{"id":101689,"date":"2026-07-01T18:42:49","date_gmt":"2026-07-01T18:42:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101689"},"modified":"2026-07-01T18:42:49","modified_gmt":"2026-07-01T18:42:49","slug":"stc2438-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2438-2018\/","title":{"rendered":"STC2438-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2438-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00368-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la tutela interpuesta por Yessica Tatiana Lemus Herrera frente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Jorge Hern\u00e1n Vargas Rinc\u00f3n, Jorge Eli\u00e9cer Moya Vargas y \u00d3scar Humberto Ram\u00edrez Cardona, con ocasi\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de tierras promovido por Carlos Alberto Sierra S\u00e1nchez, fungiendo como opositores Mar\u00eda Esperanza Herrera y Jaime Lemus Arrepiche. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La promotora requiere la protecci\u00f3n de las garant\u00edas a la vida digna, m\u00ednimo vital y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por la accionada. <\/p>\n

2. Como fundamento de su queja, expresa en concreto, que es hija de Mar\u00eda Esperanza Herrera y Jaime Lemus Arrepiche, quienes infructuosamente se opusieron al proceso de restituci\u00f3n materia de esta salvaguarda. <\/p>\n

Inconformes con el lanzamiento dispuesto dentro de ese asunto, los citados sujetos formularon una acci\u00f3n como la actual, concedida por esta Sala de Casaci\u00f3n mediante sentencia de 29 de marzo de 2017, en la cual le orden\u00f3 al colegiado querellado pronunciarse \u201c(\u2026) sobre la condici\u00f3n de segundo[s] ocupante[s de los prenombrados] y aplica[r], en lo pertinente, (\u2026) el fallo C-330 (sic) de la Corte Constitucional\u201d. <\/p>\n

Aun cuando en observancia de lo anterior, el juzgador emiti\u00f3 un nuevo prove\u00eddo, \u201cno ha dado total cumplimiento\u201d a lo establecido en el auxilio primigenio, por cuanto si bien decret\u00f3 medidas a favor de los mencionados se\u00f1ores y su n\u00facleo familiar, integrado, entre otros, por la ac\u00e1 quejosa, \u00e9stas no se han verificado. <\/p>\n

3. Tras reiterar lo ya descrito y afirmar que la diligencia de desalojo se program\u00f3 para el 16 febrero de 2018, pide \u201c(\u2026) se disponga lo pertinente para el legal cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal de Tierras\u201d atacado. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

Adujo que la ahora promotora no actu\u00f3 como opositora en el proceso censurado y que las ayudas decretadas en favor de quienes si fungieron como tales ya se materializaron. <\/p>\n

1. De entrada se constata la legitimaci\u00f3n de Yessica Tatiana Lemus Herrera para formular el actual ruego, pues las pruebas acreditan que su padre, Jaime Lemus Arrepiche, la ha referido dentro del proceso ahora auscultado como componente de su grupo familar. <\/p>\n

2. Las evidencias recopiladas revelan que esta Sala de Casaci\u00f3n en fallo de tutela de 29 de marzo de 2017, inst\u00f3 al colegiado atacado a pronunciarse \u201c(\u2026) sobre la condici\u00f3n de segundo[s] ocupante[s] de Mar\u00eda Esperanza Herrera y Jaime Lemus Arrepiche\u201d y de hallar configurada esa calidad, impartir \u201c(\u2026) las \u00f3rdenes correspondientes a la Unidad Administrativa Especializada en Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas\u201d. <\/p>\n

3. El 4 de mayo de 2017, la corporaci\u00f3n accionada en acogimiento de lo precedente, \u201c(\u2026) reconoci\u00f3 como segundos ocupantes a Mar\u00eda Esperanza Herrera y Jaime Lemus Arrepiche\u201d, y en punto de ellos exhort\u00f3 <\/p>\n

\u201c(\u2026) al Fondo de la UAEGRTD, en concurrencia con la Direcci\u00f3n Territorial Meta (\u2026), proced[er] a entregar a los [citados], de manera prioritaria y preferente, la medida establecida en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 8\u00ba, Acuerdo 033 de 2016, materializada en la entrega de una suma de dinero correspondiente a una Unidad Agricola Familiar \u2013UAF- calculada a nivel predial sobre el bien pretendido en restituci\u00f3n (\u2026), [y a la] Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n Especial y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, en concurrencia con la Alcald\u00eda Municipal de Puerto Gait\u00e1n, Meta, la Gobernaci\u00f3n del Departamento del Meta, en conjunto con el Comit\u00e9 Territorial del Justicia Transicional del Meta, (\u2026) adelantar las acciones pertinentes (\u2026) con el fin de garantizar a la se\u00f1ora Mar\u00eda Esperanza Herrera, el se\u00f1or Jaime Lemus Arrepiche, as\u00ed como a su n\u00facleo familiar, el goce efectivo de los derechos a la salud, educaci\u00f3n, alimentaci\u00f3n, subsidio de vivienda y orientaci\u00f3n ocupacional (\u2026). Ordenar a la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n Especial y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas (\u2026) asigna[r] y entrega[r] a la se\u00f1ora Mar\u00eda Esperanza Herrera y [a]l se\u00f1or Jaime Lemus Arrepiche, el valor correspodiente a la reparaci\u00f3n por v\u00eda administrativa en relaci\u00f3n con el hecho victimizante desplazamiento forzado, seg\u00fan los par\u00e1metros reglados por los art\u00edculos 149 y siguientes del Decreto 4800 de 2011\u201d. <\/p>\n

