{"id":101667,"date":"2026-07-01T18:40:17","date_gmt":"2026-07-01T18:40:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101667"},"modified":"2026-07-01T18:40:17","modified_gmt":"2026-07-01T18:40:17","slug":"stc2362-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2362-2018\/","title":{"rendered":"STC2362-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2362-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03094-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el seis de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que la Comunidad de Antiguos Habitantes del Caucay\u00e1 \u2013AHC- promovi\u00f3 contra los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Vivienda, Ciudad y Territorio, as\u00ed como la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia \u2013PNNC-, la Agencia Nacional de Tierras \u2013ANT-, la Gobernaci\u00f3n de Putumayo y la Alcald\u00eda Municipal de Puerto Leguizamo. <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

En el libelo que dio origen a la presente acci\u00f3n, los promotores solicitaron el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad humana, m\u00ednimo vital \u00aba las tierras y al territorio de los Antiguos Habitantes del Caucay\u00e1\u00bb y \u00abalimentaci\u00f3n\u00bb, que estiman vulnerados por las autoridades administrativas acusadas dentro del proceso de saneamiento del Parque Nacional Natural La Paya, porque de manera forzada los desplazaron del lugar, sin reconocerles el valor real por las mejoras realizadas e incumplir de modo sistem\u00e1tico, por m\u00e1s de veinte (20) a\u00f1os con sus deberes legales y compromisos adquiridos mediante acuerdos concertados con la comunidad. <\/p>\n

En consecuencia, pretenden que se impartan las siguientes \u00f3rdenes a los encausados: <\/p>\n

1. Parques Nacionales Naturales, a (i) verificar y pagar las mejoras que le corresponden a cada uno de los miembros de la comunidad, en valor real y actual, y (ii) reubicar a quienes fueron trasladados en el 2011 a predios de la vereda \u00abLa Raicita\u00bb, a un lugar habitable, en el que puedan ejercer una actividad productiva \u2013agropecuaria- y cerca de la regi\u00f3n o donde ellos prefieran. <\/p>\n

2. Agencia Nacional de Tierras, a adelantar las actuaciones necesarias tendientes a adquirir las propiedades destinadas a los AHC. <\/p>\n

3. Alcald\u00eda Municipal de Puerto Leguizamo, a iniciar el proceso de titulaci\u00f3n e inscripci\u00f3n de la propiedad en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria de los predios donados por la Fundaci\u00f3n Moore a los AHC, as\u00ed como proceder a urbanizar la regi\u00f3n con participaci\u00f3n de la comunidad, seg\u00fan lo acordado. <\/p>\n

4. Ministerio de Agricultura, a emprender estudios e implementaci\u00f3n de proyectos productivos para los AHC. <\/p>\n

5. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a adoptar medidas para la dotaci\u00f3n de viviendas a los AHC, de conformidad a los acuerdos de construcci\u00f3n de vivienda celebrados con la comunidad en los predios en los que sean reubicados o en los lugares actuales. <\/p>\n

6. A conformar una mesa interinstitucional para el cumplimiento de las anteriores \u00f3rdenes, en la que intervenga un funcionario vocero de la Agencia Nacional de Tierras, de Parque Nacionales Naturales, de la Alcald\u00eda Municipal de Puerto Lenguizamo y de la Delegatura para Asuntos Agrarios y de Tierras de la Defensor\u00eda del Pueblo, este \u00faltimo ser\u00e1 el coordinador de la mesa, garantizar\u00e1 la participaci\u00f3n de los designados por el grupo y rendir\u00e1 informes peri\u00f3dicos acerca del cumplimiento del fallo por parte de la entidades. [Folios 2-13, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos
\n1. Los \taccionantes1 \tpertenecen a la comunidad Antiguos Habitantes del Caucay\u00e1 \t\u2013AHC-, poblaci\u00f3n que se localiza a dos (2) kil\u00f3metros \tde Puerto Leguizamo \u2013Putumayo, cerca al rio Caucay\u00e1, la \tque se conform\u00f3 por la ocupaci\u00f3n ind\u00edgena y \tcampesina que migr\u00f3 a la regi\u00f3n en los a\u00f1os \ttreinta, los primeros por la explotaci\u00f3n de la Casa Arana y \tlos segundos por la confrontaci\u00f3n armada entre las naciones \tde Per\u00fa y Colombia. <\/p>\n

