{"id":101730,"date":"2026-07-01T18:48:44","date_gmt":"2026-07-01T18:48:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101730"},"modified":"2026-07-01T18:48:44","modified_gmt":"2026-07-01T18:48:44","slug":"stc2553-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2553-2018\/","title":{"rendered":"STC2553-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2553-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2017-00273-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el quince de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Emery Dagoberto Vera Angulo contra el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de ese distrito judicial; tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular a Erika Dayana, a Andres Eliecer y a Sara Yulieth Vera Barrios, as\u00ed como a Rubelly Barrios S\u00e1nchez, al Defensor de Familia adscrito a la Sede Judicial, al Procurador Judicial para Asuntos de Familia, a la Comisaria de Familia de la Casa de la Justicia del Distrito de Aguablanca y a los dem\u00e1s intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por la Autoridad Judicial accionada al apreciar un dictamen pericial sin someterlo a los formalismos procesales, con el fin de soportar la sentencia que desestim\u00f3 la excepci\u00f3n de pago total de la obligaci\u00f3n alimentaria perseguida en su contra por Rubelly Barrios S\u00e1nchez en representaci\u00f3n de los hijos comunes. <\/p>\n

En consecuencia, pretende que se deje sin efecto el fallo emitido el 26 de octubre de 2017 por el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cali. [Folios 52-61, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El \t4 de octubre de 2016, Rubelly Barrios S\u00e1nchez en \trepresentaci\u00f3n de sus hijos menores Erika Dayana, Andres \tEliecer y Sara Julieth Vera Barrios, instaur\u00f3 demanda \tejecutiva en contra de Emery Dagoberto Vera Angulo, en virtud de la \tcual pretendi\u00f3 cobrar al padre las cuotas alimentarias \tdebidas y causadas entre marzo de 2012 a junio de 2016. [Folios 1-6, \texp. 2017-00273] <\/p>\n

2. Correspondi\u00f3 \tel conocimiento del asunto al Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de \tCali, quien el 16 de noviembre de 2016 libr\u00f3 mandamiento \tejecutivo que consider\u00f3 ajustado a derecho, orden\u00f3 \tintegrar el contradictorio y le prohibi\u00f3 al demandado la \tsalida del pa\u00eds. [Folio 44, Ib.]
\n3. El \t10 de marzo de 2017, se decret\u00f3 el embargo del inmueble \tidentificado con el FMI No. 370-739097. [Folio 56, Ib.] <\/p>\n

4. Notificado \tel ejecutado, propuso la excepci\u00f3n de m\u00e9rito \u00abPAGO \tDE LA OBLIGACI\u00d3N\u00bb, \tla que fund\u00f3 en recibos expedidos por la ejecutante, los que \taport\u00f3 al plenario. [Folios 72-79, Ib.] <\/p>\n

5. Dentro \tdel t\u00e9rmino de traslado de las medios de defensa, la \tdemandante acus\u00f3 de falsos las constancias de pago allegadas, \tpara demostrarlo solicit\u00f3 la prueba t\u00e9cnica. [Folios \t137-138, Ib.] <\/p>\n

6. El \t1\u00ba de septiembre de 2017, el Juzgado convoc\u00f3 a las \tpartes para surtir la audiencia del art\u00edculo 392 del C. G. \tdel P. y decret\u00f3 pruebas de oficio y las solicitadas por las \tpartes. [Folio 140, Ib.] <\/p>\n

7. El \t18 de septiembre de 2017, se dio inici\u00f3 a la diligencia; sin \tembargo, se suspendi\u00f3 porque el Despacho advirti\u00f3 la \tnecesidad expedir oficios para esclarecer la causa. [Folio \t172, \tIb.] <\/p>\n

