{"id":101659,"date":"2026-07-01T18:38:45","date_gmt":"2026-07-01T18:38:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101659"},"modified":"2026-07-01T18:38:45","modified_gmt":"2026-07-01T18:38:45","slug":"stc2352-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2352-2018\/","title":{"rendered":"STC2352-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2352-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2017-00888-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por William Alay\u00f3n Alay\u00f3n frente al fallo proferido el 5 de diciembre de 2017 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por Janeth M\u00e9ndez Camargo contra el Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial cuestionada en el tr\u00e1mite del proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal adelantado por solicitud de William Alay\u00f3n Alat\u00f3n contra aqu\u00e9lla, especialmente por no cumplir con las ritualidades que demandaba la diligencia de inventarios y aval\u00faos all\u00ed realizada. <\/p>\n

De acuerdo a lo anterior, solicit\u00f3 ordenar a la sede judicial acusada \u00abdejar sin efectos la audiencia de inventarios y aval\u00faos\u2026 y, con ello, todas las actuaciones subsiguientes\u00bb; y en su lugar, \u00abla reprograme y realmente califique las partidas\u00bb (folios 289, 290 y 295, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tLa situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente asunto es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n

2.1.\tWilliam Alay\u00f3n Alay\u00f3n y la accionante contrajeron matrimonio cat\u00f3lico el 3 de julio de 1999; posteriormente se formularon mutuas demandas de divorcio, aduciendo el primero las causales 2\u00aa y 3\u00aa del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, mientras que la \u00faltima invocando las establecidas en los numerales 1\u00ba a 3\u00ba del mismo canon normativo; tales asuntos fueron acumulados al iniciado por la aqu\u00ed gestora y culminaron con la sentencia proferida el 11 de marzo de 2015 por el Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de Bogot\u00e1, en la cual se aprob\u00f3 el pacto conciliatorio al que llegaron las partes en la diligencia desarrollada en esa fecha, relativo a finalizar su v\u00ednculo pero por mutuo acuerdo, por lo que all\u00ed se dispuso, entre otras determinaciones, decretar la cesaci\u00f3n de los efectos civiles de su matrimonio, declarar disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n su sociedad conyugal. <\/p>\n

2.2.\tLuego, el 16 de abril de 2015 Alay\u00f3n Alay\u00f3n solicit\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la sociedad, asunto que fue admitido a tr\u00e1mite a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 25 de mayo de 2015, del que se enter\u00f3 la accionante mediante apoderada judicial el 22 de julio siguiente. <\/p>\n

2.3.\tSurtidas las etapas previas respectivas, por auto de 3 de diciembre de 2015 se fij\u00f3 el d\u00eda 10 de febrero de 2016 para la respectiva audiencia de inventarios y aval\u00faos, calenda en la que no se pudo llevar a cabo esa diligencia \u00abdebido a las Asambleas Permanentes de la Rama Judicial\u00bb adelantadas por los trabajadores del gremio del 15 de enero al 15 de marzo de la \u00faltima anualidad, por lo que fue reprogramada para el 2 de diciembre de tal a\u00f1o, fecha en la que no compareci\u00f3 la accionante ni su mandataria pero s\u00ed el apoderado de Alay\u00f3n Alay\u00f3n, quien solicit\u00f3 su suspensi\u00f3n porque \u00abno ten[\u00eda] los inventarios y aval\u00faos presentados en debida forma\u00bb, a lo que accedi\u00f3 la sede judicial se\u00f1alando para su realizaci\u00f3n el d\u00eda 9 siguiente. <\/p>\n

2.4.\tEn la \u00faltima fecha aludida, nuevamente, sin la asistencia de la gestora y de su apoderada judicial, se adelant\u00f3 la diligencia de inventarios aval\u00faos, los que fueron presentados por el profesional del derecho que representaba los intereses de Alay\u00f3n Alay\u00f3n, en escrito constante \u00abde\u2026 (7) folios con\u2026 (111) anexos con\u2026 (18) partidas con un activo: total por la suma de\u2026 ($3.890\u2019317.789) y pasivo: en\u2026 ($206\u2019720.369)\u00bb, as\u00ed mismo, en esa audiencia, ante la inexistencia de oposici\u00f3n, se aprobaron dichos inventarios y aval\u00faos, se decret\u00f3 la partici\u00f3n y se design\u00f3 el auxiliar de la justicia encargado de efectuar el trabajo distributivo. <\/p>\n

2.5.\tEl 14 de marzo de 2017 el partidor alleg\u00f3 el trabajo que le fuera encomendado, en el cual estableci\u00f3 que exist\u00eda un activo bruto de $3.864\u2019318.789,oo y un pasivo social que ascend\u00eda a $206\u2019720.369,oo, \u00faltimo que adjudic\u00f3, en su totalidad, a la promotora de esta salvaguarda. Por auto del d\u00eda 22 siguiente se corri\u00f3 el traslado de ley frente a la metada distribuci\u00f3n, sin que ninguna de las partes, dentro de la oportunidad correspondiente, efectuara pronunciamiento alguno. <\/p>\n

2.6.\tSeguidamente, el 31 de julio de 2017, el Juzgado accionado emiti\u00f3 sentencia aprobatoria del mentado trabajo de partici\u00f3n. <\/p>\n