2. Afirman \tlos promotores, que la posesi\u00f3n y organizaci\u00f3n en el \tlugar estuvo fomentada por entidades estales a trav\u00e9s de \tacciones positivas dirigidas a los pobladores, tales como \tadjudicaciones de bienes, incentivos para el desarrollo de la \teconom\u00eda productiva, educaci\u00f3n, entre otros aspectos. <\/p>\n

3. Producto \tde la investigaci\u00f3n realizada en el rio Caucay\u00e1, se \tlogr\u00f3 que la extensi\u00f3n de tierras bald\u00edas \tfueran declaradas como Parque Nacional Natural La Paya \u2013PNN- \tmediante el Acuerdo 015 de 25 de abril de 1984, aprobado por \tresoluci\u00f3n 160 de 24 de agosto de ese a\u00f1o, de tal \tmanera, el \u00e1rea qued\u00f3 blindada con un r\u00e9gimen \tespecial para la protecci\u00f3n, conservaci\u00f3n y \tsaneamiento del ecosistema, lo que implic\u00f3 que las \tcomunidades colonas tuvieran que abandonar el territorio y modificar \tsus proyectos de vida. <\/p>\n

4. A \tpartir del a\u00f1o 1996, Parques Nacionales Naturales de Colombia \t\u2013PNNC- inici\u00f3 la labor de acercamiento con los AHC, con \tel fin de explicarles las nuevas pol\u00edticas que se \timplementar\u00edan en la regi\u00f3n protegida. <\/p>\n

5. En \tese mismo a\u00f1o, empez\u00f3 el proceso de saneamiento que \tcont\u00f3 con la participaci\u00f3n de instituciones \tgubernamentales que analizaron las dos posibilidades al alcance para \tlograr dicha finalidad, estas eran, la expropiaci\u00f3n \tadministrativa o la compra de mejoras, \u00faltima opci\u00f3n \tque eligieron, por respetar de mejor forma los intereses de los \tpobladores, as\u00ed como del lugar de conservaci\u00f3n. <\/p>\n

6. El \tprocedimiento de negociaci\u00f3n entre el Gobierno y los \tintegrantes de AHC tuvo tres etapas de ejecuci\u00f3n \tdesarrolladas durante los a\u00f1os 1997 al 2000, caracterizadas \tpor el retardo en los pagos de las mejoras, as\u00ed como la \tocupaci\u00f3n ilegitima, los da\u00f1os a la biodiversidad y el \tecosistema por malas pr\u00e1cticas y el cultivo de coca en que \treincid\u00edan algunos de los antiguos pobladores, de ah\u00ed \tresultaron los acuerdos del PNN La Paya que abarcaron el \treconocimiento de mejoras, reubicaci\u00f3n, aprestamiento, y \tproyecto de vida rural y urbana a favor de aquellos. [Folios 34-60, \tc.1] <\/p>\n

7. Desde \tesa \u00e9poca las partes han realizado permanentes reuniones de \tconcertaci\u00f3n y adoptado medidas para la ejecuci\u00f3n del \tprograma de saneamiento que se ha visto entorpecido por la falta de \tdisponibilidad presupuestal, de log\u00edstica administrativa e \tincluso circunstancias imprevisibles como el terremoto del eje \tcafetero en 1999, que centr\u00f3 la atenci\u00f3n de la \tpol\u00edtica del Estado Colombiano; sin embargo, tambi\u00e9n \tse ha distinguido por las gestiones interadministrativas y de ayuda \tno gubernamental en b\u00fasqueda de esfuerzos y recursos \tecon\u00f3micos para el cumplimiento de los acuerdos, formulaci\u00f3n \tde nuevas alternativas de cumplimiento, complementaci\u00f3n con \totros planes e instalaci\u00f3n de una mesa local de dialogo, \tproblem\u00e1tica de la que tiene conocimiento el Gobierno Central \ty de la que han surgido compromisos a cargo de los entes participes. <\/p>\n

