{"id":101658,"date":"2026-07-01T18:38:37","date_gmt":"2026-07-01T18:38:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101658"},"modified":"2026-07-01T18:38:37","modified_gmt":"2026-07-01T18:38:37","slug":"stc2351-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2351-2018\/","title":{"rendered":"STC2351-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2351-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-002-2018-00002-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por la accionante frente al fallo proferido el 26 de enero de 2018 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Isabel Rodr\u00edguez Bueno contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad judicial acusada con ocasi\u00f3n de la emisi\u00f3n de la sentencia que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n en el juicio de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que en contra de aqu\u00e9lla inco\u00f3 Dar\u00edo Jos\u00e9 Daza Mendoza. <\/p>\n

Por lo anterior, solicit\u00f3 dejar \u00absin efectos la sentencia del 12 de junio de 2017, proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, y se ordene a ese Despacho que\u2026 adopte [una] nueva\u2026 siguiendo los lineamientos se\u00f1alados en el acuerdo plasmado\u2026 en la demanda conjunta presentada entre las partes en conflicto para la obtenci\u00f3n del Divorcio (cesaci\u00f3n de los efectos civiles) de [su] matrimonio civil, que no puede arribar a resultado distinto a la aplicaci\u00f3n plena de dicho acuerdo\u00bb (folios 6 y 7, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tLa situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente asunto es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n

2.1.\tDar\u00edo Jos\u00e9 Daza Mendoza y la accionante contrajeron matrimonio civil el 19 de abril de 1991, ante la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Valledupar; posteriormente, de mutuo acuerdo, resolvieron divorciarse, lo que dio lugar a la sentencia que as\u00ed lo dispuso el 4 de mayo de 2005, proferida por el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, en la que, seg\u00fan la censora, tambi\u00e9n \u00abse disolvi\u00f3 la sociedad conyugal\u2026 y se aprob\u00f3 el convenio suscrito entre los c\u00f3nyuges. Quedando pendiente la liquidaci\u00f3n posterior de la sociedad\u2026\u00bb. <\/p>\n

2.2.\tResalt\u00f3 la censora que en el acuerdo referido a espacio establecieron \u00abla forma en que se liquidar\u00eda la\u2026 sociedad conyugal\u00bb, pactando que \u00able corresponder\u00eda al se\u00f1or Dar\u00edo Jos\u00e9 Daza Mendoza, los veh\u00edculos\u2026 de placas EVQ-941 y\u2026 BDG-186 que ten\u00edan[,] y a [ella]\u2026 el\u2026 inmueble existente, incluido el pasivo que pesaba sobre el mismo, y por otro lado [su] ex esposo [l]e otorg\u00f3 poder para que transfiriera la cuota parte que le correspond\u00eda en el inmueble ubicado en la calle 13 C No. 16-52 de [esa] ciudad\u00bb. <\/p>\n

