{"id":101723,"date":"2026-07-01T18:47:22","date_gmt":"2026-07-01T18:47:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101723"},"modified":"2026-07-01T18:47:22","modified_gmt":"2026-07-01T18:47:22","slug":"stc2535-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2535-2018\/","title":{"rendered":"STC2535-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC2535-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-02250-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 18 de enero de 2018, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela instaurada por Diego Restrepo Villegas frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de esta ciudad y las partes e intervinientes dentro del proceso penal radicado 2007-011302-00. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El quejoso, por intermedio de apoderado, depreca la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial recriminada. <\/p>\n

2. Del escrito de tutela y las pruebas aportadas, se evidencian los siguientes hechos que sirven como soporte de la queja: <\/p>\n

2.1. Dentro del proceso adelantado en su contra por el delito de estafa agravada fue absuelto mediante sentencia de 12 de julio de 2016, determinaci\u00f3n frente a la que el delegado de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

2.2. El 22 de junio de 2017 la Colegiatura querellada revoc\u00f3 la providencia de primera instancia y, en consecuencia, lo conden\u00f3 a la pena privativa de 86 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n

2.3. Asevera que con la referida decisi\u00f3n \u00abse desconocieron los derechos y garant\u00edas fundamentales consagradas en los art\u00edculos 29. 228. 229 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional, los art\u00edculos 337, 338, 339, 448 y 457 de la Ley 906 de 2004\u00bb aunado a que se vulner\u00f3 del derecho de defensa toda vez que el abogado designado por parte de la Defensor\u00eda del Pueblo no controvirti\u00f3 las pruebas aportadas por el ente acusador. <\/p>\n

3. Solicita, conforme a lo relatado, se declare la nulidad de la sentencia proferida por el tribunal encartado el 22 de junio de 2017 mediante la cual revoc\u00f3 la de primera instancia, as\u00ed como la nulidad parcial de todo lo actuado desde la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, en consecuencia, que se le otorgue la libertad inmediata y, de otra parte, que se le conceda el recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de segundo grado (fls. 1 y 38). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

Las partes e intervinientes guardaron silencio. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada con base en el postulado de la subsidiariedad, ya que el accionante \u00abpudo controvertir el fallo de segunda instancia a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n aduciendo argumentos similares a los expuestos en la demanda de tutela, relacionados con la deficiente e inadecuada valoraci\u00f3n probatoria, pero no lo hizo\u00bb por lo que \u00abla omisi\u00f3n puesta de presente permiti\u00f3 que el fallo del Tribunal accionado cobrara firmeza, situaci\u00f3n que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por el legislador -Sentencia SU \u2013 111 de 1997-\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abrespecto de la supuesta violaci\u00f3n al derecho de defensa t\u00e9cnica alegada por el demandante, no encuentra la Corte que durante la actuaci\u00f3n penal se haya quebrantado esa garant\u00eda fundamental, pues no existen medios de conocimiento que fundamenten que quien lo represent\u00f3 carec\u00eda de idoneidad o actu\u00f3 negligentemente\u00bb pues \u00abpor el contrario, su abogado acudi\u00f3 a las audiencias, contrainterrog\u00f3 los testigos de cargo y present\u00f3 las pruebas que consider\u00f3 favorables a su poderdante\u00bb resultando \u00abmanifiesto que la actuaci\u00f3n del profesional del derecho no puede calificarse como violatoria del derecho a la defensa con sustento exclusivo en la inconformidad del actor con los resultados obtenidos y, en ese orden, no es factible atribuirle a \u00e9ste, ni a las autoridades involucradas en el proceso ordinario, ninguna actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n violatoria de aquel derecho\u00bb (fls. 115-120). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Fue formulada por el apoderado judicial del querellante argumentando, en s\u00edntesis, que \u00aba quien le correspond\u00eda promover o impetrar la casaci\u00f3n, era el apoderado de los sentenciados, cosa que no hizo, pues ni siquiera participo [sic] en la lectura del fallo, siendo este el segundo punto de la tutela; la FALTA DE DEFENSA T\u00c9CNICA y como tercero, en el folio 36 de la tutela el cual se titul\u00f3 m\u00e1s elementos violatorios al derecho de defensa, en el cual se le comunica o se le cuenta a la sala, que el se\u00f1or DIEGO RESTREPO VILLEGAS, estaba siendo mal notificado, pues la direcci\u00f3n que aparece es la carrera 81 A No. 34 B-25 y n\u00famero telef\u00f3nico 4131744 es de MEDELL\u00cdN y NO de Bogot\u00e1 como ven\u00edan notificando el Juzgado y la Fiscal\u00eda\u00bb (fls. 133-136). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

