoridades competentes, esto es, el Consejo Superior de la Judicatura o la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, seg\u00fan corresponda; lo que contribuir\u00eda a agilizar la definici\u00f3n del caso, de cara, especialmente, a las garant\u00edas de Mar\u00eda del Carmen Cubillos de Ardila y a los derechos de las partes. <\/p>\n

Adem\u00e1s, se muestra impostergable reiterar al Ministerio P\u00fablico y a los agentes del estado llamados a intervenir en los procesos como el aqu\u00ed cuestionado, donde se busca la protecci\u00f3n de personas con aparente discapacidad mental, que dichos funcionarios no pueden ser convidados de piedra, debi\u00e9ndose destacar que a pesar de que la Procuradur\u00eda Treinta y Seis Judicial II Familia concurri\u00f3 a este tr\u00e1mite constitucional rogando la concesi\u00f3n parcial del resguardo, ninguna actuaci\u00f3n en tal sentido ha procurado sacar avante ante el fallador natural, ante quien le compete plantear tales situaciones. <\/p>\n

8.\tDe esta manera, se impone revocar la decisi\u00f3n de primer grado para conceder el resguardo con alcance parcial, al encontrarse, por una parte, que el fallador atacado, a pesar de su decaimiento, no ha levantado las medidas cautelares decretadas el 27 de agosto de 2014, inobservando que la raz\u00f3n de ser de las mismas desapareci\u00f3 cuando admiti\u00f3 la demanda de interdicci\u00f3n sin acceder all\u00ed a la solicitud de interdicci\u00f3n provisoria reclamada, dejando de lado la presunci\u00f3n de capacidad de Mar\u00eda del Carmen y la inexistencia de un curador encargado de administrar sus bienes, vulnerando no s\u00f3lo el debido proceso que a aqu\u00e9lla le asiste sino, especialmente, su m\u00ednimo vital; y por otro lado, que el proceso no ha seguido su curso normal sin que por parte del juzgador natural se hallan tomado las medidas correspondientes para superar esa situaci\u00f3n. <\/p>\n

Por lo anterior, se ordenar\u00e1 al Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1 que, tras levantar todas las cautelas decretadas en el juicio de interdicci\u00f3n criticado (restituyendo la administraci\u00f3n de sus bienes a la pretensa interdicta), dejar sin valor ni efecto i) los dos incisos iniciales del auto de 17 de mayo de 2017 (en cuanto all\u00ed se condicion\u00f3 a la entrega previa de \u00abcopia de su epicrisis y\/o valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica\u00bb, la resoluci\u00f3n de la solicitud planteada por Cubillos de Ardila para recuperar la administraci\u00f3n de su patrimonio) y ii) las determinaciones que de esas decisiones dependan, proceda a adelantar las actuaciones que resulten necesarias para llevar a feliz t\u00e9rmino el asunto, de acuerdo a las consideraciones atr\u00e1s vertidas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede, con alcance parcial, la protecci\u00f3n constitucional invocada, amparando los derechos al debido proceso y al m\u00ednimo vital de Mar\u00eda del Carmen Cubillos de Ardila. En consecuencia, dispone: <\/p>\n