2.7.\tLa quejosa, con anterioridad, inco\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado aqu\u00ed accionado, por considerar conculcados sus derechos fundamentales en el decurso del mencionado proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico y la subsecuente liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, aduciendo, en lo medular, que a su caso era aplicable el precedente STC10829-2017 de esta Sala de Casaci\u00f3n, debi\u00e9ndose condenar a su ex-pareja a indemnizarla, pues hab\u00eda demostrado la ocurrencia de las causales de divorcio contempladas en los numerales 1\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, pero por \u00abterror y medio insuperable\u00bb acord\u00f3 la separaci\u00f3n de mutuo acuerdo con su victimario, a pesar de hallarse acreditado el trato denigrante al que \u00e9ste la ten\u00eda sometida, siendo patentes los \u00ababusos, malos tratos, y en general violencia f\u00edsica, verbal y psicol\u00f3gica\u00bb de los que fue v\u00edctima en aquella relaci\u00f3n; as\u00ed mismo, en esa ocasi\u00f3n, de manera tangencial, mencion\u00f3 que la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal derivada de las anteriores situaciones afectaba sus garant\u00edas de primer orden porque \u00abse [l]e conden[\u00f3] a pagar a [su] agresor todo lo que se percibi\u00f3 por [su] parte dentro de [su] uni\u00f3n matrimonial fruto de [su] trabajo como si nunca hubi[eran] gastado nada en alimentos, manutenci\u00f3n de [su] hijo y [su] hija, sus gastos propios, servicios p\u00fablicos, viajes y todo lo dem\u00e1s que conforma una vida de pareja\u00bb (folios 63 a 70, cuaderno Corte). <\/p>\n

2.7.1. Tal petici\u00f3n de amparo fue denegada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, mediante fallo de 31 de agosto de 2017, al concluir que no estaban satisfechos los presupuestos de la subsidiariedad y de la inmediatez, lo primero, porque la reclamante, a pesar de estar representada por apoderada judicial, no agot\u00f3 ante el fallador natural el recurso de apelaci\u00f3n con el que cont\u00f3 para controvertir las decisiones de fondo adoptadas en el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal; y lo segundo, porque la sentencia de divorcio se emiti\u00f3 desde el 11 de marzo de 2015; a lo que a\u00f1adi\u00f3 que como la cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio se dio de mutuo acuerdo, se tornaba inviable la indemnizaci\u00f3n reclamaba en la salvaguarda por la supuesta existencia de actos de violencia intrafamiliar (folios 14 a 27, cuaderno Corte). <\/p>\n

2.7.2. Impugnada por la gestora la decisi\u00f3n referida a espacio, el 26 de octubre de 2017 esta Sala de Casaci\u00f3n Civil la confirm\u00f3 (folios 28 a 39, cuaderno Corte). Asunto que fuera excluido de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional el pasado 15 de diciembre. <\/p>\n

2.8.\tEn esta oportunidad la accionante se queja de que los inventarios y aval\u00faos presentados por su antagonista en el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal criticado, \u00abde forma ama\u00f1ada y desde luego desprovista de cualquier apeg\u00f3 jur\u00eddico, con la intenci\u00f3n de irrogarle los perjuicios a los cuales hoy [est\u00e1] avocada (sic)\u00bb, fueron aprobados de plano por la sede judicial acusada, desatendiendo las reglas aplicables al caso concreto, siendo \u00absilente en esta una etapa din\u00e1mica que lo obligaba a calificar una por una las partidas que fueron incorporadas y no emitir la decisi\u00f3n de caj\u00f3n que anta\u00f1o operaba\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00ab[h]oy el C\u00f3digo General del Proceso le impone al funcionario judicial la revisi\u00f3n de cada una de las partidas y la confrontaci\u00f3n de los soportes que le den su valoraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Destac\u00f3 que las partidas restantes \u00abse manejan sobre supuestos como as\u00ed ocurre con la\u2026 cuarta donde tambi\u00e9n se tiene como soporte un balance contable\u2026, am\u00e9n de los pasivos de las partidas s\u00e9ptima y octava las cuales suman un poco m\u00e1s de cuarenta millones de pesos por acreencias contra\u00eddas por\u2026 Alay\u00f3n Alay\u00f3n con los Bancos de Bogot\u00e1 y Colpatria nominadas como \u201cconceptos de gastos propios de manutenci\u00f3n\u201d\u00bb; que \u00abtodas las partidas que hacen referencia a compensaciones fueron antit\u00e9cnicamente propuestas y la justicia no puede ser imp\u00e1vida frente a los perjuicios que se [le] est\u00e1n irrogando\u00bb. <\/p>\n

Por ese sendero, a modo de conclusi\u00f3n, resalt\u00f3 que \u00abpese a todo [su] esfuerzo y trabajo de m\u00e1s de diez (10) a\u00f1os\u2026, sali[\u00f3] a deber al demandante, como as\u00ed se consigna en el trabajo de partici\u00f3n… donde lo \u00fanico que se [le] adjudica son los pasivos, y lo m\u00e1s grave a\u00fan[,] que de la partida quinta le sa[le] a deber una suma que bordea los setecientos millones de pesos\u00bb; es decir, \u00ab[t]odo el activo conforme al trabajo de partici\u00f3n beneficia al demandante y de paso sacrifica ostensiblemente todos [sus] derechos\u00bb. <\/p>\n

De otra parte, anot\u00f3 que no exist\u00eda justificaci\u00f3n para que su apoderada no hubiera actuado diligentemente en la liquidaci\u00f3n, en la que no despleg\u00f3 ninguna actuaci\u00f3n, por lo que iniciar\u00eda \u00ablas respectivas acciones disciplinarias\u00bb, pero que la vulneraci\u00f3n de sus derechos era de una magnitud tan aberrante que la presente salvaguarda deb\u00eda prosperar. <\/p>\n