8. Asimismo, \tentre los compromisos adquiridos por PNNC est\u00e1n, la gestionar \tpresupuesto para la compra de predios, suministro de subsidios de \ttierras, coordinar reuniones, fomentar apoyos y acercamientos \tinterinstitucionales, identificar proyectos que favorezcan a la \tpoblaci\u00f3n, estudio legal de t\u00edtulos, visitas y \tadquisici\u00f3n de inmuebles destinados para la reubicaci\u00f3n, \tas\u00ed como para proyectos productivos y de capacitaci\u00f3n. \t[Folios 110-117, c.1] <\/p>\n

9. En septiembre de 2017, se elabor\u00f3 el \u00abDOCUMENTO DE CARACTERIZACI\u00d3N SOCIOECON\u00d3MICA PREDIAL PRESENTE DE LAS FAMILIAS ANTIGUOS HABITANTES DEL CAUCAYA EN EL MARCO DE LA L\u00cdNEA ESTRAT\u00c9GICA DE USO, OCUPACI\u00d3N Y TENENCIA \u2013 UOT 2016-2017 DEL PNN LA PAYA\u00bb por medio del cual se establecieron las estrategias de intervenci\u00f3n a la problem\u00e1tica durante los a\u00f1os 2017 a 2019, bajo la misi\u00f3n de los AHC, PNNC, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas \u2013CCJ- y la Mesa de Concertaci\u00f3n Nacional \u2013MCN-, as\u00ed como la financiaci\u00f3n de entidades p\u00fablicas, procesos sobre los que se realizaran seguimientos y evaluaciones peri\u00f3dicas por medio de las Mesas Locales Campesinas. [Folios 307-325, c.1] <\/p>\n

10. En el mes de octubre pasado, con mediaci\u00f3n de organizaciones internacionales y del Gobierno se realiz\u00f3 un proyecto que busca \u00abcontribu[ir] al mejoramiento de la soberan\u00eda alimentaria, la econom\u00eda familiar y las condiciones de vida socioecon\u00f3micas y ambientales, a partir de la implementaci\u00f3n de Sistemas Sostenibles Amaz\u00f3nicos para la Conservaci\u00f3n en parcelas agro productivas de los Antiguos Habitantes del Caucaya \u2013 AHC\u00bb. [Folio 340, c.1] <\/p>\n

