{"id":101711,"date":"2026-07-01T18:45:44","date_gmt":"2026-07-01T18:45:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101711"},"modified":"2026-07-01T18:45:44","modified_gmt":"2026-07-01T18:45:44","slug":"stc2488-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2488-2018\/","title":{"rendered":"STC2488-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2488-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-02067-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2017, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00d3scar Dar\u00edo L\u00f3pez Sarmiento contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, con ocasi\u00f3n del asunto penal adelantado frente al aqu\u00ed actor, con radicaci\u00f3n 25245-60-00-408-2009-80601-01 por el delito de lesiones personales dolosas. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

2.\tLa causa petendi constitucional y las correspondientes actuaciones, admiten el siguiente compendio: <\/p>\n

El 15 de marzo de 2013, el Juzgado Promiscuo Municipal de El Colegio (Cundinamarca) absolvi\u00f3 al tutelante por el delito de lesiones personales dolosas; determinaci\u00f3n apelada por la Fiscal\u00eda y revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 1\u00ba de noviembre de 2013, conden\u00e1ndolo a 32 meses de c\u00e1rcel. <\/p>\n

Asimismo, atendiendo a un antecedente por el il\u00edcito de \u201cabandono\u201d, le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n

Como consecuencia de esa providencia, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Cundinamarca expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 2201 de 26 de abril de 2017, retir\u00e1ndolo del cargo de Directivo Docente \u2013 Rector de la Instituci\u00f3n Educativa Departamental de San Antonio del Tequendama (Cundinamarca). <\/p>\n

Posteriormente, solicit\u00f3 al tribunal la aclaraci\u00f3n y la correcci\u00f3n de la sentencia, pues, a su juicio, la informaci\u00f3n en ella contenida no correspond\u00eda a la realidad, por cuanto el punible por el cual lo procesaron en el a\u00f1o 2007 fue el de \u201caborto\u201d y no el de \u201cabandono\u201d; peticiones desestimadas mediante autos de 14 de septiembre y 17 de octubre de 2017, en tanto el referido error no habilitaba su modificaci\u00f3n. <\/p>\n

3.\tExige, en concreto, ordenar a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca aclarar el fallo condenatorio, aceptando que err\u00f3 al negar la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n y la prisi\u00f3n domiciliaria, pues se apoy\u00f3 en un antecedente penal equivocado. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde \t\tlos accionados y vinculados <\/p>\n

Conforme a lo indicado en la sentencia dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, ahora impugnada, tanto la corporaci\u00f3n querellada como el Juzgado Promiscuo Municipal de El Colegio, manifestaron no haber menoscabado las prerrogativas del quejoso. No obstante, revisadas minuciosamente las pruebas incorporadas en este expediente, no se encontraron las referidas contestaciones. <\/p>\n

En cambio s\u00ed obra la respuesta emitida por la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Cundinamarca, quien se opuso a las pretensiones invocadas, se\u00f1alando que respecto a las resoluciones reprochadas por el aqu\u00ed tutelante, proferidas por esa entidad, \u00e9ste adelanta acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, actualmente en curso en la Secci\u00f3n Segunda del Tribunal Administrativo del mismo departamento, bajo el radicado 2017-05219. (fls. 42 a 45).
\n2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n exigida, de un lado, porque el ruego fue elevado en forma inoportuna, cuatro a\u00f1os despu\u00e9s de la emisi\u00f3n del fallo, y de otro, por cuanto \u00e9ste pudo ser controvertido por el accionante a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero no lo hizo. <\/p>\n

Del mismo modo, adujo que encontr\u00f3 razonables los argumentos esbozados en la decisi\u00f3n del ad quem. Sobre ello, acoto: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El art\u00edculo 412 de la Ley 600 de 2000 (norma aplicable por favorabilidad ya que la Ley 906 de 2004 no consagra dicha figura)1, establece que la sentencia solo puede reformarse por error aritm\u00e9tico, en el nombre del procesado y por omisi\u00f3n sustancial en la parte resolutiva, situaci\u00f3n que no se ajusta al presente caso\u201d.
\n\u201c(\u2026) N\u00f3tese que el Tribunal en la providencia de 14 de septiembre de 2017, admiti\u00f3 que el certificado de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol era ilegible. Por ello, al recibir la petici\u00f3n del actor orden\u00f3 oficiar a dicha entidad, donde se inform\u00f3 que el antecedente de \u00d3scar Dar\u00edo L\u00f3pez Sarmiento es por el delito de aborto\u201d.
\n\u201c(\u2026) Significa lo anterior que en dicha decisi\u00f3n el Tribunal admiti\u00f3 el error, pero como el mismo no se circunscribe a las situaciones que ameritan reformar la sentencia, se neg\u00f3 la pretensi\u00f3n. Esa postura fue ratificada en auto de 17 de octubre de 2017, al responder la segunda petici\u00f3n del actor (\u2026) (fls. 82 a 90).
\n3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

