{"id":101660,"date":"2026-07-01T18:39:07","date_gmt":"2026-07-01T18:39:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101660"},"modified":"2026-07-01T18:39:07","modified_gmt":"2026-07-01T18:39:07","slug":"stc2353-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2353-2018\/","title":{"rendered":"STC2353-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2353-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 52001-22-13-000-2017-00306-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el cinco de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Myriam del Carmen Ram\u00edrez Arteaga contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a Ricardo Guti\u00e9rrez Ortiz y a las dem\u00e1s personas con inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del tr\u00e1mite. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a los cargos p\u00fablicos que considera vulnerados por la entidad accionada por cuanto procedi\u00f3 a autorizar el traslado de un concursante que ocupaba el puesto 93 en la lista de elegibles, desconociendo que ella ten\u00eda \u00abmejor derecho de m\u00e9rito\u00bb para ocupar el cargo de sustanciador al cual aspir\u00f3. <\/p>\n

Reclam\u00f3, en consecuencia, que se le ordene a la accionada: (i) nombrarla, en per\u00edodo de prueba, en la ciudad de Pasto en el cargo de sustanciador 4SU-11 de la Procuradur\u00eda 156 Judicial II Administrativa de Pasto que qued\u00f3 vacante por renuncia de su titular; (ii) proveer las nuevas vacantes que resulten en esa sede para el mencionado cargo con estricta utilizaci\u00f3n de la lista de elegibles; (iii) revocar todo proceso de traslado para el cargo por el tiempo de vigencia del registro de elegibles, en especial el tr\u00e1mite adelantado por Ricardo Guti\u00e9rrez Ortiz y (iv) abstenerse de dar tr\u00e1mite a solicitudes de traslado a la ciudad de Pasto para el empleo indicado durante la vigencia del registro de elegibles. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. La accionante particip\u00f3 en la convocatoria No. 108 de 2015 de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, mediante la cual se dio inici\u00f3 al concurso abierto de m\u00e9ritos para proveer cargos de carrera en la entidad, entre ellos el de \u201cSustanciador 4SU-11\u201d, que en la ciudad de Pasto ten\u00eda dos vacantes, siendo esa la sede que eligi\u00f3 como principal. <\/p>\n

3. La Procuradur\u00eda procedi\u00f3 a nombrar a los concursantes de la lista de elegibles seg\u00fan la sede principal solicitada; en el caso de Pasto, efectu\u00f3 el nombramiento de los dos primeros aspirantes en las \u00abdos vacantes que exist\u00edan\u00bb. <\/p>\n

4. Agotados los cargos ofertados en la mencionada ciudad, el 26 de mayo de 2017 fue notificada del Decreto 2818 de 15 de mayo de ese a\u00f1o, en el que se le nombr\u00f3, en periodo de prueba, en el cargo de \u201cSustanciador 4SU-11\u201d de la Procuradur\u00eda 58 Judicial I Adm inistrativa de Cali, designaci\u00f3n que no acept\u00f3 porque cambiar de localidad afectar\u00eda la unidad de su familia, raz\u00f3n por la que solicit\u00f3 no ser excluida de la lista de elegibles y que se le tuviera en cuenta para la ciudad de Pasto en caso que resultara una vacante, adem\u00e1s, por ser esa la sede que escogi\u00f3 al inscribirse en el concurso de m\u00e9ritos. <\/p>\n

5. En respuesta a su petici\u00f3n, la Secretar\u00eda General de la Procuradur\u00eda, mediante oficio SG 003660 de 16 de junio de 2017, le inform\u00f3 que proceder\u00eda a revocar el nombramiento efectuado y en caso de presentarse una vacante en la localidad peticionada \u00abse proceder\u00e1 a analizar su situaci\u00f3n particular\u2026respetando un estricto orden descendente y los derechos que tienen los dem\u00e1s integrantes de la mencionada lista de elegibles\u00bb. <\/p>\n

6. Posteriormente, una de las personas que fue nombrada en Pasto para el cargo al que ella concurs\u00f3, present\u00f3 renuncia, la cual fue aceptada a partir del 12 de septiembre de 2017, lo que origin\u00f3 que el puesto quedara vacante. <\/p>\n

7. Atendiendo tal situaci\u00f3n, solicit\u00f3 a la accionada que procediera a nombrarla en dicha sede por considerar que ante la vacante generada, \u00abal obtener el puesto n\u00famero 26, soy la siguiente en la lista para la ciudad de Pasto\u00bb, pero la Procuradur\u00eda solo le contest\u00f3 que \u00abteniendo en cuenta la dimensi\u00f3n de la labor de recomposici\u00f3n de listas y la asignaci\u00f3n de los cargos a\u00fan no provistos, le ser\u00e1 oportunamente comunicado nuevo nombramiento atendiendo las reglas enunciadas\u00bb. <\/p>\n

8. Ante la falta de respuesta de fondo, reiter\u00f3 su petici\u00f3n y requiri\u00f3 que no se \u00abprocediera con el tr\u00e1mite de las solicitudes de traslado presentadas por otros participantes del concurso, habida cuenta de la prelaci\u00f3n del orden elegibilidad de la lista adoptada mediante Resoluci\u00f3n No. 113 del 7 de abril de 2017\u2026cuya vigencia es de dos a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n