11. En criterio de los reclamantes del amparo, dentro del proceso de saneamiento sus garant\u00edas superiores fueron lesionadas de modo sistem\u00e1tico por las autoridades accionadas comoquiera que los compromisos adquiridos permanecen sin ejecutarse y sin brindar una soluci\u00f3n real, por lo que la comunidad se halla en estado de indefensi\u00f3n producto del desplazamiento coactivo y del no restablecimiento de derechos; adem\u00e1s, porque la expulsi\u00f3n no mejor\u00f3 el estado de conservaci\u00f3n del \u00e1rea, sino que aument\u00f3 su deforestaci\u00f3n y destrucci\u00f3n, concretamente se quejan (i) de Parques Nacionales Naturales, por cuanto las negociaciones las hizo bajo presiones, en las que algunos habitantes se vieron compelidos a desplazarse y vender las mejoras a bajo costo y otros no recibieron pago alguno, adem\u00e1s, porque desconoce el cumplimiento de los compromisos celebrados, (ii) del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, toda vez que como ente rector de la pol\u00edtica nacional del medio ambiente y los recursos renovables, no ejecuta sus funciones dentro del PNN La Paya, (iii) de la Agencia Nacional de Tierras [antes Incora\/Incoder] dado que desatendi\u00f3 sus deberes legales al no intervenir el proceso de negociaci\u00f3n que result\u00f3 en la expulsi\u00f3n de los predios que ocuparon los AHC y que sigue sin una soluci\u00f3n real, (iv) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio [antes INURBE] habida cuenta que no acata los compromisos asumidos para la construcci\u00f3n de vivienda a favor del grupo, (v) de la Alcald\u00eda Municipal de Puerto Leguizamo en la medida que incumpli\u00f3 los convenios para la construcci\u00f3n de viviendas y formalizaci\u00f3n de los predios comprados con recursos donados por la fundaci\u00f3n Moore para la relocalizaci\u00f3n de los AHC, sumado al desconocimiento de las funciones establecidas en el art\u00edculo 3\u00ba de la ley 1551 de 2012 y (vi) de la Gobernaci\u00f3n del Putumayo porque no vel\u00f3 por la promoci\u00f3n de desarrollo econ\u00f3mico y social, en materia ambiental, as\u00ed como por no coordinar y complementar la acci\u00f3n de la municipalidad. [Folios 2-13, c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia. <\/p>\n

1. La Gobernaci\u00f3n del Putumayo se pronunci\u00f3 frente a los hechos del escrito de tutela, puntualiz\u00f3 sobre los compromisos adquiridos por parte de las instituciones p\u00fablicas y favor de los colonos que habitaron la regi\u00f3n perteneciente al PNN La Paya dentro del proceso de saneamiento, reubicaci\u00f3n, reorganizaci\u00f3n e indemnizaci\u00f3n de la comunidad; adem\u00e1s, aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y de inmediatez frente a los actos que dieron lugar a la reclamaci\u00f3n de protecci\u00f3n, en estos t\u00e9rminos solicit\u00f3 que se negara lo pretendido por los actores. [Folios 278-282, c.1] <\/p>\n

Por su parte, Parques Nacionales Naturales de Colombia se refiri\u00f3 a los hechos y pretensiones de la queja, de resaltar indic\u00f3 que la mayor parte de la tierra declarada en 1984 como PNN La Paya era bald\u00eda y se hizo con el fin de proteger biodiversidad del lugar; por tal motivo, compr\u00f3 las mejoras de las familias que all\u00ed se asentaron, tras agotar un proceso concertado, voluntario y bajo el procedimiento que regula la materia, adicionalmente, adujo que el internado ubicado en el Gradual fue destruido por la misma comunidad con ocasi\u00f3n a de la compra de mejoras. A la par, explic\u00f3 que a trav\u00e9s del \u00abDOCUMENTO DE CARACTERIZACI\u00d3N SOCIOECON\u00d3MICA PREDIAL DE LAS FAMILIAS ANTIGUOS HABITANTES DEL CAUCAY\u00c1 EN EL MARCO DE LA L\u00cdNEA ESTRAT\u00c9GICA DE USO, OCUPACI\u00d3N TENENCIA \u2013UOT2016-2017 DEL PNN LA PAYA\u00bb se estableci\u00f3 con exactitud entre la comunidad y el Estado que los bienes bald\u00edos eran ocupados por 77 familias que est\u00e1n plenamente identificadas y en su mayor\u00eda vinculados a un programa o proyecto, con quienes se surten las acciones de relocalizaci\u00f3n y vivienda, as\u00ed como la Mesa Nacional de Concertaci\u00f3n, entre otros espacios previstos para el dialogo por el Departamento del Putumayo. <\/p>\n

Acerca del proceso de compra de mejoras explic\u00f3 sus tres fases, concluy\u00f3 que se pagaron 77 mejoras por valor de $682.111.090 a 71 pobladores que vendieron de manera voluntaria, sobre aval\u00faos practicados por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi -IGAC, de igual manera, solucion\u00f3 los conflictos generados entre los resguardos ind\u00edgenas y los habitantes que colindan. <\/p>\n