El reclamante impugn\u00f3 sustentando la alzada con argumentos an\u00e1logos a los vertidos en el ruego tutelar. <\/p>\n

Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que no pudo controvertir la providencia de segunda instancia a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n al no contar con apoderado para interponerlo. Asimismo, con relaci\u00f3n a los antecedentes, expuso: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El 31 de octubre de 2007, el Juzgado 54 Penal del Circuito [lo] conden\u00f3 a 12 meses de prisi\u00f3n, a la inhabilidad de derechos y funciones p\u00fablicas por un lapso igual, (\u2026), por el delito de aborto (\u2026) quedando ejecutoriada [esa providencia] el 14 de noviembre de 2007 (\u2026). El 1 de noviembre de 2013 el Tribunal Superior de Cundinamarca, [lo] conden\u00f3 a 32 meses de prisi\u00f3n, a la inhabilidad de derechos y funciones p\u00fablicas por un lapso igual, por el delito de lesiones personales dolosas agravadas quedando ejecutoriada el 24 de noviembre de 2014. [Por lo cual] para la fecha de la segunda condena ya no contaban los antecedentes por el delito de aborto (\u2026)\u201d (sic) (fls. 181 a 184, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\t\u00d3scar Dar\u00edo L\u00f3pez Sarmiento, cuestiona la sentencia expedida el 1\u00ba de noviembre de 2013 y los prove\u00eddos de 14 de septiembre y 17 de octubre de 2017, proferidos por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante los cuales, el colegiado se neg\u00f3 a aclarar y corregir tal fallo en el aspecto ahora alegado.
\nSe\u00f1ala que ese proceder de la corporaci\u00f3n accionada es arbitrario, por cuanto con base en esas determinaciones la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Cundinamarca lo retir\u00f3 del cargo de Directivo Docente Rector de la Instituci\u00f3n Educativa Departamental de San Antonio del Tequendama. <\/p>\n

2.\tReferente a la citada sentencia dictada el 1\u00ba de noviembre de 2013, de entrada se advierte la inviabilidad del auxilio, por la desatenci\u00f3n del requisito de inmediatez, pues el ruego fue incoado tard\u00edamente el 21 de noviembre de 2017 (fl. 1), habiendo transcurrido m\u00e1s de cuatro a\u00f1os a partir del proferimiento de ese prove\u00eddo, lapso que supera ampliamente el estipulado por esta Sala como razonable para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

Sobre este t\u00f3pico esta Corte, reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d2.
\nDesde esa perspectiva, si el censor se demor\u00f3 para elevar la demanda constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad confutada y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas invocadas como soporte de tal auxilio. <\/p>\n

3. Ahora bien, aun cuando se soslayara la ausencia del criterio de inmediatez, el amparo tampoco saldr\u00eda avante, teniendo en cuenta que el quejoso no utiliz\u00f3 el instrumento id\u00f3neo a su alcance para debatir las censuras endilgadas en el presente ruego. <\/p>\n

En efecto, el gestor pudo interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia proferida por la corporaci\u00f3n querellada; conforme a lo estatuido en el art\u00edculo 181 de la Ley 906 de 20043, empero, tal como lo indic\u00f3 el tribunal en el auto de 17 de octubre de 2017, el defensor de L\u00f3pez Sarmiento no alleg\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual esa impugnaci\u00f3n se declar\u00f3 desierta; desidia que le cierra el paso a esta excepcional jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza subsidiaria. <\/p>\n

Al respecto, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d4. <\/p>\n

No es de recibo el argumento del tutelante dirigido a excusar la no presentaci\u00f3n del remedio extraordinario por no contar con apoderado judicial que lo representara, pues pudo acudir ante la Defensor\u00eda del Pueblo a requerir la asistencia de un abogado de oficio. <\/p>\n

