{"id":101736,"date":"2026-07-01T18:49:14","date_gmt":"2026-07-01T18:49:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101736"},"modified":"2026-07-01T18:49:14","modified_gmt":"2026-07-01T18:49:14","slug":"stc2564-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2564-2018\/","title":{"rendered":"STC2564-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2564-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2017-00901-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela emitido el dieciocho de enero de dos mil dieciocho por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge El\u00ed Acevedo S\u00e1nchez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Once Civil Municipal de Bucaramanga y Roc\u00edo del Pilar Baptiste Castillo. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, honra, dignidad humana, igualdad, defensa, propiedad privada y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, los cuales considera vulnerados por la autoridad judicial accionada al dictar, en el juicio ejecutivo hipotecario donde act\u00faa como ejecutante, sentencia de segunda instancia, contraria a los hechos probados en el proceso, sin estudiar en conjunto el soporte de las pretensiones y sin seguir los lineamientos establecidos en la sentencia STC9247-2017. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que se le conceda el resguardo impetrado y en consecuencia, se ordene al juzgado accionado i) dictar un nuevo fallo en el que tenga en cuenta la motivaci\u00f3n de la referida sentencia de tutela dictada por la Corte Suprema de Justicia y, ii) resolver los recursos de reposici\u00f3n y de queja que formul\u00f3 oportunamente. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El 20 de abril de \t2004, el aqu\u00ed accionante celebr\u00f3 con Fabio Enrique \tRinc\u00f3n Romero contrato de permuta a trav\u00e9s del cual, \tel primero se comprometi\u00f3 a trasferir el dominio del inmueble \tidentificado con el folio de matr\u00edcula N\u00b0 321-0000505 al \tsegundo, y \u00e9ste a su vez, en contraprestaci\u00f3n, el \tinmueble distinguido con matr\u00edcula 300-79092. <\/p>\n

2. Por acuerdo realizado entre las partes, la titularidad del primero de los inmuebles quedar\u00eda a nombre de la esposa del se\u00f1or Rinc\u00f3n Romero, Roc\u00edo del Pilar Baptiste Castillo. <\/p>\n

3. Con el fin de cumplir lo pactado, el 29 de diciembre de 2004 el tutelante y Roc\u00edo Baptiste Castillo suscribieron escritura de compraventa respecto del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula N\u00b0 321-0000505. Dicha negociaci\u00f3n se registr\u00f3 el 3 de febrero de 2005. <\/p>\n

4. En la escritura p\u00fablica contentiva de la transacci\u00f3n1 la compradora se constituy\u00f3 deudora del vendedor en la suma de $30\u2019000.000, valor que deber\u00eda ser cancelado en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o, contado desde la suscripci\u00f3n del referido documento. Como garant\u00eda de dicha obligaci\u00f3n se constituy\u00f3 hipoteca sobre el bien objeto de negociaci\u00f3n. <\/p>\n

Dicho valor obedece a la diferencia de precios que se present\u00f3 entre los inmuebles permutados, pues el entregado por el accionante superaba en su valor al que recibi\u00f3. <\/p>\n

5. Ante el no pago de la obligaci\u00f3n, el 10 de octubre de 2006 el reclamante inici\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario, que correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga, quien libr\u00f3 mandamiento de pago el 6 de diciembre siguiente. <\/p>\n

6. La demandada se notific\u00f3 el 19 de diciembre de 2007, y dentro de la oportunidad pertinente formul\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3 \u00abnulidad absoluta de la hipoteca por causa il\u00edcita en su creaci\u00f3n, contrato no cumplido, no claridad del t\u00edtulo ejecutivo por inexistencia de obligaci\u00f3n inteligible, no claridad del t\u00edtulo por prorroga de las partes en el vencimiento del mutuo, intereses moratorios a la tasa civil vigente y carencia de causa del mutuo, el mutuo es contrato real\u00bb. [Folio 43, c. 1] <\/p>\n

7. Agotado el tr\u00e1mite correspondiente, el 19 de julio de 2010 se profiri\u00f3 sentencia de primera instancia en la que declar\u00f3 la prosperidad de la excepci\u00f3n denominada \u00abno claridad del t\u00edtulo por prorroga de las partes del vencimiento del mutuo\u00bb y, en consecuencia, orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n

Como fundamento de lo anterior, adujo el despacho que ante la no concurrencia del ejecutante a la diligencia de interrogatorio de parte, hab\u00eda lugar a tener por ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n. En ese sentido al afirmar la ejecutada que el plazo se hab\u00eda postergado hasta el 29 de febrero de 2006, para el momento en que se formul\u00f3 la demanda, la obligaci\u00f3n no era exigible. <\/p>\n

8. Contra la anterior determinaci\u00f3n el ejecutante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n; en sustento, adujo que no era posible sustraerse del contenido de la escritura contentiva del contrato de mutuo, cuando era claro que la fecha de exigibilidad de la obligaci\u00f3n seg\u00fan el referido documento era el 29 de diciembre de 2005. <\/p>\n

9. El 12 de enero de 2011, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga desat\u00f3 la impugnaci\u00f3n y en resulta, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, pero por razones diferentes. <\/p>\n