Relat\u00f3 que los acuerdos de saneamiento conten\u00edan pago de mejoras, reubicaci\u00f3n aprestamiento y proyectos de vivienda rural y urbana, aunado a ello se adelantaron acciones y gestiones complementarias por el PNN en coordinaci\u00f3n con otras entidades estatales. <\/p>\n

Acept\u00f3 que si bien los compromisos adicionales no se han acatado a cabalidad por situaciones imprevistas, el Gobierno estuvo presto a solucionarlos de manera concertada, asuntos sobre los que han pactado nuevos acuerdos con distintas entidades de la rama ejecutiva, tales como identificaci\u00f3n de nuevos predios para asentamiento y aprestamientos productivos de los grupos familiares interesados, la gesti\u00f3n de planes vivienda urbana y socio empresarial. <\/p>\n

De otro lado, se\u00f1al\u00f3 que promovi\u00f3 actuaciones m\u00e1s all\u00e1 de sus competencias que se limitan a la compra de las mejoras, v.g. en el a\u00f1o 2011 busc\u00f3 los aportes realizados por las Organizaciones Patrimonio Natural y Fundaci\u00f3n Gordon y Betty Moore \u2013ONGs-, recursos con los que se adquiri\u00f3 un predio que se subdividi\u00f3 en 72 parcelas de entre 2.5 y 3 hect\u00e1reas para los AHC, las que son empleadas para cultivos y vivienda, aclar\u00f3 que solo una porci\u00f3n de estas se ubican dentro de un humedal, adem\u00e1s, aduj\u00f3 que un fundo de 9.8 hect\u00e1reas de titularidad de la Alcald\u00eda de Puerto Leguizamo fue destinado exclusivamente para proyecto de vivienda de los antiguos pobladores. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, como fruto de la tarea de acompa\u00f1amiento que PNN ha realizado, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante resoluci\u00f3n de 5 de octubre de 2017 prioriz\u00f3 a Puerto Leguizamo para el programa de vivienda rural con asignaci\u00f3n de $700.000.000. De igual forma, la Agencia Nacional de Tierras en dicha anualidad dio prioridad a la los AHC dentro del proyecto piloto de compra de 27 fincas; agreg\u00f3, que avanza un proceso de formulaci\u00f3n de proyecto productivo en el marco de los sistemas sostenibles para la conservaci\u00f3n, en el que implementara recursos de la Uni\u00f3n Europea y FAOI Gobernanza de $10.000.000 por familia en las parcelas agropecuarias de AHC, la que se concert\u00f3 con 68 de las familias que ser\u00e1n beneficiarias. <\/p>\n

Acus\u00f3 a la apoderada de AHC de realizar afirmaciones desproporcionadas, convenientes, infundadas y falsas, para desvirtuar el esfuerzo realizado por m\u00e1s de 20 a\u00f1os por el Estado y los ocupantes para solucionar la problem\u00e1tica que aquejaba a los bald\u00edos, los que adem\u00e1s se emplearon para la siembra de coca. [Folios 291-302, c.1] <\/p>\n

A su vez, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles, se opuso a la acci\u00f3n de tutela, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva e inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados, por cuanto dentro de las competencias de la entidad no est\u00e1 la \u00abverificaci\u00f3n de mejoras que fueron pagadas; reubicaci\u00f3n de personas, tramitar adquisiciones de tierras; titulaci\u00f3n y debida inscripci\u00f3n de propiedades; iniciar estudios e implementaci\u00f3n de proyectos productivos e implementar medidas para dotaci\u00f3n de viviendas para los ANTIGUOS HABITANTES DEL CAUCAY\u00c1\u00bb, para ello, precis\u00f3 que por disposici\u00f3n del decreto 3572 de 2011 la Unidad Administrativa Parques Nacionales Naturales de Colombia no conforma esa cartera ministerial, de otro lado, censur\u00f3 la improcedencia del amparo por falta del requisito de inmediatez. [Folios 346-352, c.1] <\/p>\n