Finaliz\u00f3 manifestando, bajo la gravedad del juramento, que \u00abfrente a la nulidad e ineficacia de la diligencia de inventarios y aval\u00faos no h[a] reclamado ning\u00fan amparo\u00bb; que con anterioridad formul\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela \u00abencaminada a enervar las decisiones del Juzgado\u2026 en relaci\u00f3n con la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico al considerar que fueron desatinadas y violatorias de [sus] derechos\u00bb, mientras que \u00ab[h]oy de manera puntual atac[a] la diligencia de inventarios y aval\u00faos, toda vez que es el \u00fanico mecanismo con el que cuent[a] para ejercer [su] derecho de defensa\u00bb (folios 289 a 296, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tLa demanda de tutela del ep\u00edgrafe fue presentada el 21 de noviembre de 2017 y admitida a tr\u00e1mite por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el d\u00eda 22 siguiente (folios 281, 297 y 298, cuaderno 1). <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de Bogot\u00e1, tras historiar las actuaciones surtidas en el asunto fustigado, reclam\u00f3 el despacho adverso de la petici\u00f3n de amparo por no evidenciarse la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, destacando que \u00abla togada que viene representando a la ex c\u00f3nyuge, en el tr\u00e1mite liquidatorio, no concurri\u00f3\u2026 a la audiencia de inventario y aval\u00fao a que se alude\u2026, como tampoco cuestion\u00f3 la sentencia que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n; debiendo correr entonces, ese sector del proceso, con las consecuencias procesales de rigor que se derivan de semejante descuido\u00bb (folios 307 y 308, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tGuillermo Alberto Bravo Torres, quien fungiera como partidor en el proceso objeto del reclamo constitucional, se\u00f1al\u00f3 que para realizar el trabajo que le fue encomendado deb\u00eda \u00abpartir del supuesto jur\u00eddico [de] que los inventarios una vez aprobados son un imperativo para las partes y de manera espec\u00edfica para el partidor\u00bb; que respecto de las partidas de las cuales se dol\u00eda la accionante \u00abno encontr[\u00f3] capitalizaci\u00f3n alguna que [l]e permitiera con objetividad accionar las partidas, de donde debi[\u00f3] partir de un hipot\u00e9tico de su existencia\u00bb, lo que lo condujo \u00abineludiblemente ha (sic) hacer unas asignaciones carentes de materialidad\u00bb (folio 321, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

En fallo de 5 de diciembre de 2017 el a-quo concedi\u00f3 la salvaguarda al considerar que aunque no estaban presentes los requisitos de la subsidiariedad y de la inmediatez para su procedencia, \u00abel examen pormenorizado tanto de la mencionada diligencia [se refiere a la de inventarios y aval\u00faos], como del trabajo partitivo\u00bb impon\u00edan \u00absuperar tales presupuestos con miras a salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso\u00bb, ello porque, en lo medular: <\/p>\n

\u2026[era] evidente que la autoridad accionada no ejerci\u00f3 control de legalidad alguno con respecto a dichas actuaciones, al punto que termin\u00f3 soslayando las reglas que en materia de compensaciones consagra el inciso 2\u00ba del numeral 2 del art\u00edculo 501 del C. G. del P\u2026, conforme al cual "En el activo de la sociedad conyugal se incluir\u00e1n las compensaciones debidas a la masa social por cualquiera de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes, siempre que se denuncien por la parte obligada o que \u00e9sta acepte expresamente las que denuncie la otra…" (negrilla y subraya extratextual), toda vez que admiti\u00f3 la inclusi\u00f3n de unas compensaciones denunciadas por\u2026 ALAY\u00d3N ALAY\u00d3N a cargo de la ex c\u00f3nyuge (hoy accionante) y a favor de la sociedad conyugal que ascienden a la suma de $3.482'102.289, pese a que ni la presunta obligada, ni su apoderada judicial concurrieron a la mencionada diligencia; situaci\u00f3n que el funcionario tampoco advirti\u00f3 durante la fase partitiva y que a la postre lo llev\u00f3 a impartirle aprobaci\u00f3n al trabajo presentado por el auxiliar de la justicia encargado de su confecci\u00f3n, el que contrario a lo se\u00f1alado en la sentencia no se aviene a las reglas propias a esa clase de actos, entre ellas, las que regulan lo concerniente a la distribuci\u00f3n del pasivo que, salvo por acuerdo de los interesados, deben adjudicarse a \u00e9stos en com\u00fan y proindiviso (Arts. 1411 y ss. del C.C. y 508.4 del C. G. del P.), lo que no ocurri\u00f3 en este caso donde\u2026 todo el pasivo le fue adjudicado a\u2026 M\u00c9NDEZ CAMARGO, hecho que innegablemente desatiende los derroteros de las normas sustanciales y procesales citadas y de paso quebranta el equilibrio patrimonial entre las partes. <\/p>\n

\u2026es preciso recabar en que si bien la apoderada de la ex c\u00f3nyuge\u2026 no objet\u00f3 el trabajo partitivo e igualmente desperdici\u00f3 las oportunidades procesales con que contaba\u2026 para defender los intereses de su representada\u2026, tal inactividad no relevaba al funcionario de ejercer el control de legalidad sobre la labor del partidor atendiendo lo preceptuado en el numeral 5 el art\u00edculo 509 del C. G. del P., que de manera clara e imperativa prev\u00e9 "5. H\u00e1yanse o no propuesto objeciones, el Juez ordenar\u00e1 que la partici\u00f3n se rehaga cuando no est\u00e9 conforme a derecho y el c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente, o algunos de los herederos fuere incapaz o estuviere ausente y carezca de apoderado"; cuanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que, conforme lo ha reiterado la jurisprudencia, la sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n es la \u00fanica providencia sustancial del tr\u00e1mite liquidatorio que define los derechos de quienes intervienen en \u00e9ste2, lo cual impone para el fallador una mayor diligencia y cuidado en el examen del trabajo partitivo, el que aqu\u00ed brilla por su ausencia. <\/p>\n

