{"id":101679,"date":"2026-07-01T18:41:58","date_gmt":"2026-07-01T18:41:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101679"},"modified":"2026-07-01T18:41:58","modified_gmt":"2026-07-01T18:41:58","slug":"stc2387-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2387-2018\/","title":{"rendered":"STC2387-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2387-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 20001-22-14-003-2017-00279-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Procede la Corte a desatar la impugnaci\u00f3n interpuesta por Orlando Contreras Posada y Ramona Villegas de Contreras contra la sentencia dictada en la tutela entablada por los recurrentes contra el Ministerio de Defensa. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

Los promotores buscaron la protecci\u00f3n de sus \u00abderechos constitucionales\u00bb, para que se \u00abordene al Ministerio de Defensa, que se altere los turnos para pagar las sentencias, que tenga su cargo cancelar, para que una vez notificada la decisi\u00f3n favorable a los tutelantes, se le cancele dentro de los 15 d\u00edas siguientes, los dineros a que ellos tengan derecho\u00bb. <\/p>\n

Lo antepuesto fue sustentado en que el Consejo de Estado conden\u00f3 a la Naci\u00f3n a favor de los gestores y que dicho veredicto fue radicado para el cobro el 22 de octubre de 2015, sin que, luego de 23 meses, se haya cancelado. Agregaron que han interpuesto varias solicitudes pero en la \u00faltima respuesta le indicaron que \u00abse encuentran liquidando y pagando las cuentas radicadas en el mes de octubre de 2014\u00bb. <\/p>\n

El Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas y Jurisdicci\u00f3n Coactiva del Ministerio de Defensa Nacional se\u00f1al\u00f3 que de acuerdo con el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, el 117 del extinto C\u00f3digo Contencioso Administrativo y el 7\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo \u00abel pago de las obligaciones debe realizarse una vez se llegue al turno asignado a la cuenta, en la medida que se complete la documentaci\u00f3n requerida y, atendiendo el Programa Anual de Caja (PAC) previsto por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, que es la entidad encargada de asignar anualmente el presupuesto de pagos en cada vigencia fiscal\u00bb, por lo que inform\u00f3 que a los quejosos les corresponde el turno 6261-2015. <\/p>\n

El a quo neg\u00f3 la salvaguarda implorada luego de recalcar c\u00f3mo: <\/p>\n

\u00abla condena dineraria respecto de la cual se pretende el pago corresponden a dineros p\u00fablicos, por lo que su pago se encuentra sujeto a los tr\u00e1mites y procedimientos que en el caso en particular tengan establecidos el MINISTERIO DE DEFENSA a trav\u00e9s de su dependencia que le corresponde cumplir esa funci\u00f3n, circunstancia que justifica la asignaci\u00f3n de turnos para atender las solicitudes de pago que sean formuladas por los ciudadanos con ocasi\u00f3n de las decisiones judiciales, no pudiendo desconocerse las circunstancias de aquellos usuarios que radicaron sus pedimentos con anterioridad a los accionantes en aplicaci\u00f3n al principio de igualdad\u00bb. <\/p>\n

Ese veredicto fue repelido. Los reparos se circunscribieron \u2013cambiando el perfil de las pretensiones- a sostener una falta de \u00abrespuesta clara y de fondo\u00bb de las peticiones elevadas, ya que \u00abdebi\u00f3 haber dicho cuando (sic) se pagar\u00edan los dineros a que tienen derecho los tutelantes\u00bb, afincados en la sentencia T-033-2012. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

La Corte en STC1079-2018, ense\u00f1\u00f3:
\nBien es sabido la naturaleza constitucional fundamental del derecho de petici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, el que se concreta en la facultad de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades para obtener de ellas una respuesta \u00f3ptima sobre el particular. <\/p>\n

En esa l\u00ednea de principio, se tiene dicho que el contenido de la respuesta deber\u00e1 guardar relaci\u00f3n con lo requerido, satisfacer de manera completa la totalidad de los interrogantes que se planteen, sin que ello implique, claro est\u00e1, que el pronunciamiento conlleve necesariamente, una respuesta favorable, y, ser puesta en conocimiento del interesado, para as\u00ed garantizar el goce efectivo de dicha prerrogativa. <\/p>\n

Bien pronto se avizora la ratificaci\u00f3n del veredicto de instancia, habida cuenta que revisado el p\u00e1ginario no se hall\u00f3 escrito dirigido por los interesados, o su apoderado, en ejercicio del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, a obtener una fecha cierta en la que se honrar\u00eda la condena impuesta por la jurisdicci\u00f3n al Ministerio de Defensa. As\u00ed, examinado en su totalidad el \u00fanico escrito anexo a la demanda en el que se extrae un desempe\u00f1o por aquellos, el abogado de Yamile Torres e Idaly Contreras relacion\u00f3 los documentos que acompa\u00f1\u00f3, sin ninguna solicitud concreta m\u00e1s all\u00e1 de la dada en la referencia: \u00abPETICI\u00d3N DE COBRO DE LOS PERJUICIOS CONTENIDOS EN LA SENTENCIA (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Por manera que contrario a lo dicho por los censores, no es palpable que se haya dejado de resolver de fondo y de manera clara la petitoria elevada \u2013al menos la que reposa en el expediente-. Lo anterior, en raz\u00f3n a que revisado el oficio emanado por el Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas y Jurisdicci\u00f3n Coactiva de la cartera encartada, con No. OFI16-75588, \u00e9sta comunic\u00f3 el turno interno para pago que les correspondi\u00f3, como a su vez los radicados que se estaban cubriendo para el momento de la contestaci\u00f3n. <\/p>\n

Tal proceder parece razonable ya que el art\u00edculo 195, en concordancia con el 192 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no obliga a las entidades a fijar una fecha cierta para pago, como lo reclama las opugnadoras; todo, seguramente, bajo el entendido que se debe tener en cuenta la asignaci\u00f3n presupuestal para ello, y en espec\u00edfico el Programa Anual de Caja (PAC) previsto por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico. <\/p>\n

Finalmente, no es admisible dar aplicaci\u00f3n al precedente tra\u00eddo con la sentencia T-033-2012, dado que \u00e9ste recalca el deber de los entes integrantes del Sistema Nacional de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas dar una \u00abfecha cierta\u00bb frente a requerimientos dirigidos a obtener ayuda humanitaria de miembros de la poblaci\u00f3n desplazada por la violencia, por lo que es ostensible la variaci\u00f3n f\u00e1ctica con este caso. <\/p>\n

Baste lo dicho en precedencia para ratificar lo zanjado en la primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve CONFIRMAR la sentencia de primer grado, por lo explicado. <\/p>\n

Notif\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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