En su turno, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar, comoquiera que no tiene las atribuciones para resolver los asuntos que dieron origen a la queja constitucional, las que atribuy\u00f3 en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas \u2013UARIV o en todo caso a Agencia Nacional de Tierras \u2013ANT- o Agencia de Desarrollo Rural \u2013 ADR- como ejecutoras de las pol\u00edticas del sector agropecuario, pesquero y desarrollo rural. Finalmente, afirm\u00f3 que las pretensiones de naturaleza econ\u00f3mica deben resolverse por las v\u00edas judiciales previstas en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con facultad de decretar medidas cautelares. [Folios 363-367, c.1] <\/p>\n

Dentro del t\u00e9rmino concedido para rendir informe, los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n

3. El 6 de diciembre de 2017, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional, por evidenciar que lo pretendido es improcedente por esta v\u00eda residual y subsidiaria toda vez que las entidades accionadas han programado entre 2017 a 2019 la ejecuci\u00f3n de proyectos y actividades productivos, de reubicaci\u00f3n en tierras, de construcci\u00f3n de viviendas, por dem\u00e1s, acordados entre las partes con la finalidad de favorecer a AHC, en este orden, el juez de tutela no puede anticiparse a su realizaci\u00f3n, aunado a que por el contenido \u00abprogram\u00e1tico, prestacional y progresivo\u00bb de las peticiones se condicionan al acuerdo presupuestal y log\u00edstico en la definici\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas por parte del legislador y las entidades territoriales, situaci\u00f3n sobre la que no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable para acudir al amparo como mecanismo transitorio. [Folios 370-379, c.1] <\/p>\n

4. Inconforme con la decisi\u00f3n anterior, los gestores la impugnaron, insistieron que la acci\u00f3n de tutela es la v\u00eda id\u00f3nea para la defensa de los intereses superiores y no la Mesa Local Campesina de Uso, Ocupaci\u00f3n y Tenencia del Parque Natural La Paya, ni tampoco los acuerdos celebrados de los que deducen su ineficacia en la b\u00fasqueda de soluciones reales, asimismo, se pronunciaron frente a la conexidad entre las pretensiones de naturaleza prestacional y las prerrogativas invocados. [Folios 487-492, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo. <\/p>\n

Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y , tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ SC 2 Ago 2007, exp. 00188-01) <\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez\u00a0inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n

\u00abPrecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ SC 29 Abril 2009, exp. 2009-00624-00) <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a esta herramienta excepcional, pues no se puede convertir en generador de incertidumbre e incluso de quebranto de los derechos de otras personas. <\/p>\n

Ahora bien, el segundo de los requisitos de procedibilidad del reclamo constitucional, est\u00e1 referido a la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, al amparo no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con tal postulado, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 como causal de improcedencia la de existir \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente, porque la comunidad accionante pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse. <\/p>\n

En efecto, se advierte que los hechos que la agrupaci\u00f3n considera vulneradores de sus garant\u00edas fundamentales, tuvieron ocasi\u00f3n en las etapas del proceso de saneamiento realizado durante los a\u00f1os 1996 a 2000 con los miembros pertenecientes a los AHC, en raz\u00f3n al bajo valor reconocido y pagado por las mejoras, y por el desplazamiento impuesto en la zona declarada Parque Natural Nacional La Paja, as\u00ed como por trasladar en el 2011 a algunos de los pobladores a la vereda \u00abLa Raicita\u00bb. <\/p>\n

Lo anterior deja en evidencia que los gestores dejaron trascurrir para interponer la tutela, m\u00e1s de diecisiete (17) a\u00f1os entre el primero de los sucesos, y seis (6) a\u00f1os en relaci\u00f3n con el segundo, siendo palpable que dichos t\u00e9rminos superan el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, m\u00e1xime cuando no se alega alg\u00fan hecho o motivo que justifique su tardanza para impetrar esta acci\u00f3n. <\/p>\n

