{"id":101725,"date":"2026-07-01T18:47:32","date_gmt":"2026-07-01T18:47:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101725"},"modified":"2026-07-01T18:47:32","modified_gmt":"2026-07-01T18:47:32","slug":"stc2537-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2537-2018\/","title":{"rendered":"STC2537-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC2537-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 52001-22-13-000-2017-00319-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por el Hospital Ricaurte E. S. E. contra el Juzgado Civil del Circuito de T\u00faquerres (Nari\u00f1o) y el Banco Agrario de Colombia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes dentro del proceso ejecutivo adelantado por Olga Alina D\u00edaz Ch\u00e1vez en contra de la entidad accionante radicado 2016-00019, el Municipio de Ricaurte (Nari\u00f1o), la Superintendencia Nacional de Salud y los Ministerios de Salud y Protecci\u00f3n Social y Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La gestora demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y salud, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, lo siguiente:
\n2.1. En el referenciado proceso ejecutivo se decret\u00f3 el embargo de la cuenta corriente que posee en el Banco Agrario de Colombia situaci\u00f3n por la cual el 3 de marzo de 2017 promovi\u00f3 incidente de desembargo aduciendo que los dineros all\u00ed depositados son inembargables pues pertenecen a los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud. <\/p>\n

2.2. La entidad financiera demandada a trav\u00e9s del Oficio UPE-2017-2530 de 20 de febrero de 2017 inform\u00f3 al despacho encartado la materializaci\u00f3n de la orden dada. <\/p>\n

2.3. El 9 de agosto del a\u00f1o inmediatamente anterior se dict\u00f3 sentencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, determinaci\u00f3n frente a la cual interpuso recurso de apelaci\u00f3n debiendo la c\u00e9lula judicial querellada desatar el incidente de levantamiento de medida cautelar pues \u00abpese a tener los elementos probatorios y argumentos jur\u00eddicos necesarios, el juzgado hasta la presente fecha, no ha procedido a resolver el incidente de desembargo, propuesto por la apoderada judicial, afectando el derecho fundamental a la salud de toda la poblaci\u00f3n ricaurte\u00f1a, incluidos todos los grupos de especial atenci\u00f3n, como tercera edad, infancia, mujeres en estado de embarazo, entre otros\u00bb. <\/p>\n

2.4. Aunado a lo anterior present\u00f3 queja ante la Superintendencia Financiera en contra de la entidad bancaria encartada \u00abpor haber procedido a tomar la medida; sin embargo los pronunciamientos no han tenido ning\u00fan eco\u00bb. <\/p>\n

2.5. Considera que la medida tomada por el despacho querellado afecta la prestaci\u00f3n de los servicios de salud y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acci\u00f3n en salud aunado a que se encuentra en riesgo fiscal y financiero lo que hace m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n por cuanto los \u00fanicos recursos con los que cuenta son los que llegan a trav\u00e9s del Sistema General de Participaciones y los correspondientes a la prestaci\u00f3n de los servicios de salud. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, que se ordene al funcionario encartado que proceda a desatar el incidente de desembargo ordenando de manera inmediata el \u00abdesembargo\u00bb de la cuenta que se encuentra a nombre del Hospital Ricaurte E. S. E. por estar depositados en ella recursos inembargables y, subsidiariamente, que el Banco Agrario de Colombia proceda a levantar la medida cautelar (fls. 1-13). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

