{"id":101710,"date":"2026-07-01T18:45:38","date_gmt":"2026-07-01T18:45:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101710"},"modified":"2026-07-01T18:45:38","modified_gmt":"2026-07-01T18:45:38","slug":"stc2483-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2483-2018\/","title":{"rendered":"STC2483-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2483-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01919-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2017, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Andr\u00e9s Varela Becerra, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, la Fiscal\u00eda Veintiocho Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de ese lugar con Funci\u00f3n de Conocimiento, con ocasi\u00f3n de la denuncia penal que instaur\u00f3 contra Jorge Iv\u00e1n Zapata Restrepo, por el delito de enriquecimiento il\u00edcito, tramitada bajo el radicado n\u00ba 2015-00297.
\n1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante exige la protecci\u00f3n a los derechos de petici\u00f3n, debido proceso e igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad convocada. <\/p>\n

2.\tLa causa petendi constitucional y las correspondientes actuaciones, admiten el siguiente compendio: <\/p>\n

El 21 de julio de 2017, el gestor formul\u00f3 petici\u00f3n a la Fiscal\u00eda Veintiocho Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira, para que le expidiera copia \u00edntegra de la investigaci\u00f3n 2015-00297, la cual, asevera, fue preclu\u00edda por la presunta inactividad del ente acusador. <\/p>\n

La citada Fiscal\u00eda, autoriz\u00f3 la entrega de las pruebas requeridas, exceptuando la documentaci\u00f3n aportada por Zapata Restrepo, decisi\u00f3n que el accionante considera arbitraria pues se trata de medios demostrativos necesarios para desvirtuar su responsabilidad penal. <\/p>\n

Por otra parte, el gestor manifiesta que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, quien conoci\u00f3 de la acci\u00f3n de tutela n\u00ba2015-1857, incoada por el aqu\u00ed actor frente a la Delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Risaralda, cometi\u00f3 un error al correr traslado de la misma a Zapata Restrepo, pues con ello desencaden\u00f3 que \u00e9ste lo injuriar\u00e1, iniciando investigaci\u00f3n en su contra por el delito de falsa denuncia. <\/p>\n

Exige, en concreto, i) exhortar a la Fiscal\u00eda Veintiocho Delegada, a resolver de fondo la petici\u00f3n formulada el 28 de septiembre de 2017, ordenando la expedici\u00f3n de copia \u00edntegra del expediente radicado bajo el n\u00famero 2015-00297, y ii) disponer que la citada Sala Penal explique las razones por las cuales no guard\u00f3 la reserva de la denuncia que en su momento instaur\u00f3 contra Zapata Restrepo. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde \t\tlos accionados <\/p>\n

1. La \tFiscal\u00eda Veintiocho Delegada, pidi\u00f3 denegar el ruego \tporque aun cuando el actor tuvo la oportunidad de interponer los \trecursos de ley frente a la decisi\u00f3n de preclusi\u00f3n de \tla investigaci\u00f3n 2015-00297, no lo hizo (fls. 238 a 239). <\/p>\n

2. El \tciudadano Jorge Iv\u00e1n Zapata Restrepo, solicit\u00f3 \tdesestimar las pretensiones del tutelante, se\u00f1alando que \u00e9ste \t\u201c(\u2026) ha \tvenido en forma sistem\u00e1tica [adelantando] \tuna campa\u00f1a de desprestigio que afecta su honra y su buen \tnombre (\u2026)\u201d. \tAdem\u00e1s, indic\u00f3 que el querellante pudo debatir sus \tinconformidades en el marco del tr\u00e1mite de preclusi\u00f3n \t(fls. 250 a 252). <\/p>\n

3. La \tSala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira \tsostuvo que no ha incurrido en vulneraci\u00f3n alguna, pues \tcuando corri\u00f3 traslado a Jorge Iv\u00e1n Zapata Restrepo de \tla acci\u00f3n de tutela que en su momento formul\u00f3 el aqu\u00ed \tgestor contra la Delegada para la Seguridad Ciudadana de la \tFiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Risaralda, lo \tque hizo fue cumplir con la obligaci\u00f3n constitucional de \tgarantizar los derechos de contradicci\u00f3n y defensa del \tvinculado (fls. 253 a 255). <\/p>\n

4. El \tsubdirector seccional de apoyo a la gesti\u00f3n de la Fiscal\u00eda \tGeneral de la Naci\u00f3n \u2013Risaralda, solicit\u00f3 su \tdesvinculaci\u00f3n al no tener injerencia sobre los \tprocedimientos y actuaciones que se llevan a cabo en los despachos \taccionados (fl. 257). <\/p>\n

5. La \tasesora del grupo jur\u00eddico de la delegada para la seguridad \tciudadana de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 \tRisaralda, afirm\u00f3 no haber vulnerado ninguna prerrogativa \tfundamental del accionante, pues por el contrario, ha tramitado \ttodas las solicitudes por \u00e9l elevadas (fl. 264). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n exigida, tras considerar que la respuesta emitida por la Fiscal\u00eda Veintiocho Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira
\n\u201c(\u2026) no vulner\u00f3 los derechos fundamentales del accionante, pues acceder a sus pretensiones implicar\u00eda develar elementos materiales probatorios que se encuentran en poder de la Fiscal\u00eda, sin tener certeza sobre si la Fiscal\u00eda Novena [D]elegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira resolver\u00e1 formularle imputaci\u00f3n o adoptar otra clase de determinaciones. <\/p>\n