9. Mediante oficio SG 07703 de 1\u00ba de noviembre de 2017 se le comunic\u00f3 que no era procedente pronunciarse al respecto atendiendo que la normativa rectora de los traslados al interior de la entidad, \u00ablas particularidades de cada caso, deben ser analizadas por la Comisi\u00f3n de Personal\u00bb. <\/p>\n

10. El 22 de noviembre siguiente, la entidad accionada le inform\u00f3 que el cargo de su inter\u00e9s en la ciudad de Pasto, fue prove\u00eddo mediante traslado del funcionario Ricardo Guti\u00e9rrez Ortiz, quien particip\u00f3 en el mismo concurso y hab\u00eda sido designado en la sede Bogot\u00e1. <\/p>\n

11. En criterio de la tutelante, tal designaci\u00f3n es totalmente contraria al m\u00e9rito y violatoria de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a cargos p\u00fablicos mediante carrera administrativa, puesto que \u00abno puede ser posible que un concursante quien ocup\u00f3 el puesto 93 en lista de elegibles, ahora por medio de traslado y aun estando en firme y vigente la lista de elegibles se le nombre en sede de Pasto por encima de los concursantes que ocuparon el puesto 21 y 36 que poseen mejor derecho de m\u00e9rito\u00bb. <\/p>\n

12. Indic\u00f3 que es cabeza de hogar, pues su n\u00facleo familiar est\u00e1 conformado por su se\u00f1or padre de 85 a\u00f1os de edad, quien presenta graves problemas de salud y depende absolutamente de ella para la atenci\u00f3n de sus necesidades b\u00e1sicas, de la misma manera que su hijo, quien tiene 7 a\u00f1os de edad y no cuenta con la ayuda del progenitor desde que cumpli\u00f3 dos a\u00f1os de vida.
\nC. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 22 de noviembre de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se corri\u00f3 traslado a todos los interesados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 63, c. 1]
\n2. El concursante Mario Burbano Gelpud coadyuv\u00f3 las pretensiones de la accionante al expresar que son ciertos los hechos expuestos en la tutela y solicit\u00f3 amparar los derechos invocados por cuanto \u00abel actuar del accionado al autorizar traslados de los ahora funcionarios que fueron elegibles y que ocuparon un puesto inferior en la lista de elegibles de los ahora accionantes y coadyuvantes, en la sede Pasto y en otras sedes a sabiendas de que existe una lista de elegibles vigente y que los elegibles est\u00e1n a la espera de nombramiento en vacantes ofertadas y en vacantes que se lleguen a generar es una conducta que vulnera gravemente derechos fundamentales y respetuosamente manifiesto es un burlesco a los principios del m\u00e9rito y m\u00e1s a\u00fan reprochable la \u00e9tica de los antes elegibles y ahora funcionarios acudan a procesos de traslados aun sabiendo que sus compa\u00f1eros de convocatoria y de lista de elegibles poseen mayores derechos de m\u00e9rito\u00bb. [Folios 68-71, c.1] <\/p>\n

El apoderado de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n manifest\u00f3 que acorde \u00abal concepto favorable del doctor Corredor G\u00f3mez adscrito al despacho del Viceprocurador General\u00bb se establece que cuando una persona toma posesi\u00f3n en periodo de prueba y posteriormente presenta renuncia, como sucedi\u00f3 en el presente caso, la entidad puede disponer de ese cargo a su discrecionalidad, ya que no existe obligaci\u00f3n o norma que disponga su provisi\u00f3n nuevamente mediante nombramiento en periodo de prueba, por lo tanto esos cargos pueden ser excluidos de las listas. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se\u00f1al\u00f3 que la entidad no tiene obligaci\u00f3n de volver a proveer el cargo con otra persona de la lista de elegibles, teniendo en cuenta que a la tutelante no se le ha expedido decreto de nombramiento \u00abpor lo que se trata de una mera expectativa\u00bb una vez la entidad proceda a efectuar la recomposici\u00f3n de la lista de elegibles, en cambio, \u00abel se\u00f1or Guti\u00e9rrez Ortiz, servidor inscrito en carrera administrativa con derecho consolidado, tiene mejor opci\u00f3n o derecho sobre el cargo vacante pleno\u00bb. <\/p>\n

De igual modo agreg\u00f3 que si la actora no est\u00e1 de acuerdo con la decisi\u00f3n adoptada por esa entidad, cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo ante lo cual puede incluso solicitar la suspensi\u00f3n del acto administrativo que dispuso el traslado del se\u00f1or Guti\u00e9rrez Ortiz. [Folios 98-102, c.1] <\/p>\n

La participante Amanda Carolina Ceballos Mart\u00ednez, se\u00f1al\u00f3 que ocup\u00f3 el puesto 29 en la lista de elegibles, raz\u00f3n por la cual fue nombrada en periodo de prueba en la sede de Cali pese a que se inscribi\u00f3 para la ciudad de Pasto por ser el sitio donde se encuentra radicada su familia, aunado a que se encuentra en estado de embarazo con amenaza de aborto. <\/p>\n

