{"id":101669,"date":"2026-07-01T18:40:56","date_gmt":"2026-07-01T18:40:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101669"},"modified":"2026-07-01T18:40:56","modified_gmt":"2026-07-01T18:40:56","slug":"stc2367-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2367-2018\/","title":{"rendered":"STC2367-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2367-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-02048-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de tutela proferido el cinco de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la acci\u00f3n de tutela que Amparo Jim\u00e9nez L\u00f3pez promovi\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la ciudad mencionada. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, derecho a la igualdad y m\u00ednimo vital, los cuales considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, quienes desconociendo los precedentes emitidos por la Corte Constitucional, el principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, y el Acuerdo 049 de 1990, denegaron el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes que al amparo de dicha normatividad solicit\u00f3. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se deje sin efecto las decisiones que se emitieron en su contra, y en su lugar, se ordene el reconocimiento y pago de la prestaci\u00f3n social mencionada. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Orlando de la Cruz Laverde, compa\u00f1ero permanente de la accionante, realiz\u00f3 aportes a pensi\u00f3n desde el 28 de julio de 1975 hasta el 30 de septiembre de 1999, logrando sumar un total de 791 semanas cotizadas, de las cuales 637 se realizaron antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993. <\/p>\n

2. Teniendo en cuenta que Cruz Laverde falleci\u00f3 el 22 de abril de 2007, la accionante, quien en la actualidad tiene 65 a\u00f1os de edad, solicit\u00f3 al Instituto de Seguros Sociales – ISS, que de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 25 y 6 del Acuerdo 049 de 1990, se le reconozca y page la pensi\u00f3n de sobreviviente a que tiene derecho. <\/p>\n

3. Mediante resoluci\u00f3n 019323 de 28 de agosto de 2007 la entidad pensional se pronunci\u00f3 adversamente a los intereses de la reclamante, indic\u00e1ndole que no era posible aplicar el contenido de la codificaci\u00f3n por ella invocada, toda vez que el deceso de su compa\u00f1ero ocurri\u00f3 en el 2007, \u00e9poca para la cual dicha norma ya hab\u00eda perdido vigencia. As\u00ed las cosas, indic\u00f3 que eran los supuestos contenidos en el art\u00edculo 12 de la ley 797 de 2003 los que se deber\u00edan cumplir a efectos de conceder la prestaci\u00f3n solicitada, lo que en el caso no ocurri\u00f3, toda vez que no se acredit\u00f3 que durante el a\u00f1o previo al fallecimiento se hubiesen cotizado 26 semanas. <\/p>\n

En vista de lo anterior, se concedi\u00f3 a favor de la accionante indemnizaci\u00f3n sustitutiva de pensi\u00f3n. <\/p>\n

4. Recurrida la anterior decisi\u00f3n, mediante resoluci\u00f3n de 24 de diciembre de 2007 se confirm\u00f3. <\/p>\n

5. La accionante inici\u00f3 proceso ordinario laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales a efectos de que se ordenara el reconocimiento y pago pretendido. <\/p>\n

6. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medell\u00edn, quien tras agotar el tr\u00e1mite pertinente, en sentencia de 25 de noviembre de 2010 accedi\u00f3 a las pretensiones y orden\u00f3 el pago de prestaci\u00f3n pensional. <\/p>\n

7. Presentado por parte del Instituto demandado recurso de apelaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de ese distrito judicial, en fallo de 15 de febrero de 2012 la revoc\u00f3, pues advirti\u00f3 que ante la \u00e9poca del fallecimiento del cotizante, no era posible endilgar error a la aplicaci\u00f3n normativa que realiz\u00f3 el Instituto demandado. <\/p>\n

8. Formulado recurso extraordinario de casaci\u00f3n por parte de la accionante, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en prove\u00eddo de 13 de septiembre de 2017 decidi\u00f3 no casar la sentencia del Tribunal, pues no se cumpl\u00edan las exigencias contenidas en el par\u00e1grafo 1 de art\u00edculo 12 de la ley 797 de 2003, para acceder a la pensi\u00f3n solicitada en el entendido de que el cotizante no cumpli\u00f3 las exigencias del r\u00e9gimen de prima media que reg\u00eda con anterioridad a la norma que estaba vigente al momento de su deceso, esto es, los requisitos contendidos en el art\u00edculo 33 de la ley 100 de 1993 para acceder a la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n

