{"id":101722,"date":"2026-07-01T18:47:16","date_gmt":"2026-07-01T18:47:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101722"},"modified":"2026-07-01T18:47:16","modified_gmt":"2026-07-01T18:47:16","slug":"stc2534-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2534-2018\/","title":{"rendered":"STC2534-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC2534-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2017-03740-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 25 de enero de 2018, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Rafael Puerto C\u00e1rdenas quien act\u00faa en nombre propio y como apoderado judicial de la Sociedad Oleoducto del Norte de Colombia S. A., contra el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor, en la referida calidad, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n

2. El amparo se sustenta en los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian:
\n2.1. La sociedad gestora, por intermedio de su apoderado, present\u00f3 solicitud de prueba anticipada mediante la cual requiri\u00f3 el interrogatorio de parte de Ecopetrol S. A. para que a trav\u00e9s de su representante legal lo absolviera de acuerdo con lo se\u00f1alado en los art\u00edculos 183 y184 del C\u00f3digo General del Proceso, tr\u00e1mite que correspondi\u00f3 su conocimiento al despacho judicial encartado. <\/p>\n

2.2. El 25 de agosto de 2016 se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la referida petici\u00f3n fijando para el 20 de octubre siguiente como fecha para recibir la declaraci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

2.3. La apoderada judicial de Ecopetrol solicit\u00f3 la acumulaci\u00f3n respecto de otro tr\u00e1mite de igual naturaleza que cursa en otro despacho judicial, pedimento que fuere negado, por lo anterior, la apoderada de dicha empresa \u00aba trav\u00e9s de m\u00faltiples escritos y acciones constitucionales, trata de impedir la realizaci\u00f3n de la audiencia mediante maniobras dilatorias, recurriendo los autos sin fundamento legal, pedir acumulaciones, todo ello sin acreditar su derecho de postulaci\u00f3n como abogado\u00bb, pese a ello \u00abel juzgado da tr\u00e1mite a dichos escritos y finalmente despu\u00e9s de defender su posici\u00f3n jur\u00eddica decide sucumbir y renunciar a su convicci\u00f3n legal, para se\u00f1alar que si debe acudir a la citaci\u00f3n de interrogatorio, pero que lo que diga en el no podr\u00e1 comprometer a ECOPETROL S. A., luego no existir\u00eda consecuencia procesal, lo que es lo mismo, hay denegaci\u00f3n de justicia al convocante OLEODUCTO NORTE DE COLOMBIA S. A.\u00bb. <\/p>\n

2.4. Sostiene que \u00abla postura acogida por la Se\u00f1ora Juez impide y niega el alcance de la prueba solicitada de interrogatorio de parte como prueba anticipada y la finalidad de dicha prueba que es precisamente lograr la confesi\u00f3n en audiencia o por inasistencia del citado mediante sobre cerrado, entiendo que dicha prueba ha sido negada, raz\u00f3n por la cual y de acuerdo al art. 321 # 3 del CGP procede la reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, recurso que es negado y rechazada la apelaci\u00f3n\u00bb.
\n2.5. Afirma que Ecopetrol S. A. \u00abdebe someterse al r\u00e9gimen probatorio se\u00f1alado en la norma procesal y su negativa no es m\u00e1s que maniobras dilatorias presentadas por la apoderada general de ECOPETROL, e impedir realizar una audiencia de interrogatorio de parte como prueba, aun sabiendo el pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional posici\u00f3n evasiva que adopto [sic] el Juzgado 28 CC, con lo que viola el derecho de defensa y acceso a la justicia por parte del convocante\u00bb, lo anterior teniendo en cuenta que en el certificado de c\u00e1mara y comercio de dicha entidad aparece como facultad del apoderado general y representante legal la de absolver interrogatorios de parte. <\/p>\n

2.6. Mediante auto de 8 de noviembre de 2017 el despacho encartado se alej\u00f3 \u00abtotalmente de su posici\u00f3n jur\u00eddica inicial y sucumbe a la presi\u00f3n que ejerce ECOPETROL S. A., en el cual mantiene sin modificar el auto del 5 de septiembre de 2017 y fija fecha de audiencia para el d\u00eda 23 de enero de 2018\u00bb y \u00abpese a fijar fecha para interrogatorio del Representante Legal, en la forma como dice el Juzgado 28 Civil del Circuito que lo va a practicar, no es m\u00e1s que una burla al sistema judicial y una burla al demandante, pues lo exime de responder con los efectos se\u00f1alados en la ley\u00bb. <\/p>\n