En concordancia con lo anterior, dispuso \u00abdeja[r] sin valor y efecto la sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n proferida\u2026 el 31 de julio de 2017\u2026, as\u00ed como las dem\u00e1s determinaciones que de \u00e9sta depend[ier]an\u00bb, y en su lugar, orden\u00f3 al Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de Bogot\u00e1 que \u00ab\u2026antes del 19 de los cursantes proced[ier]a a proferir sentencia ejerciendo el control de legalidad debido sobre el trabajo de partici\u00f3n\u00bb (folios 323 a 329, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

William Alay\u00f3n Alay\u00f3n, a trav\u00e9s de apoderado judicial, impugn\u00f3 el anterior fallo aduciendo que el resguardo era improcedente por temeridad, al \u00abexistir cosa juzgada material sobre los mismos hechos base del amparo\u00bb, en la medida en que la quejosa, premeditadamente, guard\u00f3 silencio respecto a que, con anterioridad, hab\u00eda formulado una acci\u00f3n de este linaje, con id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica, la que le fue denegada el 31 de agosto de 2017 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, decisi\u00f3n que esta Corte confirm\u00f3 el 26 de octubre siguiente, en sede de segunda instancia. <\/p>\n

Resalt\u00f3 que, en todo caso, lo cierto era que la petici\u00f3n de amparo no pod\u00eda salir avante por la ausencia de los presupuestos de la subsidiariedad y de la inmediatez, lo primero, porque la gestora \u00abdej\u00f3 vencer los t\u00e9rminos para interponer los recursos de ley contra las decisiones de las cuales se duele\u00bb; lo segundo, por cuanto desde que se materializ\u00f3 la diligencia de inventarios y aval\u00faos criticada -9 de diciembre de 2016- al momento de la proposici\u00f3n de la tutela, transcurrieron m\u00e1s de seis meses. <\/p>\n

Por \u00faltimo, asever\u00f3 que, por dem\u00e1s, en la mentada diligencia no se vulneraron derechos fundamentales, pues la misma se agot\u00f3 \u00aben la forma prescrita en el art\u00edculo 501 del C.G.P.\u00bb, observando tambi\u00e9n lo reglado en los art\u00edculos 1781, 1801 y 1802 a 1804 del C\u00f3digo Civil, evidenci\u00e1ndose que \u00aball\u00ed ciertamente se incluyeron las compensaciones debidas a la masa social, por cualquiera de los c\u00f3nyuges, mediante las acumulaciones imaginarias\u2026, con el fin primordial de restablecer el patrimonio total de la sociedad conyugal, tal como existir\u00eda de no haberse dispuesto de los bienes sociales y que conduce a dar garant\u00eda para su pago\u00bb; aunado a que si bien la primera norma referida \u00abprecept\u00faa que en el activo de la sociedad\u2026 se incluir\u00e1n las compensaciones debidas a la masa social, por cualquiera de los c\u00f3nyuges, siempre que se denuncien por la parte obligada o que \u00e9sta acepte expresamente las que denuncie la otra\u00bb, lo cierto era que, en el caso concreto, esta \u00abaceptaci\u00f3n\u2026 ciertamente se dio, a voces de la misma norma al establecer en el numeral 1\u00ba inciso 2\u00ba \u201cse entender\u00e1 que quienes no concurran a la audiencia aceptan las deudas que los dem\u00e1s hayan admitido[\u201d]\u00bb (folios 361 a 368, 372 y 373, cuaderno 1; 40 y 41, cuaderno Corte). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Para hacer viable y cierto el requerimiento de prontitud se ha determinado que en aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde relaci\u00f3n cercana en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, \u00aben parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC1425-2016). <\/p>\n

2.\tNo obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n

Al respecto, la Corte ha manifestado: <\/p>\n

\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019(Resaltado fuera del texto) (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC, 16 abr. 2015, rad. STC4269-2015). <\/p>\n

As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n

3.\tPor ser aspecto central de la impugnaci\u00f3n, de entrada debe se\u00f1alarse que aunque a finales del a\u00f1o 2017, cuando ya se encontraba en firme la aprobaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n en el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal cuestionado, la accionante formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado aqu\u00ed encartado criticando la sentencia proferida en el proceso previo de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico entonces existente entre William Alay\u00f3n Alay\u00f3n y la gestora, as\u00ed como la subsecuente liquidaci\u00f3n de su sociedad conyugal; lo cierto es que, como quedara expuesto en los antecedentes de esta providencia, no es cierto que la tutelante dejara de exponer tal situaci\u00f3n en el libelo introductor ni tampoco lo es que se est\u00e9 ante una cosa juzgada constitucional en lo que respecta a los reparos tra\u00eddos en el presente tr\u00e1mite. <\/p>\n

