{"id":101705,"date":"2026-07-01T18:44:40","date_gmt":"2026-07-01T18:44:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101705"},"modified":"2026-07-01T18:44:40","modified_gmt":"2026-07-01T18:44:40","slug":"stc2475-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2475-2018\/","title":{"rendered":"STC2475-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC2475-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01650-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por El\u00edas Mart\u00ednez Le\u00f3n, Ana Herrera De Su\u00e1rez, Carlos Arturo Delgado Pico, F\u00e9lix Antonio Nore\u00f1a Garnica, Jos\u00e9 Vicente Cabanzo, Libardo Parra S\u00e1nchez, Vilma Liseth Salazar Gal\u00e1n, Lida Yohana Salazar Gal\u00e1n, Marinella D\u00edaz Rueda, Ruth Milena D\u00edaz Rueda, Zoraida Rueda Mart\u00ednez, Mar\u00eda Cecilia Calder\u00f3n de Quintero y Ra\u00fal Ram\u00edrez Manrique, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil y los Juzgados Primero Penal del Circuito y Segundo Civil del Circuito de esa municipalidad, y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos del C\u00edrculo de San Gil, vincul\u00e1ndose a In\u00e9s Cristina y Nelly Dur\u00e1n Angarita, Liliana, Jorge Eli\u00e9cer, Alexander y Marina G\u00f3mez, Jorge Eli\u00e9cer y Alexander G\u00f3mez Oses, Carlos Javier Jim\u00e9nez, Fondo de Previsi\u00f3n Social del Clero de la Di\u00f3cesis de Socorro y San Gil, y a los Delegados de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y del Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Los gestores, a trav\u00e9s de apoderado, demandaron la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades acusadas. <\/p>\n

2. Arguyeron, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Que ante el Juzgado 4\u00ba Promiscuo Municipal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas de San Gil, Santander, se adelant\u00f3 proceso contra el se\u00f1or Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz, por las presuntas conductas punibles de \u00abestafa agravada como delito masa, obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso y fraude procesal\u00bb. <\/p>\n

2.2. Manifestaron que el asunto fue asignado al Juzgado 1\u00ba Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de San Gil, que despu\u00e9s de agotar el procedimiento en la Ley 906 de 2004, \u00abmediante sentencia del 20 de agosto de 2014\u00bb, lo conden\u00f3 a la pena principal de \u00ab54 meses de prisi\u00f3n y multa de 210 s.m.l.m.v.\u00bb, adem\u00e1s de la pena accesoria \u00abinhabilitaci\u00f3n en el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por un periodo igual al de la pena principal\u00bb, al hallarlo autor penalmente responsable del delito masa de estafa agravada, decisi\u00f3n que fue apelada por el defensor y el procesado, pretendiendo en \u00faltimas se modificara la pena impuesta y se concediera la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n

2.3. Se\u00f1alaron que la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de San Gil, resolvi\u00f3 en sentencia de 12 de junio de 2015, \u00abconfirmar la providencia impugnada, acorde con la parte motiva de esta decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.4. Posteriormente, iniciaron el incidente de reparaci\u00f3n integral y el 11 de febrero de 2016, se realiz\u00f3 la primera audiencia ante el Juzgado 1\u00ba Penal Circuito con Funci\u00f3n de conocimiento de San Gil, momento en que uno de los apoderados de las v\u00edctimas solicit\u00f3 que se vinculara como terceros civilmente responsables a los se\u00f1ores Marco Antonio Su\u00e1rez Arizmendi, Jos\u00e9 Ra\u00fal Ni\u00f1o Merch\u00e1n y C\u00e9sar Augusto Su\u00e1rez Dur\u00e1n, petici\u00f3n que fue despachada desfavorable en esa fecha, decisi\u00f3n que fue apelada, y el Tribunal, confirm\u00f3 lo decidido por el a-quo. <\/p>\n