Por consiguiente manifest\u00f3 que la solicitud de traslado de Ricardo Guti\u00e9rrez Ortiz tambi\u00e9n vulner\u00f3 su derecho de m\u00e9rito por cuanto ocup\u00f3 en la lista de elegibles un puesto superior al que result\u00f3 beneficiado con el cambio de sede, por lo que solicita se reconsidere \u00absu inter\u00e9s de traslado, salvaguardando su estado de salud como el de su hijo no nato\u00bb [Folios 126-134,c.1] <\/p>\n

A su turno, Ana Cristina Fajardo Guerrero, tambi\u00e9n concursante, solicit\u00f3 no acoger las pretensiones de la accionante por cuanto el cargo referido por la quejosa fue ofertado en la convocatoria 108 de 2015, pero ocupado por un integrante de la lista de elegibles, que luego de su posesi\u00f3n renunci\u00f3 al mismo, lo cual hizo que el puesto quedara vacante \u00abpor lo tanto se convierte en un cargo no ofertado que requiere un nuevo concurso de m\u00e9ritos. As\u00ed las cosas, debe proveerse la lista de elegibles con las vacantes ofertadas y que no fueron aceptadas durante el concurso de m\u00e9ritos entre las cuales no se encuentra esta plaza, para garantizar igualmente el derecho de traslado de los empleados de carrera\u00bb. [Folios 202-203, c.1] <\/p>\n

Por su parte, el vinculado Ricardo Gutierrez Ortiz expres\u00f3 que al igual que la tutelante se inscribi\u00f3 para la convocatoria 108 de 2015 en la que logr\u00f3 superar todas las etapas y quedar inscrito en lista de elegibles; que al momento de su inscripci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 como sede principal la ciudad de Pasto; sin embargo, mediante Decreto No. 2896 de 15 de mayo de 2017 fue nombrado en per\u00edodo de prueba en el cargo al que concurs\u00f3 con sede en Bogot\u00e1, \u00abaceptando tal designaci\u00f3n, pese a no haber sido nombrado en las 4 sedes de preferencia, por temor a la exclusi\u00f3n de la lista de elegibles\u00bb. <\/p>\n

Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que el 9 de junio de ese a\u00f1o, se posesion\u00f3 y vencido el per\u00edodo de prueba el 13 de octubre siguiente, fue calificado su desempe\u00f1o como excelente, por lo que el 18 de octubre de 2017 se le inscribi\u00f3 en el Registro \u00danico de Inscripci\u00f3n de Carrera de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, ratificando sus derechos de carrera administrativa.
\nAs\u00ed mismo, refiri\u00f3 que \u00abPor lo tanto no le asiste raz\u00f3n a la accionante al afirmar que mi traslado es un \u201checho totalmente contrario al m\u00e9rito, violatorio de derechos fundamentales\u2026puesto que al ser funcionario inscrito en carrera administrativa, me encuentro excluido de la lista de elegibles, y no me son aplicables las normas para la provisi\u00f3n de cargos de carrera, como en el caso de la accionante que si se mantiene en lista de elegibles y en la que s\u00ed es determinante mi ubicaci\u00f3n en la lista de elegibles. Por lo que no se discute mi posici\u00f3n en la lista de elegibles sino mi derecho para solicitar y se me conceda un traslado\u00bb. <\/p>\n

De igual modo, expres\u00f3 que \u00abNo se puede comparar el derecho consolidado de un funcionario de carrera administrativa con la mera expectativa de los concursantes que se encuentran en una lista de elegibles de ser nombrados en un cargo de planta globalizada donde sus preferencias son \u00fanicamente una referencia, m\u00e1s a\u00fan cuando la accionante rechaz\u00f3 su nombramiento legalmente efectuado y acept\u00f3 las implicaciones del mismo, esto es, esperar que eventualmente en el curso de la vigencia de la lista de elegibles se le nombre en una vacante donde ostente mejor derecho que otra, situaci\u00f3n que no se presenta en el presente caso al ser evidente que el suscrito tiene mejor derecho, al ya estar inscrito en carrera y tener consolidada una situaci\u00f3n jur\u00eddica, como es la de estar ejerciendo legalmente el cargo en la Procuradur\u00eda\u00bb. [Folios 207-218, c.1] <\/p>\n

Finalmente, el Procurador 20 Judicial en Asuntos de Infancia, Adolescencia y Familia de Pasto se\u00f1al\u00f3 que no existe vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por cuanto Ricardo Guti\u00e9rrez Ortiz fue nombrado y posesionado en un cargo de carrera administrativa, super\u00f3 el periodo de prueba de cuatro meses y obtuvo el concepto favorable por parte de la Comisi\u00f3n de Personal para su traslado a la sede territorial de Pasto como lo exige el numeral cuarto del art\u00edculo 71 del Decreto Ley 262 de 2000, por tanto la quejosa sigue conservando la expectativa de ser designada una vez la entidad empleadora realice la recomposici\u00f3n de la lista de elegibles, momento en el cual le ser\u00e1 satisfecho su inter\u00e9s en ingresar al servicio p\u00fablico. [Folios 268-275, c.1] <\/p>\n