Primero. Ordenar al Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1 que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir de su notificaci\u00f3n de la presente providencia, tras levantar todas las cautelas decretadas en el juicio de interdicci\u00f3n de Mar\u00eda del Carmen Cubillos de Ardila (restituyendo la administraci\u00f3n de sus bienes a \u00e9sta, lo que incluye la entrega, a su favor, de los que se encuentren a \u00f3rdenes de esa sede judicial), dejar sin valor ni efecto i) los dos incisos iniciales del auto de 17 de mayo de 2017 (en cuanto all\u00ed se condicion\u00f3 a la entrega previa de \u00abcopia de su epicrisis y\/o valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica\u00bb, la resoluci\u00f3n de la solicitud planteada por Cubillos de Ardila para recuperar la administraci\u00f3n de su patrimonio) y ii) las determinaciones que de esas decisiones dependan; en acatamiento de sus deberes (art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso) y en uso de sus poderes de ordenaci\u00f3n, instrucci\u00f3n y correccionales (preceptos 43 y 44 \u00eddem), adelante y gestione todas las actuaciones que sean pertinentes al interior del proceso atr\u00e1s aludido (identificado con el radicado Nro. 2014-00309), con el fin de llevarlo a feliz t\u00e9rmino, incluso, adoptando medidas sancionatorias eficaces que le permitan obtener las probanzas para lograr determinar la capacidad mental de la pretensa interdicta, todo ello atendiendo lo consignado en la parte motiva del presente fallo constitucional.
\nPor lo dem\u00e1s, se le recuerda que de observar que el actuar de las partes e intervinientes en ese juicio se direcciona a impedir su avance normal, por ley est\u00e1 facultado para colocar tal proceder en conocimiento de las autoridades competentes, esto es, el Consejo Superior de la Judicatura o la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n

Segundo. Exhortar a los agentes del Ministerio P\u00fablico llamados a intervenir en los procesos como el aqu\u00ed cuestionado, donde se busca la protecci\u00f3n de personas con aparente discapacidad mental, para que sean m\u00e1s activos en los mismos, a efecto de cumplir cabalmente su funci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

Tercero. En los dem\u00e1s aspectos se confirma el fallo opugnado. <\/p>\n

Cuarto. Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados con copia del presente fallo y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tHija \ty Sobrina, respectivamente, de la accionante Mar\u00eda del Carmen \tCubillos de Ardila.
\n2 \tActualmente \tcon 87 a\u00f1os de edad – nacida el 2\/12\/1930- (folio 5, cuaderno \tCorte).
\n3 \tReposici\u00f3n\u2026 \tSalvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede \tcontra los autos que dicte el Juez…
\n4 \tART\u00cdCULO \t105. Rendici\u00f3n anticipada de cuentas: Cuando \tel Juez lo estime conveniente, de oficio o por solicitud de alguno \tde los interesados, solicitar\u00e1 la rendici\u00f3n anticipada \tde la cuenta.
\n5 \tINCAPACIDAD \tABSOLUTA Y RELATIVA. \tSon absolutamente incapaces los dementes, los imp\u00faberes y \tsordomudos, que no pueden darse a entender por \tescrito. \t<\/p>\n

Sus \tactos no producen ni a\u00fan obligaciones naturales, y no admiten \tcauci\u00f3n. \t<\/p>\n

\u2026Son \ttambi\u00e9n incapaces los menores adultos que no han obtenido \thabilitaci\u00f3n de edad y los disipadores que se hallen bajo \tinterdicci\u00f3n. Pero la incapacidad de estas personas no es \tabsoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y \tbajo ciertos respectos determinados por las leyes\u2026
\n6 \tART\u00cdCULO \t27. Interdicci\u00f3n Provisoria: Mientras \tse decide la causa, el Juez de Familia podr\u00e1 decretar la \tinterdicci\u00f3n provisoria de la persona con discapacidad mental \tabsoluta, cuando cuente con un dictamen pericial que lo determine.
\n7 \tArt\u00edculo \t12\u2026 \tIgual \treconocimiento como persona ante la ley. 1. \tLos Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad \ttienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad \tjur\u00eddica. 2. \tLos Estados Partes reconocer\u00e1n que las personas con \tdiscapacidad tienen capacidad jur\u00eddica en igualdad de \tcondiciones con las dem\u00e1s en todos los aspectos de la vida. \t3. \tLos Estados Partes adoptar\u00e1n las medidas pertinentes para \tproporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que \tpuedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jur\u00eddica. 4. \tLos Estados Partes asegurar\u00e1n que en todas las medidas \trelativas al ejercicio de la capacidad jur\u00eddica se \tproporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los \tabusos de conformidad con el derecho internacional en materia de \tderechos humanos. Esas salvaguardias asegurar\u00e1n que las \tmedidas relativas al ejercicio de la capacidad jur\u00eddica \trespeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, \tque no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean \tproporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que \tse apliquen en el plazo m\u00e1s corto posible y que est\u00e9n \tsujetas a ex\u00e1menes peri\u00f3dicos, por parte de una \tautoridad o un \u00f3rgano judicial competente, independiente e \timparcial. Las salvaguardias ser\u00e1n proporcionales al grado en \tque dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las \tpersonas. 5. \tSin perjuicio de lo dispuesto en el presente art\u00edculo, los \tEstados Partes tomar\u00e1n todas las medidas que sean pertinentes \ty efectivas para garantizar el derecho de las personas con \tdiscapacidad, en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s, a ser \tpropietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos \tecon\u00f3micos y tener acceso en igualdad de condiciones a \tpr\u00e9stamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de cr\u00e9dito \tfinanciero, y velar\u00e1n por que las personas con discapacidad \tno sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.
\n8 \tArt\u00edculo \t2\u00b0 Definiciones\u2026 \tA los fines de la presente Convenci\u00f3n: La "comunicaci\u00f3n" \tincluir\u00e1 los lenguajes, la visualizaci\u00f3n de textos, el \tBraille, la comunicaci\u00f3n t\u00e1ctil, los macrotipos, los \tdispositivos multimedia de f\u00e1cil acceso, as\u00ed como el \tlenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los \tmedios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos \taumentativos o alternativos de comunicaci\u00f3n, incluida la \ttecnolog\u00eda de la informaci\u00f3n y las comunicaciones de \tf\u00e1cil acceso; \t<\/p>\n