9. Inconforme, la demandante acude al amparo constitucional indicando que la negativa de las autoridades accionadas en reconocer la pensi\u00f3n de sobreviviente, desconoce sus derechos fundamentales y los precedentes que al respecto se han emitido por parte de la Corte Constitucional, siendo claro que en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, deben aplic\u00e1rsele las disposiciones del acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 22 de noviembre de dos mil diecisiete se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional y se orden\u00f3 vincular al tr\u00e1mite a las entidades y autoridades accionadas, y se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medell\u00edn. [Folios 51, c.1]. <\/p>\n

2. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral indic\u00f3 que no era posible reconocer la pensi\u00f3n solicitada por la reclamante, toda vez que no cumpl\u00eda las exigencias del art\u00edculo 36 de la ley 100 de 1993, pues no se acredit\u00f3 la cotizaci\u00f3n de 1000 semanas, y tampoco de 500 durante los 20 a\u00f1os anteriores a su muerte. <\/p>\n

3. En fallo de 5 de diciembre de 2017 la Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo, al estimar que la interpretaci\u00f3n adoptada por los despachos accionados, no es irracional ni antojadiza, pues se fundament\u00f3 en las normas que regulan el reconocimiento pensional pretendido por la accionante. <\/p>\n

4. La compa\u00f1era present\u00f3 impugnaci\u00f3n e indic\u00f3 que los funcionarios que actuaron como jueces de segunda instancia y aquellos que resolvieron el recurso de casaci\u00f3n, dejaron a un lado el principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa aplicando de manera exeg\u00e9tica la norma vigente al momento del deceso de su compa\u00f1ero, empero, olvidaron que al entrar en vigencia la ley 100 de 1993, se cumplieron las exigencias que el acuerdo 049 de 1990 contemplaba para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. En el presente asunto, la inconformidad de accionante se dirige en torno a las providencias que en segunda instancia y en sede de casaci\u00f3n se emitieron dentro del proceso ordinario laboral que inici\u00f3 contra el Instituto de Seguros Sociales, a trav\u00e9s de las cuales se estableci\u00f3 la improcedencia de la prestaci\u00f3n de sobreviviente pretendida. <\/p>\n

La peticionaria, en la referida actuaci\u00f3n solicit\u00f3 que se le reconociera la pensi\u00f3n mencionada toda vez que su compa\u00f1ero permanente, quien falleci\u00f3 el 20 de abril de 2007, cumpli\u00f3 con las semanas de cotizaci\u00f3n que el acuerdo 049 de 1990 exig\u00eda para el efecto, norma que -afirm\u00f3- le es aplicable, en atenci\u00f3n al contenido del canon 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en el que se desarrolla el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para el trabajador. <\/p>\n

Frente a dicha pretensi\u00f3n, tanto el Tribunal de Medell\u00edn como la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, estimaron su improcedencia, de atender que el principio invocado por la reclamante \u00fanicamente era aplicable respecto de la normatividad inmediatamente anterior y no de cualquier otra que con anterioridad hubiese regulado la prestaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

En ese sentido le explicaron a la peticionaria que el acuerdo 049 de 1990, cuyo contenido fue incluido en el decreto 758 de 1990, se derog\u00f3 por la ley 100 de 1993, disposici\u00f3n que a su turno, en materia de pensi\u00f3n de sobrevivientes, fue modificada por el art\u00edculo 12 de la ley 797 de 2003, siendo entonces, el contenido de la ley 100 y no del acuerdo, la que deb\u00eda estudiarse a la luz del principio invocado. <\/p>\n

Como resultado de lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en sentencia de 13 de septiembre de 2017 concluy\u00f3: <\/p>\n

Precisamente, siguiendo el prop\u00f3sito y la filosof\u00eda de la Ley 100 de 1993 en su art\u00edculo 36, la Corte, al interpretar los alcances del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, permiti\u00f3 a los causahabientes de un asegurado que fallece, acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990, siempre y cuando fuera el fallecido beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del citado art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993. La raz\u00f3n es un\u00edvoca: si ese asegurado pod\u00eda pensionarse de acuerdo con la legislaci\u00f3n anterior, una nueva normativa no pod\u00eda privar de manera abrupta a sus beneficiarios de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. Es decir, extendi\u00f3 el radio de acci\u00f3n del art\u00edculo 36 a sus beneficiarios en cuanto a la mencionada prestaci\u00f3n. Pero no ha dispuesto, y no puede hacerlo, que el Acuerdo 049 de 1990 siga manteniendo sus efectos jur\u00eddicos generales e indeterminados en el tiempo. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, cuando el par\u00e1grafo del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003 se refiere al r\u00e9gimen de prima media, este r\u00e9gimen no es otro que el previsto en el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n

