{"id":101712,"date":"2026-07-01T18:45:48","date_gmt":"2026-07-01T18:45:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101712"},"modified":"2026-07-01T18:45:48","modified_gmt":"2026-07-01T18:45:48","slug":"stc2492-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2492-2018\/","title":{"rendered":"STC2492-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2492-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03288-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 18 de diciembre de 2017, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Javier Ricardo Delgado Ram\u00edrez contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u2013S.A.E.-, la Alcald\u00eda de Armero, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda y la Personer\u00eda, ambas de este \u00faltimo lugar. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, \u201cnon bis in \u00eddem\u201d, \u201ccosa juzgada\u201d, \u201cseguridad jur\u00eddica\u201d, \u201cconfianza leg\u00edtima\u201d, \u201cdignidad humana\u201d, \u201clegalidad\u201d, \u201csupremac\u00eda constitucional\u201d, y \u201cprotecci\u00f3n efectiva de los derechos constitucionales\u201d, presuntamente quebrantadas por las autoridades querelladas. <\/p>\n

2. De las manifestaciones del petente y de la informaci\u00f3n vertida en el expediente, se extraen como bases del reclamo, en apretada s\u00edntesis, las siguientes: <\/p>\n

2.1. El 25 de mayo de 1999, la Sala de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 unas sentencias proferidas por un \u201cJuez Regional\u201d de Medell\u00edn y el Tribunal Nacional, en las cuales se declar\u00f3 la \u201cextinci\u00f3n de dominio\u201d del inmueble \u201cHacienda Potos\u00ed\u201d, ubicado en el municipio de Armero-Guayabal. <\/p>\n

2.2. El 13 de marzo de 2009 (fls. 21-23), el bien le fue entregado a la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes, quien ese mismo d\u00eda lo dio en dep\u00f3sito al se\u00f1or Edmundo Delgado Villamizar. <\/p>\n

2.3. El aludido administrador celebr\u00f3 contrato de arrendamiento (fls. 24-28) con Carlos Alberto Delgadillo Gonz\u00e1lez; sujeto que a su vez, el 8 de junio de esa anualidad, cedi\u00f3 ese negocio a Javier Ricardo Delgadillo Gonz\u00e1lez, aqu\u00ed gestor (fls. 35-36). <\/p>\n

2.4. La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u2013SAE-1, en ejercicio de sus atribuciones de \u201cpolic\u00eda administrativa\u201d, expidi\u00f3 el \u201cacto de ejecuci\u00f3n N\u00b0 436 de 2015\u201d, con el objeto de materializar el fallo de \u201cextinci\u00f3n de dominio\u201d, dictado en 1999, comisionando para tal fin a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de la mencionada localidad; esa determinaci\u00f3n fue cuestionada por el querellante ante el Consejo de Estado, entidad que el 8 de noviembre de 2017, rechaz\u00f3 la demanda, al tratarse de una resoluci\u00f3n no sujeta a control judicial. <\/p>\n

2.5. El 21 de abril de 2017, la autoridad de polic\u00eda consum\u00f3 la entrega, desalojando al petente. <\/p>\n

3. La actuaci\u00f3n as\u00ed narrada comporta una grave afectaci\u00f3n a sus intereses porque, en lo cardinal, el despojo \u201cse hizo dos veces\u201d, desconoci\u00e9ndose con ello, entre otros, los principios del \u201cnon bis in \u00eddem\u201d y de la \u201ccosa juzgada\u201d; adem\u00e1s de significar una violaci\u00f3n a los derechos que como arrendatario le asisten. <\/p>\n

4. Con estribo en los anteriores hechos implora, en concreto, \u201cdejar sin efectos\u201d el desahucio realizado y restituirle el inmueble (fl. 122). <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n

1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se opuso a las s\u00faplicas, arguyendo no haber violentado garant\u00eda alguna (fls. 158-159); similar manifestaci\u00f3n elev\u00f3 el Ministerio de Justicia y del Derecho, quien agreg\u00f3 que el accionante era un ocupante \u201cilegal\u201d del predio, \u201craz\u00f3n por la cual resultaba procedente que se ejerciera la funci\u00f3n de polic\u00eda administrativa\u201d (fls. 162-166). <\/p>\n

2. La Sociedad de Activos Especiales \u2013SAE- denunci\u00f3 la irregularidad del negocio arrendaticio \u2013y de su subsecuente cesi\u00f3n-, indicando que la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes \u2013DNE- nunca autoriz\u00f3 su celebraci\u00f3n y que, por consiguiente, el mismo no le era oponible (fls. 207-211). <\/p>\n