El juzgado encartado efectu\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso objeto de la queja e inform\u00f3 que el 7 de diciembre de 2017 resolvi\u00f3 lo atinente al incidente de desembargo presentado por la accionante negando tal pretensi\u00f3n teniendo en cuenta que \u00abla ejecutada ESE HOSPITAL RICAURTE , como solicitante del levantamiento de la referida medida cautelar, no acredit\u00f3 la condici\u00f3n de inembargabilidad de los recursos depositados en la cuenta N\u00b0 34868000055-4 que el HOSPITAL RICAURTE E. S. E. tiene en el Banco Agrario de Colombia S. A.\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00aben gracia de discusi\u00f3n de la inembargabilidad de tales recursos, se tuvo en cuenta que igualmente resultar\u00edan aplicables las reglas de excepci\u00f3n al principio de inembargabilidad del presupuesto establecidas jurisprudencialmente, respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente, alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico), como sucede en el caso habida cuenta que la reclamaci\u00f3n ejecutiva efectuada por la se\u00f1ora OLGA ALINA D\u00cdAZ CH\u00c1VEZ contra el HOSPITAL RICAURTE E. S. E., se origina en el suministro [de] medicamentos e insumos hospitalarios precisamente para que dicha E. S. E., preste los servicios de salud y que se encuentran respaldadas en diferentes facturas cambiarias de compraventa con los soportes correspondientes\u00bb.
\nPor lo anterior, estim\u00f3 que \u00abla actuaci\u00f3n adelantada dentro del proceso ejecutivo ya referenciado y espec\u00edficamente en lo atinente a las medidas decretadas, practicadas y cuyo levantamiento pretend\u00eda la parte ejecutada, no se ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, en tanto la emisi\u00f3n de la decisi\u00f3n que desat\u00f3 la petici\u00f3n de levantamiento de la medida cautelar requer\u00eda del pronunciamiento previo del Banco Agrario de Colombia; tampoco se ha afectado el derecho a la salud de los usuarios de dicha E. S. E., en tanto se ha acreditado que los bienes suministrados por la ejecutante y por los cuales se le adeuda la obligaci\u00f3n que se cobr\u00f3 en este asunto fueron utilizados precisamente para satisfacer las necesidades de los usuarios de dicha E. S. E., por lo que la misma representante legal ofreci\u00f3 tales dineros como propuesta de soluci\u00f3n amigable del asunto\u00bb. Solicit\u00f3 que se deniegue el amparo impetrado (fls. 157-158). <\/p>\n

El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico expuso que existe falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva toda vez que no es parte en el proceso objeto de la queja por lo que deprec\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional (fls. 161 y 162). <\/p>\n

La Alcald\u00eda de Ricaurte (Nari\u00f1o) sostuvo, en s\u00edntesis, que con la medida de embargo se pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del Hospital Ricaurte E. S. E., comoquiera que es la \u00fanica entidad prestadora del servicio de salud en el municipio (fls. 167-171). <\/p>\n

El Director Jur\u00eddico del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social inform\u00f3 que no ha efectuado ning\u00fan giro a la cuenta bancaria objeto de la medida cautelar por lo que suplic\u00f3 que se le exonere de toda responsabilidad que le sea endilgada en la acci\u00f3n de tutela (fl. 217 y vuelto). <\/p>\n

Olga Alina D\u00edaz Ch\u00e1vez manifest\u00f3 que el proceso sub judice \u00abse ha tramitado bajo la observancia de los ritos propios correspondiente a ese procedimiento, la entidad demandada, hoy accionante ha estado asistida por apoderada judicial y, por supuesto, se cumplieron todas las etapas propias del tr\u00e1mite. Igualmente, se reitera, que el incidente de levantamiento del embargo, de tales dineros y cuenta, una vez practicadas las pruebas del mismo y en tiempo oportuno ha sido resuelto por la se\u00f1ora juez, que en justicia ordinaria conoce del proceso, como juez natural que lo es, siendo entonces tanto los hechos como la decisi\u00f3n de la pretensi\u00f3n incidental UN HECHO SUPERADO\u00bb por lo que \u00abning\u00fan derecho, menos de linaje fundamental se le ha violado con las decisiones que ha proferido la se\u00f1ora juez del conocimiento del proceso, ni con la sentencia que ha ordenado seguir adelante la ejecuci\u00f3n contra la entidad HOSPITAL RICAURTE E. S. E., ni con las medidas cautelares que se han decretado contra dicha entidad\u00bb (fls. 223-235). <\/p>\n

El Banco Agrario de Colombia S. A., inform\u00f3 el cumplimiento de la medida provisional decretada al momento de admitirse la acci\u00f3n de tutela por lo que considera que se configura un hecho superado solicitando \u00abse proceda a dar por terminado el asunto [\u2026] ya que somos un mero intermediario entre el despacho judicial y las cuentas de nuestros clientes y usuarios\u00bb (fls. 246-250). <\/p>\n