Al examinar la historia laboral de cotizaciones del asegurado fallecido, visible en los folios 42 a 44, all\u00ed se consign\u00f3 que hab\u00eda nacido el 13 de septiembre de 1952, por lo que es beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que a 1 de abril de 1994 ten\u00eda m\u00e1s de 40 a\u00f1os de edad. Asimismo, se anota que el asegurado dej\u00f3 cotizadas un total de 791 semanas. No hay discusi\u00f3n en torno a la fecha de su muerte, que fue el 20 de abril de 2007. <\/p>\n

Para efectos de la aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990, en concordancia con el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, lo dispuesto en el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, y de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala, es necesario que el asegurado haya cotizado mil (1000) semanas en cualquier tiempo, o quinientas (500) semanas dentro de los 20 a\u00f1os anteriores a la muerte del asegurado. Es evidente que no tiene las mil (1000) semanas de cotizaci\u00f3n: y en cuanto a las quinientas (500), tampoco acredita dicha densidad sino cuatrocientos cincuenta y nueve (459). <\/p>\n

Si bien en la Resoluci\u00f3n 019323 de 2007, el ISS tuvo en cuenta que el asegurado hab\u00eda cotizado un total de 819 semanas entre el 13 de septiembre de 1972 y la fecha de su muerte, lo cierto es que de dicho elemento de convicci\u00f3n no es posible determinar si quinientas (500) de esas semanas fueron cotizadas dentro de los veinte (20) a\u00f1os anteriores a su fallecimiento. En tanto su \u00faltima cotizaci\u00f3n comprendi\u00f3 hasta el 6 de febrero de 1998. <\/p>\n

Empero, verificadas las premisas de tal argumentaci\u00f3n, de cara a los pronunciamientos que al respecto ha emitido la Corte Constitucional, posible es advertir la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por la quejosa, pues del reporte de cotizaciones que a este tr\u00e1mite se aport\u00f3, se desprende que el afiliado, previo a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, logr\u00f3 cotizar las 300 semanas que el Acuerdo 049 de 1990 exig\u00eda para que se otorgara la pensi\u00f3n de sobreviviente a sus beneficiarios, disposici\u00f3n que debe aplic\u00e1rsele en consideraci\u00f3n al art\u00edculo 53 superior. <\/p>\n

3. Frente a la aplicaci\u00f3n de principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia de pensional, la Corte Constitucional en sentencia T-294 de 2017 explic\u00f3: <\/p>\n

Este Tribunal ha reconocido el alcance del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, precisando que los trabajadores tienen derecho a que sus expectativas leg\u00edtimas de acceder a la pensi\u00f3n de invalidez, vejez, o de sobrevivientes, sean protegidas por parte de las autoridades. As\u00ed, la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa se predica en aquellos casos en que los ciudadanos han cumplido con uno de los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n, como es el caso del n\u00famero de semanas cotizadas, pero no con la totalidad de \u00e9stos, por ejemplo, el requisito de edad. En consecuencia, si la ley pensional es modificada por el legislador, sin que se prevea un r\u00e9gimen de transici\u00f3n, puede darse aplicaci\u00f3n a la ley vigente al momento de las cotizaciones, en caso de que \u00e9ste sea m\u00e1s favorable al trabajador, para salvaguardar la expectativa leg\u00edtima de haber cumplido con los requisitos durante la vigencia de un r\u00e9gimen que habr\u00edan dado lugar al reconocimiento de una prestaci\u00f3n bajo el derecho a la seguridad social, ya que de buena fe el ciudadano accedi\u00f3 a un r\u00e9gimen pensional que le ofrec\u00eda unas garant\u00edas leg\u00edtimamente establecidas, y cumpli\u00f3 con la parte que, en principio, le correspond\u00eda. <\/p>\n