Aleg\u00f3 la configuraci\u00f3n de la \u201ctemeridad\u201d, expresando para el efecto que ya el actor, en cuatro oportunidades precedentes, hab\u00eda impetrado acci\u00f3n de tutela por iguales hechos; similar argumento adujo la Personer\u00eda Municipal de Armero (fls. 228 y 259-260). <\/p>\n

3. La Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Armero-Guayabal sostuvo que con su gesti\u00f3n no se violaron las garant\u00edas del gestor (fls. 245-246 y 253-256). <\/p>\n

4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal resalt\u00f3 que en el amparo no se controvert\u00eda la decisi\u00f3n por ella adoptada en 1999 (fl. 243). <\/p>\n

5. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

Deneg\u00f3 la protecci\u00f3n, tras destacar que (i) no se cumpl\u00eda con el presupuesto de la inmediatez, por cuanto la entrega se materializ\u00f3 en abril de 2017; y (ii) la actuaci\u00f3n fustigada no se observaba ostensiblemente equivocada ni violatoria de las prerrogativas del impulsor (fls. 248-252). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el gestor, quien advirti\u00f3 que la acci\u00f3n era tempestiva porque la decisi\u00f3n del Consejo de Estado, rechazando la demanda de \u201cnulidad y restablecimiento del derecho\u201d por \u00e9l incoada, databa \u2013apenas- del 8 de noviembre de 2017; determinaci\u00f3n que, entre otros aspectos, tornaba nugatoria la \u201ctemeridad\u201d endilgada, al tratarse de un supuesto nuevo, no expuesto en las anteriores salvaguardas por \u00e9l promovidas. <\/p>\n

En lo dem\u00e1s, insisti\u00f3 en los argumentos esbozados en el libelo genitor, haciendo hincapi\u00e9 en que las actuaciones criticadas lesionaron sus derechos, derivados del contrato de arrendamiento (fls. 281-291). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Se descarta la temeridad del actual procedimiento, porque entre \u00e9ste y los amparos precedentes no puede predicarse la existencia de igualdad de hechos ni de pretensiones, pues las circunstancias censuradas en los primigenios difieren del ahora en tr\u00e1mite. <\/p>\n

N\u00f3tese, en aquellas oportunidades, se vislumbra de los fallos militantes a folios 198-204 y 230-235, \u00fanicos arrimados a este decurso, el actor exig\u00eda la suspensi\u00f3n del \u201cacto administrativo N\u00b0 436 de 2015\u201d y de la restituci\u00f3n que -para ese entonces- la autoridad de polic\u00eda a\u00fan no hab\u00eda materializado. <\/p>\n

3. Ambos motivos del reproche est\u00e1n llamados al fracaso, porque no se advierte, de las diligencias confutadas, que en momento alguno se hubieran violentado los intereses del reclamante. <\/p>\n

3.1. El principio del \u201cnon bis in \u00eddem\u201d se deriva de la noci\u00f3n del debido proceso. Su g\u00e9nesis normativa se encuentra en el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al consagrar el derecho a \u201c(\u2026) no ser juzgado dos veces por el mismo hecho\u201d. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n2, haciendo suyos los lineamientos trazados por la Sala de Casaci\u00f3n Penal postula c\u00f3mo esa prerrogativa adquiere relevancia, entre otras hip\u00f3tesis, cuando <\/p>\n

\u201c(\u2026) Ejecutoriada una sentencia dictada respecto de una persona, \u00e9sta no puede ser juzgada de nuevo por el mismo hecho que dio lugar al primer fallo. Es, en estricto sentido, el principio de cosa juzgada. <\/p>\n

(…) Impuesta a una persona la sanci\u00f3n que le corresponda por la comisi\u00f3n de una conducta delictiva, despu\u00e9s no se le puede someter a pena por ese mismo comportamiento. Es el principio de prohibici\u00f3n de doble o m\u00faltiple punici\u00f3n. <\/p>\n

(…) Nadie puede ser perseguido, investigado, juzgado ni sancionado pluralmente por un hecho que en estricto sentido es \u00fanico. Se le denomina non bis in \u00eddem material\u201d3 <\/p>\n

De esta manera, la queja del solicitante es totalmente ajena y extra\u00f1a a las circunstancias motivantes del amparo, pues ni de los hechos por \u00e9l expuestos, ni de las documentales allegadas, se avizora la existencia de un juzgamiento doble o m\u00faltiple punici\u00f3n por el mismo delito. <\/p>\n

En el caso de autos, por el contrario, el desalojo efectuado, que con tanto ah\u00ednco denuncia, ha correspondido, simple y llanamente, a la materializaci\u00f3n de las sentencias proferidas por esta Corte en el a\u00f1o de 1999 y por los jueces inferiores, que declararon la extinci\u00f3n del dominio sobre el citado bien. Ahora, si en la primera oportunidad no se logr\u00f3 el objetivo dispuesto por los falladores, lo propio era programar nueva diligencia con ese fin, sin que ello implique de modo alguno la transgresi\u00f3n del mencionado principio. <\/p>\n