3. Pidieron, en consecuencia, que se imponga tanto al Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, como a la Sala Penal de Tribunal Superior, ambos de San Gil, que se pronuncien acerca de \u00ablos bienes del condenado Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz\u00bb conforme a la Ley 906 de 2004, tanto en las sentencias que emitieron y tambi\u00e9n en el prove\u00eddo que finiquit\u00f3 el incidente de reparaci\u00f3n integral, en el sentido de declarar \u00abla cancelaci\u00f3n del poder dispositivo del bien inmueble\u00bb enantes aludido, am\u00e9n que \u00abproceda[n] a ejecutar\u00bb la decisi\u00f3n \u00abemitida dentro del incidente de reparaci\u00f3n integral\u00bb (fls. 1-22 C. 1). <\/p>\n

4. El presente asunto se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite mediante determinaci\u00f3n de 28 de septiembre de 2017 (fl. 123 y 123a C. 1), y fue resuelto por providencia de 14 de diciembre de 2017 (fls. 370-383 Ibidem), habida cuenta que mediante auto de 22 de noviembre del a\u00f1o anterior (fls. 258-261 Idem), esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 la nulidad de lo actuado, adem\u00e1s de escindir la queja contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, ambos de San Gil, y s\u00f3lo adelantar lo correspondiente con el asunto penal. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS. <\/p>\n

El Tribunal Superior de San Gil convocado, manifest\u00f3 \u00abel mencionado proceso culmin\u00f3 en esta instancia judicial el 12 de junio de 2015 con sentencia aprobada mediante acta Nro. 123 del 04 de junio de 2015, mediante la cual se resolvi\u00f3 los dos puntos de inconformidad expuestos por el \u00fanico recurrente, el se\u00f1or Jim\u00e9nez Ortiz, en torno a la dosificaci\u00f3n de la pena y la concesi\u00f3n de subrogados penales, confirm\u00e1ndose la decisi\u00f3n en primera instancia. El proceso fue devuelto al Juzgado de origen el 23 de junio de 2015 por no haberse interpuesto el Recurso Extraordinario de Casaci\u00f3n\u00bb (fls. 324 y 325 Ibid.). <\/p>\n

