{"id":101726,"date":"2026-07-01T18:47:45","date_gmt":"2026-07-01T18:47:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101726"},"modified":"2026-07-01T18:47:45","modified_gmt":"2026-07-01T18:47:45","slug":"stc2539-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2539-2018\/","title":{"rendered":"STC2539-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC2539-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01982-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2017, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Fernando Tamayo Ni\u00f1o, frente a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Penal del Circuito de la citada ciudad con Funciones de Ejecuci\u00f3n de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz, y a los intervinientes en el proceso objeto de censura. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, y a la \u00abreparaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y cumplimiento de sentencias ejecutoriadas\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.
\n2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. El 3 de julio de 2015 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal accionado dict\u00f3 sentencia condenatoria contra ex integrantes del \u00abBloque Tolima de las Autodefensas Campesinas de C\u00f3rdoba y Urab\u00e1 (ACCU)\u00bb, y, particularmente contra John Fredy Rubio Sierra, por los delitos de desplazamiento forzado y homicidio agravado en grado de tentativa, perpetrados en su contra el 28 de agosto de 2002, siendo reconocidos como \u00abv\u00edctimas\u00bb Luis Fernando Tamayo Ni\u00f1o, sus hijos Mar\u00eda Alejandra Tamayo Caicedo, Luis Fernando y Adriana Tamayo Valencia, y su compa\u00f1era Sandra Liliana Caicedo Orteg\u00f3n, donde se conden\u00f3 a los procesados a indemnizar a los afectados por los perjuicios causados. <\/p>\n

2.2. La anterior decisi\u00f3n fue confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, advirtiendo que el pago de los da\u00f1os deb\u00edan hacerlo de forma solidaria los acusados integrantes del grupo armado ilegal, y subsidiariamente, el Estado a trav\u00e9s del Fondo de Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas. <\/p>\n

2.4. En audiencia de 28 de febrero de 2017, se resolvi\u00f3 negativamente su petici\u00f3n argumentando que, a pesar de haber transcurrido el t\u00e9rmino de 10 meses, \u00abno inicia su conteo, debido a [\u2026] una ACLARACI\u00d3N hecha por la UARIV que no le hab\u00eda resuelto la Sala de Justicia y Paz\u00bb, contra la que interpuso los recursos horizontal y vertical, siendo negado el primero. <\/p>\n

2.5. El 5 de octubre de 2017 se desat\u00f3 la alzada por la Corporaci\u00f3n accionada, ratificando la decisi\u00f3n de primer grado, con fundamento en que las normas del C\u00f3digo General del Proceso no aplican a la justicia transicional \u00abpor no ser adversarial\u00bb, el cumplimiento de los exhortos y \u00f3rdenes contenidas en la sentencia no procede a trav\u00e9s de mandamiento ejecutivo porque no lo consagra la Ley 975 de 2005 y \u00abla excepci\u00f3n de acudir a las normas penales y civiles \u201cno pueden [sic] convertirse en l\u00ednea gen\u00e9rica para materializar las sentencias y abrir etapas procesales ineficaces\u201d\u00bb, am\u00e9n que no es posible emitir condenas contra el Estado \u00abpor no ser interviniente en la Ley 975, [y] la Ley no otorg\u00f3 esa competencia a la especialidad\u00bb; adem\u00e1s, \u00abno es constitucionalmente admisible homologar el sistema de reparaci\u00f3n judicial que ven\u00eda funcionando a trav\u00e9s del incidente de reparaci\u00f3n integral, y el sistema de reparaci\u00f3n administrativa que se consagr\u00f3 a trav\u00e9s de la ley de v\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n

2.6. Se queja que la decisi\u00f3n es arbitraria porque, en su sentir, al tr\u00e1mite aplican las normas del C\u00f3digo General del Proceso dado que la misma Ley 975 remite a las normas procesales civiles y penales, y que, si es posible emitir sentencias de condena contra el Estado a trav\u00e9s del Fondo de Reparaci\u00f3n que administra la UARIV, am\u00e9n que el fallo del cual busca la ejecuci\u00f3n contiene \u00f3rdenes y no exhortos; y la Colegiatura querellada no se pronunci\u00f3 sobre los fundamentos de la impugnaci\u00f3n.
\n3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, dejar sin efecto la decisi\u00f3n 28 febrero 2017 emitida por el Juzgado Penal accionado que le neg\u00f3 el mandamiento de pago, y la de 5 de octubre siguiente proferida por el Tribunal censurado que confirm\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n; y, en consecuencia, ordene a las autoridades accionadas \u00abdar aplicaci\u00f3n [a] las normas del C\u00f3digo General del Proceso para el tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n de las sentencias de julio tres de 2015 y febrero 24 de 2016, con base en el Art. 62 Ley 975 de 2005 y Art. 25 C.P.P.\u00bb; al Juzgado que \u00abprofiera mandamiento ejecutivo contra la UARIV- FONDO DE REPARACI\u00d3N para el pago de las sumas de dinero a que fue CONDENADA en el numeral 38 de la sentencia de primera instancia, y por la ORDEN emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de febrero 24 2016, con base en lo que estos fallos judiciales dicen, tal como lo ordena las sentencias C-180 de 2014 y C-286 de 2014 cuando la reparaci\u00f3n es ordenada en el proceso penal y no con los topes de la REPARACI\u00d3N ADMINISTRATIVA\u00bb y que \u00abd\u00e9 cumplimiento a la ORDEN emitida por la Sala Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia de incluirl[o] en los PROGRAMAS PRODUCTIVOS [\u2026] teniendo en cuenta que la INMEDIATEZ ya se cumpli\u00f3, por haber transcurrido m\u00e1s de 19 meses desde la ejecutoria de la sentencia aclarada en marzo 9 de 2016\u00bb. Asimismo \u00abcontra el Centro de Memoria Hist\u00f3rica para que \u00e9ste cumplimiento del exhorto 77 incluya a las V\u00edctimas de las sentencia[s] de primera y segunda instancia [\u2026] en la publicaci\u00f3n del Libro que van a editar o en otro si \u00e9ste ya sali\u00f3\u00bb (ff. 1-13 cuad. 1). <\/p>\n