8. El \t26 de octubre siguiente, se reanud\u00f3 la audiencia, en la misma \tse dict\u00f3 la sentencia que declar\u00f3 la prosperidad la \texcepci\u00f3n de pago parcial planteada; por consiguiente, orden\u00f3 \tseguir adelante la ejecuci\u00f3n de conformidad a la orden de \tapremio y lo dispuesto en la parte motiva de la providencia, orden\u00f3 \tla liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y compuls\u00f3 copias de \tla actuaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \tpara investigar al demandado por la presunta comisi\u00f3n de \tconducta punible. [Folio \t198, Ib.] <\/p>\n

9. En \tcriterio del peticionario del amparo la Unidad Judicial querellada \tfundamento su decisi\u00f3n en un dictamen incorporado al proceso \tde manera extempor\u00e1nea, en raz\u00f3n a que la ejecutante \tsorprendi\u00f3 con la experticia en el diligenciamiento de la \taudiencia del art\u00edculo 392 del C. G. del P., la que adem\u00e1s \tno fue expuesta a contradicci\u00f3n, no suple la decretada de \toficio, el cotejo de rubricas se practic\u00f3 sin el \tacompa\u00f1amiento de la autoridad o de la contraparte y no \tbrinda total de certeza para desvirtuar la existencia de las \tconstancias de pago -de \tacuerdo a las explicaciones del perito graf\u00f3logo-. \t[Folios \t52-61, \tc.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 11 de diciembre de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad encausada y se dispuso vincular a los interesados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 63, c.1] <\/p>\n

2. El Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cali se limit\u00f3 a remitir copia simple del expediente. [Folio 74, c.1] <\/p>\n

Por su parte, el Procurador Octavo Judicial II de Familia indic\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela carece del requisito de subsidiariedad por cuanto el accionante dej\u00f3 de emplear los mecanismos de impugnaci\u00f3n previstos al interior del proceso para cuestionar la prueba t\u00e9cnica de la que ahora se queja, toda vez que no agot\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que dispuso la incorporaci\u00f3n o contra la que decret\u00f3 precluido el periodo probatorio, aunado a que no utiliz\u00f3 las herramientas contempladas para su contradicci\u00f3n, por \u00faltimo, precis\u00f3 que para la construcci\u00f3n de la decisi\u00f3n de instancia se apreciaron otros medios demostrativos. [Folios 75-77, c.1] <\/p>\n

Dentro del t\u00e9rmino concedido para rendir informe, los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n

3. En sentencia de 15 de diciembre de 2017 el Tribunal Superior de Cali deneg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada por improcedente, al establecer que el accionante pretende por esa v\u00eda residual suplir las falencias de su gesti\u00f3n y oportunidades precluidas dentro del juicio ordinario, lo anterior porque al interior del proceso no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n judicial de reemplazar la prueba de oficio por la aportada de manera extempor\u00e1nea por la ejecutante, no formul\u00f3 reparo alguno cuando fue expuesta a contradicci\u00f3n, ni tampoco controvirti\u00f3 su legalidad en la fase de alegatos, aunado a que la conclusi\u00f3n de falsedad sobre la documentaci\u00f3n se apoy\u00f3 en otros medios de convicci\u00f3n. [Folios 79-84, c.1] <\/p>\n

Inconforme con la decisi\u00f3n anterior, el accionante la impugn\u00f3 sin ampliar en argumentaciones. [Folio 93, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que estos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

Debe recordarse, que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que solamente procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con ese postulado, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

2. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto el tutelante no hizo uso de las herramientas legales que ten\u00eda a su alcance para formular las inconformidades que por esta v\u00eda pone a consideraci\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, el promotor del amparo, funda su reclamo, en que la Funcionaria Judicial incorpor\u00f3 al expediente el dictamen pericial aportado de modo extempor\u00e1neo por la ejecutante y con este fin supli\u00f3 el decretado de oficio para constatar la autenticidad de las certificaciones de pago tachadas de falsas, asimismo, porque no lo ajust\u00f3 a los estrictos ritualismos que rigen la din\u00e1mica de la contradicci\u00f3n. <\/p>\n