As\u00ed, en vista de que la ley 100 de 1993 no contempl\u00f3 un r\u00e9gimen de transici\u00f3n para la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pues s\u00f3lo se estableci\u00f3 para la de vejez, la Corte Constitucional, en desarrollo del principio al que se ha hecho alusi\u00f3n, estableci\u00f3 que a pesar de que el deceso del afiliado o cotizante hubiese ocurrido en vigencia del art\u00edculo 46 de la ley 100 de 1993 o del 19 de la 797 de 2003, necesario era aplicar el contenido de los art\u00edculos 25 y 6 del Acuerdo 049 de 1990, cuando se acreditara que el afiliado al sistema de seguridad social hubiese cumplido con las semanas exigidas por la \u00faltima de las codificaci\u00f3n mencionadas para acceder a la pensi\u00f3n de sobreviviente.1 <\/p>\n

Dicho criterio, seg\u00fan explic\u00f3 la Corte Constitucional, fue compartido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral hasta el 2008, pues a partir de esa \u00e9poca se present\u00f3 una variaci\u00f3n en el racionamiento que hasta ese entonces hab\u00eda sostenido esta Corporaci\u00f3n, imponi\u00e9ndose, entonces, una restricci\u00f3n temporal a la aplicaci\u00f3n del principio, pues la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa solamente podr\u00eda predicarse de la ley inmediatamente anterior a la que se encontrara vigente al momento de la muerte del afiliado. <\/p>\n

Variaci\u00f3n jurisprudencial que tras ser estudiada por la Corte Constitucional, se estim\u00f3 contraria a los preceptos de la Carta Pol\u00edtica, pues con ellas no se demostraba un mejor desarrollo de los principios y derechos constitucionales. <\/p>\n

Al respecto dicha Corporaci\u00f3n indic\u00f3: <\/p>\n

(\u2026) En efecto, la Corte Constitucional determin\u00f3 que en virtud de la inexistencia de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n y de los principios de buena fe, confianza leg\u00edtima y favorabilidad, es posible dar aplicaci\u00f3n a una norma anterior, por ejemplo, el Acuerdo 049 de 1990, si el afiliado realiz\u00f3 sus cotizaciones en vigencia de la mencionada norma jur\u00eddica, cuando una norma posterior resulte desfavorable a su derecho a acceder a la pensi\u00f3n. <\/p>\n

43. Para la Corte Constitucional resulta di\u00e1fano que esta regla tiene como finalidad proteger el principio de favorabilidad que en materia laboral ha reconocido el constituyente primario en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. A su vez, el mismo garantiza la protecci\u00f3n de la expectativa leg\u00edtima de aquellos ciudadanos que, observando el r\u00e9gimen pensional vigente para la fecha de su afiliaci\u00f3n al sistema de seguridad social, efectuaron sus cotizaciones con el objetivo de obtener su pensi\u00f3n, o el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a sus familiares. <\/p>\n

(\u2026) Igualmente, la Sala considera que el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no impone un l\u00edmite temporal al funcionario judicial para determinar la norma m\u00e1s favorable al trabajador. En efecto, el principio de favorabilidad implica que el juez, como garante de los derechos de los ciudadanos, debe determinar en el caso concreto, cu\u00e1l norma ser\u00eda la m\u00e1s favorable al trabajador, y aplicarla, en caso de que \u00e9sta haya regulado su situaci\u00f3n jur\u00eddica. De esta manera, la restricci\u00f3n impuesta por la Corte Suprema de Justicia en su actual jurisprudencia, y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, frente a la presunta obligaci\u00f3n de aplicar \u00fanicamente la norma inmediatamente anterior a la vigente, no resulta ajustada a la finalidad del principio de favorabilidad, menos cuando la norma no explicita o regula en concreto el alcance de las expectativas leg\u00edtimas generadas por una normativa en materia pensional. <\/p>\n

En efecto, si bien la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia afirma que el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 es el que debi\u00f3 ser aplicado para efectos de proteger el principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el caso de la accionante, lo cierto es que ello desconoce que los derechos y expectativas leg\u00edtimas se generaron no con base en esa norma jur\u00eddica, sino con base en el Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n

En este sentido, no es adecuado que la interpretaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia haya desconocido el valor jur\u00eddico del Acuerdo 049 de 1990, el cual deviene no s\u00f3lo de los principios de favorabilidad y de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, contenidos en el art\u00edculo 53 superior, sino de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia. <\/p>\n