La Superintendencia Nacional de Salud solicit\u00f3 que se le desvinculara del tr\u00e1mite constitucional por cuanto se configura la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva toda vez que \u00abla violaci\u00f3n de los derechos que se alegan como conculcados, no deviene de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible [a esa entidad]\u00bb (fls. 269-271). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el amparo al considerar que de conformidad con la respuesta brindada por la c\u00e9lula judicial querellada el incidente de desembargo fue desatado de forma desfavorable a los intereses de la accionante mediante providencia de 7 de diciembre de 2017. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abno obstante, del estudio del expediente que en dispositivo inform\u00e1tico se remiti\u00f3 a esta Judicatura, de forma palmaria puede apreciarse que la se\u00f1ora Olga Alina D\u00edaz Ch\u00e1vez, por intermedio de mandatario, formul\u00f3 la demanda ejecutiva en contra del Hospital de Ricaurte E. S. E., para el pago de diferentes facturas cambiarias, que se alegan referidas a insumos m\u00e9dicos que la primera brind\u00f3 a la entidad accionante (fls. 1 a 9 C. Ppal.); en virtud de aquello en prove\u00eddo de 1\u00b0 de febrero de 2017 se decret\u00f3 \u201cel embargo y retenci\u00f3n de las sumas de dineros provenientes de sus ingresos corrientes derivados de la venta de sus bienes y servicios de salud, depositados en cuentas corrientes y\/o de ahorros, que aparezca como titular la entidad demandada\u201d, comunic\u00e1ndose al Banco Agrario de Colombia mediante oficio No. 0139 de febrero 2 del a\u00f1o en curso (fl. 65), de la cual se inform\u00f3 su cumplimiento en oficio de 20 de febrero (fl. 39)\u00bb. <\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abmediante memorial radicado el 3 de marzo de 2017 el Hospital Ricaurte E. S. E. interpuso incidente de desembargo alegando que la cuenta afectada es inembargable dado que all\u00ed se manejan recursos del Sistema General de Participaciones (Fl. 31 a 34), por lo que posterior al tr\u00e1mite legal, en memorial radicado el 4 de octubre de 2017 contest\u00f3 el Banco Agrario que si bien la cuenta no registraba soporte de inembargabilidad se \u201crecibi\u00f3 certificaci\u00f3n emitida por la Alcald\u00eda Municipal de Ricaurte donde indican que la cuenta corriente 3-4868000055-4 perteneciente al Hospital Ricaurte SAS NIT. 9001211525 es beneficiaria de cuentas maestras donde giran recursos del Sistema General de Participaciones en Salud\u201d (fl. 89), anexando aquella; no obstante, aun contando con tal informaci\u00f3n, el Banco Agrario no adopt\u00f3 acci\u00f3n distinta a se\u00f1alar que acataba la orden judicial de embargo, soslayando lo dispuesto en la Circular No. 00024 de 25 de abril de 2016 (fls. 218 a 220), la Ley 715 de 2001, la Ley 1751 de 2015, entre otras, de las cuales se desprende la regulaci\u00f3n respecto a la inembargabilidad de cuentas donde se encuentren recursos del Sistema General de Participaciones, en especial atendida la circunstancia de que \u201clas certificaciones de inembargabilidadde recursos incorporados en el Presupuesto General de la Naci\u00f3n, (\u2026) deber\u00e1n ser tramitadas ante el jefe de la secci\u00f3n presupuestal donde se encuentren incorporados los recursos objeto de la medida cautelar, o ante quien \u00e9ste haya delegado tal funci\u00f3n, es decir, ante la Tesorer\u00eda o la Secretar\u00eda de Hacienda de la respectiva entidad territorial\u201d (fl. 162), pues si bien se\u00f1ala el Banco Agrario que recibi\u00f3 la debida certificaci\u00f3n de la Tesorer\u00eda del Municipio de Ricaurte (N) ninguna acci\u00f3n emprendi\u00f3 a aclarar la orden judicial, en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo del art\u00edculo 594 del C. G. P., m\u00e1xime que la cautela refer\u00eda exclusivamente a \u201csumas de dinero provenientes de sus ingresos corrientes derivados de la venta de sus bienes y servicios de salud (\u2026), limit\u00e1ndose, tres meses despu\u00e9s, a informar tal situaci\u00f3n al Juzgado accionado, lo que resalta la actitud pasiva de la entidad financiera respecto del an\u00e1lisis de registro y aplicaci\u00f3n de medidas cautelares sobre las cuentas bancarias de entidades p\u00fablicas\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3, \u00abla actitud asumida por la entidad accionante, es decir el Hospital de Ricaurte E. S. E., dentro del proceso ejecutivo tachado, en especial cuando dentro del libelo tutelar resalta de forma insistente la necesidad y urgencia de liberar los recursos objeto de cautela, en especial alegando la proximidad a la terminaci\u00f3n de la vigencia fiscal, no obstante interpone la presente acci\u00f3n constitucional cerca de nueve meses despu\u00e9s de radicar el incidente de levantamiento de embargo y d\u00edas previos a la terminaci\u00f3n de la vigencia fiscal, es decir, no encuentra asidero la justificaci\u00f3n de la tardanza en esperar la resoluci\u00f3n de tal pedimento por el juez de conocimiento, cuando, como afirman, de tales recursos presuntamente depende el funcionamiento de tal establecimiento de salud y el cumplimiento de las obligaciones contra\u00eddas, observ\u00e1ndose un desd\u00e9n dentro del juicio ejecutivo que permite evidenciar la ausencia de configuraci\u00f3n de perjuicio irremediable, dado que en tal caso habr\u00edan ejercido acciones dentro del proceso o de \u00edndole constitucional tendientes a lograr el levantamiento de las cautelas que consideran ilegitimas\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, efectu\u00f3 un estudio de la providencia proferida el 7 de diciembre de 2017 mediante la cual se neg\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar para lo cual expuso que la funcionaria encartada tuvo en cuenta \u00ab(i) que la certificaci\u00f3n entregada por la Tesorer\u00eda Municipal de Ricaurte no ten\u00eda la potencialidad de determinar la naturaleza de los recursos de la cuenta embargada y (ii) que en caso que se tratara de dineros pertenecientes al Sistema General de Participaciones, que si bien son inembargables en virtud de la jurisprudencia constitucional, tal regla general presenta excepciones dentro de las cuales se encuentra el caso en estudio por cuanto se pretende el pago de insumos hospitalarios que se brindaron espec\u00edficamente para brindar los servicios de salud\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que \u00abaun cuando la accionante censura el tr\u00e1mite adelantado por el Juzgado Civil del Circuito de T\u00faquerres respecto a las medidas cautelares se observa que el prove\u00eddo referido, de conformidad con el numeral 5 del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, es susceptible de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, medios impugnaticios de los cuales no consta en el plenario que la actora haya hecho uso, y que se constituyen en el medio id\u00f3neo para debatir la decisi\u00f3n respecto a la cual se elevan los reparos, sin que, en el estado en que se encuentra la actuaci\u00f3n, se d\u00e9 cabida a la acci\u00f3n del juez constitucional\u00bb por lo que \u00aben aplicaci\u00f3n a los requisitos generales para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra las providencias judiciales se concluye que el amparo en estudio carece del requisito de subsidiariedad, toda vez que la accionante dispone de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n del juzgado accionado\u00bb (fls. 254-258). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso la accionante aseverando que en el presente caso se cumplen los requisitos para la procedencia del amparo constitucional deprecado toda vez que el tema es de relevancia constitucional por cuanto se est\u00e1n afectando los derechos de la comunidad del municipio de Ricaurte (Nari\u00f1o) toda vez que los dineros embargados estaban destinados a cubrir convenios en materia de prestaci\u00f3n de servicios de salud. <\/p>\n

