{"id":101700,"date":"2026-07-01T18:44:10","date_gmt":"2026-07-01T18:44:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101700"},"modified":"2026-07-01T18:44:10","modified_gmt":"2026-07-01T18:44:10","slug":"stc2468-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2468-2018\/","title":{"rendered":"STC2468-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC2468-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03306-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad Abogados Activos S.A.S. contra los Juzgados Primero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esta ciudad, vincul\u00e1ndose a las partes e intervinientes dentro del juicio que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El se\u00f1or Nicol\u00e1s S\u00e1nchez Ordo\u00f1ez, aduciendo la calidad de representante legal de la sociedad convocante, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas dentro del proceso ejecutivo mixto que inici\u00f3 Finanzas Uni\u00f3n S.A.S. contra Sandra Emilia Sierra Zu\u00f1iga (radicado No. 2014-00564). <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Que la sociedad, a quien aduce representar, actu\u00f3 como secuestre, en cuyo tr\u00e1mite el estrado municipal encartado \u00aborden\u00f3 la entrega del bien [objeto de la medida cautelar] sin el pago de los gastos ocasionados\u00bb por el desarrollo de sus funciones. <\/p>\n

2.2. Manifest\u00f3 que present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra la determinaci\u00f3n, sin embargo el funcionario municipal convocado, mantuvo la decisi\u00f3n y neg\u00f3 conceder la alzada. <\/p>\n

2.3. Se\u00f1al\u00f3 que contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la apelaci\u00f3n, formul\u00f3 recurso horizontal y en solicit\u00f3 copias para surtir el recurso de queja, denegando el primero, y ordenando el tr\u00e1mite de la queja que correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, quien declar\u00f3 bien denegada la alzada. <\/p>\n

2.4. Arguy\u00f3 que la disposici\u00f3n vulnera sus prerrogativas superiores, pues no tiene en cuenta que el auto atacado se circunscribe a la \u00abentrega de bienes\u00bb y adem\u00e1s \u00abpone fin al proceso\u00bb, lo que es susceptible del medio de impugnaci\u00f3n vertical, de acuerdo a los numerales 7\u00ba y 9\u00ba del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, conforme lo relatado, \u00abse tutele a los [despachos encartados] por las v\u00edas de hecho cometidas, al no resolver en legal forma los recursos interpuestos [\u2026]\u00bb. (fls. 1-14 C. 1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS. <\/p>\n

La Jueza del Circuito cuestionada, solicit\u00f3 denegar el amparo, al referir que por auto del 29 de noviembre de 2017 \u00abdeclar\u00f3 bien denegada la apelaci\u00f3n por cuanto el prove\u00eddo que ordena al auxiliar de la justicia hacer entrega del bien que tiene bajo su custodia, no es susceptible de tal beneficio\u00bb, en tanto la analog\u00eda no aplica para los eventos previstos en el ordenamiento procesal (fls. 21-22 Ibidem). <\/p>\n

El despacho municipal recriminado, manifest\u00f3 que en prove\u00eddo del 13 de junio de 2017 orden\u00f3 a la sociedad promotora, en su calidad de secuestre, la entrega del automotor de placas VEE116, y dijo que \u00abDiego S\u00e1nchez Ordo\u00f1ez pretende mantener bajo su poder un veh\u00edculo que no es garant\u00eda de los gastos a los que aspira le sean reconocidos, sino, que es garant\u00eda de la obligaci\u00f3n que se ejecuta en este juicio; circunstancia que hace improcedente la presente tutela\u00bb (fls. 23-25 Idem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00aben el sub-examine, advierte el Tribunal que el pluricitado presupuesto [legitimaci\u00f3n], no est\u00e1 cumplido, toda vez que la acci\u00f3n de tutela fue impetrada por el se\u00f1or Nicol\u00e1s S\u00e1nchez Ordo\u00f1ez, quien adujo ser el representante legal de Abogados Activos S.A.S. Sin embargo, no hay medio de convicci\u00f3n que permita establecer qui\u00e9n ostenta la representaci\u00f3n de la sociedad designada como secuestre en el proceso al que se contrae la queja, pese al requerimiento efectuado en el auto admisorio y comunicado v\u00eda telegr\u00e1fica\u00bb (fls. 34-37 Ibid.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el quejoso, alegando que \u00abinterpongo recurso de IMPUGNACI\u00d3N en contra de la sentencia proferida por su despacho\u00bb (fl. 53 Ib.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. En el presente caso, pretende el gestor se dejen sin valor ni efectos las decisiones de 13 de junio de 2017, que orden\u00f3 a la sociedad aqu\u00ed gestora entregar el veh\u00edculo de placas VEE116; as\u00ed como la de 12 de julio de ese mismo a\u00f1o, que decidi\u00f3 mantener el prove\u00eddo anterior; y la de 22 de agosto de esa anualidad que neg\u00f3 la apelaci\u00f3n, al considerar que el despacho encartado incurri\u00f3 en defecto sustantivo. <\/p>\n