En efecto, se evidencia que en la pret\u00e9rita acci\u00f3n de resguardo se censur\u00f3 del Juzgado acusado, en lo medular, que emitiera sentencia de divorcio validando el mutuo acuerdo de las partes al respecto, a pesar de haberse acreditado por la accionante la incursi\u00f3n de Alay\u00f3n Alay\u00f3n en las causales contempladas en los numerales 1\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, por el trato denigrante al que \u00e9ste la ten\u00eda sometida, siendo patentes los \u00ababusos, malos tratos, y en general violencia f\u00edsica, verbal y psicol\u00f3gica\u00bb de los que fue v\u00edctima en aquella relaci\u00f3n, por lo que consideraba que, en esa condici\u00f3n, deb\u00eda ser reparada-indemnizada por su agresor, aplicando a su caso lo expuesto por esta Sala en sentencia STC10829-2017; as\u00ed mismo, en esa ocasi\u00f3n, de manera tangencial, mencion\u00f3 que la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal derivada de las anteriores situaciones afectaba sus garant\u00edas de primer orden porque \u00abse [l]e conden[\u00f3] a pagar a [su] agresor todo lo que se percibi\u00f3 por [su] parte dentro de [su] uni\u00f3n matrimonial fruto de [su] trabajo como si nunca hubi[eran] gastado nada en alimentos, manutenci\u00f3n de [su] hijo y [su] hija, sus gastos propios, servicios p\u00fablicos, viajes y todo lo dem\u00e1s que conforma una vida de pareja\u00bb. <\/p>\n

Ahora, en el presente ruego la inconformidad se hace consistir en que para la realizaci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos, el trabajo de partici\u00f3n y la aprobaci\u00f3n de \u00e9ste no se atendieron las disposiciones legales que gobiernan la materia, gener\u00e1ndole a la quejosa una afectaci\u00f3n patrimonial derivada de la admisi\u00f3n de cargas sociales sin sustento v\u00e1lido alguno, pues respecto de las partidas inventariadas no se aportaron los soportes que resultaban necesarios para su inclusi\u00f3n, aunado a que a ella le fue adjudicada la totalidad del pasivo social. <\/p>\n

Luego, aunque en la inicial acci\u00f3n constitucional a la que se hace referencia, en sentencia STC17489-2017 del pasado 26 de octubre esta Corte confirm\u00f3 el fallo proferido el 31 de agosto de ese a\u00f1o por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que deneg\u00f3 el resguardo rogado, es evidente que entre esa salvaguarda y la de ahora no existe identidad de hechos, derruy\u00e9ndose la presencia de un proceder temerario, siendo evidente que con la primera se plante\u00f3 una controversia originada en los conflictos familiares de la ex-pareja mientras que en el actual reclamo la queja deriva de una afectaci\u00f3n patrimonial con g\u00e9nesis en el desconocimiento del derecho al debido proceso. <\/p>\n

4.\tZanjado el anterior aspecto, descendiendo al sub examine, de los documentos obrantes en el expediente contentivo del proceso censurado, advierte la Corporaci\u00f3n que el amparo incoado estaba llamado a prosperar, como lo concluy\u00f3 el a-quo constitucional, por lo que su decisi\u00f3n debe ser confirmada, en la medida en que se observa una conculcaci\u00f3n protuberante de las garant\u00edas de primer orden de la inconforme, por cuanto el Juzgado convocado no dio cabal aplicaci\u00f3n a las reglas establecidas para la realizaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n y su aprobaci\u00f3n, desconociendo, especialmente, lo contemplado en los art\u00edculos 1830 del C\u00f3digo Civil, 4\u00ba de la Ley 28 de 1932, 508 -numeral 4\u00ba- y 509 -numeral 5\u00ba- del C\u00f3digo General del Proceso, en punto a que el pasivo social ten\u00eda que adjudicarse en partes iguales a los ex conyugues, de la misma manera que deb\u00eda procederse a distribuir el saldo luego de las deducciones legales, destacando que aun cuando no se hubieran formulado objeciones frente al trabajo distributivo, como all\u00ed ocurri\u00f3, era deber del fallador ordenar su rehechura al observar que no se encontraba ajustado a derecho. <\/p>\n

En ese orden, sin duda, en el tr\u00e1mite liquidatorio, al aprobar de plano el trabajo distributivo, se conculcaron los garant\u00edas de la querellante, toda vez que el sentenciador enjuiciado no tuvo en cuenta las disposiciones legales que regulaban ese acto concreto, procediendo a refrendar lo concluido por el partidor a pesar de ello no estar ajustado a derecho. <\/p>\n

5.\tSin embargo, debe precisarse que el presente estudio, sin duda, por ahora, no puede extenderse a la evaluaci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos, como lo pretendiera la gestora, pues desde anta\u00f1o se ha entendido que los tr\u00e1mites liquidatorios como el aqu\u00ed criticado comprenden varias etapas que a medida que van siendo evacuadas surten efectos vinculantes para los intervinientes procesales, tal es el caso de la diligencia de inventarios y aval\u00faos y su aprobaci\u00f3n, la que se surti\u00f3 en el juicio criticado sin oposici\u00f3n alguna de la aqu\u00ed accionante, siendo abiertamente inviable que a trav\u00e9s de este remedio supralegal se derruya tal actuaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando ha sido esta misma Sala la que ha dejado por sentado que, incluso, luego de superada tal etapa, al juzgador le est\u00e1 vedado restarle efectos bajo un supuesto control de legalidad posterior. <\/p>\n

En ese sentido, en un caso acaecido bajo la vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero que en lo que tiene relaci\u00f3n con el presente asunto resulta aplicable, un fallador ordinario, encontr\u00e1ndose ejecutoriada la aprobaci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos, resolvi\u00f3 apartarse \u00abde lo actuado tras el hallazgo de una serie de irregularidades en la diligencia de inventario y aval\u00faos\u00bb, lo que en esa ocasi\u00f3n esta Corte encontr\u00f3 equivocado al observar que: <\/p>\n