45. En consecuencia, el argumento esbozado por la Corte Suprema de Justicia en sus providencias m\u00e1s recientes, frente a la necesidad de preservar los principios de legalidad y seguridad jur\u00eddica, y a su vez, limitar el alcance del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia pensional, no es de recibo para la Corporaci\u00f3n. Para la Sala, dicha interpretaci\u00f3n no brinda un mayor y m\u00e1s adecuado desarrollo de los principios y garant\u00edas constitucionales, sino que impone una restricci\u00f3n a los principios de favorabilidad, igualdad y confianza leg\u00edtima, y al derecho al m\u00ednimo vital, protegidos ampliamente por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en sus providencias anteriores. <\/p>\n

46. En este sentido, no puede sobreponerse la aplicaci\u00f3n estricta de la ley a la urgencia de materializar derechos subjetivos de mayor importancia, como es el caso de los derechos fundamentales de quien ha cumplido uno de los requisitos exigidos para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes con base en un determinado r\u00e9gimen jur\u00eddico, el cual, posteriormente, es modificado sin ofrecer un r\u00e9gimen de transici\u00f3n u otro tipo de alternativa jur\u00eddica para el ciudadano. <\/p>\n

Una ponderaci\u00f3n de los derechos, principios y garant\u00edas involucrados, de acuerdo con los lineamientos contenidos en la Carta Pol\u00edtica, permite concluir que debe prevalecer la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y a la igualdad que le asisten a los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes sup\u00e9rstites en la situaci\u00f3n objeto de estudio, frente a la importancia de preservar el principio estricto de legalidad, cuando ya se han consolidado prelativamente, formas de interpretar decisiones legislativas que garantizan la protecci\u00f3n de los derechos ciudadanos ante aparentes omisiones involuntarias del Legislador. <\/p>\n

Pronunciamiento que fue estudiado nuevamente en sentencia SU-005 de 2018, donde la Corte Constitucional reiter\u00f3 la postura que sosten\u00eda frente a la procedencia de aplicar de manera atractiva los requisitos que el acuerdo 049 de 1990 establec\u00eda< para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, indicando que el presupuesto de subsidiariedad que gobierna la acci\u00f3n de tutela se deber\u00eda encontrar satisfecho cuando el solicitante de tal pretensi\u00f3n superara el test de procedibilidad que all\u00ed se desarroll\u00f3. <\/p>\n

Seg\u00fan el comunicado de prensa N\u00b0 6 de 13 de febrero de la presente anualidad2, el test contiene los siguientes criterios de procedencia: <\/p>\n

\u00abi. Debe establecerse que el accionante pertenece a un grupo de especial protecci\u00f3n constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento.
\nii. Debe establecerse que la carencia del reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes que solicita el accionante afecta directamente la satisfacci\u00f3n de sus necesidades b\u00e1sicas, esto es, su m\u00ednimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.
\niii. Debe establecerse que el accionante depend\u00eda econ\u00f3micamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensi\u00f3n de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante-beneficiario.
\niv. Debe establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensi\u00f3n de sobrevivientes.
\nv. Debe establecerse que el accionante tuvo una actuaci\u00f3n diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n

4. Ahora bien, el criterio que ha sostenido la corte constitucional, previo al debate de la sentencia de unificaci\u00f3n \u00faltimamente mencionada, fue compartido por esta Sala en fallo STC7210-2017 emitido el 24 de mayo de esa anualidad y que posteriormente ha sido reiterado en sentencias STC7217-2017 y STC10041-2017. <\/p>\n

En la primera de ellas se estudi\u00f3 un caso en el cual una madre y su hija, en condici\u00f3n de beneficiarias del cotizante, quien hab\u00eda fallecido el 8 de mayo de 2015, solicitaron que se les concediera la pensi\u00f3n de sobrevivientes bajo los presupuestos que para el efecto exig\u00eda el acuerdo 049 de 1990. Dicha pretensi\u00f3n, tras agotarse todos los recursos ordinarios y extraordinarios, fue denegada de atender que no se cumplieron las exigencias que para el efecto establec\u00eda la ley 797 de 2003 y tampoco las de la ley 100 de 1993, \u00faltima disposici\u00f3n, que de acuerdo con el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, era la \u00fanica que pod\u00eda estudiarse en virtud de los principios de favorabilidad y condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosos del trabajador. <\/p>\n