3. Mediante sentencia de 5 de diciembre de 2017, el Tribunal Superior de Pasto deneg\u00f3 el amparo, tras se\u00f1alar que si la actora considera que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n le ha causado un agravio injusto e ilegitimo, cuenta con los medios de control que la Ley 1437 de 2011 prev\u00e9 para aniquilar la presunci\u00f3n de legalidad de que goza el acto administrativo que concedi\u00f3 el traslado de Ricardo Guti\u00e9rrez Ortiz, aunado a que no se acredit\u00f3 un perjuicio irremediable por cuanto la quejosa continua formando parte de la lista de elegibles y por tanto, tiene la posibilidad de ser nombrada en algunos de los cargos ofertados y que no se hayan prove\u00eddo. <\/p>\n

De igual forma advirti\u00f3 que si bien, en principio, debe entenderse que quien supera un concurso de m\u00e9ritos, tiene el derecho de acceder al cargo p\u00fablico para el cual opt\u00f3, tal prerrogativa no es definitiva ante la existencia de un concepto favorable de traslado de un empleado de carrera, quien en atenci\u00f3n a esa condici\u00f3n tambi\u00e9n ostenta la prerrogativa leg\u00edtima en tal sentido; adem\u00e1s, el traslado no trae como consecuencia la desaparici\u00f3n de la vacante, pues en virtud suya, subsiste la que deja el funcionario reubicado. [Folios 277-281, c.1]
\n4. En desacuerdo con la anterior decisi\u00f3n, la accionante impugn\u00f3 el fallo con los mismos argumentos de su escrito inicial, agregando que el traslado del se\u00f1or Gutierrez Ortiz le caus\u00f3 un perjuicio irremediable toda vez que fue \u00abdesplazada de una plaza que se ofert\u00f3 en el concurso y cuya vacante se gener\u00f3 por renuncia de uno de los participantes en el mismo, y que por tanto, el da\u00f1o es inmediato y evidente, por ello se acude directamente al amparo\u00bb. [Folios 288-290, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Como en m\u00faltiples ocasiones lo ha indicado la Corte, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta con la que se busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o a\u00fan de los particulares, en los casos establecidos por la ley. Por su car\u00e1cter excepcional, se exige que su ejercicio sea oportuno y que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial para procurar la salvaguarda de sus derechos. <\/p>\n

2. Los concursos de m\u00e9ritos son el mecanismo id\u00f3neo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida las capacidades, la preparaci\u00f3n y las aptitudes generales y espec\u00edficas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quien mejor pueda desempe\u00f1arlo. El concurso, por su propia naturaleza de competitividad, se aparta de todo tipo de influencias por asegurar imparcialidad e igualdad.
\nLo anterior significa que tales medios de selecci\u00f3n deben seguir un orden y un procedimiento de conformidad con las disposiciones que se establecen en las respectivas convocatorias. Todo ello con el fin de preservar los principios de publicidad y transparencia de las actuaciones de la Administraci\u00f3n; de conferir vigencia al principio de buena fe y la confianza leg\u00edtima; y de garantizar el principio de la igualdad y el acceso a los cargos p\u00fablicos de las personas que participen y superen las respectivas pruebas. <\/p>\n

Sobre el particular, ha sostenido la Corte Constitucional que \u00abla entidad estatal que convoca a un concurso abierto con la finalidad de escoger personal para suplir cargos de su planta, debe respetar las reglas que ella misma ha dise\u00f1ado y a las cuales deben someterse los participantes\u00bb (T-843 de 2009). <\/p>\n

Por manera que cualquier desconocimiento a las reglas preestablecidas en las respectivas convocatorias, constituye una violaci\u00f3n, tanto de los principios arriba se\u00f1alados como al derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n

3. En el sub examine, la accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales por parte de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, dentro de la Convocatoria No. 108 de 2015 para proveer el cargo de \u00abSustanciador 4SU-11\u00bb, pues estima que en su caso al renunciar el participante en per\u00edodo de prueba que fue nombrado en el cargo para el que ella se present\u00f3, qued\u00f3 el puesto vacante y al estar vigente la lista de elegibles \u00abdebe utilizarse esta herramienta para favorecer el m\u00e9rito y no un traslado para suplirlo (\u2026) De tal forma que, el haber aceptado un tr\u00e1mite de traslado existiendo una lista de elegibles vigente, vulnera la norma sobre la cual se basa la convocatoria\u00bb y sus garant\u00edas superiores, pues era la concursante con m\u00e1s derecho para ocupar dicho cargo en raz\u00f3n a su ubicaci\u00f3n en la lista de elegibles. <\/p>\n