De otra parte estima que no se incumple el presupuesto de la inmediatez por cuanto la vulneraci\u00f3n ha persistido en el tiempo, a su vez han agotado todos los recursos pertinentes \u00abinicialmente presentando la solicitud de levantamiento del embargo, y finalmente la interposici\u00f3n de los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n de la juez de negar el levantamiento del embargo solicitado\u00bb.
\nFinalmente, sostuvo que \u00abel presente asunto debi\u00f3 estudiarse bajo la \u00f3ptica de la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la salud del pueblo ricaurte\u00f1o, debi\u00f3 tenerse en cuenta que la mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n atendida en la ESE pertenece al pueblo Aw\u00e1 (sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional), que la acci\u00f3n de tutela tambi\u00e9n se encontraba impetrada en contra del Banco Agrario, entidad de la cual el Tribunal Superior resalta que existi\u00f3 una actitud pasiva frente a la orden judicial de embargo, as\u00ed como tambi\u00e9n la actitud del juzgado, inicialmente en la demora para resolver el levantamiento de la medida cautelar sobre los recursos de la salud, y finalmente, con la decisi\u00f3n de mantener la medida cautelar, pese a la certificaci\u00f3n que reposa en el expediente y que data del car\u00e1cter de inembargables de los recursos depositados en la cuenta bancaria as\u00ed como el riesgo financiero que padece la entidad de salud, la cual se demostr\u00f3 en este tr\u00e1mite, pero que ning\u00fan pronunciamiento se hizo sobre esta circunstancia\u00bb (fls. 284-304). <\/p>\n