En dicha ocasi\u00f3n, esta Sala advirti\u00f3 la configuraci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n alegada, toda vez que las beneficiarias lograron acreditar que el de cujus a la fecha de su fallecimiento hab\u00eda cotizado un total de 860 semanas, de las cuales m\u00e1s de 300 se aportaron en vigencia de del acuerdo 049 de 1990, por lo que se lograron las 3000 m\u00ednimas que all\u00ed se exig\u00edan. <\/p>\n

De ese modo, a efectos de lograr el reintegro de las garant\u00edas constitucionales, se dej\u00f3 sin efectos las sentencias que en primera instancia y en sede de casaci\u00f3n se emitieron dentro del juicio ordinario laboral iniciado por las beneficiarias, y en su lugar se orden\u00f3 a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n

En la segunda de las providencias mencionadas se concedi\u00f3 el amparo de una mujer, que ante el fallecimiento de su compa\u00f1ero permanente, ocurrido el 16 de febrero de 2006, solicit\u00f3 el reconocimiento de la prestaci\u00f3n aqu\u00ed estudiada. \u00c9sta fue concedida, en vista de que se acredit\u00f3 la cotizaci\u00f3n de m\u00e1s de 300 semanas en vigencia del acuerdo reiteradamente mencionado. <\/p>\n

Empero, a pesar de tales pronunciamientos, no se desconoce que en otras ocasiones esta Sala advirti\u00f3 la razonabilidad de los pronunciamientos que al respecto emiti\u00f3 la Sala Laboral, criterio que en vista del reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional ha de reevaluarse a efectos de adherirse de manera uniforme a los planteamientos expuestos por la \u00faltima instituci\u00f3n mencionada, por ser, como aquella lo advirti\u00f3, la interpretaci\u00f3n que mayormente propende por los derechos que desarrolla la carta pol\u00edtica de nuestra naci\u00f3n. <\/p>\n

5. Visto de ese modo el asunto, procede entonces la Sala a verificar los supuestos de hecho que rodean el caso de la hoy reclamante a efectos de determinar si el compa\u00f1ero permanente de aquella, quien falleci\u00f3 en abril de 2007, logr\u00f3 cotizar las semanas requeridas por el art\u00edculo 25 del Acuerdo 049 de 1990 a efectos de obtener el beneficio pensional reclamando. <\/p>\n

El referido art\u00edculo, a efectos de reconocer la pensi\u00f3n de sobrevivientes, establece: <\/p>\n

PENSION DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE POR RIESGO COMUN.\u00a0Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habr\u00e1 derecho a pensi\u00f3n de sobrevivientes en los siguientes casos: <\/p>\n

a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el n\u00famero y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez por riesgo com\u00fan y, <\/p>\n

b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez o de vejez seg\u00fan el presente Reglamento. <\/p>\n

A su turno, el art\u00edculo 6, establece como requisitos para la pensi\u00f3n de invalidez: <\/p>\n

Tendr\u00e1n derecho a la pensi\u00f3n de invalidez de origen com\u00fan, las personas que re\u00fanan las siguientes condiciones: <\/p>\n

a) Ser inv\u00e1lido permanente total o inv\u00e1lido permanente absoluto o gran inv\u00e1lido y, <\/p>\n

b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) a\u00f1os anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier \u00e9poca, con anterioridad al estado de invalidez. <\/p>\n

Quiere decir lo anterior, que para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobreviviente por muerte de origen com\u00fan, necesario es que los beneficiarios del asegurado, acrediten que el \u00faltimo cotiz\u00f3 300 semanas al sistema de pensi\u00f3n y, de conformidad con lo establecido en los precedentes emitidos por la Corte Constitucional, \u00e9stas se hubiesen realizado en su totalidad, previa a la vigencia de la ley 100 de 1993. <\/p>\n

Supuestos que en el caso se encuentran satisfechos, de atender que el compa\u00f1ero permanente de la hoy reclamante, de acuerdo con la certificaci\u00f3n emitida por el Instituto de Seguros Sociales3, para el momento de su muerte hab\u00eda cotizado un total de 791 semanas, de las cuales 637 se realizaron en vigencia del acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n

