{"id":101670,"date":"2026-07-01T18:41:07","date_gmt":"2026-07-01T18:41:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101670"},"modified":"2026-07-01T18:41:07","modified_gmt":"2026-07-01T18:41:07","slug":"stc2369-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2369-2018\/","title":{"rendered":"STC2369-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2369-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00298-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Alfonso El\u00edas L\u00f3pez Rodr\u00edguez y Gladys Carre\u00f1o Matajira, a trav\u00e9s de apoderado judicial, contra el Juzgado Segundo Civil Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Banco AV Villas, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de ese distrito judicial, la DIAN, Restructuradora de Cr\u00e9ditos de Colombia Ltda., Sistemcobro SAS, Miller Antonio D\u00edaz Var\u00f3n, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

Los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, defensa, igualdad, dignidad humana, vivienda digna, de los adultos mayores, confianza leg\u00edtima en la justicia, buena fe y pro homine que estiman vulnerados por la autoridad judicial acusada al negar su solicitud de terminaci\u00f3n del juicio ante la ausencia de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n

En consecuencia, pretenden que por esta v\u00eda se conceda el amparo deprecado, por tanto, se declare la terminaci\u00f3n del juicio, a fin de se realice la restructuraci\u00f3n solicitada. <\/p>\n

1. Mediante la escritura p\u00fablica n.\u00b0 100 del 21 de enero de 1999, otorgada en la Notar\u00eda Novena del C\u00edrculo de Barranquilla, Alfonso El\u00edas Rodr\u00edguez y Gladys Carre\u00f1o de L\u00f3pez constituyeron hipoteca abierta de primer grado a favor de Ahorramas Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda, para garantizar el pago de todas las obligaciones que hubieran contra\u00eddo o llegaren a contraer a favor de aquella, sobre el bien identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 040-317550 de esa ciudad. <\/p>\n

2. Los deudores recibieron de la entidad financiera a t\u00edtulo de mutuo comercial la suma de 329.599.275, el 31 de agosto de 2001 a trav\u00e9s del pagar\u00e9 n.\u00b0 205010. <\/p>\n

3. En el 2004, el Banco AV Villas S.A. present\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria contra Alfonso El\u00edas L\u00f3pez Rodr\u00edguez, a fin de obtener el pago de 292.393.3369 UVR, equivalentes a $42.151.540.40, que corresponde al saldo insoluto de la obligaci\u00f3n incorporada en el t\u00edtulo valor mencionado atr\u00e1s. <\/p>\n

4. El Juzgado Catorce Civil Circuito de Barranquilla, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, libr\u00f3 mandamiento de pago el 9 de agosto del a\u00f1o citado. <\/p>\n

5. El demandado se opuso a las pretensiones e inco\u00f3 las excepciones de \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n por el cobro de lo no debido, \u00abpago parcial de la obligaci\u00f3n\u00bb e \u00abinconsistencia entre la escritura p\u00fablica y el pagar\u00e9\u00bb. <\/p>\n

6. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de la ciudad mencionada dict\u00f3 sentencia el 29 de agosto de 2007, en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abpago parcial de la obligaci\u00f3n\u00bb e infundadas las restantes, por tanto, orden\u00f3 tener en cuenta los abonos al momento de efectuar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del inmueble objeto de la garant\u00eda hipotecaria. <\/p>\n

7. Contra la anterior determinaci\u00f3n, la parte ejecutada propuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

8. En providencia de 21 de septiembre de 2009, la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla confirm\u00f3 el aludido pronunciamiento. <\/p>\n

9. El 11 de febrero de 2010, la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales inform\u00f3 la existencia de obligaciones tributarias a cargo del contribuyente Alfonso El\u00edas L\u00f3pez Rodr\u00edguez y a favor de esa entidad, lo que se orden\u00f3 tener en cuenta en auto de 11 de marzo de esa anualidad. <\/p>\n

10. En auto de 20 de enero de 2014, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla avoc\u00f3 el conocimiento del asunto. <\/p>\n

11. En prove\u00eddo de 9 de noviembre de 2015, aquel estrado acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito que el Banco AV Villas S.A. le realiz\u00f3 a Restructuradora de Cr\u00e9ditos de Colombia Ltda. y \u00e9sta \u00faltima a Miller Antonio D\u00edaz Var\u00f3n. <\/p>\n

12. La parte ejecutada implor\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por ausencia de reestructuraci\u00f3n, solicitud que fue denegada en prove\u00eddo de 26 de septiembre de 2017, por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla, con fundamento en que el t\u00edtulo valor no se encuentra pactado en UPAC y \u00e9ste da cuenta de la refinanciaci\u00f3n de la deuda, seg\u00fan lo explic\u00f3 el demandante en el hecho cuarto de la demanda. <\/p>\n

