{"id":101735,"date":"2026-07-01T18:49:05","date_gmt":"2026-07-01T18:49:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101735"},"modified":"2026-07-01T18:49:05","modified_gmt":"2026-07-01T18:49:05","slug":"stc2563-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2563-2018\/","title":{"rendered":"STC2563-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2563-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2017-00501-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por la accionante frente al fallo proferido el 19 de diciembre de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que deneg\u00f3 el resguardo implorado en la acci\u00f3n de tutela promovida por Alba Elizabeth Mantilla Guerra contra los Juzgados Catorce Civil del Circuito, S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n y Once Civiles Municipales, todos de dicha ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y a la vivienda digna, que adujo conculcados por las autoridades judiciales acusadas por continuar con la ejecuci\u00f3n hipotecaria incoada en su contra a pesar de la ausencia de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito exigido, pactado en UPAC. <\/p>\n

Solicit\u00f3, entonces, \u00abse declare la terminaci\u00f3n del proceso por falta de reestructuraci\u00f3n, y por ende se levanten las medidas cautelares\u00bb, asimismo, \u00abse imponga condena en costas a la parte demandante y se archive el expediente sin m\u00e1s tr\u00e1mite\u00bb (folio 11, cuaderno 1) <\/p>\n

2.\tComo fundamento de la petici\u00f3n de amparo expuso: <\/p>\n

2.1.\tA principios del a\u00f1o 1988, junto con su marido Freddy Enrique P\u00e9rez Drift -hoy difunto-, adquiri\u00f3 un cr\u00e9dito de vivienda bajo el sistema UPAC, respecto del cual incurrieron en mora el 17 de septiembre de 1999, por lo que su acreedor, el Banco Davivienda, el 22 de septiembre de 2002, instaur\u00f3 en su contra un juicio ejecutivo hipotecario, acelerando el plazo, exigiendo el pago de la totalidad de la obligaci\u00f3n, obteniendo por parte del juzgador, la emisi\u00f3n del mandamiento de pago correspondiente. <\/p>\n

2.2.\tEl 12 de marzo de 2004, a trav\u00e9s de apoderado judicial, promovi\u00f3 incidente de nulidad reclamando la invalidez de todo lo actuado, aduciendo que el fallador al permitir a la ejecutante \u00abdeclarar y aplicar la extinci\u00f3n anticipada del plazo, no s\u00f3lo violaba el art\u00edculo 19 de la Ley 546 de 199 y la C-955 de 2000, sino que iniciaba un proceso totalmente equivocado\u00bb; a lo que, en sentir de la censora, err\u00f3neamente, no accedi\u00f3 el Juzgado Once Civil Municipal de Barranquilla al concluir que \u00ablas obligaciones contra\u00eddas por el acreedor y codeudor, son Ley para las partes y el surgimiento posterior de una Ley no har\u00e1 cambiar las cl\u00e1usulas del contrato\u00bb. <\/p>\n

2.4.\tEl 1\u00ba de enero de 2014 falleci\u00f3 su esposo; por otro lado, al interior del proceso el cr\u00e9dito fue cedido al Fideicomiso F-C CM Inversiones, quien lo transfiri\u00f3 al Centro de Negocios Estate Factor S.A.S., la que a su vez lo traspas\u00f3 a Cristhian Camilo \u00c1lvarez Cardozo el 17 de abril de 2015. <\/p>\n

2.5.\tIndic\u00f3 que el 24 de agosto de 2016 su apoderado judicial reclam\u00f3 la terminaci\u00f3n del juicio por ausencia de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, a lo que el Juzgado S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Barranquilla -a quien fue reasignado el asunto- no accedi\u00f3, al encontrar que tal ruego \u00abno cumple a cabalidad con lo requerido en el numeral dos del art\u00edculo 446 ni del 461 del CGP\u00bb, con lo que, en sentir de la tutelante, desconoci\u00f3 lo reglado en la Ley 546 de 1999 y lo establecido en los precedentes jurisprudenciales de las altas Cortes (Constitucional y Suprema de Justicia). <\/p>\n