En su sentir, se afectaron sus derechos fundamentales al aceptar la entidad demandada el traslado de un concursante que en la lista de elegibles hab\u00eda ocupado el puesto 93, cuando exist\u00edan participantes con mejor ubicaci\u00f3n, como en su caso, \u00abpuesto 26\u00bb y tercera para la sede de Pasto aunado a que en diversas ocasiones hab\u00eda expresado su inter\u00e9s de ser nombrada en dicho lugar, pedimento que fue ignorado y en su lugar se procedi\u00f3 a autorizar el cambio de ciudad del se\u00f1or Ricardo Guti\u00e9rrez Ortiz bajo \u00abun concepto sin fundamento legal\u00bb y que contraviene lo reglado en la convocatoria a la que se sujet\u00f3. <\/p>\n

Ahora bien, de acuerdo a la respuesta obtenida por la entidad accionada y a lo obrante en la actuaci\u00f3n, se tiene que Ricardo Guti\u00e9rrez Ortiz, quien particip\u00f3 en la convocatoria para el mismo cargo al que se present\u00f3 la quejosa, obtuvo el puesto 93 en la lista de elegibles y fue nombrado en la ciudad de Bogot\u00e1; superado el periodo de prueba, el 13 de octubre de 2017 solicit\u00f3 traslado ante la Comisi\u00f3n de Personal a la ciudad de Pasto, \u00abargumentando unidad familiar\u00bb e indicando como \u00abposible plaza la Procuradur\u00eda 156 Judicial II Administrativa de Pasto, teniendo en cuenta que el sustanciador de dicha dependencia, encontr\u00e1ndose en periodo de prueba renunci\u00f3\u00bb y el 18 de octubre de 2017, fue inscrito en el Registro \u00danico de Inscripci\u00f3n de Carrera de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n

De igual modo, por informaci\u00f3n de la accionada se supo que en sesi\u00f3n de 7 de noviembre de ese a\u00f1o, la Comisi\u00f3n, estudi\u00f3 y deliber\u00f3 \u00abemitiendo CONCEPTO FAVORABLE\u00bb a la solicitud de traslado, el cual fue materializado mediante Decreto 6080 del 16 de noviembre siguiente, luego de considerarse que cuando una persona toma posesi\u00f3n en periodo de prueba y posteriormente renuncia, la entidad \u00abpuede disponer de ese cargo a su discrecionalidad\u00bb, ya que no existe obligaci\u00f3n o norma que disponga su provisi\u00f3n nuevamente mediante nombramiento en periodo de prueba de la lista de elegibles. <\/p>\n

4. Como aspecto preliminar debe analizarse la procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela en este caso, pues trat\u00e1ndose de un instrumento residual y subsidiario, su procedencia est\u00e1 supeditada a que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial, o a que existiendo aquel no resulte id\u00f3neo y eficaz para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas superiores transgredidas, o a que a pesar de la existencia de un mecanismo de defensa dentro del ordenamiento jur\u00eddico, la tutela se hace necesaria para evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio de car\u00e1cter irremediable. <\/p>\n

Trat\u00e1ndose de procesos de selecci\u00f3n de entidades p\u00fablicas que se realizan mediante concursos de m\u00e9ritos, la jurisprudencia constitucional ha hecho \u00e9nfasis en que de manera excepcional procede la acci\u00f3n de amparo si se constata la violaci\u00f3n de derechos fundamentales, pero en tal evento si los medios ordinarios de defensa previstos en la ley tienen la capacidad de ofrecer una soluci\u00f3n integral frente al menoscabo de tales garant\u00edas pero la respuesta de la Administraci\u00f3n de Justicia no ser\u00e1 pronta, la tutela procede como mecanismo transitorio hasta que sea resuelto el instrumento del derecho com\u00fan; en cambio, si los mecanismos existentes en el ordenamiento positivo no est\u00e1n en posibilidad cierta de remediar de forma total la vulneraci\u00f3n, la protecci\u00f3n constitucional debe concederse de manera definitiva. <\/p>\n

En ese sentido, en un pronunciamiento de reiteraci\u00f3n jurisprudencial, la Corte Constitucional sostuvo: <\/p>\n

Acogiendo el mandato contenido en el art\u00edculo 6 del decreto 2591 de 1991, esta Corporaci\u00f3n ha determinado que\u00a0las acciones contencioso administrativas no consiguen en igual grado que la tutela, el amparo jurisdiccional de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados en los procesos de vinculaci\u00f3n de servidores p\u00fablicos,\u00a0cuando ello se hace por concurso de m\u00e9ritos, pues muchas veces el agotamiento de dichas acciones implica la prolongaci\u00f3n en el tiempo de su vulneraci\u00f3n y no consiguen la protecci\u00f3n del derecho a la igualdad concretamente, ya que, en la pr\u00e1ctica, ellas tan solo consiguen una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica del da\u00f1o causado,\u00a0la reelaboraci\u00f3n de la lista de elegibles (cuando inconstitucionalmente se ha excluido a un aspirante o se le ha incluido en un puesto inferior al que merece)\u00a0y, muchas veces, la orden tard\u00eda de nombrar a quien verdaderamente tiene el derecho de ocupar el cargo, pero sin que realmente pueda restablecerse el derecho a permanecer en \u00e9l durante todo el tiempo que dura el proceso contencioso administrativo\u00a0y con lo cual se ve seriamente comprometido el derecho, tambi\u00e9n fundamental, a la participaci\u00f3n en la conformaci\u00f3n, ejercicio y control del poder pol\u00edtico, en la modalidad de acceder al desempe\u00f1o de funciones y cargos p\u00fablicos\u2019. (T-388\/98 M.P. Fabio Mor\u00f3n. Resaltado fuera de texto)\u201d. (CC, T-947-2012, 16 Nov. 2012, Rad. T-3.555.847). <\/p>\n