4. Revisadas las providencias emitidas el 14 de septiembre y 17 de octubre de 2017, no se advierte desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta particular justicia. Por el contrario, esta Corte las halla ajustadas a una debida interpretaci\u00f3n normativa y fundamentadas bajo una argumentaci\u00f3n razonable. <\/p>\n

N\u00f3tese como el colegiado accionado respondi\u00f3 a cada uno de los reproches formulados por el aqu\u00ed querellante, indic\u00e1ndole porqu\u00e9 no era viable la aclaraci\u00f3n o correcci\u00f3n de la sentencia. As\u00ed en el prove\u00eddo de 14 de septiembre de 2017, aun cuando admiti\u00f3 el error en el delito que figuraba en los antecedentes penales de L\u00f3pez Sarmiento, precis\u00f3 que la modificaci\u00f3n del fallo era improcedente <\/p>\n

\u201c(\u2026) al no enmarcarse su petici\u00f3n dentro de los supuestos que la legislaci\u00f3n prev\u00e9 para modificar un fallo. [Ello, por cuanto la] Ley 906 de 2004, norma aplicable a las diligencias seguidas en contra del actor, no [establece] de manera directa norma alguna que permita la modificaci\u00f3n del fallo. Empero, por v\u00eda jurisprudencial la Corte Suprema de Justicia ha determinado que en tales eventos, opera en virtud del principio de favorabilidad, la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 412 de la Ley 600 de 2000 (\u2026) [conforme al cual] la aclaraci\u00f3n del fallo, \u00fanicamente es procedente en tres eventos en concreto, a saber: i) error aritm\u00e9tico, ii) error en el nombre del proceso, y, iii) omisi\u00f3n sustancial en la parte resolutiva. <\/p>\n

\u201c(\u2026) As\u00ed las cosas, lo pretendido por el peticionario referente a obtener la correcci\u00f3n de un aspecto contenido en la parte motiva del fallo, en lo que ata\u00f1e al delito por el cual aquel, ostenta un antecedente penal en su contra (dado que en el fallo se consign\u00f3 el punible de abandono, siendo el delito objeto de sanci\u00f3n el de aborto), no es aplicable, [puesto] que ello no se sit\u00faa dentro de ninguno de los supuestos contenidos en la ley para habilitar la modificaci\u00f3n de un fallo, que en este evento, ya cobr\u00f3 ejecutoria con antelaci\u00f3n (\u2026)\u201d (fl. 64). <\/p>\n

Esa misma fundamentaci\u00f3n argumentativa, fue ratificada en auto de 17 de octubre de 2017, al responder la segunda petici\u00f3n del actor. <\/p>\n

5.\tAun cuando no se acogiese \u00edntegramente el criterio comentado, esa circunstancia no permite predicar las irregularidades alegadas, pues \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

6.\tResta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El convenio citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

7.\tEn consecuencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tCONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el ejercicio del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb9, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb10; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la acci\u00f3n de tutela, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional11, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual "La Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales". <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como le son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC,C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC,C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado
\n1 \tCSJ Autos de 12 de mayo de 2004, 18 de mayo de 2006, 24 de julio de \t2009 Rad. 18498, 23183 y 30601
\n2 \tCSJ. \tSTC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. \t2011, Rad. 2011-02245-00
\n3 \t\u201c(\u2026) Art\u00edculo \t181.\u00a0Procedencia.\u00a0El \trecurso como control constitucional y legal procede contra las \tsentencias proferidas en segunda instancia en los procesos \tadelantados por delitos, cuando afectan derechos o garant\u00edas \tfundamentales por: \t(\u2026) 2. \tDesconocimiento del debido proceso por afectaci\u00f3n sustancial \tde su estructura o de la garant\u00eda debida a cualquiera de las \tpartes (\u2026)\u201d.
\n4 \tCSJ STC, de 26 \tde enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, \texp. 00616-00.
\n5 \tCSJ. STC de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n6 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n7 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n8 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n9 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n10 \tCIDH. Caso \tHeliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de \t2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n11 \tSentencias C-225-1995, C-028-2006, C-35 5-2006 y C-488-2009 entre \totras.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC2488-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-02067-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2017, por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101711","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101711","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101711"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101711\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101711"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101711"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101711"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}