2.6.\tEl 31 de marzo de 2017 el Juzgado municipal fij\u00f3 para el 15 de agosto de 2018 la diligencia de remate, consignando err\u00f3neamente el n\u00famero de radicado del proceso, decisi\u00f3n que atac\u00f3 en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n la parte ejecutante pretendiendo un se\u00f1alamiento m\u00e1s pr\u00f3ximo, a lo que no accedi\u00f3 el juzgador manteniendo su determinaci\u00f3n inicial y denegando la concesi\u00f3n de la alzada. <\/p>\n

2.7.\tManifest\u00f3 que el 21 de noviembre de 2017, \u00abal ser consciente de todo lo anterior, \u2026present[\u00f3] queja disciplinaria contra el abogado que actualmente [la] representa\u2026, ya que adem\u00e1s de haber[la] tenido mal informada\u2026 y abusar de la confianza que deposit[\u00f3] en \u00e9l, dej\u00f3 de presentar recurso de reposici\u00f3n en subsidio de apelaci\u00f3n contra [el] auto que negaba la terminaci\u00f3n del proceso. Todo lo anterior, sin tener excusa v\u00e1lida\u00bb. <\/p>\n

2.8.\tFinaliz\u00f3 sosteniendo que su reclamo principal se edificaba en que se tornaba evidente la conculcaci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso porque \u00ablas distintas jueces, caprichosamente, no han declarado la terminaci\u00f3n del proceso por falta de reestructuraci\u00f3n. A pesar de haber cumplido con la carga m\u00ednima de su alegaci\u00f3n, la violaci\u00f3n de dicho derecho fundamental sigue perpetu\u00e1ndose en el tiempo. Es decir, es continua y permanente\u00bb; insisti\u00f3 que lo anterior iba en contrav\u00eda de la Ley 546 de 1999, los precedentes de esta Colegiatura y de la Corte Constitucional al respecto (folios 1 a 12, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tLa demanda de tutela fue formulada el 29 de noviembre de 2017 y admitida a tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 5 de diciembre siguiente (folios 48, 50 y 51, cuaderno 1). <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1.\tEl Banco Davivienda S.A. reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, al efecto adujo que el cr\u00e9dito cobrado en el proceso criticado lo cedi\u00f3 al Fideicomiso F-C CM Inversiones. A\u00f1adi\u00f3 que, en todo caso, el resguardo no pod\u00eda salir avante por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, pues los ejecutados no formularon los recursos ordinarios que ten\u00edan a su alcance en ese tr\u00e1mite, y no hab\u00eda existido vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales (folios 65 a 69, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tEl Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Barranquilla histori\u00f3 el tr\u00e1mite surtido en el asunto censurado, destac\u00f3 que el 18 de enero de 2017 no accedi\u00f3 a la terminaci\u00f3n del proceso rogada por la parte ejecutada \u00abpor no cumplir los requisitos del art\u00edculo 461 del CGP\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que ha procedido conforme a derecho sin quebrantar garant\u00eda alguna a la tutelante, por lo que la salvaguarda no estaba llamada a prosperar (folios 82 a 84, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tEl Juzgado Catorce Civil del Circuito de la capital del Atl\u00e1ntico, tras indicar que la \u00fanica decisi\u00f3n que dict\u00f3 en el juicio cuestionado fue aquella que el 11 de mayo de 2017 declar\u00f3 inadmisible la apelaci\u00f3n propuesta frente a la decisi\u00f3n que dispuso la venta en p\u00fablica subasta del bien gravado, reclam\u00f3 la denegaci\u00f3n del resguardo porque su determinaci\u00f3n estuvo ajustada a derecho y, en todo caso, frente a la misma no estaba satisfecho el presupuesto de la inmediatez (folios 85 y 86, cuaderno 1). <\/p>\n

