{"id":101656,"date":"2026-07-01T18:38:29","date_gmt":"2026-07-01T18:38:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101656"},"modified":"2026-07-01T18:38:29","modified_gmt":"2026-07-01T18:38:29","slug":"stc2348-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2348-2018\/","title":{"rendered":"STC2348-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC2348-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2017-02271-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 18 de enero de 2018 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Hungr\u00eda del Carmen Echeverri Cu\u00e9llar contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Sexto Laboral del Circuito y Cuarto Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito, ambos de esta ciudad, las partes e intervinientes en el proceso laboral que origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas con ocasi\u00f3n de la sentencia de casaci\u00f3n de 5 de julio de 2017, mediante la cual no cas\u00f3 el fallo de segundo grado dictado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n

Solicit\u00f3, en consecuencia, ordenar a la Sala demandada dejar sin efecto la sentencia referida a espacio, y en su lugar, dictar una nueva providencia que \u00abcorresponda en derecho\u00bb (folios 19 y 20, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tLa queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1.\tLa gestora inici\u00f3 proceso laboral contra Astaxdorado con el fin de que fuera declarada la existencia de un contrato laboral entre el 1\u00ba de abril de 2001 y el 30 de abril de 2002, y en consecuencia, se ordenara el reconocimiento de los salarios y prestaciones no pagados por ese periodo. <\/p>\n

2.2.\tEn primera instancia fueron acogidos los pedimentos de la demandante; sin embargo, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 al desatar la apelaci\u00f3n propuesta por las partes revoc\u00f3 la del a-quo para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda al estimar que la representaci\u00f3n legal ejercida por la actora respecto de la convocada obedec\u00eda a un contrato de mandato, o \u00aba lo sumo dada la condici\u00f3n o requisito indispensable para ejercer el cargo, de ser socio, [se encontrar\u00edan] frente a un contrato social, que en ning\u00fan momento p[od\u00eda] equipararse a un contrato de trabajo\u00bb, puesto que encontr\u00f3 desvirtuada la subordinaci\u00f3n laboral. <\/p>\n

2.3.\tLa gestora inconforme con esa determinaci\u00f3n la recurri\u00f3 en casaci\u00f3n. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 5 de julio de 2017 no cas\u00f3 el fallo confutado. <\/p>\n

2.4.\tLa quejosa reproch\u00f3 la providencia referida a espacio, por cuanto no se ocup\u00f3 de la totalidad de las pruebas presentadas en la demanda de casaci\u00f3n, que se centr\u00f3 en el an\u00e1lisis de un contrato social o de mandato, dijo que la decisi\u00f3n era incongruente frente a los cargos formulados; que no declar\u00f3 la existencia del elemento de subordinaci\u00f3n del contrato de trabajo cuando estaba demostrado con las funciones que ejerc\u00eda como representante legal de la asociaci\u00f3n. <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LAS CONVOCADAS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tLa Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corporaci\u00f3n se opuso a la concesi\u00f3n del amparo, manifestando la improcedencia del mismo no s\u00f3lo porque se enfil\u00f3 contra una decisi\u00f3n adoptada con apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y a la ley, sino adem\u00e1s porque fue dictada por esa c\u00e9lula, en su condici\u00f3n de m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral, en ejercicio de la funci\u00f3n que la ley le otorg\u00f3 como \u00f3rgano de cierre de la misma, por lo que no puede ser objeto de confrontaci\u00f3n en sede de tutela (folio 88, cuaderno 1).
\n2.\tAstaxdorado manifest\u00f3 que la actora no atac\u00f3 los fundamentos basilares de la sentencia del Tribunal, de manera que no hab\u00eda defecto en la sentencia de casaci\u00f3n, por lo tanto pidi\u00f3 negar la protecci\u00f3n rogada (folios 100 a 113, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tEl Tribunal accionado guard\u00f3 silencio frente a la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al concluir que la decisi\u00f3n de casaci\u00f3n controvertida era razonable y ajustada a la Constituci\u00f3n y la ley, comoquiera que los argumentos son coherentes con la normatividad y jurisprudencia que disciplinan el caso, concluyendo la improcedencia de casar la sentencia de segundo grado. As\u00ed mismo, dijo al haberse desvirtuado la subordinaci\u00f3n de la quejosa con la Asociaci\u00f3n de Propietarios de Taxis del Aeropuerto Internacional El Dorado -Astaxdorado-, por lo que no era posible predicar la existencia del contrato de trabajo reclamado, m\u00e1s cuando qued\u00f3 acreditado que el cargo de representante legal estaba restringido a los asociados, sin que ello implicara contraprestaci\u00f3n alguna, conforme a los estatutos de dicha persona jur\u00eddica (folios 115 a 120, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La quejosa apel\u00f3 el fallo reiterando lo expuesto en el libelo de tutela (folios 127 a 129, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tEn el caso que concita la atenci\u00f3n de la Corte, de entrada se avizora el fracaso de la salvaguarda pedida, por cuanto se advierte que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, lo que descarta la presencia de la v\u00eda de hecho endilgada a la sentencia de 5 de julio de 2017, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n; por lo tanto el reclamo de Hungr\u00eda del Carmen Echeverri Cu\u00e9llar no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n