El Juzgado Primero Penal del Circuito recriminado, se\u00f1al\u00f3 que \u00abse llev\u00f3 a cabo la audiencia en la que conden\u00f3 a carlos javier jim\u00e9nez ort\u00edz, a la pena principal de cincuenta y cuatro (54) meses de prisi\u00f3n y multa de doscientos diez (210) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, como autor responsable del delito masa de estafa agravada; neg\u00e1ndole los subrogados penales. Fallo que fue apelado por el defensor y el sentenciado\u00bb, sostuvo que \u00abpor auto de septiembre 4 de 2014, se concedi\u00f3 ante el Tribunal Superior Sala Penal de la ciudad, el recurso de apelaci\u00f3n en el efecto suspensivo, Corporaci\u00f3n que en sentencia de fecha Junio 12 de 2015, confirm\u00f3 el fallo de primera instancia, prove\u00eddo que surti\u00f3 ejecutoria el veintid\u00f3s de junio del mismo a\u00f1o\u00bb (fls. 178 y 179 Ib.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abtal como lo tiene precisado la jurisprudencia constitucional (C.C. T-584\/11), el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la tutela, de tal manera que la acci\u00f3n debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, pues con tal exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premie la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abla anterior precisi\u00f3n es raz\u00f3n m\u00e1s que suficiente para declarar la improcedencia de la presente acci\u00f3n de tutela toda vez que el fallo del Tribunal a trav\u00e9s del cual confirm\u00f3 la sentencia condenatoria de primera instancia proferida contra el se\u00f1or carlos javier jim\u00e9nez ortiz fue dictado el 12 de junio de 2015, y entonces, no puede entenderse c\u00f3mo despu\u00e9s de transcurrido tanto tiempo apenas ahora los aqu\u00ed accionantes consideren que se le han vulnerado sus derechos fundamentales\u00bb, y dijo que \u00abanotaci\u00f3n que adquiere relevancia si en cuenta se tiene que los aqu\u00ed accionantes no demostraron que en la actuaci\u00f3n penal que curso contra el se\u00f1or carlos javier jimenez ortiz se les haya impedido actuar para lograr que se le hubiera impuesto al procesado condenas diferentes a la de prisi\u00f3n y multa\u00bb (fls.171-186 Id.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formularon los accionantes, a trav\u00e9s de su representante judicial, alegando que \u00abel fallo del incidente de reparaci\u00f3n se debe incorporar al fallo de responsabilidad penal, tal como lo ordena el art\u00edculo 105 de la Ley 906 de 2004, y dicho fallo del incidente de reparaci\u00f3n integral fue de fecha veinticuatro (24) de mayo de 2017\u00bb, agreg\u00f3 que \u00abnuevamente se reitera que lo que se pretende con la presente acci\u00f3n de tutela es defender el derecho al debido proceso y el derecho a la reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas de Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz, impidiendo que sea burlados estos derechos a trav\u00e9s de un proceso de insolvencia de persona natural comerciante proceso rad. No.- 2014-109, que es de conocimiento del Juzgado Segundo del Circuito de San Gil, despacho judicial que no obstante existir previamente prohibici\u00f3n judicial de suspensi\u00f3n del poder dispositivo y prohibici\u00f3n de enajenaci\u00f3n. Folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 319-7533 caprichosamente ha persistido en liquidar judicialmente a la persona natural comerciante Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz\u00bb (fls. 426-438 Ibidem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. En este tr\u00e1mite, pretenden los gestores se adicionen las providencias tanto del Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, -que dict\u00f3 sentencia de primera instancia el 20 de agosto de 2014-, como la de la Sala Penal de Tribunal Superior, -que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n el 12 de junio de 2015-, ambos de San Gil, para que se pronuncien acerca de \u00ablos bienes del condenado Carlos Javier Jim\u00e9nez Ortiz\u00bb conforme a la Ley 906 de 2004, y tambi\u00e9n en el prove\u00eddo que finiquit\u00f3 el incidente de reparaci\u00f3n integral, en el sentido de declarar \u00abla cancelaci\u00f3n del poder dispositivo del bien inmueble\u00bb de matr\u00edcula inmobiliaria No. 319-7533, am\u00e9n que \u00abproceda[n] a ejecutar\u00bb la decisi\u00f3n \u00abemitida dentro del incidente de reparaci\u00f3n integral\u00bb, al considerar que los tutelados incurrieron en \u00abdefecto sustantivo\u00bb. <\/p>\n

3. De las acreditaciones allegadas, observa la Corte lo siguiente: <\/p>\n

a) Sentencia de 20 de agosto de 2014, dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sal Gil, que decidi\u00f3, \u00abprimero: condenar a carlos javier jim\u00e9nez ortiz [\u2026] a la perna principal de cincuenta y cuatro (54) meses de prisi\u00f3n y multa de doscientos diez (210) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, que equivalen para el a\u00f1o 2013 a ciento veintitr\u00e9s millones setecientos noventa y un mil pesos ($123.791.000.00) con destino al Consejo Superior de la Judicatura como autor responsable del delito masa de Estafa Agravada, seg\u00fan hechos acaecidos en esta ciudad durante los a\u00f1os 2010 a 2013. segundo: condenar a carlos javier jim\u00e9nez ortiz a la pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n en el ejercicio de los Derechos y Funciones P\u00fablicas por un periodo igual al de la pena principal. tercero: negar a carlos javier jim\u00e9nez ortiz, la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la sustituci\u00f3n de la prisi\u00f3n intramural por prisi\u00f3n domiciliaria, por las razones expuestas. cuarto: Ejecutoriada la sentencia inf\u00f3rmese a las autoridades pertinentes Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, Instituto Penitenciario y Carcelario Inpec, Consejo Superior de la Judicatura para el cobro de la multa y a quienes lleven archivos sistematizados. [\u2026] El defensor y el sentenciado interpusieron el recurso de apelaci\u00f3n, que manifestaron sustentarlo de manera com\u00fan y por escrito\u00bb (fls. 43-53 C.1). <\/p>\n