5.\tRodrigo Alberto Almanza Caballero, quien dijo ser apoderado sustituto del cesionario del cr\u00e9dito en el juicio censurado, alleg\u00f3 manifestaci\u00f3n que no se tiene en cuenta por cuanto no aport\u00f3 poder especial que lo legitimara para actuar en tal condici\u00f3n en el presente tr\u00e1mite constitucional (folios 95 a 97, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al concluir que si bien, acorde con la jurisprudencia, el amparo se tornaba viable en trat\u00e1ndose de juicios hipotecarios continuados a pesar de la ausencia de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n cuando se presentaba una diligencia m\u00ednima por parte del deudor, en cuanto a reclamar tal situaci\u00f3n ante el fallador natural, como aqu\u00ed ocurr\u00eda, lo cierto era que en los mismos precedentes de las altas Cortes \u00abse han decantado algunas excepciones al deber de restructuraci\u00f3n\u2026, como sucede en aquellos casos en que el inmueble hipotecado se encuentra afectado por embargos decretados en otros procesos\u2026\u00bb; luego de lo cual afirm\u00f3 que la salvaguarda no se abr\u00eda paso porque sobre el \u00abbien ra\u00edz pesa un embargo por jurisdicci\u00f3n coactiva que adelanta la Secretar\u00eda de Hacienda del Distrito de Barranquilla\u00bb, lo que denotaba la poca solvencia de la ejecutada y hac\u00eda inviable la terminaci\u00f3n del proceso (folios 102 a 111, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Inconforme, la gestora del amparo impugn\u00f3 el referido fallo insistiendo en sus planteamientos iniciales, a\u00f1adi\u00f3 que el a-quo incurri\u00f3 en m\u00faltiples imprecisiones, especialmente, porque no cit\u00f3 ninguna norma que validara que su situaci\u00f3n econ\u00f3mica se enmarcaba entre las que hac\u00edan inexigible la reestructuraci\u00f3n, tampoco indic\u00f3 qu\u00e9 documentos tuvo en cuenta para sostener que sobre el inmueble pesaba un embargo por jurisdicci\u00f3n coactiva, resultando insuficiente para ello la simple \u00abconsulta de cartera\u00bb en la que se ciment\u00f3 la sentencia. <\/p>\n

Destac\u00f3 que el \u00c1rea de Embargos de la Secretar\u00eda Distrital de Hacienda le indic\u00f3 que no existe ning\u00fan embargo por jurisdicci\u00f3n coactiva en su contra; que en el certificado de tradici\u00f3n del inmueble, expedido el 13 de enero de 2018, tampoco existe registro en ese sentido; que la acci\u00f3n de cobro por impuestos prediales se encuentra prescrita, conforme al inciso 2.4.4. del Decreto 0657 de 2009; y que, en el peor de los escenarios, \u00abde haber sido indispensable estar al d\u00eda con el impuesto predial, la Sala [le] neg\u00f3 la posibilidad de dar[l]e al menos un plazo de 24 horas para que acreditar el pago de dicho impuesto\u00bb (folios 127 a 131, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEn virtud de su finalidad tutelar exclusiva de los derechos fundamentales y sus caracter\u00edsticas residual y subsidiaria, la jurisprudencia constantemente ha puntualizado la procedencia excepcional del amparo respecto de actuaciones y providencias judiciales, \u00fanica y exclusivamente en presencia de una evidente actuaci\u00f3n ileg\u00edtima no susceptible de ser corregida mediante los mecanismos ordinarios previstos en la ley, en cuanto no se oriente a sustituir, desvirtuar e infirmar los medios, recursos, acciones e instrumentos normales de protecci\u00f3n o de defensa del derecho, desconocer e invadir la \u00f3rbita de los jueces permanentes, ejercer sus funciones, discrepar de sus decisiones y, naturalmente, siempre que se ejerza en un t\u00e9rmino razonable. <\/p>\n