13. En desacuerdo con esa determinaci\u00f3n, la pasiva propuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

14. En providencia de 20 de octubre de la pasada anualidad, el fallador neg\u00f3 la concesi\u00f3n del citado medio de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

15. En criterio de los peticionarios del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que la sede judicial acusada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al desconocer el precedente de la Corte Constitucional expuesto en sentencias C-955 de 2000 y SU-813 de 2007, puesto que se libr\u00f3 mandamiento de pago sin haberse efectuado lo atinente a la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. [Folios 1-14, c. 1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 8 de febrero de 2018, se avoc\u00f3 conocimiento por esta Sala y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 272, c. 1] <\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla implor\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que la inconformidad de los accionantes radica respecto de las actuaciones desplegadas por el Juzgado Segundo de Ejecucion Civil del Circuito de esa ciudad. [Folio 304, c. 1] <\/p>\n

Entre tanto, el Banco Comercial AV Villas S.A. inform\u00f3 que los actores presentaron en la pasada anualidad una acci\u00f3n de tutela por los mismos hechos y pretensiones. [Folio 298, c. 1] <\/p>\n

A su vez, la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013DIAN- inform\u00f3 que contra el se\u00f1or Alfonso El\u00edas L\u00f3pez Rodr\u00edguez se adelantaba proceso coactivo, sin embargo, mediante Resoluci\u00f3n de 27 de enero de 2017 se orden\u00f3 su desembargo, as\u00ed que esa entidad no tiene ning\u00fan inter\u00e9s en la actuaci\u00f3n, por lo que no est\u00e1 legitimada para actuar en este tr\u00e1mite constitucional. [Folios 314 a 334, c. 1] <\/p>\n

Los dem\u00e1s accionados y vinculados guardaron silencio. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Ha \tsido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta \tCorte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan \tla acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la \tConstituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la \tsubsidiariedad de dicho mecanismo. <\/p>\n

En relaci\u00f3n a los presupuestos en menci\u00f3n, cuando se trata de terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos por cr\u00e9ditos de vivienda, se ha hecho \u00e9nfasis por parte de la jurisprudencia constitucional en que el Juez debe revisar para conceder la protecci\u00f3n que: (i) la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente y (ii) que se hayan ejercido los mecanismos de defensa con los que se cuenta dentro del proceso con una m\u00ednima diligencia. <\/p>\n

As\u00ed, que en sentencia de unificaci\u00f3n, se estableci\u00f3: <\/p>\n

Los jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) esta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo. (Sentencia SU-813 de 2007, reiterada en Sentencia T-1240-08, citada en CSJ STC, 6 Mar 2014, Rad 00052-01). (Subrayado fuera del texto). <\/p>\n

En armon\u00eda con lo anterior, en un reciente pronunciamiento, el Alto Tribunal de lo Constitucional indic\u00f3: <\/p>\n

En trat\u00e1ndose de procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes de 1999, esta Corporaci\u00f3n ha especificado que el principio de inmediaci\u00f3n se cumple \u2013para efectos de proteger a terceros adquirientes de buena fe\u2013 si la acci\u00f3n de tutela ha sido instaurada antes de que el bien rematado en p\u00fablica subasta sea registrado. (Sentencia T-881-2013) <\/p>\n

2. En el caso sub-judice, se advierte que si bien el cobro compulsivo no fue iniciado con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, es lo cierto que la obligaci\u00f3n para adquirir vivienda si fue otorgada antes de tal \u00e9poca, de donde surge con claridad que debi\u00f3 ser beneficiado tambi\u00e9n con la reestructuraci\u00f3n del saldo insoluto, como requisito de procedibilidad para iniciar el proceso ejecutivo. <\/p>\n

Ahora bien, tambi\u00e9n se advierte que los promotores del amparo alegaron la ausencia de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito antes de que se adjudique del bien hipotecado, pues revisado el expediente de la referencia, ni siquiera se ha proferido auto que fije fecha para la almoneda del bien dado en garant\u00eda, de lo cual se desprende, seg\u00fan la jurisprudencia constitucional citada, que el presente mecanismo constitucional cumple con el principio de inmediatez. <\/p>\n

En tal sentido, cabe aclarar que por tratarse de un proceso ejecutivo que no termina con la firmeza de la sentencia, para el cotejo de la oportunidad temporal en la interposici\u00f3n de la tutela, debe atenderse al hecho de que despu\u00e9s del fallo siguen cursando actuaciones en busca del cumplimiento del objeto del juicio, que es la efectividad de la garant\u00eda para satisfacer el cr\u00e9dito cobrado, antes del remate y que mientras ello ocurre, como ha advertido la jurisprudencia1, los accionantes deben agotar los medios procesales para que cese la posible vulneraci\u00f3n a sus derechos fundamentales. <\/p>\n