3. Obra como esenciales demostraciones que ata\u00f1en con el asunto que ahora concita la atenci\u00f3n, las siguientes:
\na) Sentencia de primera instancia proferida el 12 de julio de 2016 por el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de Bogot\u00e1 mediante la cual absolvi\u00f3 a Diego Restrepo Villegas (aqu\u00ed accionante) del delito de estafa agravada (fls. 67-94). <\/p>\n

b) Fallo de 22 de junio de 2017, emitido por la Corporaci\u00f3n acusada, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado y, en consecuencia, le impuso al actor la pena de 86 meses de prisi\u00f3n (fls. 42-64). <\/p>\n

4. En punto de la dolencia de que aqu\u00ed se trata, cabe destacar que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, incorpor\u00f3 a la tutela el postulado de la residualidad, que jurisprudencialmente es uno de los requisitos generales de procedencia a que ha de atenderse, despoj\u00e1ndola de sus efectos favorables, en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, ante la existencia de una senda judicial de defensa. <\/p>\n

4.1. As\u00ed las cosas, habida cuenta que en el asunto en estudio el peticionario pudo ejercitar los mecanismos de resguardo pertinentes, o sea, interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo de segundo grado del que aqu\u00ed se duele, ello comporta que en punto de la solicitud de amparo de que se trata concurre la se\u00f1alada causal de improcedencia, pues el quejoso debi\u00f3 agotar materialmente las v\u00edas de protecci\u00f3n judicial que consagra la ley penal adjetiva para exponer los motivos en que apoya su censura constitucional, ya que el juez de amparo no puede desplazar a los naturales en tanto que lo propio ser\u00eda invadir \u00f3rbitas de gesti\u00f3n competencialmente no asignadas. <\/p>\n

Por supuesto, mal se puede v\u00e1lidamente acudir a esta acci\u00f3n, luego de dilapidarse los instrumentos procedimentales id\u00f3neos, dado su apuntado car\u00e1cter, por cuanto que los ritos que han de observarse en el decurso de asuntos de \u00edndole penal como el sub judice, demarcados por la ley, son los que, precisamente, garantizan la debida protecci\u00f3n de los derechos en juego. <\/p>\n

4.2. Sobre una tem\u00e1tica que guarda simetr\u00eda con la aqu\u00ed abordada, la Corte, en CSJ STP, 6 mar. 2014, rad. 72287, tuvo ocasi\u00f3n de manifestar: <\/p>\n

[E]l accionante pretende convertir el mecanismo constitucional en una tercera instancia adicional o paralela a la de los jueces competentes, lo que de ninguna manera resulta admisible, m\u00e1xime al advertir que dej\u00f3 de utilizar de manera oportuna los mecanismos procesales de defensa de que dispon\u00eda si estaba interesado en censurar el quebranto de las garant\u00edas fundamentales cuya protecci\u00f3n invoca. En efecto, el demandante tuvo a su alcance el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra las decisiones censuradas y aun as\u00ed [lo desisti\u00f3], de suerte que al no agotar el medio de defensa judicial indicado, la solicitud de tutela es improcedente [\u2026]. <\/p>\n

En momento m\u00e1s cercano en el tiempo, en CSJ STP2706-2017, 28 feb. 2017, rad. 90572, expres\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n

[O]bserva esta Sala que la demanda constitucional carece de los requisitos de procedibilidad descritos en ac\u00e1pite precedente, ya que si el accionante ten\u00eda inconformidad con las sentencias condenatorias emitidas por las citadas autoridades accionadas, pod\u00eda acudir al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, medio consagrado por la Constituci\u00f3n y la ley procedimental penal para realizar un control constitucional y legal tanto de la sentencia emitida en segunda instancia, como del proceso penal en su integridad. <\/p>\n