2.3.\tSin embargo, sostuvo que, desconociendo lo anterior, unilateralmente, Daza Mendoza entabl\u00f3 en su contra demanda de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, en la que, agotadas las etapas de rigor, la mentada sede judicial profiri\u00f3 sentencia el 2 de junio de 2017, aprobando el trabajo de partici\u00f3n all\u00ed presentado, sin tener en cuenta el acuerdo atr\u00e1s mencionado. Decisi\u00f3n frente a la que se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n formulada por la aqu\u00ed actora, por improcedente, por no haber sido objetado el trabajo partitivo, acorde con lo reglado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2.4.\tLa quejosa se doli\u00f3 de que con la mencionada sentencia se lesionaron los derechos invocados, en la medida en que con la misma se produjo un abierto desconocimiento del acuerdo previo al que hab\u00edan llegado las partes, que en su sentir hab\u00eda sido aprobado por el Juzgado, respecto a la distribuci\u00f3n de \u00abbienes y deudas\u00bb sociales, lo cual conllev\u00f3 a que, adem\u00e1s de efectuarse inventarios, aval\u00faos y trabajo partitivo innecesarios, ella no recibiera el inmueble que le correspond\u00eda; destac\u00f3 que el fallador acusado incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico porque \u00abcontra toda evidencia\u2026, con una interpretaci\u00f3n desproporcionada e irracional de las pruebas[,] lleg\u00f3 a una conclusi\u00f3n distinta\u00bb (folios 1 a 7, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tLa demanda de tutela fue sometida a reparto el 11 de enero de 2018 y admitida a tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el d\u00eda 15 siguiente (folios 205 a 207, cuaderno 1). <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1.\tLa Procuradur\u00eda 29 Judicial II de Familia de Valledupar solicit\u00f3 negar el amparo por la ausencia de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, lo primero, porque \u00abla tutela fue presentada tras un tiempo desproporcionado desde que se profiri\u00f3 la providencia\u2026 que gener\u00f3 la vulneraci\u00f3n\u2026\u00bb; mientras que lo segundo, porque \u00ab[e]s ostensible que dentro del curso del proceso liquidatorio no se utilizaron los mecanismos de impugnaci\u00f3n ordinarios ni contra la decisi\u00f3n atacada, esto es la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, como tampoco se impugn\u00f3 la sentencia de divorcio que comunic\u00f3\u2026 que la liquidaci\u00f3n se har\u00eda en la forma se\u00f1alada en el art. 626 [del C\u00f3digo de Procedimiento Civil]\u00bb (folios 212 a 220, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tEl Juzgado Segundo de Familia de Valledupar afirm\u00f3 que en la demanda de divorcio se trascribi\u00f3 un pacto que trataba sobre el consentimiento de las partes al respecto, \u00abah\u00ed mismo se dej\u00f3 sentado: \u201cy los c\u00f3nyuges proceder\u00e1n a liquidar su sociedad conyugal, en este mismo proceso conforme lo ordena la ley\u201d\u00bb; por lo que, aclar\u00f3, \u00abel acuerdo que se aprob\u00f3 dentro del proceso de divorcio de mutuo acuerdo fue el que se dej\u00f3 sentado en la misma demanda\u2026, all\u00ed no se determin\u00f3 bien alguno, m\u00e1s bien el abogado recomend\u00f3 que se deb\u00eda hacer la liquidaci\u00f3n conforme a la ley, que fue lo que hizo el c\u00f3nyuge Daza Mendoza\u2026\u00bb. <\/p>\n

