{"id":101729,"date":"2026-07-01T18:48:32","date_gmt":"2026-07-01T18:48:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101729"},"modified":"2026-07-01T18:48:32","modified_gmt":"2026-07-01T18:48:32","slug":"stc2552-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2552-2018\/","title":{"rendered":"STC2552-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2552-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2017-00538-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el once de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca , en la acci\u00f3n de tutela que la Cooperativa de Trasnportadores – Cootransucre promovi\u00f3 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La entidad reclamante, solicita la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, los cuales considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, quien dentro del tr\u00e1mite constitucional adelantado por Jorge Iv\u00e1n Garz\u00f3n Cort\u00e9s, le orden\u00f3 reintegrarlo sin tener en cuenta que ante el reconocimiento pensional que se le hizo al \u00faltimo, imposible se torna acatar dicha decisi\u00f3n. <\/p>\n

Solicita, en consecuencia, que ante la imposibilidad jur\u00eddica presentada, se revoque la orden que al respecto se emiti\u00f3. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Jorge Iv\u00e1n Garz\u00f3n Cort\u00e9s present\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de la entidad que hoy funge como accionante, con el fin de que se protegieran sus derechos laborales, pues su empleadora, a pesar de conocer que su capacidad laboral hab\u00eda disminuido en un 53.76%, termin\u00f3 su contrato de trabajo, lo que ocasion\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del sistema de seguridad social. <\/p>\n

2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil Municipal de Soacha quien mediante fallo de 9 de octubre de 2017 deneg\u00f3 las s\u00faplicas del reclamante, pues no exist\u00eda prueba de que el v\u00ednculo laboral hubiese terminado por la afecci\u00f3n m\u00e9dica del trabajador. <\/p>\n

3. Impugnada la decisi\u00f3n antes descrita, el Juzgado Primero Civil del Circuito del mencionado distrito judicial, en fallo de 20 de noviembre anterior, la revoc\u00f3 y en su lugar dispuso el reintegro del trabajador en el cargo que aquel desempe\u00f1aba o en uno de similares caracter\u00edsticas y en el cual la afecci\u00f3n que padece no tenga ning\u00fan tipo de repercusi\u00f3n. <\/p>\n

4. Inconforme con lo anterior, la Cooperativa accionada acude al amparo constitucional, explicando que a pesar de que intent\u00f3 cumplir la orden constitucional no fue posible, pues al antiguo trabajador, debido a su incapacidad laboral, le fue reconocida pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n

En ese sentido, solicita que se deje sin efecto la orden constitucional y en su lugar se niegue el amparo que Jorge Iv\u00e1n Garz\u00f3n Cort\u00e9s hab\u00eda solicitado. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 7 de diciembre de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados en la misma para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n

2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha manifest\u00f3 que el amparo se torna improcedente, en tanto lo que se cuestiona es la sentencia que se emiti\u00f3 dentro de una acci\u00f3n de tutela anterior. En todo caso, advirti\u00f3 que en el expediente cuestionado no obraba prueba del reconocimiento de la pensi\u00f3n a favor del trabajador, por lo que su decisi\u00f3n se adopt\u00f3 con apego al material probatorio que all\u00ed reposaba. <\/p>\n

3. En fallo de 11 de enero \u00faltimo, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca deneg\u00f3 el amparo, con apoyo en la jurisprudencia emitida por la corte Constitucional seg\u00fan la cual la acci\u00f3n de tutela no puede ser empleada para cuestionar decisiones emitidas en tr\u00e1mites de similares caracter\u00edsticas. <\/p>\n

4. Inconforme con lo anterior, Cootransucre formul\u00f3 impugnaci\u00f3n, insistiendo que est\u00e1 en imposibilidad jur\u00eddica de acatar el fallo. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de modo que no es la acci\u00f3n de amparo el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales. <\/p>\n