Luego, atendiendo que la controversia se centra en esos puntos, es palmario que no es la acci\u00f3n constitucional el mecanismo adecuado para dirimir sus inconformidades, pues el ordenamiento jur\u00eddico previ\u00f3 herramientas procesales para proceder ante estas espec\u00edficas situaciones, como a continuaci\u00f3n pasa a comentarse. <\/p>\n

Precisamente, si el gestor consideraba que la Juzgadora al dotar de valor probatorio tal experticia constitu\u00eda vulneraci\u00f3n a sus garant\u00edas fundamentales, as\u00ed debi\u00f3 alegarlo oportunamente mediante los medios de impugnaci\u00f3n que ten\u00eda a su alcance. <\/p>\n

Sin embargo, de la revisi\u00f3n del expediente evidencia la Sala que contra la determinaci\u00f3n acogida en audiencia por el Despacho acusado acerca de agregar la experticia a la ejecuci\u00f3n para los fines pertinentes [1:21:00 min, Aud. 1], as\u00ed como la que estim\u00f3 sustituida la prueba de oficio por aquella y luego declar\u00f3 precluida la oportunidad probatoria [1:07:00 min, Aud. 2], el interesado no interpuso los recursos ordinarios previstos por el ordenamiento procesal para cuestionar este tipo de actuaciones de la Juez; por consiguiente, es claro que el quejoso no controvirti\u00f3 las resoluciones censuradas a trav\u00e9s de los medios de impugnaci\u00f3n establecidos en el ordenamiento adjetivo para tal efecto, pese a que dicho escenario era el id\u00f3neo para ejercer sus derechos fundamentales y se solventaran las irregularidades que, a su juicio, se presentaron; omisi\u00f3n que impide que se acceda a las pretensiones a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional. <\/p>\n

Sobre la idoneidad del recurso de reposici\u00f3n que se extra\u00f1a, ha reiterado la Sala que: <\/p>\n

\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC 3 ago. 2011, rad. 0741-01, reiterada en fallos de 18 mar. 2013, rad. 2012-0176-02; y 23 may. 2013, rad. 00060-01). <\/p>\n

3. Asimismo, se vislumbra que el dictamen fue expuesto en audiencia por el perito graf\u00f3logo que lo practic\u00f3; lo que significa que el accionante tuvo al alcance un medio de defensa judicial para controvertir la prueba que, en su sentir, le resulta lesiva. <\/p>\n

En efecto, el reclamante ten\u00eda la oportunidad de censurar los resultados arrojados y aclarar el contenido de la experticia de rubricas exhibida por el perito a trav\u00e9s del medio de refutaci\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 228 del ordenamiento adjetivo, a cuyo tenor: \u00ab[l]a parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podr\u00e1 solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deber\u00e1n realizarse dentro del t\u00e9rmino de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario, citar\u00e1 al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podr\u00e1n interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podr\u00e1 formular preguntas asertivas e insinuantes. Las partes tendr\u00e1n derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido para el testimonio…\u00bb <\/p>\n

Sin embargo, el tutelante no formul\u00f3 reparo contra el concepto presentado, con lo que dej\u00f3 de utilizar el medio defensivo que pod\u00eda ejercer al interior del proceso, eficaz por su naturaleza, para esgrimir la argumentaci\u00f3n en la cual edifica su inconformidad, y a fin de provocar la contradicci\u00f3n del informe por \u00e9l reprochado hasta ahora. <\/p>\n

En ese orden, no puede admitirse que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir a la Operadora Judicial que conoce del asunto, en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el aqu\u00ed reclamante no emple\u00f3 los medios de defensa judiciales ordinarios, pues la tutela no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los instrumentos de oposici\u00f3n establecidos por la ley y que el interesado desaprovech\u00f3 como consecuencia de su incuria. <\/p>\n