4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n el 16 de noviembre de 2017 (ff. 57-58 ib\u00edd.); y el 27 de noviembre siguiente neg\u00f3 el amparo rogado (ff. 189-201 cuad. 1), la que fue impugnada por el gestor. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

1. La Magistrada ponente que integr\u00f3 la Sala de decisi\u00f3n que conoci\u00f3 en segunda instancia la providencia cuestionada, inform\u00f3 que el 3 de julio 2015, se emiti\u00f3 sentencia en contra de varios ex miembros del Bloque Tolima, tr\u00e1mite en el que fue reconocido el gestor junto con su n\u00facleo familiar como v\u00edctima por el delito de tentativa de homicidio y otros, que padeci\u00f3 en agosto 28 de 2002, la que al haber sido apelada, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 24 de febrero de 2016 \u00abadopt\u00f3 diversas decisiones, entre ellas, modific\u00f3, revoc\u00f3 y confirm\u00f3 varios numerales\u00bb y, el 24 de mayo del mismo a\u00f1o, el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la especialidad \u00abavoc\u00f3 el conocimiento para la vigilancia y cumplimiento de la sentencia\u00bb, el que convoc\u00f3 en distintas fechas del primer semestre de 2017 a \u00abaudiencia de seguimiento en donde requiri\u00f3 la presencia de las diferentes partes y entidades involucradas en la satisfacci\u00f3n de las medidas de reparaci\u00f3n\u00bb y en las sesiones convocadas para febrero y marzo de ese a\u00f1o el aqu\u00ed demandante, exigi\u00f3 \u00abel cumplimiento de los exhortos de la sentencia de 3 de julio de 2015, invocando la figura del mandamiento ejecutivo, que al haber sido adverso lo fallado por la Juez de Ejecuci\u00f3n, [\u2026] interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el que fue resuelto el pasado 5 de octubre\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente se\u00f1al\u00f3 que no se cumplen los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, y precis\u00f3 que \u00ab[a] las Salas de Justicia y Paz del pa\u00eds, no les fue dada la facultad de emitir condenas en contra del Estado\u00bb, por lo que la concurrencia en el pago de las indemnizaciones deben concebirse como \u00abuna sanci\u00f3n contenciosa\u00bb, tema que fue resuelto en sentencia C 160 de 2016. Asimismo, que no desconoce lo dispuesto por el ad quem en relaci\u00f3n con el beneficio de proyecto productivo en su favor que la UARIV debe garantizarle y que frente al cumplimiento del exhorto dirigido al Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica para documentar expresiones para estatales y contra estatales del extinto Bloque Tolima, \u00abno es absoluto que deba contarse con la aprobaci\u00f3n de la totalidad de intervinientes para la publicaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, lo que tampoco significa que las v\u00edctimas dejen de ser consultadas para su elaboraci\u00f3n, tal como se consign\u00f3 en la decisi\u00f3n de octubre 5 de 2017\u00bb (ff. 89-90 cuad. 1). <\/p>\n

2. La Jueza de Ejecuci\u00f3n censurada, luego de historiar el tr\u00e1mite surtido para la vigilancia y cumplimiento de la sentencia, sostuvo que \u00ablas audiencias de seguimiento a las medidas de reparaci\u00f3n ordenadas en las sentencias transicionales, no se establecieron, ni se encuentran reglamentadas en la ley 975 de 2015, ni en las normas que la han modificado, estas son un mecanismo implementado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogot\u00e1\u00bb y que al gestor no se le han vulnerado las prerrogativas que invoca por cuanto en desarrollo de las audiencias ha podido ejercer su derecho de contradicci\u00f3n y ese despacho \u00abha acatado las decisiones de segunda instancia adoptadas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 respecto de las [citadas] medidas\u00bb (ff. 92-93 cuad. 1). <\/p>\n

3. El Fiscal 6\u00b0 Tribunal Direcci\u00f3n de Justicia Transicional sede Ibagu\u00e9, Tolima, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, en s\u00edntesis, porque en las audiencias de seguimiento efectuadas por el juzgado querellado el actor \u00abha tenido oportunidad de intervenir de manera personal y controvertir los argumentos esbozados por todos y cada uno de los intervinientes. Interponer los recursos ordinarios de ley (reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n), contra las decisiones tomadas por ese despacho\u00bb y las decisiones cuestionadas jam\u00e1s han sido \u00abcaprichosas, ama\u00f1adas falta de fundamento f\u00e1ctico, jur\u00eddico y probatorio\u00bb (ff. 169-171 ib\u00edd.). <\/p>\n

4. El Defensor P\u00fablico, Jorge Arturo Ramos Valenzuela manifest\u00f3 que el Juzgado querellado ha realizado 6 sesiones de audiencia con el fin de agotar los diferentes puntos del fallo, a las que han acudido diferentes autoridades, que han expuesto la forma como est\u00e1n dando cumplimiento y los tr\u00e1mites que deben adelantar las v\u00edctimas con tal fin, por lo que considera que se est\u00e1 atendiendo a cabalidad lo resuelto a favor de las v\u00edctimas (f. 172 cuad. 1).
\n5. El Procurador 1 Judicial II Penal resalt\u00f3 que la decisi\u00f3n de segundo grado expone \u00abcon soporte jurisprudencial de car\u00e1cter constitucional se analiz\u00f3 de manera clara lo relacionado sobre el cumplimiento de los fallos de justicia y paz y la no aplicaci\u00f3n de la figura el mandamiento ejecutivo en proceso[s] de justicia transicional\u00bb, por lo que no se ha incurrido en v\u00edas de hecho y, por ende, tampoco se le han vulnerado los derechos fundamentales al quejoso (ff. 174-178 ib\u00edd.). <\/p>\n