Valga aclarar, aun cuando al interior del proceso penal, el sentenciado land\u00e1zuri ara\u00fajo, a trav\u00e9s de su abogado defensor, interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, lo cierto fue que dej\u00f3 de lado ese mecanismo de protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, en tanto que de acuerdo a las probanzas aportadas al tr\u00e1mite tutelar se aprecia que \u00abdesisti\u00f3 de la demanda de casaci\u00f3n que interpuso, lo cual fue aceptado por el Tribunal con auto del 22 de julio de 2013\u00bb. Por tanto, no puede ahora alegarse una presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de jes\u00fas alberto land\u00e1zuri ara\u00fajo, cuando en el marco del proceso ordinario, no agot\u00f3 los mecanismos con los que contaba para atacar la decisi\u00f3n contraria a sus intereses. <\/p>\n

4.3. De ese modo las cosas, como reiteradamente ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, en trat\u00e1ndose de mecanismos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos el medio judicial id\u00f3neo, por excelencia, es el proceso dentro del cual deben gestionarse los pedimentos pertinentes, sin que sea dable acudir a la tutela porque ella no es una acci\u00f3n que pueda activarse, a discreci\u00f3n del interesado para obtener, como lo pretende el peticionario, lo que le correspond\u00eda decidir al juzgador natural, m\u00e1xime cuando aquella no fue concebida como una instancia paralela a las actuaciones legales. <\/p>\n

5. De otra parte, es del caso precisar que, luego de dilapidarse los medios procesales dispuestos en la ley dado su car\u00e1cter esencialmente residual, no hay lugar a acogerse a esta acci\u00f3n, sin que pueda servir de pretexto la presunta falta a los deberes profesionales de su mandatario, pues como lo tiene asentado la jurisprudencia de la Corte: <\/p>\n

la contingente incuria de los apoderados judiciales (\u2026) en defender los intereses de sus representados, no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito la acci\u00f3n pues aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a \u00e9stos y no al juez acusado, dado que esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, \u201c…porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018…los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal…\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u201d (ver, entre otras, STC 9 jun. 2004, rad. 00448; 26 jul 2005, rad. 00097; 27 en. 2006, rad. 00014; 18 ago. 2010, rad. 00045-01; 10 jul. 2012, rad. 00216-01 y 5 feb. 2013, rad. 00132-00). <\/p>\n

Como ha se\u00f1alado esta Corporaciones en casos que guardan similitud con este: <\/p>\n

la labor de la defensora de oficio que se le design\u00f3 para el juicio, ante la renuencia de su apoderado de comparecer a notificarse, no puede considerarse inepta, cual expresa aquel, primero, por la calidad de abogada, y segundo, porque la gesti\u00f3n de personas con formaci\u00f3n jur\u00eddica en los procesos judiciales, debe entenderse conforme al leal saber y entender de cada contexto, sin que pueda verse su dem\u00e9rito por la sola circunstancia de no formular m\u00faltiples solicitudes y defensas, que es de lo que se duele el accionante (CSJ STC18187-2016 de 14 de Dic. De 2016, Rad. 2016-01365-02). <\/p>\n

Ahora bien, en cuanto hace referencia a la precaria intervenci\u00f3n de quien tuvo a su cargo la defensa t\u00e9cnica del actor ha de decirse que la pretensi\u00f3n formulada a partir de dicho aspecto se opone por completo a los fines de la acci\u00f3n de tutela, pues resulta del todo claro que se emplea como \u00faltimo recurso en el anhelo de contrarrestar la condena que se le impuso al actor en una actuaci\u00f3n regida por las normas del debido proceso y en la cual se le aseguraron sus derechos fundamentales, de manera que por v\u00eda de tutela no puede disponerse la revisi\u00f3n indiscriminada del proceso y la consecuente repetici\u00f3n de actuaciones v\u00e1lidamente cumplidas, m\u00e1xime que la observancia de dicha garant\u00eda se alcanza no s\u00f3lo a partir de la participaci\u00f3n activa que el defensor despliegue, pues ella tambi\u00e9n recae sobre el procesado, quien, obviamente dentro de los l\u00edmites de sus conocimientos en derecho puede intervenir al interior del proceso en pro de sus intereses\u201d (CSJ STC 1\u00ba nov. 2007, rad. 33558; reiterado en STC17544 de 18 de diciembre de 2015, Rad. n\u00b0. 11001-02-04-000-2015-01701-01). <\/p>\n

7. Seg\u00fan lo discurrido, se reafirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n materia de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC2535-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-02250-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 18 de enero de 2018, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101723","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101723","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101723"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101723\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101723"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101723"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101723"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}