Por \t"lenguaje" se entender\u00e1 tanto el lenguaje oral como \tla lengua de se\u00f1as y otras formas de comunicaci\u00f3n no \tverbal; \t<\/p>\n

Por \t"discriminaci\u00f3n por motivos de discapacidad" se \tentender\u00e1 cualquier distinci\u00f3n, exclusi\u00f3n o \trestricci\u00f3n por motivos de discapacidad que tenga el \tprop\u00f3sito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el \treconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de \ttodos los derechos humanos y libertades fundamentales en los \u00e1mbitos \tpol\u00edtico, econ\u00f3mico, social, cultural, civil o de otro \ttipo. Incluye todas las formas de discriminaci\u00f3n, entre \tellas, la denegaci\u00f3n de ajustes razonables; \t<\/p>\n

Por \t"ajustes razonables" se entender\u00e1n las \tmodificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan \tuna carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un \tcaso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el \tgoce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s, \tde todos los derechos humanos y libertades fundamentales; \t<\/p>\n

Por \t"dise\u00f1o universal" se entender\u00e1 el dise\u00f1o \tde productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar \ttodas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de \tadaptaci\u00f3n ni dise\u00f1o especializado. El "dise\u00f1o \tuniversal" no excluir\u00e1 las ayudas t\u00e9cnicas para \tgrupos particulares de personas con discapacidad, cuando se \tnecesiten. <\/p>\n

Igualdad \ty no discriminaci\u00f3n\u2026 1. \tLos Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante \tla ley y en virtud de ella, y que tienen derecho a igual protecci\u00f3n \tlegal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminaci\u00f3n \talguna. 2. \tLos Estados Partes prohibir\u00e1n toda discriminaci\u00f3n por \tmotivos de discapacidad y garantizar\u00e1n a todas las personas \tcon discapacidad protecci\u00f3n legal igual y efectiva contra la \tdiscriminaci\u00f3n por cualquier motivo. 3. \tA fin de promover la igualdad y eliminar la discriminaci\u00f3n, \tlos Estados Partes adoptar\u00e1n todas las medidas pertinentes \tpara asegurar la realizaci\u00f3n de ajustes razonables. 4. \tNo se considerar\u00e1n discriminatorias, en virtud de la presente \tConvenci\u00f3n, las medidas espec\u00edficas que sean \tnecesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las \tpersonas con discapacidad.
\n34<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2342-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2017-00541-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 12 de enero de 2018 por la Sala Civil – Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101650","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101650","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101650"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101650\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101650"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101650"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101650"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}