3. Solicita, que se ordene a la c\u00e9lula judicial querellada que revoque el auto de 5 de septiembre de 2017 y en consecuencia que cite al Representante Legal de Ecopetrol S. A., a absolver interrogatorio \u00absin liberarlo de las consecuencias de dicho tr\u00e1mite procesal\u00bb (fls. 32-50). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

El Juzgado querellado manifest\u00f3 que se remite a las actuaciones proferidas dentro del tr\u00e1mite de solicitud de prueba anticipada impetrada por la Sociedad accionante a Ecopetrol S.A., toda vez que el contenido de las mismas \u00abobedeci\u00f3 al an\u00e1lisis jur\u00eddico efectuado por este despacho, mas nunca a presiones ejercidas por la entidad ECOPETROL S. A., como de manera abusiva e irresponsable lo afirma el accionante\u00bb. Solicit\u00f3 que se deniegue el amparo impetrado (fl. 59). <\/p>\n

Ecopetrol S. A., luego de efectuar un recuento de lo surtido en el tr\u00e1mite objeto de la queja, sostuvo que \u00abel interrogatorio de parte, tiene como fin obtener la confesi\u00f3n, figura [que] est\u00e1 claramente prohibida respecto de las ENTIDADES PUBLICAS cualquiera que sea el orden al que pertenezcan\u00bb enfatizando que dicha entidad \u00abes una sociedad de econom\u00eda mixta, vinculada al Ministerio de Minas y que por hacer parte de la Rama Ejecutiva del Poder P\u00fablico en el orden Nacional, integra la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb. Requiri\u00f3 que no se acceda a la protecci\u00f3n reclamada (fls. 68-84). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el amparo al considerar que \u00aben primera medida y teniendo en cuenta que el abogado Rafael Puerto C\u00e1rdenas dijo presentar la demanda de tutela no solo como apoderado de Oleoducto Norte de Colombia S. A. sino tambi\u00e9n en nombre propio, debe descartarse al rompe cualquier vulneraci\u00f3n a ese profesional por parte del Juzgado 28 Civil del Circuito en el tr\u00e1mite de marras, pues all\u00ed \u00fanicamente ha actuado como apoderado de la citada sociedad, y por tanto, en manera alguna pudieron hab\u00e9rsele vulnerado sus prerrogativas fundamentales\u00bb. <\/p>\n

De otra parte, advirti\u00f3 que \u00abla tutela invocada no se abre paso pues lo pretendido es que en esta sede residual y sumaria se realice un an\u00e1lisis y confrontaci\u00f3n entre las posturas jur\u00eddicas y f\u00e1cticas del funcionario accionado y de la sociedad demandante, en torno de la naturaleza jur\u00eddica de Ecopetrol S. A., y en cuanto a las pretensiones relativas a si esa sociedad se le aplica o no lo establecido en el art\u00edculo 195 CGP, cometido por completo extra\u00f1o a la naturaleza de la acci\u00f3n de tutela, cuyo prop\u00f3sito fundamental y b\u00e1sico es la protecci\u00f3n inmediata de derechos fundamentales vulnerados y amenazados\u00bb.
\nAgreg\u00f3, que \u00abes evidente, entonces, que la accionante se alza contra una decisi\u00f3n que no comparte, a fin de que el juez constitucional imponga su criterio sobre el asunto referido en el p\u00e1rrafo anterior y respecto a la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa que seg\u00fan su dicho debe prevalecer, con el objetivo de que sean dejadas sin efectos las determinaciones reprochadas y se profiera, entonces, una nueva decisi\u00f3n declarando prospera y correcta su postura, aspiraci\u00f3n que, debe reiterarse, en manera alguna puede tener cabida en este tipo de reclamo constitucional\u00bb. <\/p>\n