2.\tDe entrada debe se\u00f1alarse que respecto al reclamo constitucional frente al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla, que en \u00faltimas es el que implica que esta Corte est\u00e9 llamada a resolver el resguardo en segunda instancia, la pretensi\u00f3n de la accionante est\u00e1 llamada al fracaso, pues, efectivamente, respecto al auto que esa autoridad dict\u00f3 el 11 de mayo de 2007 -\u00fanico pronunciamiento de su parte en el tr\u00e1mite fustigado-, en el que inadmiti\u00f3 la apelaci\u00f3n propuesta contra la sentencia que la sede municipal profiri\u00f3 el 19 de diciembre de 2006, adem\u00e1s de no satisfacerse el presupuesto de la inmediatez, es patente que tal decisi\u00f3n no result\u00f3 arbitraria ni caprichosa, pues la providencia del a-quo no era susceptible de tal censura, acorde con el entonces vigente art\u00edculo 507 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ante la no formulaci\u00f3n de defensas de m\u00e9rito. <\/p>\n

3.\tZanjado lo anterior, procede la Sala a ocuparse del punto central de la presente salvaguarda, el cual se contrae a la queja edificada en que a pesar de no estar reestructurado el cr\u00e9dito hipotecario objeto de recaudo, pactado en UPAC\u2019s, el juez municipal no accedi\u00f3 a la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso que con fundamento en dicha situaci\u00f3n le reclam\u00f3 la accionante. <\/p>\n

3.1.\tEn relaci\u00f3n con la reestructuraci\u00f3n prevista en la Ley 546 de 1999, en trat\u00e1ndose de juicios ejecutivos en los que se pretende cobrar cr\u00e9ditos otorgados antes del 31 de diciembre de 1999, para la adquisici\u00f3n de vivienda, la Sala ha indicado que para acceder al amparo solicitado por v\u00eda constitucional es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado, o, a\u00fan con posterioridad, si el bien fue adjudicado a la parte ejecutante1; (ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, efectuando la respectiva solicitud ante el fallador natural; y (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999. <\/p>\n

3.2.\tPor ese sendero, la Corte reiteradamente ha considerado que del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 se deriva para las entidades financieras el deber de reliquidar y reestructurar los cr\u00e9ditos de vivienda en UPAC\u2019s, vigentes al 31 de diciembre de 1999, encontr\u00e1ndose que el incumplimiento de ello conlleva a la imposibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n para exigir el pago de tales obligaciones por la v\u00eda ejecutiva, pues implica la inexigibilidad del t\u00edtulo base de recaudo en la medida en que el mismo se torna de naturaleza compleja. <\/p>\n

De all\u00ed que la Corte haya concluido que la realizaci\u00f3n o agotamiento de la \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb no es de naturaleza alternativa para los acreedores ni renunciable por los deudores. <\/p>\n

En ese sentido, en casos con alguna simetr\u00eda al de ahora, ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n

5. El escenario planteado evidencia el menoscabo de la prerrogativa aludida y el desconocimiento de la jurisprudencia de esta Sala, por cuanto correspond\u00eda desatar de fondo los reparos elevados por el solicitante en cuanto a la \u201c(\u2026) falta de alivio (\u2026)\u201d y reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n. Por tanto, ha debido el juzgado revisar si el all\u00ed ejecutante ados\u00f3 junto con el t\u00edtulo base de recaudo, los soportes pertinentes para acreditar, particularmente, el \u00faltimo de los se\u00f1alados presupuestos, pues, como lo ha dicho esta Corte, esos documentos <\/p>\n