6. La Directora T\u00e9cnica para la Construcci\u00f3n de la Memoria Hist\u00f3rica del Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica adujo en resumen que ha atendido a cabalidad el mandato determinado en la Ley 1448 de 2011, los decretos de ley y reglamentarios, as\u00ed como con lo exhortado en la sentencia dictada contra John Fredy Rubio Sierra, para lo cual hizo referencia a las distintas gestiones y publicaciones que ha efectuado en medios de comunicaci\u00f3n; por tanto, solicit\u00f3 denegar la pretensi\u00f3n sexta. (ff. 185-188 ib.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

No accedi\u00f3 al resguardo, por considerar que \u00abla Ley 975 de 2005 tiene por finalidad facilitar los procesos de paz y la reincorporaci\u00f3n individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las v\u00edctimas a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n. Para ello se estableci\u00f3 que una vez proferida la sentencia condenatoria se har\u00eda cumplimiento de la misma a trav\u00e9s de los Jueces con Funciones de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales\u00bb, quienes tienen como funciones \u00abvigilar el cumplimiento de la pena y \u201cLas obligaciones impuestas en las sentencias a las dem\u00e1s entidades involucradas en el proceso\u201d\u00bb. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 el gestor aduciendo que el juez constitucional a quo no estudi\u00f3 de fondo el problema jur\u00eddico planteado sino que \u00abse limit\u00f3 simplemente a dar credibilidad de lo que dijo la Sala de Justicia y Paz [sobre la improcedencia de la tutela]\u00bb y que si bien se se\u00f1al\u00f3 que su disenso lo debe tratar es en el tr\u00e1mite de verificaci\u00f3n y cumplimiento de la sentencia, eso fue lo que hizo y el mandamiento le fue negado, agotando al respecto todos los recursos de ley, por lo que la acci\u00f3n de amparo es el \u00fanico recurso que le queda y ha debido abordarse de fondo su estudio. Asimismo, que la afirmaci\u00f3n de que no se le vulnera el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia porque \u00abse debe adelantar la reparaci\u00f3n de las 85 v\u00edctimas reconocidas en la sentencia, para lo cual se cuenta con $2.499.385.196 que ser\u00e1 distribuido por el sistema de TOPES\u00bb, tal afirmaci\u00f3n no guarda coherencia con el ordenamiento jur\u00eddico y las sentencias C-180 de 2014 y C-286 de 2014, y dado que la existencia de tales v\u00edctimas no justifica la negativa de la orden de apremio y las decisiones no se fundaron en \u00abargumentos jur\u00eddicos que prueben la no aplicaci\u00f3n del Art. 306 C.G.P.\u00bb, am\u00e9n que no se puede variar el monto se\u00f1alado en la sentencia, es decir, \u00abno puede suplir la cuant\u00eda de indemnizaci\u00f3n judicial por el sistema de topes, porque la estar\u00eda variando, contrariando as\u00ed las sentencias C-180 de 2014 y C-286 de 2014\u00bb, adem\u00e1s, la Ley 975 de 2005 s\u00ed permite la aplicaci\u00f3n de \u00abnormas de justicia ordinaria\u00bb; asimismo, que no se pod\u00eda afirmar que \u00abla tutela no puede ser otra instancia a la del respectivo proceso, cuando ni siquiera los hechos se sometieron en debida forma al escrutinio del Juez de Tutela, ya que, se limito fue a dar credibilidad a lo dicho por los demandados sin confrontarlos a la realidad procesal\u00bb (ff. 231-233 cuad. 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el medio id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u2026\u00bb, y bajo los postulados de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, debido a la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y lo contemplado en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admiten por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012). <\/p>\n

2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que el censor, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos sustantivo y procedimental, enfila su reproche, contra i) el auto de 28 de febrero de 2017 mediante el cual el Juzgado Ejecuci\u00f3n censurado le neg\u00f3 la solicitud mandamiento de pago; y ii) Prove\u00eddo de 5 de octubre siguiente emitido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el gestor en contra de la anterior determinaci\u00f3n, confirm\u00e1ndola. <\/p>\n

3. Del examen de las pruebas allegadas, se observa lo siguiente: <\/p>\n

a) Sentencia proferida el 24 de febrero de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual se confirm\u00f3 el fallo emitido el 3 de julio de 2015 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que declar\u00f3, entre otros, al postulado John Fredy Rubio Sierra, penalmente responsables de un concurso de delitos de concierto para delinquir agravado, y otros, a quienes les impuso pena de prisi\u00f3n y de manera solidaria con los dem\u00e1s ex integrantes del grupo armado ilegal, la obligaci\u00f3n de indemnizar a las v\u00edctimas por los perjuicios causados y, adem\u00e1s, estableci\u00f3 que \u00ab[l]os da\u00f1os decretados en el fallo del tribunal tiene emitido por la corte deber\u00e1n ser pagados de manera solidaria por todos los procesados condenados y los mismos y por los dem\u00e1s integrantes del Bloque Tolima de las ACCU y, subsidiariamente conforme con los lineamientos legales, por el Fondo Nacional de Reparaci\u00f3n Integral de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas\u00bb y, adem\u00e1s, le orden\u00f3 a dicha unidad, incluir al aqu\u00ed accionante, \u00aben programas productivos que encuadren con su perfil\u00bb (ff: 28-54 cuad. 1). <\/p>\n