En consecuencia, en caso que el actor considere que la no emisi\u00f3n de los elementos materiales probatorios que requiere vulnera sus derechos fundamentales, la Sala observa que cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, lo cual permite concluir que no se satisface el principio de subsidiariedad que rige el amparo (\u2026)\u201d (fls. 14 a 15). <\/p>\n

Asimismo, asever\u00f3 que con el traslado efectuado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se hayan vulnerado los derechos fundamentales de Varela Becerra, pues el proceder del colegiado <\/p>\n

\u201c(\u2026) se correspondi\u00f3 con el deber de integrar efectivamente el contradictorio de la acci\u00f3n de tutela que formul\u00f3 en su momento el accionante, de ah\u00ed que se descarte que con esta actuaci\u00f3n haya vulnerado los derechos fundamentales de este (\u2026)\u201d (fls. 17 a 18). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

Del ambiguo y extenso escrito de impugnaci\u00f3n, se extrae que el tutelante considera que la providencia emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, es incoherente puesto que hace una interpretaci\u00f3n inadecuada de la reserva del sumario. Al respecto, adujo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) frente al an\u00e1lisis que [la Sala de Casaci\u00f3n Penal] hace sobre la legitimidad que s\u00ed ten\u00eda el se\u00f1or Jorge Iv\u00e1n Zapata Restrepo en condici\u00f3n de denunciado, de recibir por parte del Tribunal Superior de Pereira, el contenido de [su] solicitud de investigaci\u00f3n y las pruebas documentales en su contra, que adjunt\u00e9 a la misma como sustento de lo que al parecer era la presunta conducta punible de enriquecimiento il\u00edcito de servidor p\u00fablico, lo cual ri\u00f1e con el derecho de igualdad ante la ley, dado que si en el caso del se\u00f1or Zapata no se considera violar la reserva del sumario, el hecho de darle a conocer a trav\u00e9s de su vinculaci\u00f3n a una acci\u00f3n de tutela que formul[\u00f3] contra la Direcci\u00f3n Seccional y Seguridad Ciudadana de Risaralda por la sospechosa omisi\u00f3n de no haber asignado fiscal para dar inicio a la investigaci\u00f3n en su contra, cuyo traslado hab\u00eda corrido desde Bogot\u00e1, tres meses atr\u00e1s, (\u2026) entonces no [comprende] bajo qu\u00e9 rasero se [le] niega el amparo (\u2026)\u201d (fls. 296 a 305). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tCarlos Andr\u00e9s Varela Becerra, cuestiona que la Fiscal\u00eda Veintiocho Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira, haya accedido solo parcialmente a su petici\u00f3n de expedici\u00f3n de copia \u00edntegra de la investigaci\u00f3n 2015-00297, puesto que se neg\u00f3 a autorizar la entrega de la documentaci\u00f3n aportada por Jorge Iv\u00e1n Zapata Restrepo, indiciado en esa causa. <\/p>\n

Asimismo, reprocha que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, vinculara a Zapata Restrepo a otro amparo constitucional por \u00e9l iniciado frente a la Delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Risaralda, pues ese enteramiento desat\u00f3 que \u00e9ste lo denunciara por el delito de falsa denuncia. <\/p>\n

2. Cuando se elevan solicitudes a autoridades judiciales calificadas por los interesados como derechos de petici\u00f3n y concernientes con litigios a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales se est\u00e1 buscando el impulso del tr\u00e1mite o la emisi\u00f3n de una determinada providencia, de aquellas en las cuales se s\u00faplica una actuaci\u00f3n administrativa, tales como el desarchive de un expediente o tr\u00e1mites relacionados con el funcionamiento del despacho, etc. Las primeras se relacionan con la ley del proceso y a esas reglas deben someterse, simplemente se formulan, las m\u00e1s de las veces, para soslayar el cumplimiento y ejecuci\u00f3n de la ley de enjuiciamiento, que regula el derecho p\u00fablico subjetivo de acci\u00f3n, de contradicci\u00f3n o el derecho fundamental de tutela judicial efectiva. Las segundas, por el contrario, se enmarcan dentro de la prerrogativa supralegal del derecho de petici\u00f3n y son susceptibles de ampararse por esta v\u00eda constitucional. <\/p>\n

3. En el presente caso, se advierte que la solicitud que el accionante formul\u00f3 el 21 de julio de 2017, fue respondida por la Fiscal\u00eda Veintiocho Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira, mediante oficio de 1 de agosto de 2017. <\/p>\n