Precis\u00f3, que \u00aby es que sin impartirle convalidaci\u00f3n o enmienda a las decisiones emitidas en el tr\u00e1mite subyacente, no se advierte en ellas una manifiesta arbitrariedad, y en cambio puede colegirse que aquellas se fundaron en los antecedentes del caso, y la interpretaci\u00f3n de las disposiciones legales alusivas al tipo de actuaci\u00f3n promovida\u00bb, as\u00ed las cosas estim\u00f3 que \u00abla labor del juzgado demandado se cumpli\u00f3, precisamente, al examinar si las solicitudes presentadas por Ecopetrol en cuanto a la imposibilidad de confesi\u00f3n de su representante deb\u00edan despacharse favorablemente, y a resolver los recursos que contra la decisi\u00f3n final sobre esa cuesti\u00f3n, interpuso el demandante. Ciertamente, el juez natural, por medio de auto de 5 de septiembre de 2017. Fij\u00f3 para practicar el interrogatorio advirtiendo que las confesiones no valdr\u00edan, y mediante prove\u00eddo de 8 de noviembre siguiente, confirm\u00f3 tal determinaci\u00f3n al desatar la reposici\u00f3n interpuesta\u00bb. <\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abno se observa, as\u00ed, que el ac\u00e1 demandado se apartara de las directrices del estatuto procesal civil para el asunto, que hayan transgredido el ordenamiento jur\u00eddico, ni se advierte, como ya se ha dicho, arbitrariedad en las decisiones referidas. Por el contrario, el juzgado cuestionado expuso con suficiente claridad las razones que lo llevaron a proferir las providencias ac\u00e1 atacada y descartar la postura de la sociedad actora, que responden, vale decir, al ejercicio hermen\u00e9utico de las disposiciones legales respectivas, y en el an\u00e1lisis de la realidad procesal y sustancial que encontr\u00f3 demostrada en tal caso\u00bb. <\/p>\n

Lo anterior, teniendo en cuenta que \u00aben sus autos el funcionario acusado se\u00f1al\u00f3 que el art\u00edculo 195CGP s\u00ed era aplicable a Ecopetrol, pues i. dicha sociedad es una entidad p\u00fablica del orden nacional de conformidad con la Ley 489 de 1998, ii. La sentencia C-632 de 2012, que tambi\u00e9n invoca en la solicitud de amparo, \u201cestudi\u00f3 la constitucionalidad del art\u00edculo 199 [CPC] norma que se encuentra derogada por lo que no es aplicable\u201d a este caso, iii. La norma del CGP ya citada es enf\u00e1tica en establecer que la prohibici\u00f3n all\u00ed contenida se aplica a entidades p\u00fablicas independientemente del r\u00e9gimen jur\u00eddico al que est\u00e9n sometidas (fs. 18, y 24-27)\u00bb. <\/p>\n

Concluy\u00f3, que \u00abel hecho de que la actora no comparta tales decisiones no es una raz\u00f3n valedera que conlleve a un amparo como el requerido, por manera que no es dable considerar que las providencias cuestionadas hayan transgredido el ordenamiento jur\u00eddico. Mem\u00f3rese que \u201cla mera divergencia de criterio del accionante no es raz\u00f3n suficiente para tratar de infirmar lo resuelto en las instancias regulares del proceso, ni constituye por s\u00ed mismo factor suficiente para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto en el proceso, pues la acci\u00f3n de tutela no fue establecida \u201ccomo un control sobre las decisiones del juez natural\u201d, \u201cni sirve de prop\u00f3sito de revisar nuevamente la controversia como si se tratara de un instancia adicional\u201d\u00bb (fls. 93-98) <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el apoderado judicial de la sociedad accionante reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y manifestando, en s\u00edntesis, que \u00abes claro para ECOPETROL S. A., que debe someterse al r\u00e9gimen probatorio se\u00f1alado en la norma procesal y su negativa no es m\u00e1s que maniobras dilatorias presentadas por la apoderada general de ECOPETROL, e impedir realizar la audiencia de interrogatorio de parte como prueba, aun sabiendo el pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional, posici\u00f3n evasiva que adopto [sic] el juzgado 28 CC, con lo que viola el derecho de defensa y acceso a la justicia por parte del convocante\u00bb (fls. 103-118). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la v\u00eda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole legal; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino sensato a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012). <\/p>\n