…la mencionada determinaci\u00f3n… tuvo como fundamento un estudio errado de la normatividad que orienta lo relativo al r\u00e9gimen de aprobaci\u00f3n de la indicada diligencia seg\u00fan el ordenamiento adjetivo, si se tiene en cuenta que para arribar a tal conclusi\u00f3n, la autoridad judicial convocada adujo lo siguiente: <\/p>\n

\u00abse incluy[\u00f3] de manera incorrecta un bien propio de uno de los c\u00f3nyuges como si pareciere un bien social [convirti\u00e9ndolo] sin saber el m\u00e9todo, en recompensas a favor de uno de los ex esposos. <\/p>\n

Se acepta[ron] unos pasivos, sin ninguna certificaci\u00f3n de la deuda ni de los saldos cancelados como del cr\u00e9dito concedido. <\/p>\n

Se acepta[ron] como recompensas o compensaciones, omitiendo lo dispuesto en la Regla 2\u00aa Inciso 1\u00ba del art\u00edculo 600 del C.P.C., procedi\u00e9ndose posteriormente a aprobar dichos inventarios mediante prove\u00eddo del 21 de noviembre de 2011 (\u2026) Corolario de lo anterior, el despacho tendr\u00e1 que enmendar tales yerros y no permitir que se contin\u00faen vulnerando ciertos derechos de car\u00e1cter econ\u00f3mico para ninguno de los ex-c\u00f3nyuges\u00bb (…). <\/p>\n

4. De conformidad con lo que precede, y tal y como se anticip\u00f3, no cabe duda para la Sala que tal razonar resulta incompatible con las reglas jur\u00eddicas que ubican el desarrollo de los inventarios y aval\u00faos, seg\u00fan lo previenen las reglas 1\u00aa, p\u00e1rrafo 5\u00ba y 3\u00aa del art\u00edculo 600 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en concordancia con el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 625, el canon 4\u00ba del art\u00edculo 601 y el art\u00edculo 605 de la misma codificaci\u00f3n. <\/p>\n

Al respecto, en primer lugar, n\u00f3tese que as\u00ed como es cierto que en el pasivo de la sociedad a liquidar solo deben incluirse las obligaciones que consten en t\u00edtulos que presten m\u00e9rito ejecutivo, siempre que en la audiencia no se objeten, o las que a pesar de no tener dicha calidad se acepten expresamente en ella por el otro c\u00f3nyuge, tambi\u00e9n lo es que \u00abse entender\u00e1 que quienes no concurran a la audiencia aceptan las deudas que los dem\u00e1s hayan admitido\u00bb. <\/p>\n

En segundo t\u00e9rmino, es claro que la regla 3\u00aa del art\u00edculo 600 \u00eddem, contempla la posibilidad de que \u00ab [e]n caso de [incluirse bienes propios al inventario de bienes sociales a repartir], el juez decidir\u00e1 mediante incidente que deber\u00e1 proponerse por el c\u00f3nyuge antes del vencimiento del traslado\u00bb (Negrillas fuera de la norma citada). <\/p>\n

Del mismo modo, el art\u00edculo 601 cit., otorga a las partes intervinientes la posibilidad de objetar el inventario y los aval\u00faos dentro del t\u00e9rmino de traslado, a fin de que se excluyan partidas que consideren indebidamente incluidas o se incluyan compensaciones, recayendo sobre el juez el mandato legal de aprobarlo \u00absi no se formularen objeciones\u00bb, previsiones legales que apreciadas en su conjunto dejan entrever que el c\u00f3nyuge afectado con una presunta anomal\u00eda en la relaci\u00f3n de bienes cuenta con varias oportunidades para contradecir su contenido en el iter del proceso. <\/p>\n

En este sentido la Corte en vieja data sostuvo: <\/p>\n

Ahora bien, en cuanto a dicho r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial precisa la Corte si bien los c\u00f3nyuges pueden controvertir los derechos que regula el mencionado r\u00e9gimen, no es menos cierto que deben hacerlo razonablemente dentro de los tr\u00e1mites previstos en la ley. (\u2026) <\/p>\n

Ahora bien, a la disoluci\u00f3n de esta \u00faltima, las discrepancias sobre la existencia o no de una subrogaci\u00f3n real, radica en si el bien ha adquirido la calidad de propio o qued\u00f3 como social, lo que, impl\u00edcita e inequ\u00edvocamente denota una controversia sobre la propiedad exclusiva del c\u00f3nyuge sobre dicho bien, o la pertenencia de \u00e9ste al haber de la sociedad conyugal con, si fuere el caso, la recompensa pertinente. <\/p>\n

Por ello se permite al c\u00f3nyuge debatir este punto mediante incidente en el proceso de liquidaci\u00f3n, tal como lo autorizan los numerales 5\u00ba del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 3\u00ba del art\u00edculo 600 del mismo c\u00f3digo, seg\u00fan los cuales en el evento de existir desacuerdo, por medio de dicho tr\u00e1mite incidental deben resolverse previa o durante la diligencia de inventarios y aval\u00faos las diferencias que surjan, entre otras, respecto a la situaci\u00f3n jur\u00eddica de bien propio o social a efecto de ser excluido en la elaboraci\u00f3n de dicho inventario. Igualmente puede el c\u00f3nyuge controvertir este t\u00f3pico nuevamente en las objeciones a la partici\u00f3n, habida cuenta de que siendo la sentencia aprobatoria de \u00e9sta o de la adjudicaci\u00f3n la \u00fanica providencia sustantiva del proceso, es all\u00ed donde, para efecto liquidatorio, se precisan los derechos de quienes en el juicio intervinieron y no en los autos intermedios, que aunque tengan la jerarqu\u00eda de interlocutorios y se hallen ejecutoriados, no atan al fallador, dado que se trata de providencias que no hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada material. Tambi\u00e9n si sobre el mismo punto el c\u00f3nyuge ha objetado la partici\u00f3n acude a \u00e9l la legitimaci\u00f3n para apelar la decisi\u00f3n y si es del caso para recurrir en casaci\u00f3n la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n. <\/p>\n