Como tambi\u00e9n se encuentran reunidos los supuestos que exige el test de procedibilidad \u00faltimamente implementado por la Corte Constitucional, en tanto la aqu\u00ed accionante: <\/p>\n

i. Se \tencuentra en un grupo de espacial protecci\u00f3n por contar con \t65 a\u00f1os de edad; <\/p>\n

ii. De \tacuerdo con las declaraciones que aquella realiz\u00f3 y que no \tfueron controvertidas por las instituciones accionadas, la misma \tdepend\u00eda econ\u00f3micamente de su compa\u00f1ero \tpermanente quedando no solo emocional sino econ\u00f3micamente \tdesamparada ante su fallecimiento. <\/p>\n

iii. La \tausencia del reconocimiento pensional incide directamente en su \tm\u00ednimo vital, pues no cuenta con ingreso econ\u00f3mico del \tcual pueda derivar su sustento diario. <\/p>\n

iv. El \tcotizante fallecido no cumpli\u00f3 con las exigencias de \treg\u00edmenes posteriores, pues seg\u00fan la constancia \temitida por el Instituto de Seguros Sociales, aquel solo realiz\u00f3 \taportes hasta 1998; y <\/p>\n

v. Est\u00e1 \tacreditado que el proceder de la hoy reclamante fue diligente, toda \tvez que fallecido su compa\u00f1ero presento oportunamente el \treconocimiento, y ante su negativa agot\u00f3 todos los medios de \tdefensa que el ordenamiento jur\u00eddico le concedi\u00f3 para \tel efecto. <\/p>\n

6. As\u00ed las cosas, a efectos de lograr la protecci\u00f3n invocada, esta Sala proceder\u00e1 a revocar el fallo impugnado, para conceder el amparo de los derechos de la reclamante, ordenando la inaplicaci\u00f3n se las sentencias que en el proceso ordinario laboral emitieron la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn y la Sala de Casaci\u00f3n laboral de esta Corporaci\u00f3n, para en su lugar ordenar a Colpensiones reconocer y pagar a favor de la accionante la pensi\u00f3n de sobrevivientes que solicit\u00f3, tal y conforme se orden\u00f3 por parte del Juez de primer grado. <\/p>\n

Teniendo en cuenta que la negativa de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, gener\u00f3 el reconocimiento de una indemnizaci\u00f3n sustitutiva de pensi\u00f3n, se autoriza a Colpensiones a que, en caso de que esta hubiese sido efectivamente pagada, descuente dicha suma de las mesadas pensionales que en adelante se causen, sin que ello implique la afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital de la beneficiaria4. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de tutela que fue objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

SEGUNDO. CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de Amparo Jim\u00e9nez L\u00f3pez. <\/p>\n

TERCERO. INAPLICAR las sentencias de 15 de febrero de 2012 y 13 de septiembre de 2017, emitidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, respectivamente, dentro del proceso ordinario que la accionante promovi\u00f3 contra el Instituto de Seguros Sociales. <\/p>\n

CUARTO. ORDENAR a Colpensiones que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, procedan a emitir un nuevo acto administrativo en el cual se reconozca a favor de Amparo Jim\u00e9nez L\u00f3pez la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n

QUINTO: AUTORIZAR a Colpensiones que en caso de que hubiese cancelado efectivamente a la accionante el valor reconocido por indemnizaci\u00f3n sustitutiva de pensi\u00f3n, descuente de manera progresiva su monto de las mesadas que por concepto de pensi\u00f3n de sobrevivientes se causen en adelante, lo cual deber\u00e1 realizarse con respeto del m\u00ednimo vital de la beneficiaria. <\/p>\n

SEXTO. COMUN\u00cdQUESE esta decisi\u00f3n a todos los intervinientes por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n

En oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tAl respecto ver \tsentencias T-584 de 2011, T-228 de 2014, T-401 de 2015, T-294 de \t2017, entre otras.
\n2http:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/comunicados\/No.%2006%20comunicado%2013%20de%20febrero%20de%202018.pdf
\n3 \tFolios 46 y 47, cuaderno 1.
\n4 \tT-228 de 2014 y T-294 de 2017
\n21<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC2367-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-02048-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de tutela proferido el cinco de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101669","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101669","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101669"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101669\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101669"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101669"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101669"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}