En efecto, la decisi\u00f3n confutada resolvi\u00f3 de manera conjunta los tres cargos propuestos por la casacionista, habida cuenta que se valen de argumentos similares. <\/p>\n

En tal virtud la c\u00e9lula cuestionada para referirse a e la subordinaci\u00f3n del contrato de trabajo, dijo: <\/p>\n

\u2026 No fue que el ad quem le hubiese exigido ab initio la carga de probar a la demandante la subordinaci\u00f3n, como equivocadamente lo interpreta el impugnante para configurar el yerro jur\u00eddico por inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 24 del CST. De tal suerte que no hay la flagrante contradicci\u00f3n en el razonamiento del juzgador sobre el punto que le achaca la censura al tribunal, y, por el contrario, se observa claramente por la Sala que el juez colegiado parti\u00f3 con la aplicaci\u00f3n del mentado art\u00edculo 24, solo que, con base en el an\u00e1lisis probatorio realizado, dio por desvirtuada la presunci\u00f3n de la subordinaci\u00f3n. <\/p>\n

Tampoco acierta el recurrente en la acusaci\u00f3n por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 23 del CST. Para empezar, en momento alguno el Tribunal manifest\u00f3 o dio a entender que esta disposici\u00f3n no permit\u00eda la coexistencia del contrato de asociaci\u00f3n con uno de trabajo o que estos sean incompatibles. Lo sucedido fue que el fallador de segundo grado al examinar la prestaci\u00f3n del servicio de la demandante como representante legal, en la condici\u00f3n imprescindible de asociada, bajo los par\u00e1metros de los estatutos, encontr\u00f3 exclusivamente elementos f\u00e1cticos m\u00e1s cercanos a un contrato de mandato o a un contrato social que dejaban sin piso la presunci\u00f3n de la subordinaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 24 ibidem derivada de la prestaci\u00f3n personal del servicio. Simplemente, al dar por desvirtuada la subordinaci\u00f3n, al juez de alzada se le desdibuj\u00f3 la existencia del contrato de trabajo. <\/p>\n

El ad quem solo consider\u00f3 que el contrato social del que hac\u00eda parte la accionante no es equiparable a un contrato de trabajo; en otras palabras, lo que quiso decir fue que tales instrumentos no son iguales o equivalentes, seg\u00fan el significado del vocablo \u00abequiparable\u00bb, conforme al diccionario de la Real Academia Espa\u00f1ola. Por tanto, no insinu\u00f3 ni dio a entender que estos contratos son incompatibles o excluyentes, como lo trata de hacer ver el recurrente para configurar el yerro jur\u00eddico achacado. <\/p>\n

En torno a la falta de valoraci\u00f3n probatoria enrostrada al fallador de segundo grado, la Corte precis\u00f3: <\/p>\n