4. La presente protecci\u00f3n no sale avante por ausencia del presupuesto de subsidiariead, pues si la petente estima desatendido el fallo emitido por esta Corporaci\u00f3n, debe iniciar el respectivo incidente de desacato. <\/p>\n

Ahora, si lo que pretende es evidenciar el incumplimiento por parte de las referidas autoridades administrativas, a quienes se les compeli\u00f3 atender algunas necesidades de los se\u00f1ores Herrera y Lemus Arrepiche, lo procedente es ventilar esa circunstancia ante el juzgador querellado, por ser el llamado a conocer tal denuncia y de hallarla fundada, adoptar las medidas necesarias para conjurar la situaci\u00f3n. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, la protecci\u00f3n invocada deviene impr\u00f3spera por su condici\u00f3n residual, evento que est\u00e1 contemplado como causal de inviabilidad en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Al respecto, esta Corte ha expresado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) la finalidad de este resguardo no es la de convertirse en un camino m\u00e1s, paralelo a lo que son las v\u00edas jur\u00eddicas ordinarias por las que transitan las distintas controversias, en af\u00e1n de anticipar la toma de decisiones que, en principio, corresponde adoptar exclusivamente al juez del proceso\u201d1. <\/p>\n

Asimismo ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) el amparo no se instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores, por cuanto esas herramientas fueron las dise\u00f1adas por el legislador para que de ellas hicieran uso los sujetos procesales dentro de cada asunto en particular; as\u00ed que si el accionante no puso en marcha siquiera una sola de \u00e9stas, le est\u00e1 vedado formular de manera concomitante la presente v\u00eda, porque con ello estar\u00eda pretendiendo sustituir al juez natural por el constitucional, siendo que \u00e9ste nunca se cre\u00f3 con ese objetivo; tal circunstancia lo que pone en evidencia es un comportamiento presuroso, pues es el funcionario que conoce del asunto quien ostenta la potestad, bajo los postulados de la independencia, desconcentraci\u00f3n y autonom\u00eda, para resolver el conflicto de intereses que se le someti\u00f3 a su composici\u00f3n\u201d2. <\/p>\n

Esta Sala en un asunto de este linaje, consign\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [e]l promotor del resguardo (\u2026) reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a la \u00abvida digna\u00bb, que dice vulnerado por la entidad acusada. <\/p>\n

Solicit\u00f3, en consecuencia, se ordene a la secretar\u00eda convocada \u00abse abstenga de cobrar dinero alguno por concepto de grabar audiencias dentro de acciones constitucionales\u00bb (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Ese auxilio se neg\u00f3, por cuanto <\/p>\n

\u201c(\u2026) el gestor (\u2026), no atendi\u00f3 el principio de subsidiariedad que enmarca su procedibilidad, toda vez que no ha solicitado, ante el funcionario judicial que tramita la acci\u00f3n (\u2026) a la que se contrae la queja constitucional, la expedici\u00f3n de la reproducci\u00f3n que por esta v\u00eda deprec\u00f3, ni la exoneraci\u00f3n del pago del arancel que se le exigi\u00f3 para tales efectos, seg\u00fan se extracta de lo que inform\u00f3 el Tribunal criticado, lo que denota que a su alcance tiene un medio judicial id\u00f3neo de defensa. <\/p>\n

En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Por tanto, al verificarse la improcedencia del amparo reclamado, as\u00ed deber\u00e1 declararse, al existir ese otro mecanismo de defensa para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma como tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

As\u00ed como por la regla 93 ej\u00fasdem, al estipular: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

7. Los argumentos descritos son suficientes para desestimar la salvaguarda deprecada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Yessica Tatiana Lemus Herrera frente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Jorge Hern\u00e1n Vargas Rinc\u00f3n, Jorge Eli\u00e9cer Moya Vargas y \u00d3scar Humberto Ram\u00edrez Cardona, con ocasi\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de tierras promovido por Carlos Alberto Sierra S\u00e1nchez, fungiendo como opositores Mar\u00eda Esperanza Herrera y Jaime Lemus Arrepiche. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el ejercicio del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb7, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb8; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagadas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la acci\u00f3n de tutela, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional9, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual "La Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales". <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como le son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC,C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC,C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. STC 17 \tde marzo de 2011, exp. 2011-00436-00.
\n2 \tCSJ. STC 10 de agosto \tde 2009 rad. 2009-00189-01, reiterada el 29 de agosto de 2011, exp. \t2011-00982-01; el 22 de agosto de 2012, exp. 869-02; el 12 de \tseptiembre pasado, exp. 2012-01742-01; y el 6 de febrero de 2003, \texp. 2012-02698-01.
\n3 \tCSJ. STC de 22 de marzo de 2017, exp.: 00615-00.
\n4 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n5 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n6 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n7 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n8 \tCIDH. Caso \tHeliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de \t2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n9 \tSentencias C-225-1995, C-028-2006, C-35 5-2006 y C-488-2009 entre \totras.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC2438-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00368-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la tutela interpuesta por Yessica Tatiana Lemus Herrera frente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101689","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101689","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101689"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101689\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101689"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101689"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101689"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}