En dicha contestaci\u00f3n se accedi\u00f3 parcialmente a la petici\u00f3n de copias, supeditando la entrega de ciertos elementos probatorios al requerimiento oficial por parte de la Fiscal\u00eda Novena Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira. Al respecto, se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Esta delegada le expedir\u00e1 copias de su denuncia, documentos adjuntos y ampliaci\u00f3n de la misma, pero no de los documentos que fueron objeto de recaudo probatorio por parte de la investigadora, si usted desea que los mismos obren en la carpeta del caso que se adelanta, este despacho no tiene inconveniente en que, previa solicitud del despacho, se le expida a este, pero no a usted (\u2026)\u201d (fls. 26 y 27). <\/p>\n

4. Teniendo en cuenta la finalidad del requerimiento formulado por el tutelante a la Fiscal\u00eda Veintiocho Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira, as\u00ed recaiga sobre un expediente penal, se circunscribe a una actuaci\u00f3n administrativa, por ende, se advierte que el actor ruega la protecci\u00f3n del precepto iusfundamental de petici\u00f3n, cuyo alcance ha sido definido en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

\u201c(\u2026) (i) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; (viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

5. Ahora, como lo debatido por esta v\u00eda es el car\u00e1cter reservado de las piezas procesales exigidas por el interesado, el actual amparo es inviable porque, como lo ha esgrimido esta Corte en pret\u00e9ritas oportunidades2, dicha cuesti\u00f3n puede ser dilucidada mediante el recurso de insistencia ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa. Por tanto, como el juez constitucional no puede adjudicarse competencias asignadas por el legislador a otras autoridades, la salvaguarda resulta improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n

En la materia, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]e observa con facilidad que aunque el gestor considera que la respuesta dada [a] sus peticiones es incompleta, lo cierto es que en \u00e9sta se motivaron claramente las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que impiden (\u2026) la entrega de cierta informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que se encuentra protegida a trav\u00e9s de reserva legal, de conformidad con la normatividad que rige la materia, por lo que no exist\u00eda realmente objeto para invocar el amparo constitucional, comoquiera que el contenido adverso de una contestaci\u00f3n, no implica per se desconocimiento al derecho fundamental de petici\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Aunado a lo anterior, y para ahondar en razones desestimatorias de lo pretendido a trav\u00e9s de este mecanismo especial, es del caso agregar que el actor tiene o tuvo la posibilidad de instaurar el mecanismo de insistencia conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 26 de la Ley 1755 [de 2015], seg\u00fan el cual \u00ab[s]i la persona interesada insistiere en su petici\u00f3n de informaci\u00f3n o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponder\u00e1 al Tribunal Administrativo con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogot\u00e1, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en \u00fanica instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petici\u00f3n formulada\u00bb (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

6.\tEn punto a la decisi\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, de vincular al ciudadano Jorge Iv\u00e1n Zapata Restrepo en la tutela iniciada por el ahora accionante frente a la Delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Risaralda; corresponde memorar que desde la g\u00e9nesis de este auxilio certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de las demandas de amparo formuladas contra actuaciones en materia de salvaguarda, por contarse con herramientas adecuadas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n

Las equivocaciones o desafueros de los jueces de tutela al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo litigio de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para el efecto, el ordenamiento dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n frente a la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de desestimarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para tal fin.
\nAhora, si se dejara de lado lo anterior, no se otea vulneraci\u00f3n alguna de derechos fundamentales del aqu\u00ed accionante, pues el colegiado deb\u00eda integrar efectivamente el contradictorio en aras de garantizar el derecho de defensa de quienes podr\u00edan verse afectados con la decisi\u00f3n constitucional. <\/p>\n

6. Al margen de lo discurrido, si el actor considera que para garantizar sus prerrogativas son indispensables las piezas procesales que requiri\u00f3 a la Fiscal\u00eda Veintiocho Delegada, debe formular esa petici\u00f3n, directamente al ente acusador que actualmente lo investiga, quien, en caso de considerarlo procedente, as\u00ed lo ordenar\u00e1. <\/p>\n

7.\tResta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El convenio citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, la regla 93 ej\u00fasdem, dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

E, igualmente, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

8.\tEn consecuencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tCONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el ejercicio del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb7, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb8; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagadas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la acci\u00f3n de tutela, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional9, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual "La Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales". <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como le son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC,C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC,C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado
\n1 \tCSJ. STC. 19 de marzo. 2014, Rad. 08001-22-13-000-2014-00053-01
\n2 \tCSJ. STC. Sentencia \tde 15 de diciembre de 2011, exp. 2011-00006-01, reiterada el 4 de \tmayo de 2012, exp. 54001-22-13-000-2012-00039-01 y el 3 de diciembre \tde 2013, exp. 20001-22-13-000-2013-00146-01, \tentre otras; criterio reiterado, adem\u00e1s, en sentencia de 29 \tde julio de 2014, exp. 11001-22-03-000-2014-01118-01.
\n3 \tCSJ. STC. Sentencia \tde 16 de marzo de 2017, exp. 2017-00614-01 <\/p>\n

5 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n6 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n7 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n8 \tCIDH. Caso \tHeliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de \t2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n9 \tSentencias C-225-1995, C-028-2006, C-35 5-2006 y C-488-2009 entre \totras.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC2483-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01919-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2017, por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101710","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101710","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101710"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101710\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101710"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101710"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101710"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}