1. Reiteradamente la jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a promover la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. Observada la queja, se evidencia que la accionante pretende que se ordene al Juzgado Civil del Circuito de T\u00faquerres (Nari\u00f1o) que proceda a desatar el incidente de desembargo ordenando de manera inmediata el \u00abdesembargo\u00bb de la cuenta que se encuentra a nombre del Hospital Ricaurte E. S. E. por estar depositados en ella recursos inembargables y, subsidiariamente, que el Banco Agrario de Colombia proceda a levantar la medida cautelar, refiriendo lo anterior a un defecto procedimental. <\/p>\n

3. Del examen de las acreditaciones obrantes en el expediente, observa la Corte lo siguiente: <\/p>\n

a) Demanda ejecutiva promovida por Olga Alina D\u00edaz Ch\u00e1vez contra el Hospital Ricaurte E. S. E. (aqu\u00ed accionante) (fls. 4-8 cuaderno Corte). <\/p>\n

b) Mandamiento de pago librado el 20 de abril de 2016 (fls. 9-13). <\/p>\n

c) Excepciones previas de \u00abfalta de competencia\u00bb y \u00abfalta de requisitos de los t\u00edtulos\u00bb y contestaci\u00f3n de la demanda (fls. 14-17). <\/p>\n

d) Auto de 5 de diciembre de 2016 que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n y orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente a los Juzgados Administrativos de Pasto, el que fue objeto de recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n por la parte ejecutante (fls. 23-27). <\/p>\n

e) Decisi\u00f3n de 18 de enero de 2017 que no repuso la determinaci\u00f3n cuestionada, concedi\u00f3 la alzada en el efecto devolutivo y decret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n \u00abde las sumas de dinero, provenientes de sus ingresos corrientes derivados de la venta de sus bienes y servicios de salud, depositados en cuentas corrientes y\/o ahorros que aparezca como titular la entidad demandada\u00bb (fls. 31-34). <\/p>\n

f) Providencia de 23 de febrero del a\u00f1o anterior a trav\u00e9s de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto revoc\u00f3 el prove\u00eddo de 5 de diciembre de 2016 y se dispuso continuar con el tr\u00e1mite ejecutivo (fls. 35-38). <\/p>\n

g) Auto de 22 de marzo de 2017 que obedece lo resuelto por el superior (fl. 39 y vuelto). <\/p>\n

h) Prove\u00eddo de 18 de abril de 2017 que se\u00f1al\u00f3 fecha para realizar las audiencias que contemplan los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso, decret\u00f3 pruebas, requiri\u00f3 al Banco Agrario de Colombia para que especificara \u00abel n\u00famero y clase de la cuenta sobre la cual se materializ\u00f3 la orden de embargo de los dineros que se ha informado mediante oficio de fecha 20 de febrero de 2017, con referencia UOE-2017-2530, si los mismos provienen de ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n provenientes de la prestaci\u00f3n y venta de servicios de salud y otros bienes efectuados por la EPS del r\u00e9gimen contributivo por la prestaci\u00f3n de servicios de urgencia a los afiliados de este r\u00e9gimen, por la venta de servicios IPS privadas o p\u00fablicas, entre otras, o si los mismos provienen del Sistema General de Participaciones\u00bb y prorrog\u00f3 por el t\u00e9rmino de seis (6) meses m\u00e1s \u00abcontado a partir del vencimiento del t\u00e9rmino inicial establecido en el art\u00edculo 121 del C. G. P.\u00bb (fls. 40-42). <\/p>\n