3. Sumado a lo expuesto, se revela con claridad que lo pretendido a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional es improcedente, toda vez que la acci\u00f3n no re\u00fane los requisitos para su viabilidad, en la medida que los reclamantes cuentan con otros medios de defensa, que se encuentran en tr\u00e1mite y en ese sentido, la queja se torna prematura. <\/p>\n

En efecto, la acci\u00f3n tutelar se dirige contra la presunta conducta omisiva en que incurrieron las autoridades querelladas, al desconocer los compromisos adquiridos por acuerdos administrativos, as\u00ed como los deberes legales y constitucionales dispuestos para la protecci\u00f3n y el restablecimiento de derechos de los miembros del grupo. <\/p>\n

Sin embargo, atendiendo el car\u00e1cter residual y absolutamente excepcional del amparo, no puede desconocer la Sala que en la actualidad se implementa entre los Antiguos Habitantes del Caucay\u00e1, Parques Naturales Nacionales de Colombia, la Defensor\u00eda Delegada para Asuntos Agrarios, la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas y la Mesa de Concertaci\u00f3n Nacional, con el apoyo de instituciones financiadoras, un conjunto de estrategias de intervenci\u00f3n con miras al \u00abacceso a la tierra para la reubicaci\u00f3n o relocalizaci\u00f3n\u00bb, \u00abconstrucciones de vivienda rural\u00bb, \u00absistemas sostenibles amaz\u00f3nicos para la conservaci\u00f3n\u00bb, \u00abaprestamiento e indemnizaci\u00f3n\u00bb, \u00abfortalecimiento organizativo social y pol\u00edtico\u00bb y \u00abeducaci\u00f3n pertinente y contextualizada al territorio andinoamaz\u00f3nico\u00bb, proyectos que buscan resolver de manera definitiva entre los a\u00f1os 2017 a 2019, la problem\u00e1tica que aqueja a las 77 de familias identificadas como integrantes de los AHC. <\/p>\n

Adem\u00e1s, se previeron las Mesas Locales Campesinas conformadas por los responsables de la gesti\u00f3n, con el objeto de realizar de manera peri\u00f3dica el seguimiento y la evaluaci\u00f3n de aquellos procesos de soluci\u00f3n, asimismo, se traz\u00f3 el plan de trabajo que se desarrollar\u00e1 por medio de reuniones mensuales, instancia id\u00f3nea ante la cual las partes podr\u00e1n formular dentro de la actuaci\u00f3n las observaciones que estimen convenientes. <\/p>\n

Lo anterior, indica que en la actualidad se est\u00e1 surtiendo el procedimiento y por esta v\u00eda los medios eficaces de defensa para solventar el cumplimiento de las obligaciones legales o convencionales a cargo de las entidades p\u00fablicas; de lo que se deduce, entonces, la improcedencia de la solicitud de resguardo. <\/p>\n

Por lo tanto, las determinaciones y conducta de los querellados no pueden considerarse definitivos al momento de la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n, circunstancias que, sin lugar a dudas, tornan en prematura la v\u00eda constitucional y, a todas luces, emerge inconveniente la intervenci\u00f3n del juez de tutela, debido a que no es permitido que, a trav\u00e9s suyo, se suplan los mecanismos procesales de defensa. <\/p>\n

4. En suma, resulta inviable entrar a analizar, por medio de la presente acci\u00f3n, la soluci\u00f3n de una controversia que est\u00e1 pendiente de ser decidida por las partes mediante los mecanismos y procedimientos contemplados para tales fines. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial o administrativo no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada actuaci\u00f3n, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para anticiparse a las decisiones administrativas o judiciales, desplazar o sustituir los ordenamientos legales o autoridades. <\/p>\n