Sin embargo, como quiera que ordinariamente estas decisiones no hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, el C\u00f3digo Civil reconoce al tercero, esto es, a quien ha sido extra\u00f1o al proceso liquidatorio o al c\u00f3nyuge que ha sido parte en el mismo que ha fracasado incidentalmente con el reconocimiento de su derecho exclusivo en la actuaci\u00f3n simplemente calificatoria de bienes, legitimaci\u00f3n para controvertir en proceso ordinario, cuando las circunstancias as\u00ed lo justifiquen (no repetida de la actuaci\u00f3n incidental), la existencia de su dominio exclusivo frente a la sociedad conyugal, a fin de que el debate plenario, se excluya su bien de este patrimonio (C.C. arts 1832, 1388 y 765) y si fuere el caso, se deje sin efecto la partici\u00f3n efectuada, mediante la exclusi\u00f3n del bien que no pertenec\u00eda a la masa social mencionada (C.C. arts. 1832, 1401 y 1008). Dijo esta Corporaci\u00f3n en sentencia del 16 de mayo de 1990 sobre el tema en materia sucesoral, aplicable en lo pertinente a aquel proceso lo siguiente: <\/p>\n

\u2018en la actual legislaci\u00f3n procesal se adopta un criterio semejante, aun cuando m\u00e1s amplio en relaci\u00f3n a las partes del proceso de sucesi\u00f3n, porque adem\u00e1s de las formas tradicionales de exclusi\u00f3n arriba se\u00f1aladas, incluyendo la de objeci\u00f3n al inventario y aval\u00fao para pretender la exclusi\u00f3n de un bien indebidamente inventariado, el art\u00edculo 605 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil le otorga una oportunidad adicional (despu\u00e9s de haberse aprobado el inventario y aval\u00fao) al c\u00f3nyuge y a cualquiera de los herederos para solicitar la exclusi\u00f3n de bienes de la partici\u00f3n (y desde luego del inventario) en el proceso de sucesi\u00f3n en que son partes de \u00e9l, pero \u00fanicamente cuando se conviertan en \u2018terceros\u2019 frente a la sucesi\u00f3n por \u2018haber promovido proceso ordinario sobre la propiedad de bienes inventariados\u2019 que no es otra cosa que reclamar como dice el art\u00edculo 1388, inciso 1\u00ba del C\u00f3digo Civil, \u2018un derecho exclusivo, y que en consecuencia no deban entrar a la masa partible\u2019 pero alegado por un interesado en la misma sucesi\u00f3n o sociedad conyugal partible\u2019\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 1998, RAD. 5141). <\/p>\n

5. Bajo esta perspectiva, debe destacarse que ante la multiplicidad de escenarios procesales con los que cuentan las partes y los terceros para denunciar las eventuales irregularidades que puedan suscitarse en la diligencia de inventarios y aval\u00faos3, inclusive en la etapa de partici\u00f3n de bienes o a trav\u00e9s de proceso ordinario pidiendo la rescisi\u00f3n de la misma4, la facultad oficiosa de anulabilidad se restringe para el funcionario judicial, no pudiendo entonces invalidar a su albedr\u00edo la actuaci\u00f3n surtida en un proceso cuando el inventario ha cobrado firmeza y las partes no han formulado oposici\u00f3n alguna frente al mismo, pues lo cierto es que dichas decisiones al cobrar ejecutoria se constituyen en ley procesal para las partes, a menos que con posterioridad se exprese su inconformidad por el directo interesado a trav\u00e9s de los medios establecidos para ello. <\/p>\n

6. En sustento de tal arribo, la doctrina nacional autorizada tambi\u00e9n ha ense\u00f1ado, que por regla general, \u00abes inmodificable el inventario y aval\u00fao debidamente aprobado por el juez. Con todo, puede sufrir alteraciones por diversas causas, especialmente por el inventario adicional, la declaraci\u00f3n de nulidad, la exclusi\u00f3n de bienes de la partici\u00f3n, otras alteraciones y acuerdo sobre participaci\u00f3n\u00bb5, lo que no quiere significar que de manera intempestiva, so pretexto de la observancia de yerros sustanciales se pase por alto el decreto de aprobaci\u00f3n ya dictado y a\u00fan lo establecido en el procedimiento civil en cuanto a la t\u00e9cnica para alcanzar la aclaraci\u00f3n, correcci\u00f3n y adici\u00f3n de providencias (arts. 309 a 311), impidi\u00e9ndosele de esta forma a la parte afectada hacer uso de las distintas herramientas procesales para defender su propio derecho (CSJ STC2356-2015, 5 mar., rad. 2014-00568) <\/p>\n

6.\tFinalmente, aunado a lo ya dicho, aunque desde que fue realizada la diligencia de inventarios y aval\u00faos -9 de diciembre de 2016- a la fecha de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de amparo -21 de noviembre de 2017- ha pasado un t\u00e9rmino superior a seis meses, no sucede lo mismo respecto a la sentencia aprobatoria del trabajo distributivo -31 de julio de 2017-, y si bien \u00e9sta no era apelable porque la accionante no objet\u00f3 tal trabajo de partici\u00f3n, lo cierto es que era dable acceder al resguardo rogado, en los t\u00e9rminos que se ha dejado dicho, porque, como de vieja data lo tiene por sentado la Sala, la ausencia de los presupuestos de la inmediatez y la subsidiariedad en la solicitud de amparo constitucional no son un obst\u00e1culo insalvable para el amparo de los derechos esenciales cuando estos resultan grosera y abiertamente quebrantados, como aqu\u00ed ocurri\u00f3, al desconocerse las reglas fijadas para la realizaci\u00f3n del trabajo partitivo y su aprobaci\u00f3n. <\/p>\n