3. La Corte ha precisado que la acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante o agente oficioso, evento \u00faltimo en el cual es requisito manifestar tal circunstancia. <\/p>\n

\u00abEn trat\u00e1ndose de la transgresi\u00f3n del debido proceso, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar su protecci\u00f3n constitucional, en principio, son aquellas personas naturales o jur\u00eddicas que intervinieron en el respectivo juicio o tr\u00e1mite administrativo o que siendo imperativa su vinculaci\u00f3n no fueron citados\u00bb (CSJ STC 4 Ago. 2009, Exp. 2009-01001-01). <\/p>\n

4. Tal y como lo advirti\u00f3 el Tribunal a quo, y como lo se\u00f1al\u00f3 la Corte constitucional en la Sentencia T-889 de 2013, los derechos de las personas jur\u00eddicas, por su propia naturaleza, s\u00f3lo pueden ser reivindicados por los representantes legales o los apoderados judiciales de \u00e9stas, ya sean de derecho p\u00fablico o de derecho privado. <\/p>\n

Al respecto el m\u00e1ximo Tribunal en lo constitucional, sostuvo que: <\/p>\n

\u00ab[L]a Sala ha distinguido claramente entre el agenciamiento de los derechos fundamentales de las personas jur\u00eddicas, que debe realizarlo su representante legal o su apoderado judicial, y los derechos fundamentales de las personas naturales que constituyen o hacen parte de la persona jur\u00eddica en cuesti\u00f3n. Por tanto, para esta Corporaci\u00f3n es claro que la legitimidad por activa para la defensa de los derechos fundamentales de las personas jur\u00eddicas depende de que exista una relaci\u00f3n de representaci\u00f3n legal o apoderamiento judicial entre la persona natural que alega la vulneraci\u00f3n y la persona jur\u00eddica que ha sido afectada. <\/p>\n

Ahora bien, acerca de la representaci\u00f3n judicial de las personas jur\u00eddicas, la Corte ha se\u00f1alado que debe guiarse por las reglas generales de postulaci\u00f3n, de manera que la acci\u00f3n de tutela debe ser presentada o bien por su representantes legal o bien por intermedio de apoderado. En cuanto a las entidades p\u00fablicas, este Tribunal ha se\u00f1alado que su representaci\u00f3n judicial puede llevarse a cabo por otros funcionarios distintos del Representante Legal, cuando as\u00ed lo dispongan las normas que definan su estructura. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, ha de concluirse que la legitimidad por activa es un requisito de procedibilidad imprescindible a la hora de interponer una acci\u00f3n de tutela, de manera que las personas naturales est\u00e1n legitimadas por activa, de manera directa, o a trav\u00e9s de sus representantes legales o por agentes oficiosos; mientras que las personas jur\u00eddicas est\u00e1n legitimadas por activa exclusivamente a trav\u00e9s de su representante legal o apoderado judicial\u00bb. <\/p>\n

5. As\u00ed las cosas, en el caso de cuyo estudio se ocupa la Sala, es evidente que las peticiones elevadas con el prop\u00f3sito de que se deje sin valor ni efecto la providencia de 12 de julio de 2017, dictada por el despacho municipal enjuiciado, as\u00ed como las que de ella se desprendan, no pueden encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda judicial, habida cuenta que el promotor, no acredit\u00f3 la condici\u00f3n de representante legal de la sociedad Abogados Activos S.A.S., como tampoco de actuar en calidad de apoderado de la misma; de ah\u00ed que adolezca de legitimaci\u00f3n en la causa para promover este tr\u00e1mite constitucional. Por tanto, deviene inane la solicitud de resguardo por \u00e9l planteada. <\/p>\n

Ahora bien, el art\u00edculo 85 del C. G. del P., establece que \u00abla prueba de la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas de derecho privado solo podr\u00e1 exigirse cuando dicha informaci\u00f3n no conste en las bases de datos de las entidades p\u00fablicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla. Cuando la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible por este medio, no ser\u00e1 necesario certificado alguno\u00bb, preceptiva que resulta aplicable a la presente acci\u00f3n constitucional, en virtud de lo dispuesto por el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 que dispone, que \u00ab[p]ara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto\u00bb. <\/p>\n

6. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC2468-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03306-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101700","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101700","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101700"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101700\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101700"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101700"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101700"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}