{"id":101693,"date":"2026-07-01T18:43:18","date_gmt":"2026-07-01T18:43:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101693"},"modified":"2026-07-01T18:43:18","modified_gmt":"2026-07-01T18:43:18","slug":"stc2446-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2446-2018\/","title":{"rendered":"STC2446-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2446-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00374-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La promotora reclama la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, presuntamente infringido por los accionados. <\/p>\n

2. Comenta como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, que dentro del juicio materia de este auxilio, luego de muchos \u201cactos dilatorios\u201d realizados por los demandados, se subast\u00f3 el predio cautelado, venta aprobada el 9 de octubre de 2013, determinaci\u00f3n confirmada en segunda instancia el 22 de mayo de 2014. <\/p>\n

Agrega que aun cuando los convocados a pleito nada alegaron en su defensa, pues no formularon recursos ni propusieron excepciones de \u00edndole alguna, el a quo el 13 de diciembre de 2016, dio por terminado ese litigio1, auto ratificado por el tribunal querellado el 1 de junio de 2017. <\/p>\n

Reprocha esas dos \u00faltimas decisiones por quebrantar sus garant\u00edas y violar \u201c(\u2026) la seguridad jur\u00eddica que [le] daban varios pronunciamientos (\u2026) proferidos dentro del tr\u00e1mite (\u2026) como las diferentes acciones de tutela promovidas (\u2026) y negadas en ambas instancias, providencias que fueron anteriores y que por tanto, para los meses de diciembre de 2016 (\u2026) y junio de 2017, se encontraban en firme y debidamente ejecutoriadas\u201d. <\/p>\n

Estima que con esas determinaciones \u201cse premia\u201d a los deudores, quienes actuaron \u201c(\u2026) de manera dilatoria\u201d, no propusieron defensa alguna, tampoco pagaron y \u201c(\u2026) no cumpli[eron] con sus obligaciones contractuales\u201d, gener\u00e1ndole perjuicio a la tutelante y a su familia, por cuanto los dineros utilizados \u201c(\u2026) para la obtenci\u00f3n del remate del inmueble fue[ron] el fruto de toda una vida de trabajo\u201d. <\/p>\n

Sostiene que el ejecutivo objeto de este auxilio inici\u00f3 luego del 31 de diciembre de 1999, por tanto, contrario a lo considerado por los juzgadores accionados, respecto de ese decurso no era exigible \u201c(\u2026) como requisito de procedibilidad (\u2026) la existencia del proceso de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n crediticia\u201d. <\/p>\n

3. Luego de reiterar in extenso lo ya descrito y exponer su particular criterio de la forma c\u00f3mo debi\u00f3 solucionarse el asunto, pide, entre otras cosas, revocar las providencias confutadas, dictar otras ajustadas a ley y disponer la entrega inmediata del predio subastado. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

El ad quem realiz\u00f3 un recuento de su gesti\u00f3n, sin aducir argumento en relaci\u00f3n con los hechos narrados en el libelo constitucional. <\/p>\n

El juzgador del circuito arguy\u00f3 no haberle quebrantado prerrogativa superior alguna a la interesada. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La demandante en tutela, Carmen Elvira Araque Pinz\u00f3n est\u00e1 en desacuerdo con los prove\u00eddos mediante los cuales se dio por terminado el memorado ejecutivo, dictados, el \u00faltimo de ellos, el 1\u00ba de junio de 2017, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n

2. As\u00ed las cosas, es palmario el fracaso de la salvaguarda, por cuanto fue propuesta tard\u00edamente el 14 de febrero de 2018, esto es, m\u00e1s de ocho (8) meses despu\u00e9s de emitido ese auto, t\u00e9rmino que supera el estimado por esta Corporaci\u00f3n como tempestivo para hacer uso del presente ruego. <\/p>\n

En no pocas ocasiones, la Corte ha adoctrinado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d2. <\/p>\n

3. Como excusa de tal tardanza Carmen Elvira Araque Pinz\u00f3n adujo: i) \u201clas consultas (\u2026) y [el] estudio de la jurisprudencia con el objeto de verificar si era o no procedente la presente tutela\u201d; y ii) el retorno del expediente a primera instancia solo hasta el 14 junio de 2017. <\/p>\n