2. Acta de audiencia de seguimiento a las medidas de reparaci\u00f3n dispuestas en la sentencia, de fecha 28 de febrero de 2017, en la que, entre otros, la Delegada del Fondo para la Reparaci\u00f3n indic\u00f3 que la sentencia \u00abtiene 102 hechos victimizantes, que corresponden a 85 v\u00edctimas, las indemnizaciones reconocidas ascienden a $12.430\u2019947.090., y el valor a reconocer con ocasi\u00f3n de las mismas, aplicando los topes de reparaci\u00f3n administrativa asciende a la suma de $2.499\u2019385.196. que corresponde pagar con recursos del Presupuesto General de la Naci\u00f3n\u00bb; y, adem\u00e1s, se neg\u00f3 el mandamiento de pago solicitado por el aqu\u00ed accionante respecto de las condenas establecidas en su favor; determinaci\u00f3n que fue objeto de reposici\u00f3n, siendo ratificada, y de apelaci\u00f3n, que se concedi\u00f3 en el efecto suspensivo\u00bb (ff. ff. 122-134. cuad. 1). <\/p>\n

c) Vistas p\u00fablica de las audiencia de seguimiento a cumplimiento de las medidas de reparaci\u00f3n ordenadas en la sentencia, de fechas 1\u00b0 de marzo y 7 de abril del pasado a\u00f1o (ff. 134- 141 y 143-153 ib\u00edd.). <\/p>\n

d) Auto de 5 de octubre de 2017 mediante el cual la Sala de Justicia y Paz del Tribunal accionado desat\u00f3 la alzada contra la determinaci\u00f3n que neg\u00f3 la orden de apremio, confirm\u00e1ndola (ff. 14-27 ib.). <\/p>\n

Ahora bien, analizada la disposici\u00f3n cuestionada (5 de octubre de 2017), mediante la cual la Colegiatura querellada confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n impugnada, advierte la Sala que no se observa proceder constitutivo del defecto sustantivo y procedimental que el gestor le endilga y que amerite la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb, dado que la postura adoptada en modo alguno luce caprichosa o antojadiza. <\/p>\n

En efecto, para resolver la impugnaci\u00f3n precis\u00f3 en primer lugar que si bien la Ley 975 de 2005 \u00abno contempl\u00f3 la figura institucional de un despacho que tuviera a cargo la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones dictadas en la especialidad tanto a cargo de los postulados como de las dem\u00e1s entidades involucradas en el proceso\u00bb, la Ley 1592 de 2012 que la modific\u00f3, en su art\u00edculo 28 \u00abadem\u00e1s de caracterizar las distintas fases procesales en justicia y paz, estableci\u00f3 la competencia funcional para cada evento\u00bb, y dispuso en cabeza de los jueces con funciones de ejecuci\u00f3n de sentencias de las salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, la funci\u00f3n de \u00abvigilar el cumplimiento de las penas y de las obligaciones impuestas a los condenados\u00bb y, el Decreto Reglamentario 3011 de 2013 en su canon 32, estableci\u00f3 como funciones del juez de ejecuci\u00f3n \u00abVigilar el estricto cumplimiento de la pena y las obligaciones impuestas a los postulados en el fallo, en especial el proceso de resocializaci\u00f3n, y para aquellos que se encuentren en libertad, lo atinente a las exigencias durante el periodo de prueba\u00bb, y \u00abLas obligaciones impuesta en la sentencias a las dem\u00e1s entidades involucradas en el proceso\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, se\u00f1al\u00f3 que conforme al art\u00edculo 12 de la citada Ley 975, \u00abel procedimiento que se desarrolla para la verificaci\u00f3n del cumplimiento y vigilancia de la sentencia es la convocatoria a sesiones de audiencia p\u00fablica y oral, muchas de las veces en los lugares donde se realizaron las audiencia de incidente de reparaci\u00f3n integral, en donde con presencia de las diferentes entidades involucradas en las \u00f3rdenes y exhortos, se procede a vigilar el cumplimiento de lo fallado\u00bb, por lo que resulta inadmisible que \u00abse proceda a resolver por separado cada una de las pretensiones de las v\u00edctimas sin la convocatoria a audiencia, ya que atendiendo a la magnitud de personas que conforman el n\u00facleo de perjudicados en esta clase de procesos, el escenario dispuesto para verificar el cumplimiento de la decisi\u00f3n ejecutoriada ser\u00e1 la diligencia p\u00fablica de seguimiento con presencia de la totalidad de las partes y sujetos procesales, que de no contarse con la figura de aquellos, podr\u00eda incurrirse en vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda del debido proceso\u00bb. <\/p>\n

Asimismo, destac\u00f3 que \u00aben escenarios de justicia transicional, el concepto de la reparaci\u00f3n que parte de la responsabilidad civil, va m\u00e1s all\u00e1 de la indemnizaci\u00f3n de un da\u00f1o concreto padecido y no se limita a lo patrimonial, pues la reparaci\u00f3n ya es concebida como integral y ante este adjetivo no se busca resolver un cl\u00e1sico litigio del derecho privado, sino que se encamina a brindar soluciones con vocaci\u00f3n universalista, global, con enfoque de DDHH, que adem\u00e1s de adoptar medidas de car\u00e1cter particular, se reconozca la necesidad de acoger medidas colectivas, en los campos de la rehabilitaci\u00f3n, satisfacci\u00f3n y no repetici\u00f3n, incluso, medidas simb\u00f3licas de resarcimiento a cargo principalmente de los actores armados involucrados en el conflicto con la concurrencia de los Estados como depositarios del deber de investigar, procesar y sancionar gravemente los atentados en contra de los derechos humanos\u00bb, donde \u00ablos principios a la verdad, justicia y reparaci\u00f3n, se tornan en un equilibrio razonable entre las aspiraciones que reposan en cabeza de las v\u00edctimas, y las sanciones que deben infligirse a los responsables de las atrocidades, pilares estos que apuntan al mayor acercamiento posible para la materializaci\u00f3n del valor constitucional a la paz\u00bb. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el enjuiciamiento de los delitos cometidos con ocasi\u00f3n del conflicto armado colombiano, adujo que \u00ablos mecanismos de justicia que se imponen en la Ley 975 son acordes con la realidad jur\u00eddica respecto de la complejidad de casos a resolver, y esto implica que la forma en que los delitos son presentados por la Fiscal\u00eda y posteriormente estudiados por la magistratura, no puedan ce\u00f1irse por las actuaciones que la justicia permanente sigue para la resoluci\u00f3n de casos, pues de aplicar esas reglas su car\u00e1cter transicional desaparecer\u00eda. Mientras en la justicia permanente se resuelve una situaci\u00f3n f\u00e1ctica que est\u00e1 llamada a resolverse bajo un solo proceso, en el dise\u00f1o configurado para justicia y paz, en un mismo proceso deben resolverse decenas, que en la mayor\u00eda de las veces pasa de centenas de hechos\u00bb. <\/p>\n

