{"id":101702,"date":"2026-07-01T18:44:21","date_gmt":"2026-07-01T18:44:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101702"},"modified":"2026-07-01T18:44:21","modified_gmt":"2026-07-01T18:44:21","slug":"stc2472-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2472-2018\/","title":{"rendered":"STC2472-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC2472-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03530-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alirio Godoy Herrera contra la Superintendencia de Sociedades, vincul\u00e1ndose a las partes e intervinientes dentro del proceso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y propiedad privada, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n

2.1. Que mediante el 3 de octubre de 2003, se present\u00f3 para hacer postura \u00aben el remate llevado a cabo por la Superintendencia de Sociedades [\u2026] en el marco de la liquidaci\u00f3n obligatoria adelantado respecto de la SOCIEDAD ESTUPLAS LTDA.\u00bb, en la que se le adjudicaron los inmuebles identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias No. 50C-882250 y No. 50C-760795. <\/p>\n

2.2. Se\u00f1al\u00f3 que \u00ablas escrituras No. 815 del 21 de diciembre de 1987, otorgada en la Notar\u00eda \u00fanica de Funza y la No. 9252 de 26 de diciembre de 1997, de la Notar\u00eda Primera de Bogot\u00e1, son prueba indiscutible de que la extensi\u00f3n superficiaria del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula No. 50C- 760795, es de 4126.80 mts2, coincidiendo con la cabida superficiaria del inmueble obtenido mediante el remate antes mencionado\u00bb. <\/p>\n

2.3. Manifest\u00f3 que luego de aprobado y registrado el remate, por solicitud del liquidador se reabri\u00f3 el tr\u00e1mite procesal, quien aleg\u00f3 que \u00abel inmueble con cabida superficiaria de 4.126.80 mts2, ten\u00eda una extensi\u00f3n inferior y adem\u00e1s solicit\u00f3 que se segregara de dicho inmueble un lote del cual nunca se tuvo conocimiento con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50C-882251, reduci\u00e9ndosele [\u2026] la propiedad comprada [\u2026] sin ning\u00fan tipo de argumento m\u00e1s que un error cometido tanto por el liquidador de ESTUPLAS, como por la escritura, quit\u00e1ndole [\u2026] gran parte del inmueble\u00bb. <\/p>\n

2.4. Adujo que \u00abel 20 de noviembre de 2012, la Superintendencia secuestr\u00f3 el inmueble identificado con la matr\u00edcula No. 50C-882251\u00bb, impidi\u00e9ndole entonces ejercer de manera adecuada su posesi\u00f3n, situaci\u00f3n que considera una v\u00eda de hecho, ya que se le redujo el terreno vendido. <\/p>\n

2.5. Agreg\u00f3 que \u00abha pedido a la Superintendencia de Sociedades, la asignaci\u00f3n del bien que se identifica con el folio de matr\u00edcula No. 50C-882251, como parte f\u00edsica de su pago por el remate\u00bb, pero su reclamaci\u00f3n ha sido negada, debido a que tal bien \u00abno se encontraba relacionado en los bienes objeto de remate dentro de la liquidaci\u00f3n obligatoria de ESTUPLAS LTDA\u00bb. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, se ordene al querellado: <\/p>\n

i) \u00abla suspensi\u00f3n de la programaci\u00f3n de la diligencia de remate del inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-882251\u00bb, el cual no hace parte f\u00edsica de la superficie obtenida en remate con extensi\u00f3n de 4.126.80 metros cuadrados, adem\u00e1s que \u00absuspenda cualquier acto que tenga que ver con su venta\u00bb, y \u00abcesar toda persecuci\u00f3n sobre el inmueble\u00bb; <\/p>\n

ii) \u00abcolaborar[le] en el tr\u00e1mite de los posibles procesos divisorios, o de deslinde y amojonamiento, o de pertenencia, que puede el Catastro Distrital ordenar realizar, los cuales deber\u00e1n ser adelantados por las partes, es decir ESTUPLAST LTDA y [por \u00e9l]\u00bb (fls. 1-8 C. 1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO. <\/p>\n

La Superintendencia de Sociedades, a trav\u00e9s de la Coordinadora del Grupo de Liquidaciones, realiz\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n surtida en esa instancia, y manifest\u00f3 que \u00abel actor pretende que en sede de tutela se vulnere la autonom\u00eda judicial que le asiste a esta Superintendencia, al solicitar aplicaci\u00f3n de medidas cautelares que protejan derechos fundamentales que en sede de insolvencia que nunca se han vulnerado, alegando ahora errores catorce (14) a\u00f1os despu\u00e9s de la subasta y cinco a\u00f1os despu\u00e9s de la reapertura del proceso\u00bb (fls. 101-105 Ibidem). <\/p>\n