Esos pretextos no son acogidos, porque si para la actora las decisiones refutadas violaban sus garant\u00edas fundamentales, lo propio era acudir de inmediato a este amparo, pues ante tal quebranto, cualquier espera o an\u00e1lisis de \u201cjurisprudencia\u201d sobraba. <\/p>\n

4. Al margen de lo anterior, auscultadas las determinaciones cuestionadas, se advierte sin dificultad que se ajustan al criterio trazado por esta Corporaci\u00f3n sobre juicios en los cuales el pr\u00e9stamo cobrado se pact\u00f3 en UPACs, torn\u00e1ndose imperioso para dar curso a esos asuntos comprobar la reestructuraci\u00f3n de la acreencia. <\/p>\n

N\u00f3tese, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la terminaci\u00f3n del comentado coercitivo porque, en concreto, \u201c(\u2026) como el cr\u00e9dito fue otorgado el 9 de agosto de 1993, la obligaci\u00f3n de reestructurarlo no resiste duda y, ante la falta de agotamiento de esa gesti\u00f3n, no existe t\u00edtulo ejecutivo cuyo contenido sea viable recaudar\u201d. <\/p>\n

5. El escenario planteado no evidencia el menoscabo de prerrogativa alguna, por cuanto los juzgadores revisaron si el ejecutante ados\u00f3 junto con el instrumento base de recaudo, los soportes pertinentes para comprobar la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues, como lo ha dicho esta Corte, esos documentos <\/p>\n

\u201c(\u2026) conforman un t\u00edtulo ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permit\u00eda continuar con la ejecuci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cAl respecto, la Corte en un asunto de similares contornos consider\u00f3 que: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Si bien podr\u00eda decirse en gracia de discusi\u00f3n que el funcionario judicial no se refiri\u00f3 a dicha cuesti\u00f3n, es decir, si la obligaci\u00f3n hab\u00eda sido objeto de reestructuraci\u00f3n, por estimar que el proceso ejecutivo hipotecario se origin\u00f3 en el 2011 y porque no se demostr\u00f3 la existencia de saldos insolutos antes del 31 de diciembre de 1999, tales aspectos no podr\u00edan considerarse suficientes para desestimar per s\u00e9 dicho t\u00f3pico, sobre todo, por tratarse el asunto de un cr\u00e9dito para la adquisici\u00f3n de vivienda, situaci\u00f3n que ameritaba interpretarse con mayor \u00e9nfasis a la luz de la Carta Pol\u00edtica y la doctrina constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn esa l\u00ednea, pretiri\u00f3 exaltar la viabilidad de la reestructuraci\u00f3n3, en virtud de los lineamientos contenidos en el art\u00edculo 42 ej\u00fasdem, y en la providencia SU-813 de 2007, en particular, porque la concesi\u00f3n de tal beneficio \u201c(\u2026) no depende de la existencia de un proceso ejecutivo o de si la obligaci\u00f3n estaba al d\u00eda o en mora [a corte de 31 de diciembre 1999] (\u2026)\u201d4 (\u2026) (CSJ STC2747-2015, 12 mar. 2015, rad. 2015-00037-01) (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

Para esta Sala, de establecerse la inexistencia de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito en litigios como el cuestionado, procede la terminaci\u00f3n del compulsivo, pues <\/p>\n

\u201c(\u2026) la decisi\u00f3n de culminar el coercitivo por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito solo puede evitarse en caso de existir embargo de remanentes (\u2026), por cuanto, al acaecer tal circunstancia, implica prima facie que cualquier intento de reestructuraci\u00f3n ser\u00eda f\u00fatil, pues en ese evento s\u00ed resulta evidente la poca solvencia econ\u00f3mica de la obligada6 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) No debe dejarse de lado que el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, estableci\u00f3 el derecho a la reestructuraci\u00f3n en favor de los deudores de acreencias hipotecarias para la adquisici\u00f3n de vivienda otorgados inicialmente mediante UPAC, el cual obliga convenir el pago acorde con la realidad financiera de los afectados (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cPor tal motivo, esa medida no resulta discrecional para el acreedor, mucho menos renunciable por la deudora, en raz\u00f3n de su importancia constitucional. De ese modo, el prop\u00f3sito de diferir el saldo seg\u00fan las reales posibilidades financieras de la tutelante, vale insistir, de acuerdo con sus circunstancias concretas, persigue evitar que las familias sigan perdiendo injusta y masivamente sus hogares, de ah\u00ed que la reestructuraci\u00f3n para esa clase de coercitivos, integre el t\u00edtulo complejo y ausencia impida adelantar el cobro (\u2026)\u201d7.
\nSobre lo discurrido, la Corte Constitucional ha sostenido: <\/p>\n