b) Fallo de 12 de junio de 2015, dictado por el Tribunal Superior de San Gil, que confirm\u00f3 la sentencia de 20 de agosto de 2014, mismo que qued\u00f3 ejecutoriado el 22 de junio de 2015 (fls. 54-71 Ibidem). <\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, la Sala advierte que, en \u00faltimas, la queja est\u00e1 enfilada contra la decisi\u00f3n del Tribunal ad-quem encartado, sin embargo, el amparo resulta improcedente, habida cuenta que media el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, toda vez que comparada la fecha en que la colegiatura reprochada pronunci\u00f3 la providencia que confirm\u00f3 el fallo de primera instancia, (12 de junio de 2015, ejecutoriada el 22 de junio de ese a\u00f1o), con la de presentaci\u00f3n de la tutela (27 de septiembre de 2017), se supera el t\u00e9rmino de seis meses que la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha establecido como razonable para la protecci\u00f3n inmediata y eficaz de las garant\u00edas constitucionales, lo cual desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable de la protecci\u00f3n implorada. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, no tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo lapso antes de elevar reclamo, raz\u00f3n por la que el amparo rogado no puede abrirse paso. <\/p>\n

Sobre esta materia la Sala tiene dicho que: <\/p>\n

\u00ab[E]n efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (Sentencia T-797 de 26 de septiembre de 2002). <\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 14 abr. 2015, rad. 00057-01 y STC2310-2016 26 feb 2016 rad. 2016-00446-01). <\/p>\n

5. Aunado a lo anterior, advierte la Sala que el amparo invocado tampoco atiende el presupuesto de la subsidiariedad exigido para el \u00e9xito de la salvaguarda impetrada, teniendo en cuenta que los tutelantes no hicieron uso del mecanismo que el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 para que les fuera revisado su descontento, pues se advierte que si su intenci\u00f3n era que el Juzgado Primero Penal del Circuito se \u00abpronunciara sobre la cancelaci\u00f3n del poder adquisitivo del bien inmueble\u00bb, pudieron haber solicitado la adici\u00f3n de la sentencia, sin que los aqu\u00ed gestores hayan manifestado reparo alguno frente al referido fallo, como tampoco frente a la decisi\u00f3n de la Colegiatura encartada, habida cuenta que contaban con la herramienta jur\u00eddica con la que los censores, pudieron ventilar ante la autoridad competente la anomal\u00eda aqu\u00ed planteada, aserto que, seg\u00fan se entender\u00e1, ampl\u00eda las razones de improcedencia advertidas en el asunto sub lite. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo precedente, la Corte ha considerado que: <\/p>\n

[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026) (CSJ STC, 25 Ago. 2008, Rad. 01343-00, reiterada entre otras, el 25 Sep. y 12 Oct. 2012, Rads. 00651 y 00135, 31 Ene. y 22 May. 2013, Rads. 00113 y 00206, respectivamente). <\/p>\n

6. Frente a lo concerniente al tr\u00e1mite de reparaci\u00f3n integral, hay que decir que el mismo es un procedimiento subsiguiente a la sentencia condenatoria, por lo que este depende del fallo dictado dentro del proceso penal; adem\u00e1s, su pretensi\u00f3n, en \u00faltimas, est\u00e1 encaminada a que tanto el juzgado como el Tribunal de conocimiento, adicionen la parte resolutiva, al considerar que \u00abomitieron sus deberes\u00bb, por lo que esta acci\u00f3n de amparo, no puede prosperar. <\/p>\n

7. Y en cuanto a la queja contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, hay que recordar que a trav\u00e9s de auto ATC7798-2017 de 22 de noviembre del a\u00f1o anterior, dictado dentro de este tr\u00e1mite de amparo, se dispuso escindir las disconformidades de \u00edndole penal de las relativas a lo civil, y se orden\u00f3 en prove\u00eddo de 7 de diciembre de 2017, dictado por la hom\u00f3loga Penal, \u00abremitir a la Sala Civil-.Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, las copias\u00bb de la queja contra las dependencias aludidas, lo que hace que en esta instancia no sea procedente resolver dichas pretensiones. <\/p>\n

8. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC2475-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01650-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101705","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101705","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101705"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101705\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101705"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101705"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101705"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}