En ese orden y atendiendo que la controversia sometida a la consideraci\u00f3n de esta Sala involucra los derechos de aspirantes a un cargo de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n que participaron en el concurso de m\u00e9ritos convocado por dicha entidad, los cuales se consideran quebrantados por la autorizaci\u00f3n del traslado de un funcionario que habiendo participado en la misma convocatoria obtuvo un puntaje muy inferior al de la accionante, la acci\u00f3n de tutela se advierte como la v\u00eda que resulta m\u00e1s eficaz para el reclamo de las prerrogativas superiores y para su eventual protecci\u00f3n de ser el caso.
\n\u00a0
\n5. El Decreto 262 de 2000, \u201cPor el cual se modifican la estructura y la organizaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y del Instituto de Estudios del Ministerio P\u00fablico\u201d, que contiene normas que regulan el funcionamiento de la entidad y modifican el r\u00e9gimen de carrera am\u00e9n de disciplinar las situaciones administrativas de sus funcionarios, establece en su art\u00edculo 216 que \u00abLa provisi\u00f3n de los empleos objeto de convocatoria ser\u00e1 efectuada con quien ocupe el primer puesto en la lista y en estricto orden descendente\u00bb, precisando que una vez realizados \u00ablos respectivos nombramientos para proveer los empleos objeto de la convocatoria u otros iguales a \u00e9stos, se retirar\u00e1n de la lista de elegibles los servidores en los que hayan reca\u00eddo dichos nombramientos, salvo que no hayan aceptado o no se hayan posesionado por razones ajenas a su voluntad. El nominador deber\u00e1 utilizar las listas en estricto orden descendente, para proveer las vacantes que se presenten en el mismo empleo o en otros iguales, para los cuales se exijan los mismos requisitos, o en empleos de inferior jerarqu\u00eda…\u00bb. <\/p>\n

Acorde con la disposici\u00f3n precitada, los empleos que la entidad incluye en la convocatoria a concurso de m\u00e9ritos deben proveerse recurriendo a la lista de elegibles y el nombramiento correspondiente recaer\u00e1 sobre quien haya obtenido el puntaje requerido para ubicarse en el primer puesto de la lista y si no es posible proveer el cargo con dicho aspirante, la entidad deber\u00e1 nombrar a quien siga en estricto orden descendente. <\/p>\n

En el evento de llegarse a presentar una vacante en ese empleo, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n tiene el deber de llenarla utilizando la lista, toda vez que luego de efectuados los nombramientos con base en esta y contrario a lo que sostuvo la accionada en su defensa, son los servidores designados los que son excluidos de la lista de elegibles, pero no se excluye el cargo del sistema de provisi\u00f3n creado legalmente, esto es, del sistema de carrera y por eso la norma citada precept\u00faa que \u00ablas vacantes que se presenten en el mismo empleo\u00bb deben proveerse recurriendo a la aludida lista en tanto aquella se encuentre vigente. <\/p>\n

Lo anterior porque no se trata de un cargo nuevo que no fue ofertado en la convocatoria, sino de uno que hizo parte de ese acto administrativo, y porque el Decreto citado prev\u00e9 el sistema de carrera basado en el m\u00e9rito como regla general de provisi\u00f3n de los empleos ofertados por la entidad para procesos de selecci\u00f3n. <\/p>\n

En ese orden de ideas, si el cargo de \u201cSustanciador 4SU-11\u201d fue objeto de la convocatoria No. 108 de 2015 para su provisi\u00f3n por el sistema de carrera, cualquier vacante que se presente en ese cargo, sea por la raz\u00f3n que sea, incluida la de renuncia del empleado designado en ese empleo, este debe proveerse con la lista de elegibles siempre que la misma se encuentre vigente, lo que ocurre en el caso estudiado por la Sala, porque ese listado, el cual se elabora en riguroso orden de m\u00e9rito, seg\u00fan el art\u00edculo 216 citado \u00abTendr\u00e1 vigencia de dos (2) a\u00f1os contados a partir de la fecha de su publicaci\u00f3n\u2026\u00bb, esto es, entre el 7 de abril de 2017 y el 7 de abril de 2019, dado que se public\u00f3 en la indicada fecha inicial mediante la Resoluci\u00f3n No. 113. <\/p>\n

No se puede ignorar que \u00abquienes integran la lista de elegibles tienen un derecho constitucional a ser nombrados y en consecuencia, las entidades nominadoras deben respetar el orden de la lista y dar prevalencia a quien haya ocupado los primeros lugares\u00bb (CC, T-402-2012, 31 Mar. 2012, Rad. T-3281110). <\/p>\n