3. En cuanto al requisito de subsidiariedad, encuentra la Sala que tambi\u00e9n fue atendido, porque el reclamo relativo a la ausencia de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito lo elevaron los interesados el 19 de septiembre de 2017 y s\u00f3lo fue definido de en auto del d\u00eda 26 del citado mes y a\u00f1o, en el que el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla neg\u00f3 esa solicitud, con fundamento en que el t\u00edtulo valor no se encuentra pactado en UPAC y \u00e9ste da cuenta de la refinanciaci\u00f3n de la deuda, seg\u00fan lo explic\u00f3 el demandante en el hecho cuarto de la demanda. <\/p>\n

Lo anterior, demuestra que, tal como lo requiere la jurisprudencia, los deudores en este asunto actuaron con un m\u00ednimo de diligencia, en especial cuando la controversia no ha trascendido a terceros, porque la almoneda no se ha llevado a cabo. <\/p>\n

De tal suerte, que los accionantes no han sido negligentes ni descuidados, a efectos de alegar la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, sino que han actuado apropiadamente para buscar la protecci\u00f3n de sus derechos dentro del proceso ejecutivo. <\/p>\n

4. Por otra parte, a\u00fan si los mencionados requisitos no se reunieran, lo que no ocurre en el caso- se itera-, excepcionalmente esta Corporaci\u00f3n ha admitido la concesi\u00f3n del amparo, en algunos casos, en los que la decisi\u00f3n judicial vulner\u00f3 de manera protuberante los derechos fundamentales o las normas de orden p\u00fablico, en tanto que no resultaba conveniente anteponer tales exigencias, pues no constitu\u00edan un obst\u00e1culo insuperable que impidiera otorgar la protecci\u00f3n. <\/p>\n

En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, la Sala concedi\u00f3 la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovi\u00f3 en forma oportuna el amparo, con el fin de \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (ST de 12 de octubre de 2012. Exp. 2012-1545-01). <\/p>\n

Igualmente, se acept\u00f3 que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n bajo an\u00e1lisis, <\/p>\n

(\u2026) \u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n. (ST de 13 de agosto de 2013. Exp. 2013-093-01). <\/p>\n

De manera, que a pesar de que no se cumplan los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez, si es evidente que los funcionarios acusados, vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes, como consecuencia de un defecto material, al haber ordenado seguir adelantando la ejecuci\u00f3n sin la existencia de un t\u00edtulo exigible, por desconocimiento de lo establecido en el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, se amerita la concesi\u00f3n excepcional de la tutela. <\/p>\n

5. Sentado lo anterior, establecido que se reunieron los requisitos de procedibilidad, debe decirse que trat\u00e1ndose de la reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos de vivienda, como requisito esencial para promover el cobro compulsivo, en virtud de lo previsto por el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, esta Corte ha definido como obligatorio el cumplimiento de dicho presupuesto, por incumbir propiamente a la exigibilidad del t\u00edtulo, de modo que no consumar esa premisa impide la ejecuci\u00f3n, as\u00ed se trate de un nuevo acreedor. <\/p>\n

Sin embargo ello no ocurri\u00f3, toda vez que el ejecutante consider\u00f3 que por la mora de la deudora pod\u00eda hacer exigible la totalidad de la obligaci\u00f3n solamente con la presentaci\u00f3n de la demanda y luego de haber efectuado unilateralmente la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, aludiendo a lo establecido en el cuerpo del pagar\u00e9, la ley 546 de 1999, la sentencia C-955 de la Corte Constitucional y la Circular Externa 007 de 2000 de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera). <\/p>\n

Lo que resulta injustificable, pues se itera, ese fue el fin primordial del legislador al expedir la Ley 546 de 1999, que buscaba proteger el derecho a una vivienda digna para los deudores en mora dada la volatilidad de los intereses y, por ende, de las cuotas que deb\u00edan pagar por sus cr\u00e9ditos hipotecarios. <\/p>\n

En tal sentido debe recordar la Sala que la Corte Constitucional tambi\u00e9n previ\u00f3 la imposibilidad de que el deudor y la entidad financiera no llegaran a un acuerdo en cuanto a la modificaci\u00f3n de las condiciones del cr\u00e9dito, por lo cual indic\u00f3 varias posibilidades en la Sentencia SU-787 de 2012, en la que se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

En ausencia de un acuerdo de voluntades, ello supone que la ley, o en su defecto, la jurisprudencia, deben fijar las condiciones en las que esa reestructuraci\u00f3n resultar\u00eda imperativa. <\/p>\n