Luego, tras historiar el tr\u00e1mite surtido en el asunto fustigado, afirm\u00f3 que no existi\u00f3 \u00abviolaci\u00f3n de derecho alguno, [era] palmario que el apoderado de la hoy accionante no utiliz\u00f3 los mecanismos de impugnaci\u00f3n de acuerdo a la ley, no se aleg\u00f3 en la acci\u00f3n tampoco que estuvieran ante la inminencia de sufrir un perjuicio irremediable, no se satisface el presupuesto de inmediatez, ya que la tutela fue presentada tras un largo tiempo desde que se profiri\u00f3 la sentencia que seg\u00fan su decir gener\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que alega, y am\u00e9n de todo ello\u2026 se dio cumplimiento a las normas procedimentales\u00bb (folios 221 y 222, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tDar\u00edo Jos\u00e9 Daza Mendoza sostuvo que el resguardo se tornaba impr\u00f3spero porque no era cierto que en la sentencia de divorcio se hubiera impartido \u00abaprobaci\u00f3n a convenio suscrito entre los ex c\u00f3nyuges\u00bb respecto a la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, la cual qued\u00f3 pendiente, pues nunca se alleg\u00f3 ning\u00fan documento contentivo de tal pacto \u00absuscrito, bien ante testigos, \u2026notar\u00eda o despacho judicial de los c\u00f3nyuges a divorciarse\u00bb; que no exist\u00eda conculcaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales y no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez (folios 225 a 229, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada al hallar ausente el presupuesto de la subsidiariedad, en la medida en que la quejosa no demostr\u00f3 haber agotado \u00aben legal forma todos los medios legales al alcance para controvertir\u00bb la decisi\u00f3n que cuestiona, \u00abni tampoco que con la misma se le est\u00e9 causando un perjuicio irremediable, pues a pesar de que propuso\u2026 apelaci\u00f3n contra la sentencia ahora atacada en los escenarios de esta acci\u00f3n, no le fue concedid[a], con fundamento en que para ello era requisito objetar el trabajo de partici\u00f3n seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 509 del C.G.P., y eso no se hizo, luego si consideraba errada tambi\u00e9n esa decisi\u00f3n de no concederle [la alzada]\u2026, pod\u00eda interponer el recurso de queja, sin embargo no lo hizo, para venir a acudir a la\u2026 tutela, siendo que esta no est\u00e1 concebida como un mecanismo alternativo de defensa\u00bb (folios 231 a 238, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 la parte actora reiterando las alegaciones tra\u00eddas en el libelo introductor, a las cuales adicion\u00f3 que era falso que no hubiera agotado los medios ordinarios de defensa que tuvo a su alcance, \u00abpues del an\u00e1lisis del fallo del juzgado\u2026 se colige que asist[i\u00f3] a las audiencias a esbozar [sus] argumentos, y dentro del t\u00e9rmino, impugn[\u00f3]\u2026 la decisi\u00f3n del togado, por desconocer los argumentos expuestos durante el litigio\u00bb; y que el Tribunal a-quo desvi\u00f3 \u00abla atenci\u00f3n del asunto de fondo a tratar, d\u00e1ndole prioridad a lo procedimental sobre lo sustancial, pues lo que debe primar, es [su] protecci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso\u00bb (folios 243 a 249, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tSeg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n

2.\tPuestas as\u00ed las cosas, evidenci\u00e1ndose que la queja de la promotora de la salvaguarda se dirige contra el juicio liquidatorio de la sociedad conyugal, que termin\u00f3 con la aprobaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n, de entrada, observa la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplirse con el presupuesto de la subsidiariedad para su procedibilidad, por lo que la decisi\u00f3n de primer grado debe confirmarse. <\/p>\n

En efecto, se advierte que la promotora fue notificada personalmente de la iniciaci\u00f3n del referido tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n, en el que actu\u00f3 a trav\u00e9s de apoderado judicial, por lo que pudo defenderse al interior de ese juicio y presentar los recursos de ley, pero muy a pesar de sus alegaciones, lo cierto es que no lo hizo, desperdiciando los instrumentos ordinarios de defensa que all\u00ed tuvo a su alcance para controvertir las determinaciones que le fueron adversas, destacando que ning\u00fan reparo, con los argumentos tra\u00eddos en la tutela, le mereci\u00f3 la diligencia de inventarios y aval\u00faos ni la determinaci\u00f3n que dispuso la realizaci\u00f3n de la partici\u00f3n, ni tampoco objet\u00f3 el trabajo distributivo, \u00faltimo proceder con el que renunci\u00f3 a la posibilidad de apelar la sentencia que lo aprob\u00f3, motivo mismo por el que no le fue concedida la alzada que all\u00ed propuso, lo que result\u00f3 acorde con lo reglado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General del Proceso, quedando, entonces, por su incuria, atada a lo definido en las decisiones que reprocha. <\/p>\n

En consecuencia, si la tutelante ten\u00eda los medios de defensa judiciales id\u00f3neos para invocar los yerros que se\u00f1ala por esta v\u00eda, la presente demanda constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales acaecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corte ha dicho en diversidad de oportunidades que: <\/p>\n

\u2026el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (CSJ STC, 14 en. 2003, rad. 23023; reiterada en CSJ STC5341-2014; y STC, 27 may. 2016, rad. 2016-00401-01). <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2351-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-002-2018-00002-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por la accionante frente al fallo proferido el 26 de enero de 2018 por la Sala Civil-Familia-Laboral del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101658","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101658","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101658"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101658\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101658"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101658"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101658"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}