2. Observada la queja, se evidencia que la sociedad accionante pretende que se ordene al juzgado querellado que revoque el auto proferido el 5 de septiembre de 2017 y proceda a citar al representante legal de Ecopetrol S. A., a absolver el interrogatorio sin que sea liberado de las consecuencias de dicho tr\u00e1mite, refiriendo lo anterior a un defecto procedimental absoluto. <\/p>\n

3. De la revisi\u00f3n del expediente que fue remitido en calidad de pr\u00e9stamo, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente: <\/p>\n

b) Auto de 25 de agosto de 2016 que admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la referida petici\u00f3n y se\u00f1al\u00f3 como fecha para recepci\u00f3n del interrogatorio del representante legal de Ecopetrol S.A., el d\u00eda 19 de septiembre de 2016, advirtiendo que \u00absi no comparece en el d\u00eda y hora se\u00f1alados, se presumir\u00e1n por ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n conforme las previsiones del art. 205 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (fl. 129). <\/p>\n

c) Prove\u00eddos de 26 de septiembre de 2016 y 22 de mayo de 2017 que fijaron nueva fecha para evacuar la prueba pretendida (fls. 132 y 143).
\nd) Recurso de reposici\u00f3n presentado por la apoderada general de Ecopetrol S. A., frente a la decisi\u00f3n de 22 de mayo de 2017 (fls. 189-191). <\/p>\n

e) Determinaci\u00f3n de 3 de agosto de 2017 que mantuvo en firme el auto cuestionado al considerar el despacho encartado que \u00abde entrada se advierte que le asiste raz\u00f3n al recurrente cuando manifiesta que no valdr\u00e1 la confesi\u00f3n efectuada por parte de los representantes legales de las entidades p\u00fablicas. Ello se desprende del tenor literal del art\u00edculo 195 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb y en el que seguidamente estim\u00f3 que \u00ablo anterior bastar\u00eda para darle la raz\u00f3n al inconforme, si no fuera porque si se mira detalladamente la naturaleza jur\u00eddica de Ecopetrol S. A., se advierte que no ostenta la aludida condici\u00f3n. En efecto, es preciso advertir que la Ley 1118 de 2006, estableci\u00f3 que la sociedad quedar\u00e1 organizada como una sociedad de Econom\u00eda Mixta de car\u00e1cter comercial (art. 1\u00b0), y dispuso que: \u201ctodos los actos jur\u00eddicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de Ecopetrol S. A., una vez constituida como sociedad de econom\u00eda mixta, se regir\u00e1n exclusivamente por las reglas del derecho privado sin atender el porcentaje del aporte estatal dentro del capital social de la empresa\u00bb. <\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abaunado a ello, el art\u00edculo 461 del C\u00f3digo de Comercio dispone que son de econom\u00eda mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado, y que las mismas se sujetaran a las reglas del derecho privado y a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, salvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb aunado a que \u00abpor su parte, la Ley 489 de 1998 en su art\u00edculo 38, par\u00e1grafo 1\u00b0 dispone que \u201clas sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o m\u00e1s de su capital social, se someten al r\u00e9gimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado\u00bb. <\/p>\n

Y, finalmente concluy\u00f3 que \u00abteniendo en cuenta lo anterior, resaltando que la participaci\u00f3n del Estado en Ecopetrol S. A., es del 80 % (Ley 1118 de 2006, art. 2\u00b0), resulta dable sostener que para el presente caso no tiene ninguna incidencia lo normado en el art\u00edculo 195 del C\u00f3digo General del Proceso, pues, como qued\u00f3 explicado, la entidad convocada a interrogatorio con el fin de constituir prueba en su contra, no es una entidad p\u00fablica, por lo que su representante legal tiene la obligaci\u00f3n de asistir a dicha diligencia anticipada, so pena de que se le hagan efectivas las consecuencias procesales y sustanciales que gobiernan la materia\u00bb (fls. 214 y 215). <\/p>\n

f) Solicitud de declaratoria de ilegalidad del auto de 3 de agosto de 2017 presentada por la sociedad convocada (fls. 217-223). <\/p>\n