En este sentido, pregon\u00f3 que la forma de abarcar la criminalidad masiva en las decisiones de justicia y paz, \u00abse ajusta a la din\u00e1mica propia de su realidad que no es adversarial, y que inadecuado resultar\u00e1 por regla general acudir a los procedimientos de la justicia permanente para lograr sus objetivos. En la indefinici\u00f3n y perpetuidad se mantendr\u00edan los derechos de las v\u00edctimas si la audiencia de legalizaci\u00f3n y aceptaci\u00f3n de cargos siguiera las etapas propias del juicio penal ordinario (sesiones de acusaci\u00f3n, preparatoria y de juicio oral). Similar situaci\u00f3n ocurrir\u00eda si para el cumplimiento de las sentencias en la especialidad se acudiera a la figura del mandamiento ejecutivo\u00bb, puesto que, seg\u00fan cifras de la relator\u00eda de esa Sala, \u00abse cuenta con un aproximado de 33.098 v\u00edctimas reconocidas en los fallos de la especialidad, [\u2026] que persiguen inter\u00e9s similar de ver materializado el resarcimiento de sus derechos a la reparaci\u00f3n integral, y que para ello existen instrumentos normativos para proceder en consecuencia y una autoridad que se encargue de vigilar por que as\u00ed sea\u00bb. <\/p>\n

En ese orden de ideas, afirm\u00f3 que resulta alejado de toda l\u00f3gica jur\u00eddica y procedimental \u00abgarantizar el cumplimiento de los exhortos y ordenes dados por sentencia a trav\u00e9s de mandamientos ejecutivos, pues no es una figura que se haya inscrito en la naturaleza de la Ley 975, y la excepci\u00f3n, que es acudir a las normas complementarias ya sea de derecho penal, civil, o como en el presente caso del C\u00f3digo General del Proceso, no pueden convertirse en l\u00ednea gen\u00e9rica para materializar las sentencias, y abrir etapas procesales ineficaces\u00bb, am\u00e9n que \u00aben justicia y paz el Tribunal no cuenta con la facultad para emitir condenas en el campo contencioso administrativo, motivo por el que no es viable dar aplicaci\u00f3n a mandamientos ejecutivos al no ser posible emitir una condena en contra del Estado, pues no es interviniente o parte en el proceso de la Ley 975, pero adem\u00e1s, el legislador no otorg\u00f3 esa competencia a la especialidad\u00bb. <\/p>\n

Igualmente, coligi\u00f3 que \u00abel cumplimiento de las sentencias no podr\u00e1 estar supeditado a los c\u00e1nones de las acciones civiles ejecutivas ni tampoco de aquellas consagradas en lo contencioso administrativo, siendo v\u00e1lido recordar que la mayor\u00eda de las medidas que se vigilan no son \u00f3rdenes sino que tienen la connotaci\u00f3n de exhortos, lo que indica que se catalogan como una exposici\u00f3n motivada de actos provenientes de distintas entidades gubernamentales para materializar los derechos de las v\u00edctimas, m\u00e1s no consecuencias de una condena emitida en contra del Estado, y que exigirlas como tal, ser\u00eda tanto como alterar el equilibrio entre las ramas del poder p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n

Tambi\u00e9n sostuvo que en la justicia transicional las autoridades administrativas \u00abadoptan un papel netamente residual en el pago de la indemnizaci\u00f3n, es decir, que el victimario deber\u00e1 ser el llamado a responder por los perjuicios tasados en favor de las v\u00edctimas; que solamente ante la insuficiencia de recursos por parte de los victimarios (labor que ya habr\u00e1 de haber agotado la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n), el Estado entrar\u00e1 en esta secuencia\u00bb, donde el pago de las indemnizaciones reconocidas debe exigirlo el Juzgado de Ejecuci\u00f3n al Fondo para la Reparaci\u00f3n a Victimas que cuenta con asignaciones con tal fin conformadas \u00abprincipalmente\u00bb por i) \u00ablos bienes entregados por los postulados o perseguidos por la Subunidad de Bienes de la Fiscal\u00eda\u00bb, ii) \u00abpartidas provenientes del presupuesto de la Naci\u00f3n\u00bb y iii) \u00abdonaciones nacionales o extranjeras\u00bb, siendo el siguiente paso, \u00abla expedici\u00f3n de resoluci\u00f3n de pago\u00bb, lo cual no significa que \u00ablas v\u00edctimas no puedan perseguir el cien por ciento de la indemnizaci\u00f3n reconocida\u00bb, sino que \u00ablas posibilidades para pago se concentran en los recursos que la UARIV consolida para informar en las audiencias de seguimiento a las sentencias el presupuesto disponible para tal efecto\u00bb. <\/p>\n