4. Pese a lo anterior, si se hiciera abstracciones de los anteriores planteamientos, no logra advertirse que la falta de m\u00e9rito para el \u00e9xito integra de su excepci\u00f3n \u00abPAGO DE LA OBLIGACI\u00d3N\u00bb, se traduzca en la vulneraci\u00f3n al derecho invocado, habida cuenta que la decisi\u00f3n de instancia fue el resultado de una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad aplicable al caso, con base en los supuestos f\u00e1cticos que se sometieron a an\u00e1lisis y las pruebas recaudadas en la tramitaci\u00f3n, adopt\u00e1ndose una determinaci\u00f3n coherente, razonable y motivada. <\/p>\n

En efecto, se tiene que el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cali, analiz\u00f3 en conjunto el material probatorio, es decir, no solo el dictamen, sino tambi\u00e9n los dem\u00e1s elementos demostrativos para exponer en la sentencia de 26 de octubre de 2017, las razones mediante las cuales juzg\u00f3 que no se estructuraba el pago total, sino el pago parcial, con sustento en la siguiente argumentaci\u00f3n: <\/p>\n

\u00abRespecto del valor que afirma el demandado hizo en un pago por valor de $6.000.000 el 30 de junio de 2017 y $900.000 del 11 de noviembre de 2012, aunque el primero es posterior a la presentaci\u00f3n de la demanda, ese pago debe esclarecerse aqu\u00ed como momento oportuno para para elaborar luego la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en debida forma, de ellos aunque obran recibos de pago, seg\u00fan el dictamen pericial debidamente incorporado al proceso, con la debida contradicci\u00f3n en audiencia el perito graf\u00f3logo concluy\u00f3 que la firma en ellos plasmados muestra falta de similitud con la firma de la demandante, como dicho dictamen resulto debidamente sustentado, fundamentado y claramente explicado el despacho lo considera en su valor probatorio en cuanto a la falta de veracidad de los mismos, en tanto que representan pagos hechos a la demandante como abono a la deuda pendiente. <\/p>\n

Adem\u00e1s, otros hechos impiden dar por acreditados esos dos pagos, como indicios que afloran en el proceso, en que el demandado se quiere mostrar cumplidor de sus deberes econ\u00f3micos con sus hijos, pero afirma que acept\u00f3 una cuantiosa deuda de $6.000.000 un d\u00eda cualquiera del mes de junio de 2017, luego de presentada la demanda, adem\u00e1s, no se admite como pudiera \u00e9l haber utilizado medio distinto para ese pago o por lo menos considerar que dado su monto requiera una prueba de mayor certeza como la huella dactilar de la demandante, seg\u00fan venia acostumbrado hacerlo o haber consignado directamente ese valor a la comisaria de familia como le fue ordenado por dicha autoridad. Tampoco se logr\u00f3 acredita como hizo la erogaci\u00f3n de dicho valor completo, pues pretendi\u00f3 justificarlo en un pr\u00e9stamo de entidad bancaria que por la documental se sabe que hizo meses atr\u00e1s a Bancolombia sin que los reportes de movimientos se identifique ese fue el movimiento de dinero en las fechas indicadas, todo ello hace concluir al despacho que el pago de ese dinero no se efectu\u00f3 en realidad y por ello desestimar\u00e1 la excepci\u00f3n fundamentada en dichos dos pagos\u00bb. <\/p>\n

5. De modo que para la Sala resulta evidente que la pretensi\u00f3n del gestor del amparo se circunscribi\u00f3, exclusivamente, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la Autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, el peticionario no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la Juez encausada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/p>\n

No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el Despacho querellado tom\u00f3 la determinaci\u00f3n controvertida por el accionante, pues los motivos que expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n

5. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en la primera instancia. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC2553-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2017-00273-01 Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el quince de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101730","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101730","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101730"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101730\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101730"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101730"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101730"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}