Sin embargo, se ha aceptado por esta Corporaci\u00f3n la procedencia de la herramienta constitucional \u00fanicamente cuando, en el procedimiento seguido por el juez de tutela, se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. Al respecto se ha dicho que \u00aben casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso\u00bb.1 <\/p>\n

2. En el asunto que es objeto de estudio, el accionante pretende controvertir la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha, en sede constitucional, concedi\u00f3 el amparo que Jorge Iv\u00e1n Garz\u00f3n Cort\u00e9s hab\u00eda solicitado en contra de aquella, por lo que dispuso su reintegro laboral. <\/p>\n

Dicha situaci\u00f3n hace evidente la improcedencia de esta acci\u00f3n, pues, como se mencion\u00f3, aunque se ha admitido la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra tr\u00e1mites de similares caracter\u00edsticas, en el presente caso no se cumplen los criterios que para el efecto ha establecido esta Corporaci\u00f3n, toda vez que lo que aqu\u00ed se cuestiona no es el ejercicio adecuado del derecho de defensa, sino el contenido de la providencia que defini\u00f3 el asunto que all\u00ed se estudi\u00f3. <\/p>\n

En efecto, discute el promotor del amparo que no le es posible acatar la orden constitucional, toda vez que Colpensiones reconoci\u00f3 a favor del all\u00e1 accionante pensi\u00f3n de invalidez, siendo claro que de acuerdo con el art\u00edculo 128 de la Constituci\u00f3n, dicha prestaci\u00f3n es incompatible con cualquier otro tipo de remuneraci\u00f3n proveniente del ejercicio laboral. <\/p>\n

Situaci\u00f3n de la que f\u00e1cil es establecer que no es la indebida notificaci\u00f3n en el tr\u00e1mite constitucional lo que genera esta acci\u00f3n, sino la imposibilidad de acatar la orden que al respecto se emiti\u00f3, inconformidad que conforme a los precedentes anteriormente citados se escapa de la competencia del juez constitucional. <\/p>\n

En esa l\u00ednea de pensamiento, se ha expresado en precedencia, que: <\/p>\n

\u00ab[D]entro de las directrices constitucionales, el mismo art\u00edculo 86 de la Carta, en el numeral 2\u00b0, dispone que el fallo de tutela, que ser\u00e1 de inmediato cumplimiento, podr\u00e1 impugnarse ante el juez competente y en todo caso \u00e9ste lo remitir\u00e1 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.\u2026Es inadmisible tolerar que los fallos de tutela sean cuestionados mediante recurso de id\u00e9ntica naturaleza, porque ello desquicia la posibilidad de clausurar el debate y reproduce indefinidamente la incertidumbre que la decisi\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 llamada a disipar. <\/p>\n

\u00abLa seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia\u00bb.2 <\/p>\n

As\u00ed las cosas, no es a esta Sala a quien le corresponde evaluar si las razones aducidas por la cooperativa son suficientes para excusarse del cumplimento de la orden, pues, se insiste, dicha situaci\u00f3n ha de ser evaluada por el Juez Primero Municipal de Soacha, por ser \u00e9ste quien desat\u00f3 en primera instancia el tr\u00e1mite que hoy se cuestiona. <\/p>\n

3. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo de fecha y procedencia inicialmente anotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente. En oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tSentencia de tutela de 16 de noviembre de 2011, \texp. 2011-01315-01. El mismo criterio se expres\u00f3, entre otros \tfallos en los de 14 de octubre de 2008, exp. 2008-01646-00; 16 de \tfebrero de 2009, exp. 2009-00193-00; 21 de enero de 2010, exp. \t2009-02355-00.
\n2 \tSentencias de tutela de 2 de septiembre de 2003, exp. 2003-0561-01; \t10 de noviembre de 2003 exp. 2003-0747-01; 23 de agosto de 2004, \texp. 2004-0840-00; 14 de octubre de 2004, exp. 2004-1120; 8 de marzo \tde 2006 y exp. 2006-0263-00, reiterada el 7 de marzo de 2013, exp. \t2013-00122-01.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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