En cuanto a los yerros f\u00e1cticos achacados, corresponde decir que estos no atacan todas las premisas f\u00e1cticas del fallo. Gran parte de la demostraci\u00f3n del cargo se dedica a sustentar la prueba de la prestaci\u00f3n del servicio por la accionante y las funciones desempe\u00f1adas como directora ejecutiva a trav\u00e9s de la confesi\u00f3n de la accionada, cuando el ad quem dio por acreditados tales aspectos desde un principio. El impugnante no controvierte su condici\u00f3n de asociada y propietaria de veh\u00edculo que tuvo la demandante y que esta constitu\u00eda requisito sine qua non para poder ser elegida representante legal, ni la forma como lleg\u00f3 a desempe\u00f1ar el cargo, esto es por elecci\u00f3n de la asamblea para el periodo de un a\u00f1o; premisas estas que fueron establecidas en la sentencia con base en las actas y en los estatutos de la asociaci\u00f3n. Por el contrario, en la sustentaci\u00f3n del primer cargo, formulado por la v\u00eda directa, la admite al sostener que, conforme al art\u00edculo 23 del CST, es posible la coexistencia de una relaci\u00f3n laboral con una de asociaci\u00f3n. Ciertamente el citado art\u00edculo 23 del CST no excluye la concurrencia de estas clases de contratos, y no cabe duda que el art\u00edculo 25 ib\u00eddem la autoriza. Sin embargo, ninguno de los yerros f\u00e1cticos apunta a demostrar la subordinaci\u00f3n que fue lo que el ad quem dio por desvirtuada, raz\u00f3n principal que lo llev\u00f3 a negar la existencia del contrato de trabajo. <\/p>\n

El recurrente tampoco refut\u00f3 la forma de remuneraci\u00f3n por la prestaci\u00f3n del servicio que fue establecida por el Tribunal, consistente en eximir de turno al taxi del cual era la propietaria; ni controvirti\u00f3 las deducciones derivadas de los testimonios de que la accionante no tuvo horario en la prestaci\u00f3n del servicio, es m\u00e1s, que atend\u00eda dos cabinas telef\u00f3nicas de su propiedad. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la censura no logra derribar las conclusiones f\u00e1cticas del juez colegiado que lo condujeron a dar por desvirtuada la subordinaci\u00f3n. El que la actora tuviera asignadas \u00ab\u2026como unas veinticinco\u2026\u00bb funciones en los estatutos, el que impartiera \u00f3rdenes en calidad de representante legal y tuviera que pedir autorizaci\u00f3n a la junta directiva para celebrar contratos de cierta cuant\u00eda, as\u00ed como que la representante legal recibiera \u00f3rdenes de la junta directiva, no reviven indiscutiblemente la subordinaci\u00f3n que el ad quem descart\u00f3, dado que la doble condici\u00f3n de la actora de asociada y propietaria del veh\u00edculo que hizo posible su elecci\u00f3n, para el periodo de un a\u00f1o, como representante legal de la entidad, en aplicaci\u00f3n de los estatutos, m\u00e1s la forma particular de remuneraci\u00f3n de los servicios y la autonom\u00eda para atender dos cabinas telef\u00f3nicas de su propiedad, se mantienen inc\u00f3lumes y siguen constituyendo el pilar determinante del decaimiento de la presunci\u00f3n de la subordinaci\u00f3n. <\/p>\n

De las anteriores consideraciones sigue que no prosperen los cargos.
\nEn ese contexto, se observa que en rigor, lo que la reclamante plantea es una diferencia de criterio acerca de la manera como el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral examin\u00f3 la sentencia de segundo grado que defini\u00f3 el litigio, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n

Con otras palabras, para fundamentar un ataque en sede constitucional endilg\u00e1ndole equivocaci\u00f3n al funcionario de conocimiento no resulta suficiente exponer un criterio diverso al esbozado en la decisi\u00f3n confutada, habida cuenta que no pueden equipararse las facultades del juez de tutela con las diversas opiniones que los involucrados tengan sobre la forma en que debi\u00f3 ser definido su proceso. <\/p>\n

Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del fallador natural, recu\u00e9rdese que al haber sido desvirtuada la presunci\u00f3n de subordinaci\u00f3n, siendo \u00e9sta uno de los elementos de la esencia del contrato de trabajo, no resultaba dable acceder a las pretensiones de la gestora del amparo, simplemente porque no existi\u00f3 dicho acuerdo laboral, pues de las probanzas aportadas a la causa no se logr\u00f3 acreditar el elemento extra\u00f1ado. <\/p>\n

3.\tBaste lo dicho en precedencia para confirmar la providencia impugnada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado Ponente STC2348-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2017-02271-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 18 de enero de 2018 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101656","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101656","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101656"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101656\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101656"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101656"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101656"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}