g) Decisi\u00f3n de 5 de septiembre de 2017 mediante la cual la c\u00e9lula judicial reprochada rectific\u00f3 las posturas anteriores y estim\u00f3 que \u00abel art\u00edculo 195 del C. G. P. establece que no valdr\u00e1 la confesi\u00f3n de los representantes de las entidades p\u00fablicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el r\u00e9gimen jur\u00eddico al que est\u00e9n sometidas\u00bb (fl. 238). <\/p>\n

h) Recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n impetrado por la empresa accionante frente a la anterior determinaci\u00f3n (fls. 241-245). <\/p>\n

i) Prove\u00eddo de 8 de noviembre de 2017 que mantuvo en firme la decisi\u00f3n reprochada, deneg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada y fij\u00f3 fecha para la pr\u00e1ctica de la prueba anticipada, la cual se desarrollar\u00eda el 23 de enero de 2018 (fls. 261-264). <\/p>\n

j) Solicitud presentada el 11 de enero de 2018 por la sociedad gestora mediante la cual deprec\u00f3 se fijara nueva fecha para la pr\u00e1ctica de la diligencia al aducir que est\u00e1 en curso la acci\u00f3n de tutela aunado a que \u00abde realizarse la diligencia en la fecha programada, se tratar\u00eda de una prueba inocua y perdida [sic] del tiempo puesto que con la salvedad que hizo el se\u00f1or juez a ECOPETROL S. A., en el auto del 5 de septiembre de 2017, y exonerarlo de las consecuencias procesales, niega la posibilidad de que mi poderdante pueda acceder a un mecanismo procesal se\u00f1alado en el CGP\u00bb (fl. 265). <\/p>\n

k) Decisi\u00f3n de 17 de enero de 2017 que dispuso \u00abaplazar la diligencia que se ten\u00eda programada para el pr\u00f3ximo 23 de enero de 2018\u00bb y la fij\u00f3 para el 13 de marzo del a\u00f1o en curso (fl. 267). <\/p>\n

4. Centrada la Corte en los argumentos de la impugnaci\u00f3n, referentes, en s\u00edntesis, a que Ecopetrol S. A., debe rendir el interrogatorio solicitado sin que se le releve de la confesi\u00f3n que del mismo pueda desprenderse y analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, se advierte que la queja est\u00e1 enfilada contra la decisi\u00f3n de 5 de septiembre de 2017 que resolvi\u00f3 rectificar la postura en cuanto sostuvo que \u00abel art\u00edculo 195 del C. G. P., establece que no valdr\u00e1 la confesi\u00f3n de los representantes de las entidades p\u00fablicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el r\u00e9gimen jur\u00eddico al que est\u00e9n sometidas\u00bb, determinaci\u00f3n que fue confirmada mediante prove\u00eddo de 8 de noviembre de 2017; frente a lo cual advierte la Sala que el amparo reclamado no puede prosperar comoquiera que el despacho recriminado no incurri\u00f3 en \u00abdefecto procedimental\u00bb, tal como lo manifiesta la sociedad accionante en el escrito genitor, toda vez que la decisi\u00f3n atacada responde a unos criterios jur\u00eddicos que no pueden catalogarse de absurdos, antojadizos o caprichosos, est\u00e1 soportada en una argumentaci\u00f3n que goza de un aceptable grado de razonabilidad y coherencia, que dista del defecto endilgado, am\u00e9n que est\u00e1 asentada en el ejercicio de las atribuciones que le corresponden. <\/p>\n

4.1. En efecto, en el auto de 5 de septiembre de 2017, el despacho enjuiciado manifest\u00f3 que \u00abel art\u00edculo 195 del C\u00f3digo General del Proceso, establece que no valdr\u00e1 la confesi\u00f3n de los representantes de las entidades p\u00fablicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el r\u00e9gimen jur\u00eddico al que est\u00e9n sometidas\u00bb por lo que \u00abEcopetrol S. A., pese a que legalmente es una entidad de econom\u00eda mixta que se rige por las reglas del derecho privado, si es una p\u00fablica como lo ha venido sosteniendo su representante, pues la misma es del orden nacional y est\u00e1 vinculada al Ministerio de Minas y Energ\u00eda. Es tanto as\u00ed, que conforme al literal f) del art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, integran la Rama Ejecutiva del Poder P\u00fablico del Orden Nacional, entre otras, \u201clas sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta\u00bb. <\/p>\n

De lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abefectivamente no valdr\u00e1n las confesiones del representante legal de Ecopetrol S. A., pero de ello no se desprende que el mismo no est\u00e9 obligado a concurrir al interrogatorio de parte previsto en el art\u00edculo 184 del C\u00f3digo General del Proceso, pues si bien en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 195 ib\u00eddem se consagra la posibilidad de que rinda informe escrito bajo juramento, lo cierto es que ello se erige apenas en una facultad para el juez que decreta la prueba. Una cosa es que se asista a la vista p\u00fablica y otra muy diferente es que lo que all\u00ed se diga valga como una confesi\u00f3n que comprometa los intereses de la entidad que representa\u00bb. <\/p>\n

Postura confirmada en auto de 8 de noviembre de 2017 al desatar el recurso de reposici\u00f3n y mantener en firme la decisi\u00f3n cuestionada toda vez que \u00abrespecto de si Ecopetrol S. A. es una entidad p\u00fablica del orden nacional, de ello no cabe la menor duda. Tan es as\u00ed que la misma Ley 489 de 1998 art. 38 establece que integran la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico del Orden Nacional, entre otras, \u201clas sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta\u201d, dentro de las cuales est\u00e1 incluida la petrolera convocada, pues la misma est\u00e1 vinculada al Ministerio de Minas y Energ\u00eda y conforme al art\u00edculo 39 ib\u00eddem, la administraci\u00f3n p\u00fablica est\u00e1 integrada [por] todos los dem\u00e1s organismos y entidades de naturaleza p\u00fablica que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos del Estado y por aquellos adscritos o vinculados a un Ministerio que gocen de personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio\u00bb. <\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abel inciso final del art\u00edculo 87 de la Ley 489 de 1998 dispone que: \u201cNo obstante, las empresas industriales y comerciales del Estado, que por raz\u00f3n de su objeto compitan con empresas privadas, no podr\u00e1n ejercer aquellas prerrogativas o privilegios que impliquen el menoscabo de los principios de igualdad y de libre competencia frente a las empresas privadas\u201d. Pese a ello, lo que no advierte la parte convocante es que Ecopetrol S. A., por mandato del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 1118 de 2006, es una sociedad de econom\u00eda mixta (art. 97, Ley 489 de 1998) y no una empresa industrial y comercial del Estado (art. 85, ib\u00eddem)\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, dedujo que \u00abante la naturaleza p\u00fablica de Ecopetrol S. A., las confesiones de su representante legal no valdr\u00e1n como medio de prueba en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 195 del C. G. P., sin que ello signifique que ello sea \u00f3bice para que su representante no asista la convocatoria que para el efecto se haga\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, no concedi\u00f3 la alzada al estimar que \u00abcomo quiera que el auto recurrido no resulta pasible del recurso de alzada, pues el mismo, contrario a lo se\u00f1alado por el recurrente, no entra\u00f1a la negativa de la prueba anticipada cuya pr\u00e1ctica se impetr\u00f3\u00bb. <\/p>\n

5. Bajo esa perspectiva, emerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n reclamada, en la medida en que, como ya se advirti\u00f3, no est\u00e1n demostradas las ostensibles circunstancias estructurantes del yerro judicial que pudiera abrir las puertas del \u00e9xito a la tutela, pues, la determinaci\u00f3n que hoy se debate se funda en la naturaleza jur\u00eddica de Ecopetrol S. A.; y la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 195 del C\u00f3digo General del Proceso luego, no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

5.1. Lo anterior, teniendo en cuenta que de conformidad con el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 1118 de 2006, en concordancia con la escritura p\u00fablica no. 5314 del 14 de diciembre de 2007, Ecopetrol S. A., est\u00e1 constituida como una sociedad de econom\u00eda mixta, del orden nacional y que se encuentra vinculada al Ministerio de Minas y Energ\u00eda, y que seg\u00fan lo prescrito por la Ley 489 de 1998 es una entidad perteneciente a la Rama Ejecutiva del sector descentralizado por servicios a la que si bien en el ejercicio de sus actividades comerciales se le aplican las normas del derecho privado no puede ser desligada de la estructura del estado. <\/p>\n

Frente al tema, la Corte Constitucional en sentencia C-529 de 2006 precis\u00f3 que: <\/p>\n