\u201c(\u2026) a partir del cap\u00edtulo VIII de la aludida ley, se dispone la creaci\u00f3n de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n, en el que expresamente se se\u00f1ala que: \u2018[los] establecimientos de cr\u00e9dito deber\u00e1n ajustar los documentos contentivos de las condiciones de los cr\u00e9ditos de vivienda individual a largo plazo, desembolsados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley y a las disposiciones previstas en la misma (\u2026)\u20198. Esto significa que m\u00e1s all\u00e1 de la fecha de iniciaci\u00f3n del proceso ejecutivo, el hecho determinante para hacer exigible la reestructuraci\u00f3n, es que el cr\u00e9dito haya sido desembolsado con anterioridad a las fechas mencionadas en la propia Ley 546 de 1999 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cLa reestructuraci\u00f3n implica tanto la conversi\u00f3n del cr\u00e9dito del sistema UPAC al UVR, como el reconocimiento de los abonos previstos en el art\u00edculo 41 de la ley en menci\u00f3n, conforme al cual: \u2018Los abonos a que se refiere el art\u00edculo anterior se har\u00e1n sobre los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999, de los pr\u00e9stamos otorgados por los establecimientos de cr\u00e9dito para la financiaci\u00f3n de vivienda individual a largo plazo (\u2026)\u201d9. <\/p>\n

6. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos10 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma como tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

As\u00ed como por la regla 93 ej\u00fasdem, al estipular: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196911, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d12. <\/p>\n

7. Sin m\u00e1s disquisiciones el auxilio deprecado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Carmen Elvira Araque Pinz\u00f3n frente al Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, espec\u00edficamente contra el magistrado Luis Roberto Su\u00e1rez Gonz\u00e1lez, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario adelantado por Central de Inversiones S.A. a Henry Alberto D\u00edaz Pi\u00f1eros y otros, en el cual la ac\u00e1 accionante funge como cesionaria. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el ejercicio del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb13, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb14; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagadas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la acci\u00f3n de tutela, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional15, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual "La Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales". <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como le son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC,C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC,C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tSeg\u00fan las pruebas aportadas, el ejecutivo culmin\u00f3 por \tausencia de reestructuraci\u00f3n de la acreencia cobrada.
\n2 \tCSJ. STC 2 \tde agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros \tpronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.
\n3 \tAl respecto, la sentencia SU-813 de 2007 expuso: \t\u201c(\u2026) \tLa reestructuraci\u00f3n implica tanto la conversi\u00f3n del \tcr\u00e9dito del sistema UPAC al UVR, como el reconocimiento de \tlos abonos previstos en el art\u00edculo 41 de la ley en menci\u00f3n, \tconforme al cual: \u201cLos abonos a que se refiere el art\u00edculo \tanterior se har\u00e1n sobre los saldos vigentes a 31 de diciembre \tde 1999, de los pr\u00e9stamos otorgados por los establecimientos \tde cr\u00e9dito para la financiaci\u00f3n de vivienda individual \ta largo plazo (\u2026)\u201d.
\n4 \tCorte \tConstitucional, sentencia T-319 de 2012.
\n5 \tCSJ. STC \tde \t7 de abril de 2015, exp. 11001-02-03-000-2015-00601-00
\n6 \tCorte Constitucional, sentencia T-511 \tde 2001.
\n7 \tCSC. STC \taprobada \ten Sala de 20 de abril de 2016, \texp. 11001-02-03-000-2016-00926-00
\n8 \tArt\u00edculo 39 de la Ley 546 de 1999.
\n9 \tCorte Constitucional T-881 \tde 2013, \tcitada por esta Sala el 7 de abril de 2015, exp. \t11001-02-03-000-2015-00601-00.
\n10 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n11 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n12 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n13 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n14 \tCIDH. Caso \tHeliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de \t2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n15 \tSentencias C-225-1995, C-028-2006, C-35 5-2006 y C-488-2009 entre \totras.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC2446-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00374-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018) 1. ANTECEDENTES 1. La promotora reclama la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, presuntamente infringido por los accionados. 2. Comenta como sustento de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101693","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101693","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101693"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101693\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101693"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101693"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101693"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}