i) Acta de la audiencia surtida el 9 de agosto de 2017 en la que se declararon no probadas las excepciones de fondo y se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, determinaci\u00f3n frente a la cual la ejecutada present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n el cual fue concedido en el efecto devolutivo (fls. 44 y 45). <\/p>\n

j) Escrito presentado el 3 de marzo de 2017 por la apoderada judicial de la entidad accionante mediante el cual propuso incidente de desembargo pretendiendo el levantamiento de la medida cautelar respecto a la cuenta bancaria No. 34868000055-4 del Banco Agrario de Colombia por considerar que los dineros all\u00ed depositados son inembargables comoquiera que pertenecen al Sistema General de Participaciones en Salud para lo cual aport\u00f3 como pruebas las certificaciones expedidas por el Subdirector Financiero y Administrativo de la E. S. E., y por la Directora y Tesorera de la Direcci\u00f3n Local de Salud del municipio de Ricaurte (fls. 47-48). <\/p>\n

k) Auto de 7 de diciembre de 2017 que neg\u00f3 la solicitud de levantamiento de la medida cautelar al considerar que \u00abla condici\u00f3n de recursos inembargables, en raz\u00f3n de su proveniencia y destinaci\u00f3n, debe ser acreditada de manera fehaciente por la parte que la alega, y no simplemente enunciarla sin soporte probatorio o con prueba deficiente; teniendo en cuenta adem\u00e1s que tales recursos no se depositan en cuentas ordinarias sino en cuentas especiales por su misma condici\u00f3n de inembargabilidad\u00bb. <\/p>\n

Precis\u00f3, que \u00aben el presente asunto, el Banco Agrario de Colombia ha se\u00f1alado que conforme a consulta elevada ante el Ministerio de Hacienda la cuenta No. 34868000055-4 que el HOSPITAL RICAURTE E. S. E. tiene en el Banco Agrario de Colombia S. A. sede Ricaurte (N), no aparece registrada ante dicho Ministerio como de aquellas en las que se maneja recursos inembargables del Presupuesto General de la Naci\u00f3n por lo que se considera una cuenta ordinaria y por lo que se dio aplicaci\u00f3n a la medida cautelar ordenada. Y si bien posteriormente se alleg\u00f3 certificaci\u00f3n expedida por la Alcald\u00eda Municipal de Ricaurte donde se indica que la cuenta antes referida perteneciente al HOSPITAL RICAURTE E. S. E. es beneficiaria de cuentas maestras donde giran recursos del Sistema General de Participaciones en Salud, tal certificaci\u00f3n fue allegada en forma posterior al decreto de la medida cautelar y aplicaci\u00f3n de la medida, y adem\u00e1s sin soporte adicional que respalde tal certificaci\u00f3n, ello teniendo en cuenta que el mismo Municipio de Ricaurte tiene inter\u00e9s en el asunto en raz\u00f3n de que la Empresa Social del Estado HOSPITAL RICAURTE es del orden municipal, por lo que no es posible otorgarle plena credibilidad a tal certificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00absi en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que los recursos objeto de la medida han sido girados del Sistema General de Participaciones en Salud, debe tenerse en cuenta que la regla de inembargabilidad establecida anteriormente no es absoluta, al efecto existen m\u00faltiples pronunciamientos jurisprudenciales, entre ellos la sentencia C-1154 del 26 de noviembre de 2008 emitida por la Honorable Corte Constitucional, en la cual se se\u00f1ala algunas reglas de excepci\u00f3n, en consideraci\u00f3n a que el postulado de la prevalencia del inter\u00e9s general tambi\u00e9n comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada, tales reglas se concretan en las siguientes: 1) la necesidad de satisfacer cr\u00e9ditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas 2) el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jur\u00eddica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias 3) los t\u00edtulos emanados del Estado que reconocen una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u00bb. <\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abrespecto de los recursos del SGP es pertinente tener en cuenta la Sentencia C-566 de 2003 [\u2026], que declar\u00f3 la constitucionalidad condicionada del art\u00edculo 91 de la Ley 715 de 2001, seg\u00fan el cual los recursos del SGP no har\u00edan unidad de caja con los dem\u00e1s recursos del presupuesto y ser\u00edan inembargables. La Corte insisti\u00f3 en que la regla general es la inembargabilidad, pero de nuevo acept\u00f3 el embargo excepcional para garantizar obligaciones derivadas de actividades relacionadas con la destinaci\u00f3n de los recursos del SGP (salud, educaci\u00f3n, saneamiento b\u00e1sico y agua potable). No obstante, excluy\u00f3 tal condici\u00f3n para el embargo de recursos de prop\u00f3sito general\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que \u00abresulta claro que las reglas de excepci\u00f3n al principio de inembargabilidad del presupuesto, son plenamente aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico), en otras palabras la inembargabilidad de los recursos del SGP no puede ser considerada como absoluta\u00bb por lo que sostuvo que \u00abnos encontramos frente a una reclamaci\u00f3n ejecutiva de estirpe civil efectuada por la se\u00f1ora OLA ALINA D\u00cdAZ CH\u00c1VEZ contra el HOSPITAL RICAURTE E. S. E., quien dice haber suministrado medicamentos e insumos hospitalarios precisamente para que dicha E. S. E. preste los servicios de salud y que se encuentran respaldadas en diferentes facturas cambiarias de compraventa con los soportes correspondientes\u00bb, determinaci\u00f3n frente a la cual la entidad accionante interpuso los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n (fls. 61-64). <\/p>\n