(\u2026) es posible concluir que las sociedades de econom\u00eda mixta, pese su naturaleza jur\u00eddica espec\u00edfica (regulaci\u00f3n basada en las normas del derecho privado, ejecuci\u00f3n de actividades industriales o comerciales, \u00e1nimo de lucro, entre otros aspectos) no pierden su car\u00e1cter de expresiones de la actividad estatal, am\u00e9n del aporte p\u00fablico en la constituci\u00f3n del capital social y la consiguiente pertenencia a la administraci\u00f3n p\u00fablica, en la condici\u00f3n de entidades descentralizadas. De esta manera, no es acertado sostener que la participaci\u00f3n de particulares en la composici\u00f3n accionaria y la ejecuci\u00f3n de actividades comerciales en pie de igualdad con las sociedades privadas sean motivos para excluir a las sociedades de econom\u00eda mixta de la estructura del Estado y de los controles administrativos que le son propios y cuya definici\u00f3n hace parte de la potestad de configuraci\u00f3n normativa de que es titular el legislador. (Subrayado de la Sala).
\n5.2. As\u00ed las cosas, la postura asumida por el despacho encartado, se reitera, no luce antojadiza por cuanto esta ce\u00f1ida a lo contemplado en el art\u00edculo 195 del C\u00f3digo General del Proceso puesto que al concluir que no valdr\u00e1n las confesiones del representante legal de Ecopetrol S. A. se observa que se atendi\u00f3 la naturaleza jur\u00eddica de la empresa convocada aunado a que dicha determinaci\u00f3n no exime a la empresa citada de rendir la versi\u00f3n que es solicitada por la sociedad accionante. <\/p>\n

6. En definitiva, el desempe\u00f1o del juzgador encartado, no luce arbitrario, por lo que independientemente que lo proh\u00edje la Corte, no puede tildarse de abiertamente caprichoso para que sea objeto de cuestionamiento en sede constitucional, cuando insistentemente ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que al \u00abjuez de tutela\u00bb le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya \u00abindependencia y autonom\u00eda\u00bb tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de \u00abraigambre constitucional y legal\u00bb. <\/p>\n

Al respecto, esta Sala ha dicho, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 Mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n

As\u00ed mismo, ha considerado que: <\/p>\n

[E]l juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que e[l] concepto [de] configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria (CSJ STC 14 may. 2003, rad. 00113-01. Reiterada, entre otras, en las CSJ STC 2 mar. 2005, rad. 2004-00385-01; 31 may. 2011, rad. 001007-00; 22 jun. 2012, rad. 01201-00; 9 ago. 2012, rad. 00332-01; y, 13 feb. 2013, rad. 00216-00). <\/p>\n

7. Finalmente, en relaci\u00f3n con el reparo referente a que no se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto subsidiariamente contra el auto de 5 de septiembre de 2017 al aducir que \u00abdicha prueba ha sido negada, raz\u00f3n por la cual y de acuerdo al art. 321 # 3 del CGP se acudi\u00f3 en reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, con un agravante mas, que el juzgado 28CC no permiti\u00f3 que se diera el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n, negando as\u00ed el acceso a la segunda instancia\u00bb, basta se\u00f1alar que tal como lo consagr\u00f3 el despacho querellado \u00abel auto recurrido no resulta pasible del recurso de alzada, pues el mismo, contrario a lo se\u00f1alado por el recurrente, no entra\u00f1a la negativa de la prueba anticipada cuya pr\u00e1ctica se impetr\u00f3\u00bb por lo que no se observa proceder contrario al ordenamiento jur\u00eddico por parte de la c\u00e9lula querellada, toda vez que el proveido cuestionado no se encuentra enlistado en como apelable en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso por cuanto no se est\u00e1 denegando la pr\u00e1ctica del interrogatorio deprecado. <\/p>\n

8. De conformidad con lo discurrido, se reafirmar\u00e1 la decisi\u00f3n materia de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n

Por secretar\u00eda de la Sala devu\u00e9lvase el expediente que fue remitido en calidad de pr\u00e9stamo. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de la Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC2534-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2017-03740-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 25 de enero de 2018, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101722","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101722","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101722"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101722\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101722"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101722"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101722"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}