\u201c(\u2026) conforman un t\u00edtulo ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permit\u00eda continuar con la ejecuci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cAl respecto, la Corte en un asunto de similares contornos consider\u00f3 que: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Si bien podr\u00eda decirse en gracia de discusi\u00f3n que el funcionario judicial no se refiri\u00f3 a dicha cuesti\u00f3n, es decir, si la obligaci\u00f3n hab\u00eda sido objeto de reestructuraci\u00f3n, por estimar que el proceso ejecutivo hipotecario se origin\u00f3 en el 2011 y porque no se demostr\u00f3 la existencia de saldos insolutos antes del 31 de diciembre de 1999, tales aspectos no podr\u00edan considerarse suficientes para desestimar per s\u00e9 dicho t\u00f3pico, sobre todo, por tratarse el asunto de un cr\u00e9dito para la adquisici\u00f3n de vivienda, situaci\u00f3n que ameritaba interpretarse con mayor \u00e9nfasis a la luz de la Carta Pol\u00edtica y la doctrina constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn esa l\u00ednea, pretiri\u00f3 exaltar la viabilidad de la reestructuraci\u00f3n, en virtud de los lineamientos contenidos en el art\u00edculo 42 ej\u00fasdem, y en la providencia SU-813 de 2007, en particular, porque la concesi\u00f3n de tal beneficio \u201c(\u2026) no depende de la existencia de un proceso ejecutivo o de si la obligaci\u00f3n estaba al d\u00eda o en mora [a corte de 31 de diciembre 1999] (\u2026)\u201d (\u2026) (CSJ STC2747-2015, 12 mar. 2015, rad. 2015-00037-01) (\u2026)\u201d . <\/p>\n

6. Es preciso recordarle al fallador denunciado que de acuerdo con el criterio reciente de esta Sala, en caso de determinarse la inexistencia de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito en litigios como el cuestionado, procede la terminaci\u00f3n del compulsivo, pues <\/p>\n

\u201c(\u2026) la decisi\u00f3n de culminar el coercitivo por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito solo puede evitarse en caso de existir embargo de remanentes (\u2026), por cuanto, al acaecer tal circunstancia, implica prima facie que cualquier intento de reestructuraci\u00f3n ser\u00eda f\u00fatil, pues en ese evento si resulta evidente la poca solvencia econ\u00f3mica de la obligada (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cPor tal motivo, esa medida no resulta discrecional para el acreedor, mucho menos renunciable por la deudora, en raz\u00f3n de su importancia constitucional. De ese modo, el prop\u00f3sito de diferir el saldo seg\u00fan las reales posibilidades financieras de la tutelante, vale insistir, de acuerdo con sus circunstancias concretas, persigue evitar que las familias sigan perdiendo injusta y masivamente sus hogares, de ah\u00ed que la reestructuraci\u00f3n para esa clase de coercitivos, integre el t\u00edtulo complejo y ausencia impida adelantar el cobro (\u2026)\u201d . <\/p>\n

Frente a lo expuesto, la Corte Constitucional ha sostenido: <\/p>\n

\u201c(\u2026) a partir del cap\u00edtulo VIII de la aludida ley, se dispone la creaci\u00f3n de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n, en el que expresamente se se\u00f1ala que: \u2018[los] establecimientos de cr\u00e9dito deber\u00e1n ajustar los documentos contentivos de las condiciones de los cr\u00e9ditos de vivienda individual a largo plazo, desembolsados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley y a las disposiciones previstas en la misma (\u2026)\u2019 . Esto significa que m\u00e1s all\u00e1 de la fecha de iniciaci\u00f3n del proceso ejecutivo, el hecho determinante para hacer exigible la reestructuraci\u00f3n, es que el cr\u00e9dito haya sido desembolsado con anterioridad a las fechas mencionadas en la propia Ley 546 de 1999 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cLa reestructuraci\u00f3n implica tanto la conversi\u00f3n del cr\u00e9dito del sistema UPAC al UVR, como el reconocimiento de los abonos previstos en el art\u00edculo 41 de la ley en menci\u00f3n, conforme al cual: \u2018Los abonos a que se refiere el art\u00edculo anterior se har\u00e1n sobre los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999, de los pr\u00e9stamos otorgados por los establecimientos de cr\u00e9dito para la financiaci\u00f3n de vivienda individual a largo plazo (\u2026)\u201d2. (CSJ STC10207-2016; sobre el particular, ver tambi\u00e9n STC8655-2014, STC12052-2015, STC15074-2015, STC4933-2016, STC20102-2017, entre otras). <\/p>\n