Ahora bien, el art\u00edculo 184 del mencionado decreto, establece que la \u00abprovisi\u00f3n de los empleos de carrera por vacancia definitiva se har\u00e1 de acuerdo con el orden de prioridad establecido en el art\u00edculo 190 de este decreto. Si no fuere posible, el empleo se proveer\u00e1, previo concurso, por nombramiento en per\u00edodo de prueba, o en propiedad cuando se supere el per\u00edodo de prueba o cuando se ascienda sin cambiar de nivel, como resultado de un concurso de m\u00e9ritos\u00bb. <\/p>\n

Significa lo anterior que es posible exceptuar la provisi\u00f3n de un empleo de carrera con la lista de elegibles, si se presenta alguno de los \u00f3rdenes de elegibilidad que prevalecen sobre aquella, los cuales est\u00e1n contemplados en el art\u00edculo 190, a cuyo tenor: <\/p>\n

La provisi\u00f3n definitiva de los empleos de carrera se har\u00e1 teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridad: <\/p>\n

1) Con la persona inscrita en la carrera de la Procuradur\u00eda General que deba ser trasladada por haber demostrado su condici\u00f3n de desplazada por razones de violencia o corra riesgo inminente su seguridad personal. <\/p>\n

2) Con la persona que al momento de su retiro de la Procuradur\u00eda era titular de derechos de carrera y cuyo reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial. <\/p>\n

3) Con la persona inscrita en carrera de la Procuradur\u00eda a la cual se le haya suprimido el cargo y hubiere optado por el derecho preferencial a ser incorporado a empleos equivalentes. <\/p>\n

4) Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento, ocupe el primer puesto en la lista de elegibles vigente. <\/p>\n

En efecto, en las pruebas que se recaudaron durante la primera instancia no se encuentra acreditado que el funcionario de carrera Ricardo Guti\u00e9rrez Ortiz tenga la condici\u00f3n de desplazado por la violencia, como tampoco que su seguridad personal corr\u00eda peligro inminente en la sede de Bogot\u00e1, donde desempe\u00f1aba el cargo de \u201cSustanciador 4SU-11\u201d de la Procuradur\u00eda 135 Judicial II Administrativa; adicionalmente, no se trata de un servidor retirado de la entidad cuyo reintegro hubiera sido dispuesto por una autoridad judicial; ni de quien haya sido perjudicado con la supresi\u00f3n de su cargo y hubiera optado por su incorporaci\u00f3n a empleos equivalentes. <\/p>\n

De ese modo, por cuanto ninguno de los \u00f3rdenes de prioridad previstos en la norma concurr\u00eda en el caso del servidor de carrera reubicado, es evidente que su traslado no prevalec\u00eda sobre la lista de elegibles, pues cuando no concurre ninguna de las situaciones preferentes para la provisi\u00f3n de vacancias definitivas de cargos de carrera, esta debe ocuparse atendiendo el cuarto orden de elegibilidad, en el cual se ubica la persona \u00abque al momento en que deba producirse el nombramiento, ocupe el primer puesto en la lista de elegibles vigente\u00bb. <\/p>\n

Desde luego que la reglamentaci\u00f3n general de la estructura y organizaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n contempla la procedencia del traslado de los servidores de carrera por necesidades del servicio o por solicitud del empleado, movilidad que se encuentra prevista en su art\u00edculo 87, conforme al cual \u00abEl traslado definitivo se producir\u00e1 cuando un servidor de la entidad se designe para suplir la vacancia definitiva de un empleo o para intercambiarlo con otro cuyas funciones sean afines al que desempe\u00f1a y tenga la misma naturaleza, categor\u00eda, nomenclatura y remuneraci\u00f3n\u00bb; sin embargo, tal facultad de la entidad no puede ejercerse contraviniendo las reglas que disciplinan la provisi\u00f3n de cargos de carrera en la entidad accionada, ni quebrantando los derechos fundamentales de quienes aspiran a ingresar a ella por concurso de m\u00e9ritos. <\/p>\n

La autorizaci\u00f3n de traslados de servidores p\u00fablicos en reg\u00edmenes de carrera no es una facultad que el nominador pueda ejercer con total discrecionalidad, sino que debe estar orientada a alcanzar la prestaci\u00f3n del servicio por la persona que resulte m\u00e1s id\u00f3nea para el desempe\u00f1o de la funci\u00f3n asignada, de ah\u00ed que las decisiones que se adopten al interior de la entidad en esa materia deben guiarse por criterios objetivos, exigencia que hay que observar con mayor rigor cuando para la provisi\u00f3n definitiva de un empleo de carrera concurren peticiones de traslado y la lista de elegibles producto del agotamiento del concurso de m\u00e9ritos. <\/p>\n