El se\u00f1or Guillermo Edmundo Ruiz Narv\u00e1ez, liquidador de la sociedad estuplas ltda., adujo que \u00abel remate se realiz\u00f3 el 3 de octubre de 2003, momento desde el cual han transcurrido m\u00e1s de catorce a\u00f1os dentro de los cuales el mismo no ha iniciado acci\u00f3n alguna tendiente a alegar los derechos que hoy aduce a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela\u00bb, refiri\u00f3 que \u00absi bien en gracia de discusi\u00f3n se tiene en cuenta que la reapertura del proceso de liquidaci\u00f3n tuvo lugar mediante auto No. 400-006514 de 28 de junio de 2012, desde ese d\u00eda han transcurrido cinco a\u00f1os y medio, lapso en el cual tampoco el accionante ha iniciado los procesos ordinarios legales que tiene a su disposici\u00f3n para perseguir sus pretensiones\u00bb (fls. 114-119 Idem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00aben providencia de 18 de septiembre de 2017, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES deneg\u00f3 la petici\u00f3n del se\u00f1or GODOY HERRERA relacionada con la adjudicaci\u00f3n del inmueble identificado con el Folio de Matr\u00edcula No. 50C-882251, providencia que no fue objeto de reproche alguno por parte del peticionario, situaci\u00f3n que lleva a concluir que no actu\u00f3 con la debida diligencia, pues si estaba inconforme con lo all\u00ed dispuesto debi\u00f3 impugnar esa determinaci\u00f3n mediante las v\u00edas legales pertinentes\u00bb, y a\u00f1adi\u00f3 que \u00abdesde el 28 de junio de 2012 la COORDINACION DEL GRUPO DE LIQUIDACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, fij\u00f3 fecha para la diligencia de secuestro del inmueble identificado con el Folio de Matr\u00edcula No. 50C-882251, la cual efectivamente fue llevada a cabo el 20 de noviembre de ese a\u00f1o, sin que se presentara oposici\u00f3n alguna, entendi\u00e9ndose entonces que el aqu\u00ed accionante omiti\u00f3 se\u00f1alar de manera oportuna la inconformidad relacionada con el ingreso de tal inmueble a la liquidaci\u00f3n, a pesar que considera que \u00e9ste hace parte del de mayor extensi\u00f3n que adquiri\u00f3 mediante remate y adem\u00e1s esper\u00f3 m\u00e1s de 5 a\u00f1os, para cuestionar esa situaci\u00f3n que presuntamente trasgrede sus derechos fundamentales, por lo que resulta evidente que ha trascurrido un lapso holgado entre la fecha de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n y la mencionada circunstancia\u00bb (fls. 120-124 Ibid.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el accionante en similares t\u00e9rminos al escrito genitor, a trav\u00e9s de representante judicial, alegando que \u00abla sentencia de tutela, nuevamente se transgrede el debido proceso de la actora, pues no solo se deja de fallar sobre el fondo del asunto, esto es la violaci\u00f3n de la propiedad privada, sino que adicionalmente desconoce la Supersociedades, le da aplicaci\u00f3n ulterior y sin ning\u00fan tipo de publicidad y vinculaci\u00f3n al proceso de reapertura, todo porque manifiesta que no hay competencia de parte del tribunal para tomar conocimiento sobre el asunto. As\u00ed pues, bajo el entendimiento equivocado del a-quo se dej\u00f3 de resolver sobre el fondo del asunto, esto es, sobre la v\u00eda de hecho cometida por la Superintendencia accionada al haber elegido un procedimiento equivocado para quitarle la propiedad rematada legalmente por mi mandante y adem\u00e1s, haber realizado una reapertura de la liquidaci\u00f3n sin vincular a mi cliente en el tr\u00e1mite de la misma, ya que como m\u00ednimo, debi\u00f3 hab\u00e9rsele notificado de la reducci\u00f3n de su terreno, antes de haberlo secuestrado\u00bb (fls. 127-131 Ib.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. En el presente caso, pretende el querellante se ordene la suspensi\u00f3n de la diligencia de remate del inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-882251 y cualquier otro acto que tenga que ver con su venta; adem\u00e1s que se ordene a la Superintendencia encartada, colaborar en el tr\u00e1mite de los posibles procesos civiles que se deban adelantar sobre el bien objeto de litigio, al considerar que la dependencia encartada incurri\u00f3 en \u00abdefecto org\u00e1nico, sustantivo y procedimental\u00bb. <\/p>\n

3. De las copias aportadas a este tr\u00e1mite, se observa lo siguiente: <\/p>\n

a) Acta de la diligencia de remate llevada a cabo el 3 de octubre de 2003, proferida por la entidad accionada, en la que se resolvi\u00f3, entre otras, aprobar el remate parcial de los bienes inmuebles a favor del aqu\u00ed gestor (fls. 11-16 C.1). <\/p>\n

b) Auto de 28 de junio de 2012, en el que la entidad recriminada, dispuso la reapertura del proceso de liquidaci\u00f3n obligatoria, ordenando el embargo y secuestro del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula No. No. 50C-882251 (fls. 3-4 C. Corte). <\/p>\n

c) Acta de la diligencia de secuestro del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula No. 50C-882251, llevada a cabo el 20 de noviembre de 2012, en que se dej\u00f3 constancia que el mismo corresponde f\u00edsicamente al descrito en el folio de matr\u00edcula, por lo que se le entreg\u00f3 al auxiliar de la justicia en calidad de secuestre (fls. 78-82 C.1). <\/p>\n