A continuaci\u00f3n, emprendi\u00f3 el an\u00e1lisis de la queja del gestor y realz\u00f3 que su inconformidad \u00abse centra en punto a que el t\u00e9rmino de 10 meses seg\u00fan el CGP para que la UARIV cancele las sumas por concepto de reparaci\u00f3n a las victimas ya se encuentran vencidos\u00bb, pero, consider\u00f3 no atenerse a dicho par\u00e1metro para verificar el cumplimiento del exhorto, sino \u00aben relaci\u00f3n con la voluntad o su ausencia para la satisfacci\u00f3n de lo inscrito en la sentencia judicial\u00bb, para lo cual tuvo en cuenta que \u00abseg\u00fan la respuesta otorgada en audiencia por el Fondo para la Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas de la UARIV, con el prop\u00f3sito de reparar a las 85 v\u00edctimas reconocidas en la sentencia emitida el 3 de julio de 2015, contra ex miembros del Bloque Tolima, se tienen previstos en raz\u00f3n de la concurrencia estatal la suma de $ 2.499.385.196 moneda corriente, dinero que ser\u00e1 distribuido por el sistema topes que trata el art\u00edculo 146 y ss., del Decreto 4800 de 2011\u00bb, por lo que encontr\u00f3 no que puede predicarse que la UARIV no haya satisfecho lo requerido en el exhorto 38, ya que \u00abde manera concisa se refiri\u00f3 por la delegada de la entidad los recursos que se tienen disponibles para el efecto, fruto de los bienes entregados por los postulados as\u00ed como de partidas del presupuesto nacional, por lo que se puede establecer la existencia de actuaciones tendientes a la satisfacci\u00f3n de lo exhortado (No. 37, 38, 39, 40 y 41), que al depender su materializaci\u00f3n de una decisi\u00f3n de aclaraci\u00f3n que en dicho momento no se conoc\u00eda, en la pr\u00f3xima audiencia de seguimiento se podr\u00e1 constatar los avances finales en el cumplimiento, en todo caso, sin que sea menester que el Fondo para la Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas espere a ser citado para dar desarrollo a su responsabilidad estatal\u00bb, y a pesar que \u00aba\u00fan no existe resoluci\u00f3n de pago que otorgue las partidas a cada una de las 85 v\u00edctimas de la sentencia\u00bb, no es factible afirmar que el exhorto n\u00b0. 38 est\u00e9 o no satisfecho, porque \u00abla entidad ha adelantado distintas actuaciones en procura de dar por satisfecho lo mandado en sentencia de 3 de julio de 2015\u00bb. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el Proyecto Productivo, memor\u00f3 que en la sentencia se orden\u00f3 a la UARIV incluir al gestor \u00aben un proyecto productivo que se ajustara a su perfil\u00bb, pero \u00aben audiencia de seguimiento la delegada de la Unidad inform\u00f3 que no exist\u00eda en la actualidad una partida presupuestal disponible para cumplir con el mandato, poniendo a disposici\u00f3n convenio celebrado con BANCOLDEX para que sean directamente las v\u00edctimas quienes puedan acudir a la entidad y buscar financiaci\u00f3n a sus planes\u00bb, y que ante tal situaci\u00f3n, el a quo consider\u00f3 que no hay lugar a reparar si es inexistente la disponibilidad de recursos; pero, atendiendo que \u00abel art\u00edculo 17 de la Ley 1448 de 2011, refiere que el goce efectivo de los derechos humanos supone compromisos progresivos que partiendo de m\u00ednimos esenciales, de manera escalonada puede ir acrecentando la satisfacci\u00f3n de los mismos, y es as\u00ed que se configura el principio de progresividad\u00bb, hall\u00f3 inaceptable que \u00absi para el a\u00f1o 2016, como inform\u00f3 la delegada de la entidad, exist\u00edan unos rubros destinados para incentivar proyectos productivos de las v\u00edctimas u otras medidas de reparaci\u00f3n, ahora en el presupuesto asignado para la vigencia fiscal de 2017, no se cuente con partida para esos fines, lo cual va en contrav\u00eda no solo del principio de progresividad referido, sino de gradualidad\u00bb, siendo adem\u00e1s, inadmisible que \u00abpreviamente al otorgamiento de apoyo al proyecto se requiera a la v\u00edctima cu\u00e1l contempla poner en marcha, pues a pesar de que tenga una formaci\u00f3n diferenciada (abogado), para que este tipo de proyecto se muestre viable y sostenible en el tiempo, debe existir una asesor\u00eda previa que permita orientar y hacer sensata la propuesta que potencialmente pueda ser apoyada\u00bb, por lo cual, revoc\u00f3 esa determinaci\u00f3n y conmin\u00f3 a la entidad para que \u00aben el plazo m\u00e1ximo de seis (6) meses contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, se brinde orientaci\u00f3n y asesor\u00eda completa y suficiente al ciudadano Luis Fernando Tamayo Ni\u00f1o, con el prop\u00f3sito de encausar suficientemente el proyecto productivo reconocido en sentencia\u00bb y dentro del mismo plazo, \u00abde no contarse con los recursos necesarios para apoyar la medida de reparaci\u00f3n dictada, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas deber\u00e1 brindar orientaci\u00f3n precisa a Tamayo Ni\u00f1o de c\u00f3mo puede aplicar a los convenios que BANCOLDEX pone a disposici\u00f3n para financiar este tipo de propuestas, en todo caso, reposando en cabeza de la UARIV la responsabilidad de que a trav\u00e9s de este o de otros convenios, se materialice el apoyo a la medida, sin que la v\u00edctima sea dejada a su suerte\u00bb. <\/p>\n

Para finalizar, frente al tema del exhorto contenido en la sentencia al CNMH para la \u00abrealizaci\u00f3n de una publicaci\u00f3n que resaltara de forma complementaria ciertos aspectos hist\u00f3ricos de la \u00e9poca de la Violencia y del Frente Nacional en relaci\u00f3n con expresiones contra y para estatales en el departamento del Tolima, que no fueron establecidos en el apartado de aspectos context\u00faales de la sentencia\u00bb, consider\u00f3 que \u00abdado que la publicaci\u00f3n a\u00fan no est\u00e1 culminada, y que al ser cierto que no existe exigencia adicional m\u00e1s all\u00e1 de la contenida en el exhorto, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n adoptada por la Juez de primera instancia, en el sentido de que a\u00fan no es factible admitir si existe o no incumplimiento a la medida de reparaci\u00f3n dictada\u00bb, siendo que \u00abcuenta con la autonom\u00eda que su naturaleza jur\u00eddica, objeto y funciones le permite, luego llegar a detallar la forma en que deba construirse cap\u00edtulo a cap\u00edtulo la publicaci\u00f3n, ser\u00eda intervenir en aspecto metodol\u00f3gicos propios de sus alcances\u00bb. <\/p>\n

