{"id":101688,"date":"2026-07-01T18:42:46","date_gmt":"2026-07-01T18:42:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101688"},"modified":"2026-07-01T18:42:46","modified_gmt":"2026-07-01T18:42:46","slug":"stc2437-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2437-2018\/","title":{"rendered":"STC2437-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2437-2018
\nRadicaci\u00f3n n. 11001-22-10-000-2017-00885-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en la acci\u00f3n de tutela promovida por Marlon Casta\u00f1eda Montenegro contra el Juzgado Dieciocho de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y defensa, los cuales estima vulnerados por la autoridad judicial accionada, quien no ha resuelto el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios que present\u00f3 el 26 de septiembre de 2016. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se ordene la resoluci\u00f3n del asunto de manera inmediata. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Lina Paola Noy Avila confiri\u00f3 poder al aqu\u00ed accionante para que adelantara proceso ejecutivo de alimentos en contra de N\u00e9stor Mar\u00edn, padre de los hijos de aquella. <\/p>\n

2. En cumplimiento del mandato concedido, el apoderado judicial present\u00f3 la demanda respectiva, la que por reparto fue asignada al Juzgado Dieciocho de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n

3. En auto de 22 de abril de 2016 el estrado judicial mencionado, dispuso la inadmisi\u00f3n del libelo, empero, tras su subsanaci\u00f3n se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite en auto de 17 de mayo siguiente. <\/p>\n

4. Comenta el reclamante, que debido a la informaci\u00f3n que empleados del juzgado dieron a su representada, quienes le explicaron que en esa clase de juicios no era necesario actuar por intermedio de apoderado, la progenitora demandante le exigi\u00f3 renunciar al poder, para as\u00ed cancelar el monto de sus honorarios. <\/p>\n

5. En vista de lo anterior, y tras presentarse la solicitud correspondiente, en auto de 2 de septiembre siguiente, el Juzgado accionado acept\u00f3 la renuncia presentada por el accionante. <\/p>\n

6. Teniendo en cuenta que el pago de los honorarios no se realiz\u00f3, el 26 de septiembre de 2016 present\u00f3 incidente a efectos de que el juez procediera a regularlos. <\/p>\n

7. Surtido el traslado correspondiente, en auto de 12 de diciembre se decretaron las pruebas solicitadas por el incidentalista y se convoc\u00f3 a las partes para que en audiencia que se realizar\u00eda el 29 de agosto de 2017 se decidiera respecto de la regulaci\u00f3n. <\/p>\n

8. Teniendo en cuenta que la fecha y hora programada no se hicieron presentes las partes, en auto de 23 de noviembre siguiente se fij\u00f3 nueva fecha para el 12 de febrero de 2018. <\/p>\n

9. El accionante acude al amparo constitucional por estimar que el estrado judicial accionado ha incurrido en mor judicial, pues ha pasado m\u00e1s de un a\u00f1o desde la fecha en que present\u00f3 el incidente de regulaci\u00f3n y ning\u00fan pronunciamiento se ha emitido al respecto. <\/p>\n

Explica la necesidad de que se concrete el valor de sus honorarios, pues estima que la labor que ejerci\u00f3 en desarrollo del poder que le fue conferido fue trascendental para que la demandante lograra el pago de las mensualidades alimentarias que requiere para su menor hijo. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 21 de noviembre de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela y se dispuso el traslado a la parte accionada, as\u00ed como a los terceros y dem\u00e1s intervinientes en el proceso para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 16, c.1] <\/p>\n

2. El Juzgado Dieciocho de Familia de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que no ha vulnerado los derechos del reclamante, pues radicada la solicitud de regulaci\u00f3n, dispuso el traslado correspondiente, y en vista de que la nueva codificaci\u00f3n procesal civil exige que los tr\u00e1mites incidentales se resuelvan en audiencia, procedi\u00f3 a fijar fecha para el efecto, sin que el d\u00eda y hora programada el aqu\u00ed reclamante se hubiese hecho presente. En vista de lo anterior program\u00f3 nueva fecha. <\/p>\n

3. En fallo de 4 de diciembre de 2017, la Sala de Familia del Tribunal de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el amparo invocado tras advertir que se estaba en presencia de un hecho superado, pues la resoluci\u00f3n del incidente estaba programada para el 12 de febrero pr\u00f3ximo. <\/p>\n

4. Tras reiterar el contenido de su escrito inicial, el accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, advirtiendo que ha transcurrido un a\u00f1o y tres meses sin que se defina el asunto. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La acci\u00f3n de tutela es una herramienta que busca la protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o los particulares. Este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de alg\u00fan otro medio de defensa judicial. <\/p>\n

2. En el presente asunto, el accionante centr\u00f3 su inconformidad en el hecho de que la autoridad accionada no ha resuelto el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios que presento dentro del proceso ejecutivo de alimentos que promovi\u00f3 en ejercicio del poder que Lina Paola Noy Avila le otorg\u00f3. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n

\u00ab\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01). <\/p>\n

Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n

Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb (Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00). <\/p>\n

De ah\u00ed, que al revisar el tr\u00e1mite del asunto sometido al conocimiento de la autoridad accionada, no se advierte una dilaci\u00f3n que conlleve a dispensar la protecci\u00f3n constitucional reclamada por el promotor del amparo, pues el estado de la actuaci\u00f3n no surge de un acto arbitrario, infundado o caprichoso del despacho accionado que justifique la intervenci\u00f3n del juez constitucional en las funciones que aquel ejerce con la autonom\u00eda e independencia reconocidas por la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

Lo anterior, de atender que presentada por parte del accionante la solicitud de regulaci\u00f3n de sus honorarios, procedi\u00f3 la juzgadora a cargo de la actuaci\u00f3n a correr traslado a quien all\u00ed funge como demandante, luego de lo cual, convoc\u00f3 a las partes para que, en cumplimiento de lo establecido en el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo General del Proceso, se resolviera el asunto en audiencia. <\/p>\n

Con el fin de agotar tal actuaci\u00f3n, la funcionaria estableci\u00f3 que el aqu\u00ed reclamante deb\u00eda presentarse el 29 de agosto de 2017, empero, en la fecha y hora programada el abogado no acat\u00f3 la citaci\u00f3n, proceder que impidi\u00f3 la resoluci\u00f3n del asunto, y lo que necesariamente conllev\u00f3 a que se fijara una nueva fecha para el efecto, la que se program\u00f3 para el 12 de febrero de la presente anualidad. <\/p>\n

Visto de ese modo el asunto, no es posible considerar que el retraso en la resoluci\u00f3n del asunto relacionado con los honorarios del accionante obedezca a una actuaci\u00f3n morosa y dilatoria del juzgado, por el contrario, de los antecedentes de esta providencia, posible es advertir la rigurosidad con la que se ha desempe\u00f1ado la juzgadora a cargo del proceso, siendo claro que fue la inasistencia del abogado, lo que retras\u00f3 la resoluci\u00f3n que aqu\u00ed reclama. <\/p>\n

4. Lo anterior, encantes se estima suficiente, para concluir que el amparo reclamado deb\u00eda denegarse, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada esta sentencia. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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