5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tFabiola Macanilla Andi, Nancy \tJanet Cortez, Carlos Garc\u00eda Molano, Eliecer M\u00e9ndez, \tJos\u00e9 Daniel Lozano, Mimia Carvajal \u00c1lvarez, Erasmo San \tJuan Callejas, Servio Nel Manuyama \u00c1lvarez, Rigoberto Cobete \tRomero, Aracelis Penagos Ortiz, Sinforosa Grifa, Jos\u00e9 Riemel \tManuyama \u00c1lvarez, Celia Steling Berm\u00fadez, Said Meneses \tAmaya, Floralba Calderon Rosero, Servio Tulio Sotelo Mora, Jorge \tManuyama, Orlando Reyes Pe\u00f1a, Raquel Sanjuan Grifa, Ricardo \tAlfonso Molina, Mariluz Cortez Palma, Ernesto Herr\u00e1n Sabi, \tCarlino Hern\u00e1ndez Parada, Luis Antonio Angulo, Jos\u00e9 \tDolores D\u00edaz Contreras, Jorge Alfonso Tovar, Carlos Andres \tHoyos Hern\u00e1ndez, Mar\u00eda Estefani Goyes Palma, Mar\u00eda \tGladys Sabi Perdomo, Luz Mary Molano Rojas, Tob\u00edas Mar\u00edn \tPaya, Eulalia Carvajal Albarez, Jos\u00e9 Vicente Villamizar \tCarvajal, Mar\u00eda Rubelina Rombarityama de Remuy, Hermelinda \tYaiguaje Lucitante, Mar\u00eda del Carmen Bran Murcia, Felipe Cano \tMurcia, Alba Mery Qui\u00f1ones Rojas, Elizabeth Valbuena Bri\u00f1ez, \tLila Graciela Castillo Garc\u00e9s, Jorge Eliecer Delgado Cortes, \tHernando de Jesus Hern\u00e1ndez Pulido, Dolores Palma R\u00edos, \tGilberto Macanilla, Omaira L\u0002ozada \tOspina, Helena Narv\u00e1ez Garc\u00eda, Arturo Zuleta Duran, \tFaustino Asprilla, Gumersindo Cunayape Apuela, Arelis C\u00e1rdenas \tCer\u00f3n, Ana Isabel Robles de Duran, Jonh Sergio Cano Valbuena, \tJesus Alberto Marulanda Correa, Flor Alba Cuellar M\u00e9ndez, \tMar\u00eda Licia Callejas Orozco, Claudia Patricia Hurtado Viteri, \tJorge Eliecer Ram\u00edrez Perdomo, Jorge Eliecer Ram\u00edrez \tSoto, Mar\u00eda Didian Ram\u00edrez Perdomo, Didier Jos\u00e9 \tOrdo\u00f1ez Cuellar, Carmen Suarez de Vera, Miller Correa, Lidia \tCobete Romero, Yidi Lorena Dom\u00ednguez Cobete, Alexa Liliana \tS\u00e1nchez, Jairo Cuellar Perdomo, Ismael Valencia Chavarro, \tJos\u00e9 Eli Suarez Mar\u00edn, Roberth Oswaldo Cano Valbuena. \tMartha Cecilia Rivera Castillo, Alfonso L\u00f3pez Arango, Arlay \tHerr\u00e1n Sabi, Libio Cano Valbuena, Luz Nelly Rivera Castillo, \tOctavio Hurtado Cuellar. Olimpo Hurtado Cuellar, Jairo Alonzo \tSanjuan \u00c1lvarez, Licelly Marley Reyes Marulanda, Euyiber \tCuenca Vargas, Carmen Teresa V\u00e9lez Calderon, Mar\u00eda \tCarmelina Palmas Rio, Jesus Eliecer Gait\u00e1n, Lorena Esperanza \tReyes Marulanda, Leonardo Sotelo Mora, Yasmin Alibe Ordo\u00f1ez \tCuellar.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC2362-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03094-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el seis de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101667","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101667","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101667"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101667\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101667"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101667"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101667"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}