Al abrigo de dichos argumentos y otros de similar perfil adopt\u00f3 la providencia objeto de inconformidad. <\/p>\n

5. Bajo esa perspectiva, emerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n extraordinaria exigida, en la medida en que, vuelve a decirse, no est\u00e1n demostradas las abiertas y evidentes circunstancias estructurantes del yerro judicial que pudieran abrir las puertas del \u00e9xito a la pretensi\u00f3n tutelar, en tanto que, de la transcripci\u00f3n antes vista, con independencia de que la Corte la proh\u00edje por cuanto este no es el escenario id\u00f3neo para lo propio, dimana que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios al efecto manifestados se guarecen en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado, descart\u00e1ndose un actuar caprichoso o antojadizo. <\/p>\n

Esto es, en s\u00edntesis, que el proceso cuestionado se adelanta siguiendo el procedimiento especial previsto en la Ley 975 de 2005 que tiene por objeto \u00abfacilitar los procesos de paz y la reincorporaci\u00f3n individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las v\u00edctimas a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n\u00bb, en el que la vigilancia de las penas impuestas y el cumplimiento de las condenas de perjuicios reconocidas en favor de las v\u00edctimas, fue asignada por la Ley a los Jueces de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales, labor\u00edo que se cumple a trav\u00e9s de audiencias p\u00fablicas y orales con la presencia de las diferentes entidades involucradas, de las partes y sujetos procesales, porque en este tipo de justicia transicional, en un mismo proceso no se resuelve una sola situaci\u00f3n f\u00e1ctica, sino m\u00faltiples hechos, por lo que no hay lugar a acudir a los procedimientos establecidos en la \u00abjusticia permanente\u00bb para lograr sus objetivos, ya que de hacerlo se mantendr\u00edan en indefinici\u00f3n los derechos de las v\u00edctimas, y que por esa misma raz\u00f3n, tampoco hay lugar a buscar su ejecuci\u00f3n de manera individual. Adem\u00e1s, que la condena se impone de forma solidaria a todos los postulados involucrados en el juicio penal, y solamente ante la insuficiencia de los recursos de los victimarios, el Estado entrar\u00e1 en esta secuencia, respetando los topes establecidos y avalados constitucionalmente, donde, las posibilidades para pago se concentran en los recursos que la UARIV consolida para informar en las audiencias de seguimiento a las sentencias el presupuesto disponible para tal efecto, por lo que no hay lugar a librar mandamientos ejecutivos al no ser posible emitir una condena en contra del Estado dado que no es interviniente o parte en el proceso de la Ley 975, am\u00e9n que el legislador no le otorg\u00f3 esa competencia a la especialidad. De otra parte, consider\u00f3 que no deb\u00eda tenerse en cuenta como par\u00e1metro para verificar el cumplimiento del exhorto, el tiempo transcurrido desde la ejecutoria de la sentencia, sino la voluntad o su ausencia para satisfacci\u00f3n de lo ordenado en el fallo y, en tal sentido, destac\u00f3 que el Fondo para la Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas de la UARIV inform\u00f3 que \u00abcon el prop\u00f3sito de reparar a las 85 v\u00edctimas reconocidas en la sentencia […], contra ex miembros del Bloque Tolima, se tienen previstos en raz\u00f3n de la concurrencia estatal la suma de $2.499.385.196 moneda corriente, dinero que ser\u00e1 distribuido por el sistema topes que trata el art\u00edculo 146 y ss., del Decreto 4800 de 2011\u00bb lo que refleja la existencia de actuaciones tendientes a la satisfacci\u00f3n de lo exhortado. De otra parte, no encontr\u00f3 justificado el hecho de que la UARIV no contara con una partida para incluir al gestor en un proyecto productivo, puesto que la Ley 1448 de 2011 supone compromisos progresivos, siendo que en el a\u00f1o 2016 exist\u00edan rubros en dicha entidad para tal fin, por lo cual, conmin\u00f3 a la entidad para que en un plazo de seis meses brinde orientaci\u00f3n y asesor\u00eda completa y suficiente al gestor \u00abcon el prop\u00f3sito de encausar suficientemente el proyecto productivo reconocido en sentencia\u00bb y de no contar con los recursos necesarios para apoyar la medida de reparaci\u00f3n dictada, en el mismo lapso le \u00abbrind[e] orientaci\u00f3n precisa […] de c\u00f3mo puede aplicar a los convenios que BANCOLDEX pone a disposici\u00f3n para financiar este tipo de propuestas\u00bb. Finalmente, no hall\u00f3 incumplido el exhorto al CNMH para la \u00abrealizaci\u00f3n de una publicaci\u00f3n que resaltara de forma complementaria ciertos aspectos hist\u00f3ricos de la \u00e9poca de la Violencia y del Frente Nacional en relaci\u00f3n con expresiones contra y para estatales en el departamento del Tolima, que no fueron establecidos en el apartado de aspectos context\u00faales de la sentencia\u00bb, porque que \u00abla publicaci\u00f3n a\u00fan no est\u00e1 culminada\u00bb; hermen\u00e9utica respetable que se bas\u00f3, cardinalmente, en lo dispuesto en la Ley 975 de 2005, art. 10, 17 y 177 de la Ley 1448 de 2011, art. 16 y ss. del Decreto 4800 de 2011, art. 28 de la Ley 1592 de 2012 art. 32 del D. 3011 de 2013, as\u00ed como en la jurisprudencia constitucional, la que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda, todo lo cual no merece reproche a partir de la \u00f3ptica ius fundamental para que proceda la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo. <\/p>\n