3.3.\tAs\u00ed mismo se ha explicado que no es \u00f3bice para conceder el amparo por v\u00eda constitucional que el inmueble cautelado en el juicio coactivo haya sido subastado por el acreedor, ya sea este el prestamista inicial o quien con posterioridad sum\u00f3 el cr\u00e9dito a su haber, porque esta adquisici\u00f3n no exonera al nuevo cobrador de la obligaci\u00f3n de reestructurar la deuda, pues la adquiere no solo con los derechos que conlleva sino tambi\u00e9n con las obligaciones inherentes. <\/p>\n

En tales casos, la orden de tutela tendiente a retrotraer el rito ejecutivo para que sea analizada la exigibilidad de la obligaci\u00f3n de cara a la ausencia de reestructuraci\u00f3n, ninguna vulneraci\u00f3n genera a los derechos de terceros, comoquiera que hasta ese momento el litigio no ha irradiado efectos a personas ajenas al contrato de mutuo, pues sigue estando entre el deudor y su acreedor, ya sea este el primigenio o no. <\/p>\n

Espec\u00edficamente sobre este aspecto la Sala ha expuesto: <\/p>\n

En este asunto, la Sala estima que la parte accionante satisfizo el requisito que viene de comentarse, en la medida en que el derecho de dominio sobre el inmueble objeto de la garant\u00eda hipotecaria no ha sido transferido a un tercero y por lo tanto, no se ha configurado la prerrogativa a la vivienda digna ni de ninguna otra estirpe, a favor de una persona ajena al juicio ejecutivo. <\/p>\n

En efecto, de la rese\u00f1a procesal realizada en ac\u00e1pite que antecede, se extrae que en este asunto quien remat\u00f3 y obtuvo la propiedad del bien adquirido por el extremo accionante, como mejor postor en la subasta, fue la propia entidad financiera que les otorg\u00f3 el cr\u00e9dito para la compra e inici\u00f3 el proceso ejecutivo por mora en los pagos, esto es, el Banco (XXX). <\/p>\n

De manera que, si bien ya se produjo el registro de la adjudicaci\u00f3n a su favor, esta Corte estima necesario, en este puntual escenario, dar prevalencia a los derechos fundamentales de los deudores sobre los de la compa\u00f1\u00eda de financiamiento, dado que no se trata de un tercero adquirente de buena fe cuyas garant\u00edas deban protegerse por encima de las de sus clientes, m\u00e1xime cuando, en su condici\u00f3n de acreedora, la entidad bancaria incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales de sus deudores, como m\u00e1s adelante se expondr\u00e1. <\/p>\n

En este orden, en el caso que se analiza, queda claro que no se presenta la circunstancia en virtud de la cual la jurisprudencia constitucional ha determinado que es posible dar cabida a la protecci\u00f3n constitucional hasta antes \u201c\u2026del registro del remate o de la adjudicaci\u00f3n\u2026\u201d, pues tal acto beneficia propiamente al extremo ejecutante que, obviamente, se insiste, no cumple con la condici\u00f3n de un tercero (CSJ STC6968-2015, rad. 2015-00085-02; reiterada, entre muchas otras, en STC8300-2016, 22 jun., rad. 2016-01613-00). <\/p>\n

4.\tPuestas as\u00ed las cosas, desde la perspectiva ius fundamental, emerge incontrovertible la prosperidad del resguardo y, por ende, la revocatoria de la decisi\u00f3n adoptada por el a-quo en sede de tutela, comoquiera que ciertamente el auto emitido el 18 de enero de 2017 por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Barranquilla, mediante el cual no accedi\u00f3 a disponer la terminaci\u00f3n del proceso, desconoce los postulados de la Ley 546 de 1999 y la sentencia SU-813\/07 de la Corte Constitucional, as\u00ed como los precedentes jurisprudenciales actualmente vigentes en lo referente a las obligaciones estipuladas en UPAC\u2019s. <\/p>\n