6. Considera la Sala que en tanto el art\u00edculo 184 del Decreto 262 de 2000 estatuye la forma en que deben proveerse los empleos de carrera con vacancia definitiva y al efecto remite al art\u00edculo 190 que se\u00f1ala los \u00f3rdenes de prioridad que deben ser atendidos por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y dado que ninguna de las situaciones descritas en los tres primeros numerales se presenta en el caso que se analiza, la accionada no gozaba de total discrecionalidad para la provisi\u00f3n de la vacante definitiva en el cargo de \u201cSustanciador 4SU-11\u201d de la Procuradur\u00eda 156 Judicial II Administrativa de Pasto generada por renuncia del integrante de la lista de elegibles en vigencia de su per\u00edodo de prueba, sino que, en principio, se le impon\u00eda dar cumplimiento a lo preceptuado por el art\u00edculo 216 del mencionado decreto en virtud del cual deb\u00eda hacer la provisi\u00f3n del empleo \u00abcon quien ocupe el primer puesto en la lista y en estricto orden descendente\u00bb. <\/p>\n

Ahora bien, atendiendo que se present\u00f3 una solicitud de traslado para el cargo vacante por parte de Ricardo Guti\u00e9rrez Ortiz, servidor de la entidad que por haber superado el per\u00edodo de prueba y la evaluaci\u00f3n de desempe\u00f1o adquiri\u00f3 derechos de carrera, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n estaba en el deber de efectuar el nombramiento a favor del mejor candidato para ocupar el cargo observando criterios objetivos tales como las calidades profesionales de cada uno y sus m\u00e9ritos tanto en el ingreso al sistema de carrera, es decir, los resultados obtenidos en el proceso de selecci\u00f3n, como en el desempe\u00f1o de las funciones asignadas trat\u00e1ndose del solicitante del cambio de sede territorial, de modo que la escogencia se realice acorde con el m\u00e9rito y la profesionalizaci\u00f3n de los empleos ofertados para el concurso de m\u00e9ritos. <\/p>\n

No obstante, la accionada no sigui\u00f3 dicho procedimiento, sino que procedi\u00f3 a autorizar el traslado del servidor de carrera sin reparar en que con esa decisi\u00f3n desacat\u00f3 las reglas de la convocatoria a concurso de m\u00e9ritos y del Decreto 262 de 2000, cuyas normas am\u00e9n de regular el funcionamiento de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, modificaron el r\u00e9gimen de carrera de la entidad, conducta con la cual, adem\u00e1s, vulner\u00f3 los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso al desempe\u00f1o de cargos p\u00fablicos de los integrantes de la lista de elegibles. <\/p>\n

En virtud de lo anterior se hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional a fin de remediar el quebranto de las mencionadas garant\u00edas y restablecer el orden jur\u00eddico. En consecuencia, se dejar\u00e1 sin efectos el Decreto 6080 de 16 de noviembre de 2017 por medio del cual el se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n orden\u00f3 el traslado del servidor de carrera Ricardo Guti\u00e9rrez Ortiz y se le ordenar\u00e1 que, dentro del plazo que ser\u00e1 se\u00f1alado y en aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 87, 190 y 216 del Decreto 262 de 2000 y de la Resoluci\u00f3n 332 de 12 de agosto de 2015 contentiva de la Convocatoria No. 108, proceda a proveer de manera definitiva la vacante definitiva del cargo de \u201cSustanciador 4SU-11\u201d de la Procuradur\u00eda 156 Judicial II Administrativa de Pasto con el candidato de mejores calidades profesionales para el desempe\u00f1o de la funci\u00f3n, atendiendo los criterios objetivos a que se ha hecho alusi\u00f3n, de acuerdo con las normas de carrera de la entidad y el orden de elegibilidad establecido en el art\u00edculo 190 del Decreto 262 de 2000. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de fecha y procedencia se\u00f1aladas y en su lugar, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso al desempe\u00f1o de cargos p\u00fablicos de la accionante y de los dem\u00e1s integrantes de la lista de elegibles. <\/p>\n

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el Decreto 6080 de 16 de noviembre de 2017 por medio del cual el se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n orden\u00f3 el traslado del servidor de carrera Ricardo Guti\u00e9rrez Ortiz. <\/p>\n

TERCERO: ORDENAR a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a que reciba la notificaci\u00f3n de esta sentencia, en aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 87, 190 y 216 del Decreto 262 de 2000 y de la Resoluci\u00f3n 332 de 12 de agosto de 2015 contentiva de la Convocatoria No. 108, proceda a proveer de manera definitiva la vacante definitiva del cargo de \u201cSustanciador 4SU-11\u201d de la Procuradur\u00eda 156 Judicial II Administrativa de Pasto con el candidato de mejores calidades profesionales para el desempe\u00f1o de la funci\u00f3n, atendiendo los criterios objetivos a que se aludi\u00f3 en esta providencia, de acuerdo con las normas de carrera de la entidad y el orden de elegibilidad establecido en el art\u00edculo 190 del Decreto 262 de 2000. <\/p>\n

CUARTO: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, rem\u00edtaseles copia de esta providencia y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC2353-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 52001-22-13-000-2017-00306-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el cinco de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101660","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101660","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101660"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101660\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101660"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101660"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101660"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}