6. Lo se\u00f1alado impone deducir, que lo pretendido por el quejoso, es anteponer su propio criterio al de la Colegiatura censurada, y atacar, por esta v\u00eda, las disposiciones que la desfavorecieron, el que por s\u00ed solo no basta para habilitar la intervenci\u00f3n del funcionario constitucional, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que, dada su naturaleza excepcional, no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios, am\u00e9n que, como lo ha afirmado la Sala, la circunstancia de que la decisi\u00f3n adoptada en la providencia censurada resulte desfavorable a una de las partes del proceso, es cuesti\u00f3n que en s\u00ed misma considerada, escapa al \u00e1mbito del juez constitucional, como quiera que este: <\/p>\n

No puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir no se est\u00e1 demostrando el efecto apuntado en la demanda , ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (\u2026) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada, entre otras, en STC 3 sep. 2015 rad. 00493-01). <\/p>\n

[E]l Art\u00edculo 10 de la Ley de V\u00edctimas \u00a81448 de 2011], indica que, \u201clas condenas judiciales que ordenen al Estado reparar econ\u00f3micamente y de forma subsidiaria a una v\u00edctima debido a la insolvencia, imposibilidad de pago o falta de recursos o bienes del victimario condenado o del grupo armado organizado al margen de la ley al cual este perteneci\u00f3, no implican reconocimiento ni podr\u00e1n presumirse o interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad del Estado o de sus agentes\u201d. <\/p>\n

Posteriormente, la normativa dispone que el Estado responder\u00e1 solidariamente, en su posici\u00f3n de garante de los derechos humanos, por las condenas que se deriven de los procesos penales con ocasi\u00f3n del conflicto armado. No obstante, limit\u00f3 dicha solidaridad al reconocimiento del monto que por reparaci\u00f3n administrativa hubiera lugar. Con esa disposici\u00f3n, [la] Ley no desconoce que, como parte de la reparaci\u00f3n judicial, existen indemnizaciones por los perjuicios ocasionados. Lo que s\u00ed limita, es el alcance de esa responsabilidad trasladada al Estado. Por ello, el final del inciso segundo del Art\u00edculo 10 indica que dicha reparaci\u00f3n se concede \u201csin perjuicio de la obligaci\u00f3n en cabeza del victimario de reconocer la totalidad de la indemnizaci\u00f3n o reparaci\u00f3n decretada dentro del proceso judicial\u201d. <\/p>\n

As\u00ed pues, cuando a una v\u00edctima se le reconozca, dentro del marco de un proceso judicial y con ocasi\u00f3n a una condena, una reparaci\u00f3n por indemnizaci\u00f3n de perjuicios, el Estado responder\u00e1 subsidiariamente, por igual valor al que haya lugar en la reparaci\u00f3n individual por v\u00eda administrativa. <\/p>\n

Al Respecto, esta Corporaci\u00f3n ha indicado que los responsables patrimoniales primordiales de la reparaci\u00f3n judicial son los victimarios [C-286\/2015]. Asimismo, en sentencia C-370 de 2006, se estableci\u00f3 que \u201cno parece existir una raz\u00f3n constitucional suficiente para que, frente a procesos de violencia masiva, se deje de aplicar el principio general seg\u00fan el cual quien causa el da\u00f1o debe repararlo. Por el contrario, como ya lo ha explicado la Corte, las normas, la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional han considerado que la reparaci\u00f3n econ\u00f3mica a cargo del patrimonio propio del perpetrador es una de las condiciones necesarias para garantizar los derechos de las v\u00edctimas y promover la lucha contra la impunidad\u201d.
\nSobre similar tem\u00e1tica, y en esa misma providencia la Corte expuso que \u201cno desconoce que frente al tipo de delitos [de que trata la ley demandada] parece necesario que los recursos p\u00fablicos concurran a la reparaci\u00f3n, pero esto solo de forma subsidiaria. Esto no obsta, como ya se mencion\u00f3, para que el legislador pueda modular, de manera razonable y proporcionada a las circunstancias de cada caso, esta responsabilidad. Lo que no puede hacer es relevar completamente a los perpetradores de delitos atroces o de violencia masiva, de la responsabilidad que les corresponde por tales delitos. De esta manera, resulta acorde con la Constituci\u00f3n que los perpetradores de este tipo de delitos respondan con su propio patrimonio por los perjuicios con ellos causados, con observancia de las normas procesales ordinarias que trazan un l\u00edmite a la responsabilidad patrimonial en la preservaci\u00f3n de la subsistencia digna del sujeto a quien dicha responsabilidad se imputa, circunstancia que habr\u00e1 de determinarse en atenci\u00f3n a las circunstancias particulares de cada caso individual\u201d. <\/p>\n

De otra parte, el que el Legislador limite el monto de la responsabilidad subsidiaria del Estado respecto de las sentencia de reparaci\u00f3n judicial, encuentra fundamento en los principios generales de la Ley de V\u00edctimas, precisamente, en la sostenibilidad fiscal, en el cual se indica que \u201cel desarrollo de las medidas a que se refiere la presente ley, deber\u00e1 hacerse en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal con el fin de darles [a las v\u00edctimas], en conjunto, continuidad y progresividad, a efectos de garantizar su viabilidad y efectivo cumplimiento\u201d [art. 19 L. 1448\/2011]. En esa medida, la pretensi\u00f3n de la Ley es poder brindarle un m\u00ednimo de asistencia al gran n\u00famero de v\u00edctimas del conflicto armado <\/p>\n

9. En consecuencia, se impone ratificar el fallo impugnado, conforme a las razones expuestas en precedencia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC2539-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01982-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2017, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101726","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101726","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101726"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101726\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101726"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101726"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101726"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}