En cuanto a los presupuestos de procedibilidad en comento esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n

En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, la Sala concedi\u00f3 la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovi\u00f3 en forma oportuna el amparo, con el fin de \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (CSJ STC, 12 oct. 2012, rad. 2012-1545-01) <\/p>\n

Igualmente, se acept\u00f3 que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n bajo an\u00e1lisis: <\/p>\n

(\u2026) \u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n. (CSJ STC, 13 ago. 2013, rad. 2013-093-01) (CSJ STC11770-2017, 9 ago., rad. 2017-01980-00). <\/p>\n

7.\tLo dicho impone ratificar la sentencia de primer grado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado, pero por las precisas razones aqu\u00ed consignadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, por Secretar\u00eda exp\u00eddanse las copias reclamadas por el impugnante a folio 40 de este cuaderno, a su costa, para lo que considere pertinente, y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \t\u00abPARTIDA \tQUINTA: COMPENSACI\u00d3N por la suma de ($1\u2019988.331.948 \t[sic]), que debe restituir\u2026 Janeth M\u00e9ndez Camargo a la \tsociedad conyugal por concepto de salarios, comisiones por ventas, \tprestaciones laborales, devengados por ella desde marzo de 2003 a \tdiciembre de 2012 y de septiembre de 2014 [a] marzo 11 de 2015 en la \tempresa CASALIMPIA S.A., en forma neta. \t<\/p>\n

Conforme \tal balance contable que se aduce elaborado por la contadora \tp\u00fablica\u2026, la se\u00f1ora Janeth M\u00e9ndez \tCamargo, tuvo ingresos desde el a\u00f1o 2013 al 2015 por la suma \tde $4.018.915.833\u2026; cantidad de dinero de la cual se resta la \tsuma de $2.030.583.855 por concepto de deducciones, da como saldo \tneto por concepto de salarios, comisiones por venta y prestaciones \tlaborales la suma de $1\u2019988.331.948 [sic]; m\u00e1s la suma \tde $910.390.832 por concepto de ahorro A.F.C., Davivienda y \tpensiones voluntarios Porvenir, para un gran total de $2\u2019898.722.780 \t[sic], conforme al balance contable elaborado con la documental \tcontenida en la contestaci\u00f3n de la demanda laboral hecha por \tCasa Limpia S.A., dentro del proceso laboral No. 2013-00338-00, a \tinstancia de Janeth M\u00e9ndez Camargo que se aduce con calidad \tde aut\u00e9ntico\u00bb.
\n2 \t\u00ab…siendo \tla sentencia aprobatoria de \u00e9sta o de la adjudicaci\u00f3n \tla \u00fanica providencia sustantiva del proceso, es all\u00ed \tdonde, para efecto liquidatorio, se precisan los derechos de quienes \ten el juicio intervinieron y no en los autos intermedios, que aunque \ttengan la jerarqu\u00eda de interlocutorios y se hallen \tejecutoriados, no atan al tallador, dado que se trata de \tprovidencias que no hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada \tmaterial…\u00bb \t(CSJ \tSTC2356-2015).
\n3 \tEl tratadista Roberto Suarez Franco en su obra Derechos Sucesiones \taduce que \u00ab[c]onforme a lo dispuesto por el art\u00edculo \t1312 de nuestro C\u00f3digo Civil, tienen derecho a reclamar con \tel respectivo inventario, los herederos presuntos, el albacea, el \tc\u00f3nyuge o el compa\u00f1ero sobreviviente, el curador de la \therencia yacente, los socios de comercio, los fideicomisarios y \ttambi\u00e9n los favorecidos con legados, y todo acreedor \thereditario que presente el t\u00edtulo de su cr\u00e9dito. El \tinventario, reflejo del patrimonio del causante, es el fundamento \tpara confeccionar la partici\u00f3n; y no por el hecho de que los \tacreedores y legatarios dejen de intervenir en \u00e9l, pierden el \tderecho a que sus reclamaciones sean atendidas; entonces ni en la \tpartici\u00f3n pueden ser sacrificados sus derechos\u00bb. Pg. \t415.
\n4 \tRoberto Suarez Franco en la mencionada obra al tocar el tema de la \tpartici\u00f3n de los bienes se\u00f1ala que es posible atacar \tpor la v\u00eda ordinaria la partici\u00f3n de bienes, dado que \t\u00abel \tart\u00edculo 1405 del C\u00f3digo Civil, consagra como \tprincipio genera el que las particiones se anulan o rescinden de la \tmisma manera que los contratos (\u2026) para efectos de la acci\u00f3n \tde rescisi\u00f3n. Y ello es explicable, seg\u00fan Somarriva, \tpor la importancia fundamental que juega la voluntad de las partes, \tdado que se trata de una convenci\u00f3n\u00bb. \tPg. 411.
\n5 \tPedro \tLafont Pianetta. Derecho de Sucesiones. Pg. 503.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2352-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2017-00888-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por William Alay\u00f3n Alay\u00f3n frente al fallo proferido el 5 de diciembre de 2017 por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101659","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101659","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101659"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101659\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101659"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101659"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101659"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}