Lo anterior porque el juzgador natural frente a la alegaci\u00f3n de la inconforme sobre la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n por fundarse en un documento inexigible por la ausencia de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito -formulada el 24 de agosto de 2016-, en el prove\u00eddo referido a espacio, simplemente se\u00f1al\u00f3 que no le asist\u00eda raz\u00f3n a la ejecutada porque no cumpl\u00eda \u00abcon lo requerido en el numeral dos del art\u00edculo 446 ni del 461 del CGP\u00bb, lo que no s\u00f3lo evidencia que no accedi\u00f3 a la terminaci\u00f3n del juicio sino que ni siquiera analiz\u00f3 lo concerniente a la falta de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, pues su determinaci\u00f3n se edific\u00f3 en normas que regulan lo referente a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito (art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso) y la terminaci\u00f3n del juicio por pago (canon 461 ib\u00eddem), pasando por alto que el t\u00edtulo venero de ejecuci\u00f3n se contra\u00eda a un pagar\u00e9 suscrito en el a\u00f1o 1988, con una obligaci\u00f3n pactada en aquella unidad de cuenta, sin que se hubiera acreditado su reestructuraci\u00f3n. <\/p>\n

Por tanto, el despacho municipal criticado, al momento de resolver la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso en comento, formulada por la accionante, desatendi\u00f3 los precedentes jurisprudenciales establecidos frente a cr\u00e9ditos pactados en UPAC\u2019s, especialmente en cuanto a la necesidad de agotar la reestructuraci\u00f3n de los mismos para que se configure su exigibilidad. <\/p>\n

5.\tEn conclusi\u00f3n, la impugnaci\u00f3n formulada por la tutelante contra la decisi\u00f3n de primer grado est\u00e1 llamada a prosperar, ante la evidente vulneraci\u00f3n de su derecho al debido proceso, destacando que en la actuaci\u00f3n fustigada no se encuentra acreditada la existencia del \u00abembargo por jurisdicci\u00f3n coactiva\u00bb al que aludi\u00f3 el Tribunal a-quo para denegar el resguardo, a lo que debe agregarse que la sede judicial acusada certific\u00f3 que \u00abuna vez revisado el expediente no se observ\u00f3 registros de embargo de remanente decretado dentro del mismo, como tampoco se ha tomado atenta nota de ning\u00fan embargo sobre este proceso\u00bb, de donde, al no estar presente tal cautela, la protecci\u00f3n rogada reclamaba decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se conceder\u00e1 la salvaguarda implorada, ordenando al juzgado municipal de ejecuci\u00f3n dejar sin efecto el auto de 18 de enero de 2017, espec\u00edficamente, en lo que tiene que ver con la definici\u00f3n de la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por ausencia de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, y todo lo que de ello dependa, para que estudie nuevamente tal petici\u00f3n, lo que deber\u00e1 atender la autoridad judicial observando los precedentes jurisprudencias sobre la materia, acorde con lo aqu\u00ed consignado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede la protecci\u00f3n solicitada por Alba Elizabeth Mantilla Guerra respecto a su derecho al debido proceso, ordenando al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Barranquilla que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir de que sea notificado de esta providencia, deje sin valor su prove\u00eddo de 18 de enero de 2017, espec\u00edficamente, en lo que tiene que ver con la definici\u00f3n de la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por ausencia de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito que le plante\u00f3 la accionante el 24 de agosto de 2016, y todo lo que de ello dependa, y proceda a pronunciarse nuevamente sobre la mentada petici\u00f3n en el juicio ejecutivo incoado por el Banco Davivienda S.A. (acreedor inicial) contra la tutelante (rad. 08001-40-03-011-2002-00862), atendiendo la naturaleza del caso, las situaciones concretas presentadas, las normas aplicables al asunto y los precedentes vinculantes sobre la materia, conforme qued\u00f3 anotado en la parte motiva de esta sentencia. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tVer en este sentido CSJ STC6968-2015.
\n2 \tCC T-881\/13, \tcitada por esta Sala 7 abr. 2015, rad. 2015-00601-00.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2563-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2017-00501-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por la accionante frente al fallo proferido el 19 de diciembre de 2017 por la Sala Civil-Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101735","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101735","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101735"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101735\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101735"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101735"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101735"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}