l) Decisi\u00f3n de 13 de febrero de 2017 que mantuvo en firme la determinaci\u00f3n reprochada y concedi\u00f3 la alzada impetrada al estimar que \u00abeste despacho mantiene lo dicho en la providencia recurrida en el sentido de indicar que la condici\u00f3n de recursos inembargables, en raz\u00f3n de su proveniencia y destinaci\u00f3n, debe ser acreditada de manera fehaciente por la parte que la alega, en tal sentido debe tenerse en cuenta que si bien para acreditar tal condici\u00f3n se ha presentado certificaciones expedidas por el Subdirector Financiero y Administrativo de la E. S. E. ejecutada, por la Directora Local de Salud y Tesorera del Municipio de Ricaurte, y que la parte recurrente alega deben ser consideradas con fundamento en el art\u00edculo 40 de la Ley 1815 de 2016, considera el despacho que tales certificaciones no tienen el m\u00e9rito probatorio que se pretende, al efecto debe considerarse que en las propias certificaciones aportadas, se se\u00f1ala que las cuentas son beneficiarias de cuentas maestras, lo que indica que ellas mismas no lo son, adem\u00e1s siendo cuentas beneficiarias u ordinarias, donde se perciben recursos de diferentes fuentes incluido recursos por pago de servicios, los recursos consignados en la misma no pueden ser considerados inembargables. Adem\u00e1s debe tenerse presente que antes de la consumaci\u00f3n de la medida cautelar, la supuesta condici\u00f3n de inembargabilidad no hab\u00eda sido reportada al Banco Agrario, tal como lo inform\u00f3 dicha entidad financiera a este despacho\u00bb. <\/p>\n

4. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada resulta prematura en la medida que el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la apoderada de la entidad querellante dentro del proceso ejecutivo que se adelanta, frente al auto de 7 de diciembre de 2017, que resolvi\u00f3 \u00abnegar la solicitud de levantamiento de la medida cautelar de embargo de los dineros depositados en la cuenta N\u00b0 34868000055-4 que la entidad ejecutada tiene en el Banco Agrario de Colombia S. A., sede Ricaurte\u00bb, a\u00fan no ha sido resuelto por el juez natural, seg\u00fan se observa de las copias allegadas al expediente, y de las manifestaciones realizadas por la gestora en la impugnaci\u00f3n al fallo de primera instancia y el despacho encartado; comoquiera que mediante prove\u00eddo de 13 de febrero de 2018 se concedi\u00f3 la alzada, as\u00ed pues, frente a las presuntas irregularidades aducidas por la parte accionante, en cuanto a que los dineros embargados son inembargables, no se ha adoptado una decisi\u00f3n definitiva, sin que sea dable suponer o inferir, la forma en que la autoridad lo resolver\u00e1. <\/p>\n