Para ese efecto era preciso fijar unos criterios, derivados de la Constituci\u00f3n y de la naturaleza de las cosas, el primero de los cuales ser\u00eda el de que la reestructuraci\u00f3n tiene como prop\u00f3sito restituir al deudor en su capacidad de pago, al menos en relaci\u00f3n con el momento en el que inici\u00f3 la mora. <\/p>\n

De este modo, una primera posibilidad, ser\u00eda reconstituir las condiciones del cr\u00e9dito, asumiendo, para ese efecto, que no se hubiese presentado la mora. Ello implicar\u00eda que una vez reliquidado el cr\u00e9dito y aplicados los abonos, el deudor pagase, con sus respectivos intereses, las cuotas que para ese momento estuviesen en mora, y prosiguiese pagando el saldo de la obligaci\u00f3n por lo que restase del tiempo inicialmente pactado (\u2026) <\/p>\n

La anterior soluci\u00f3n, sin embargo, resulta insuficiente para el prop\u00f3sito de restablecer al deudor en su capacidad de pago que se vio alterada por unas condiciones inconstitucionales en la liquidaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos. <\/p>\n

Una segunda posibilidad, entonces, ser\u00eda reestructurar la obligaci\u00f3n, tomando como referencia la fecha en la que el deudor incurri\u00f3 en mora, pero sin exigirle el pago inmediato de las cuotas atrasadas, sino proyectando la totalidad del saldo por el plazo que para ese momento estuviese pendiente conforme a las condiciones inicialmente pactadas. <\/p>\n

Una tercera posibilidad ser\u00eda aquella en la cual, sin perjuicio de los acuerdos a los que pudiesen llegar las partes, la reestructuraci\u00f3n se hiciese tomando para ello el plazo m\u00e1ximo previsto en la ley, que es de quince a\u00f1os, contados a partir del momento en el que se realice la reestructuraci\u00f3n. Las dem\u00e1s condiciones ser\u00edan las del cr\u00e9dito reliquidado, con los ajustes que quepa hacer de acuerdo con la ley, y aplicando, en cualquier caso, el que resulte m\u00e1s beneficioso para el deudor. <\/p>\n

En ese orden, es claro que el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla transgredi\u00f3 el derecho al debido proceso de los tutelantes, pues so pretexto de que el t\u00edtulo valor no se encuentra pactado en UPAC y \u00e9ste da cuenta de la refinanciaci\u00f3n de la deuda, que como se vio no ocurri\u00f3, rechaz\u00f3 la solicitud de terminaci\u00f3n, olvid\u00e1ndose que en ejecuciones de caracter\u00edsticas como las que ahora se analizan, necesario es la verificaci\u00f3n del cumplimiento del requisito de reestructuraci\u00f3n al que la deudora hizo alusi\u00f3n2. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, es claro que con el rechazo de la solicitud mencionada se concret\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada, por lo que es necesario, entonces, dejar sin efecto esa decisi\u00f3n, a efectos de que el juzgador del circuito accionado, cumpla el deber de verificar si en el caso, pese a la emisi\u00f3n de a sentencia, se cumpl\u00edan los presupuestos para ordenar continuar con la ejecuci\u00f3n y as\u00ed verificar si existen las condiciones que le dan eficacia al t\u00edtulo base del recaudo. <\/p>\n

6. Por lo anterior, la Sala concluye que la protecci\u00f3n debe otorgarse, raz\u00f3n por la cual se conceder\u00e1 el amparo suplicado y para poner a salvo los derechos reclamados, se dejar\u00e1 sin efecto la decisi\u00f3n emitida el 26 de septiembre de 2017, para en su lugar ordenar Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente actuaci\u00f3n, resuelva nuevamente la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso que elevaron los accionantes, atendiendo esta vez los pronunciamientos que frente a la reestructuraci\u00f3n ha emitido esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CONCEDE el amparo constitucional invocado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO el auto que el 26 de septiembre de 2017 emiti\u00f3 el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla dentro del proceso ejecutivo hipotecario que se adelanta en contra del accionante Alfonso El\u00edas L\u00f3pez Rodr\u00edguez. <\/p>\n

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n y atendiendo las consideraciones aqu\u00ed expuestas, como las sostenidas ampliamente por esta Corporaci\u00f3n respecto de la reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos hipotecarios, resuelva nuevamente la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso que le formul\u00f3 susodicho accionante. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada esta sentencia. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

2\u0002 \t\u0002 CSJ STC 8 ago. 2012, Rad. 00134-01<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC2369-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00298-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Alfonso El\u00edas L\u00f3pez Rodr\u00edguez y Gladys Carre\u00f1o Matajira, a trav\u00e9s de apoderado judicial, contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101670","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101670","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101670"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101670\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101670"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101670"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101670"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}