d) Prove\u00eddo de 18 de septiembre de 2017, en que la Superintendencia recriminada, resolvi\u00f3, por una parte \u00abrechazar la solicitud de que se cierre el presente proceso de insolvencia, como quiera que existe un activo propiedad de la concursada, el cual ser\u00e1 enajenado [\u2026]\u00bb, en segundo lugar, \u00abrespecto de la solicitud de levantamiento de medidas cautelares que pesan sobre el inmueble [\u2026], no se acceder\u00e1 en consideraci\u00f3n a que esta medida se realiz\u00f3 con sujeci\u00f3n a lo ordenado en el art\u00edculo 98.7 de la Ley 222 de 1995 [\u2026]\u00bb, por \u00faltimo, en cuando a \u00abla solicitud de adicionar a nombre del se\u00f1or Luis Alirio Godoy Herrera el inmueble [\u2026] ser\u00e1 rechazado toda vez que se trata de un activo de la sociedad, el cual fue denunciado por el liquidador seg\u00fan consta en el memorial 2012-01-109693 del 25 de abril de 2012 y que dio origen a la reapertura del proceso [\u2026]\u00bb (fl. 85 Ib.). <\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, advierte la Sala que el gestor acude directamente a este tr\u00e1mite de amparo, pues no se acredit\u00f3 que las peticiones de que se \u00absuspenda la programaci\u00f3n de nueva fecha de remate\u00bb, se \u00abordene a la Superintendencia de Sociedades cesar toda persecuci\u00f3n del inmueble\u00bb y que adem\u00e1s la querellada \u00abcolabore en el tr\u00e1mite de los posibles procesos divisorios o de deslinde y amojonamiento o de pertenencia\u00bb, las haya elevado ante la autoridad recriminada; por tanto el amparo invocado no atiende el referido presupuesto de la subsidiariedad exigido para el \u00e9xito de la salvaguarda impetrada, teniendo en cuenta que la querellante no ha hecho uso de las herramientas propias que el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 para que sea atendida su petici\u00f3n, esto es, no ha elevado solicitud alguna ante la convocada, en el sentido de tomar las medidas cautelares necesarias en aras de proteger el inmueble; lo anterior, con el fin de que se pronuncie frente a la inconformidad que aqu\u00ed trae frente a la presunta vulneraci\u00f3n de derechos, pues de las copias allegadas al proceso, de los hechos narrados en el escrito genitor y de la r\u00e9plica que efectu\u00f3 la tutelada, se observa que al interior del aludido asunto no ha deprecado pedimento en ese sentido, el cual amerite pronunciamiento por parte de ese juzgador. <\/p>\n

Lo anterior, en aras de que el juez del asunto resuelva su petici\u00f3n concreta, que bien puede ser favorable o no, tal como se hab\u00eda anotado, am\u00e9n que no se le puede endilgar una actuaci\u00f3n err\u00f3nea al funcionario judicial, cuando este no ha tenido la oportunidad de manifestarse frente al preciso reclamo que aqu\u00ed pretende atribu\u00edrsele; por lo tanto, la acci\u00f3n de tutela no puede convertirse en un medio para prescindir de las v\u00edas naturales y ordinarias para resolver sus reclamos, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican esta herramienta supralegal, pues \u00abtal pedimento podr\u00eda hacerlo, previamente, ante el funcionario que conoce del asunto, a efecto de que \u00e9ste se pronunciara al respecto, decisi\u00f3n que bien puede ser favorable o adversa [\u2026]\u00bb (CSJ STC, 3 nov. 2010, rad. 00427-01), mas no, en cambio de ello, acudir directamente y sin m\u00e1s a esta acci\u00f3n de resguardo, que no sirve para suplir incurias desplegadas. <\/p>\n

4.1. Ahora bien, se observa que el aqu\u00ed gestor, elev\u00f3 una petici\u00f3n ante la Superintendencia de Sociedades, en el sentido de que se \u00abadicione a la adjudicaci\u00f3n a nombre de Luis Alirio Godoy Herrera el predio identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 50C-882251 ubicado en el Municipio de Madrid-Cundinamarca\u00bb, misma que fue resuelta negativamente en auto de 18 de septiembre de 2017 por parte de la recriminada; sin embargo, se advierte que lo que all\u00ed pretendi\u00f3, dista de la queja que trae en esta acci\u00f3n de amparo, por lo tanto se reafirma la imposibilidad de prosperidad de la presente acci\u00f3n constitucional, al verificarse que el accionante no ha puesto en conocimiento de la Superintendencia referida, lo que aqu\u00ed trae a colaci\u00f3n. <\/p>\n

4.2. Frente al t\u00f3pico que aqu\u00ed se ha debatido, esta Sala, en asuntos semejantes al que aqu\u00ed nos ocupa, ha manifestado que: <\/p>\n

El amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que,\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01). <\/p>\n

5. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC2472-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03530-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101702","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101702","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101702"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101702\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101702"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101702"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101702"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}