3.2. Tampoco sale avante el segundo t\u00f3pico planteado en la censura, fundado en el supuesto desconocimiento de los derechos surgidos del se\u00f1alado contrato de arrendamiento. <\/p>\n

N\u00f3tese, la Sociedad de Activos Especiales, tras extractar apartes de la Resoluci\u00f3n 0263 de 20094, emanada de la extinta Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes y mediante la cual se design\u00f3 depositario \u201cprovisional\u201d para la guarda del tantas veces comentado bien, destac\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) extralimitando sus funciones de administraci\u00f3n como depositario provisional, el se\u00f1or Edmundo Delgado Villamizar celebr\u00f3 contrato de arrendamiento, el d\u00eda 20 de abril de 2009, sobre el inmueble rural denominado \u201cHacienda Potos\u00ed\u201d con el se\u00f1or Carlos Alberto Delgadillo Gonz\u00e1lez, desconociendo las obligaciones impuestas en [la] citada Resoluci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Con apoyo en lo anterior razon\u00f3: <\/p>\n

\u201cEn este punto es preciso poner de presente (\u2026) que el contrato de arrendamiento suscrito y que posteriormente fue cedido al hoy accionante, se encuentra viciado de nulidad, pues se celebr\u00f3 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resoluci\u00f2n 263 de 2009, lo cual lo hace inooponible a la sociedad que represento\u201d. <\/p>\n

En consecuencia, el negocio jur\u00eddico en menci\u00f3n, suscrito entre el petente y el otrora administrador del predio \u201cPotos\u00ed\u201d, carece de base legal, pues a este \u00faltimo sujeto se le hab\u00eda prohibido expresamente la celebraci\u00f3n de cualquier acto que implicara la transferencia de su tenencia. <\/p>\n

Desde esta perspectiva, surge patente, cual evidenci\u00f3 la entidad atr\u00e1s referida, que el exceso en los poderes del depositario, concretado en la extralimitaci\u00f3n de sus funciones, degenera en la inoponibilidad, frente a ella, del aludido contrato. <\/p>\n

Lo anterior, se acompasa con la doctrina pac\u00edfica de esta Sala, prohijada a partir de la c\u00e9lebre sentencia del 24 de agosto de 1938 y reiterada en numerosas oportunidades5. <\/p>\n

3.3. Por las razones anotadas, la acusaci\u00f3n no halla asidero. <\/p>\n

4. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El convenio citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando consagra: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Complementariamente, la regla 93 ej\u00fasdem, dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8. <\/p>\n

5. De acuerdo a lo discurrido, se convalidar\u00e1 el fallo examinado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSLVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el ejercicio del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb9, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb10; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagadas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la acci\u00f3n de tutela, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional11, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual "La Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales". <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como le son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC,C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC,C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1\u0002 \tEntidad \tque reemplaz\u00f3 a la Direcci\u00f3n Nacional de \tEstupefacientes \u2013DNE-.
\n2\u0002 \tCSJ. STC. 4104 \tde 2017.
\n3\u0002 \tCSJ SP 26 de marzo de 2007, rad. 25629.
\n4\u0002 \t\u201cArt. \t3\u00ba. La Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes, proh\u00edbe \tla celebraci\u00f3n de todo tipo de contratos sobre los bienes \trelacionados en el presente acto administrativo, cualquier \tdisposici\u00f3n en contrario deber\u00e1 ser autorizada \texpresamente y por escrito por la Subdirecci\u00f3n de Bienes de \testa Entidad. Cualquier actuaci\u00f3n que desconozca esa \tobligaci\u00f3n ser\u00e1 inoponible para la Direcci\u00f3n \tNacional de Estupefacientes, quien en aplicaci\u00f3n a lo \tdispuesto en el Decreto 4320 del 8 de noviembre de 2007 declara su \tterminaci\u00f3n unilateral\u201d.
\n5\u0002 \tCfr. CSJ. SSC. Sentencia del 6 de octubre de 1952; del 30 de \tnoviembre de 1994 y del 15 de agosto de 2006, entre muchas otras.
\n6\u0002 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n7\u0002 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n8\u0002 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n9\u0002 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n10\u0002 \tCIDH. Caso \tHeliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de \t2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n11\u0002 \tSentencias C-225-1995, C-028-2006, C-35 5-2006 y C-488-2009 entre \totras.
\n13<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC2492-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03288-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 18 de diciembre de 2017, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101712","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101712","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101712"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101712\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101712"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101712"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101712"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}