4.1. As\u00ed las cosas, la reclamante no puede aspirar a que el fallador constitucional se pronuncie sobre un t\u00f3pico que le corresponde decidir al juez natural, por cuanto, de admitirse, implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios a trav\u00e9s de los cuales se puede buscar la protecci\u00f3n de tales prerrogativas dentro de la causa. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el tema la Sala ha precisado que: <\/p>\n

[\u2026] la acci\u00f3n de amparo no se instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores, por cuanto esas herramientas fueron las dise\u00f1adas por el legislador para que de ellas hicieran uso los sujetos procesales dentro de cada asunto en particular; as\u00ed que si el accionante puso en marcha siquiera una sola de \u00e9stas, le est\u00e1 vedado formular de manera concomitante la presente v\u00eda, porque con ello estar\u00eda pretendiendo sustituir al juez natural por el constitucional, siendo que \u00e9ste nunca se cre\u00f3 con ese objetivo; tal circunstancia lo que pone en evidencia es un comportamiento presuroso, pues es el funcionario que conoce del asunto quien ostenta la potestad, bajo los postulados de la independencia, desconcentraci\u00f3n y autonom\u00eda, para resolver el conflicto de intereses que se le someti\u00f3 a su composici\u00f3n (CSJ STC 10 ago. 2009 rad. 00189-01, reiterada, entre otras, el 28 ago. 2015, rad, 01576-01). <\/p>\n

Frente al car\u00e1cter prematuro de la acci\u00f3n de tutela la Corte expres\u00f3 en pret\u00e9rita oportunidad que: <\/p>\n

En el asunto que a la hora de la presentaci\u00f3n del libelo tutelar [\u2026] se encontraba en tr\u00e1mite, habida cuenta de la interposici\u00f3n del medio impugnativo de [\u2026] formulado [\u2026], circunstancia por la cual no resulta de recibo que los querellantes, en apresurado actuar, hayan instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador [natural], desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga, esto por un lado; y, por otro, en virtud de que el [togado correspondiente] es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia, <\/p>\n

Luego, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que ata\u00f1e resolver al funcionario competente, am\u00e9n que, it\u00e9rase, la acci\u00f3n de tutela no fue concebida como un escenario paralelo a las actuaciones judiciales, dado su apuntado car\u00e1cter y, mucho menos, fue prevista como una tercera instancia mediante la cual se pueda, sin que medien razones para as\u00ed proceder, antelar y suplantar las decisiones que han de emerger, como no, dentro de cada litigio, y por intermedio del funcionario judicial que est\u00e1 investido legalmente para lo propio (CSJ STC 1 feb,. 2011 rad. 2010-00958-01, reiterada entre otras en STC 20 ene. 2012 rad. 00375-01 y 23 oct. 2013 rad. 00263-01).
\n5. Siguiendo el anterior derrotero, el de ser prematura, la acci\u00f3n de resguardo resulta improcedente, comoquiera que no fue concebida como un mecanismo alternativo o paralelo a las actuaciones judiciales, ni puede tenerse como una tercera instancia, porque implicar\u00eda que el fallador de tutela, precipitadamente, adopte una posici\u00f3n que comprometer\u00eda el juicio del juzgador natural, lo cual no es plausible en modo alguno, por tanto ser\u00e1 este \u00faltimo quien profiera las decisiones judiciales respectivas en el marco de los medios de defensa interpuestos, toda vez que es al director del proceso, decidir sobre el levantamiento de la medida cautelar, pues el Banco Agrario de Colombia, cumpli\u00f3 la orden proferida por el despacho encartado, toda vez que el art\u00edculo 593 del C.G.P., se\u00f1ala \u00abla inobservancia de la orden impartida por el juez, en todos los caso previstos en este art\u00edculo [ejecuci\u00f3n de embargos], har\u00e1 incurrir al destinatario del oficio respectivo en multas sucesivas de dos (2) a cinco (5) salarios m\u00ednimos mensuales\u00bb, con lo cual se debe esperar a la decisi\u00f3n del Juez del proceso, pues es quien debe determinar la legalidad o no de la medida, de acuerdo al reclamo elevado por la entidad accionante. <\/p>\n

6. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC2537-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 52001-22-13-000-2017-00319-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101725","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101725","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101725"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101725\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101725"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101725"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101725"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}