Al respecto consider\u00f3 el juez colegiado, que si bien la escritura de compraventa se desprend\u00eda que la compradora se constituy\u00f3 en deudora del ejecutante en la suma de $30\u2019000.000, pagaderos el 29 de diciembre de 2005, lo cierto es que del mismo documento se desglosa la obligaci\u00f3n del vendedor de entregar el inmueble libre de cualquier gravamen o acci\u00f3n real que resulte contra el derecho de dominio. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, teniendo en cuenta que de acuerdo con el certificado de tradici\u00f3n del bien, el 14 de diciembre de 2004 -antes de celebrarse la compraventa-, se inscribi\u00f3 una demanda ordinaria que se inici\u00f3 contra el vendedor y que cursaba en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, era evidente \u00abel se\u00f1or Acevedo no est[aba] legitimado para pedir el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de pagar el faltante del precio del inmueble por la siguiente raz\u00f3n: \u00e9l no ha cumplido con la obligaci\u00f3n que \u2026 adquiri\u00f3 y qued\u00f3 plasmada en la escritura de venta: entregar el inmueble libre de cualquier gravamen y salir al saneamiento de \u00e9ste\u00bb <\/p>\n

10. La anterior decisi\u00f3n se notific\u00f3 por edicto que permaneci\u00f3 en secretar\u00eda los d\u00edas 18, 19 y 20 de enero de 2011. <\/p>\n

11. Teniendo en cuenta lo anterior, el acreedor procedi\u00f3 a realizar las diligencias necesarias para cancelar la inscripci\u00f3n de la demanda ordinaria, lo cual ocurri\u00f3 el 21 de marzo de 2013. <\/p>\n

12. El 18 de mayo siguiente el all\u00ed demandante formul\u00f3 nuevamente demanda ejecutiva hipotecaria, con el fin de lograr el pago de la obligaci\u00f3n en comento. <\/p>\n

13. Enterada de la nueva ejecuci\u00f3n, Roc\u00edo del Pilar Baptiste formul\u00f3 excepciones de \u00abprescripci\u00f3n extintiva del derecho y de la acci\u00f3n impetrada; cosa juzgada; carencia de causa del mutuo \u2013 contrato realidad; ausencia de mora para el cobro de intereses; intereses de mora a la tasa civil legal por ausencia de pacto\u00bb. <\/p>\n

Como fundamento de la excepci\u00f3n prescriptiva adujo la obligada que la suma peticionada en la demanda deb\u00eda cancelarse un a\u00f1o siguiente a la firma de la escritura p\u00fablica, es decir el 29 de diciembre de 2005, y desde esa fecha a la presentaci\u00f3n de la demanda, 18 de mayo de 2013, hab\u00eda transcurrido el termino de cinco a\u00f1os establecido en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

14. El 14 de octubre de 2015 el Juzgado Once Civil Municipal de Bucaramanga profiri\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 prospera la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, pues en su criterio el ejecutante interpret\u00f3 mal la decisi\u00f3n emitida por el Tribunal en el juicio anterior, de atender que en el mismo no se le concedi\u00f3 un nuevo t\u00e9rmino para iniciar la ejecuci\u00f3n, sino que ante el incumplimiento de las cargas que para \u00e9l se derivaron de la negociaci\u00f3n, el mismo no pod\u00eda solicitar el cumplimiento de la otra. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, al cumplirse la exigencia en ese entonces realizada, el conteo del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n debe iniciar el 21 de marzo de 2013, fecha en que se cancel\u00f3 la cautela. <\/p>\n

16. El 13 de septiembre de 2016 el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad resolvi\u00f3 el recurso vertical interpuesto y confirm\u00f3 la decisi\u00f3n emitida en primer grado. <\/p>\n

17. Tras lo resuelto, el actor acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela, a fin de conseguir que por esta v\u00eda, se emitiera una nueva decisi\u00f3n, ajustada a derecho. <\/p>\n

18. Si bien, en primera instancia, se neg\u00f3 la solicitud de amparo, esta Sala, al revisar la impugnaci\u00f3n, el 28 de junio de 2017 revoc\u00f3 la negativa y en su lugar, concedi\u00f3 el resguardo implorado, por lo que dispuso: <\/p>\n

\u00abDEJAR SIN EFECTO la sentencia emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga el 13 de septiembre de 2016 en el proceso ejecutivo que el accionante inici\u00f3 contra Roc\u00edo del Pilar Baptiste Castillo, as\u00ed como todas las actuaciones que en el referido tramite se emitieron con posterioridad.
\n(\u2026) ORDENAR al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga que en el t\u00e9rmino de treinta y seis (36) horas siguientes al recibo del expediente contentivo del proceso ejecutivo, emita nueva sentencia en la que, de acuerdo a las motivaciones de este fallo, resuelva suficientemente los alegatos expuestos por el accionante en la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia de primer grado. <\/p>\n

19. Para dar cumplimiento a lo relievado, el juzgado encausado dict\u00f3 la providencia de 7 de julio de 2017, en la cual decidi\u00f3:
\n\u00abPRIMERO: OBEDECER Y CUMPLIR lo resuelto por la Honorable Corte Suprema de Justicia -Sala de Casaci\u00f3n Civil- en el fallo de tutela proferido el pasado 28 de junio de 201 7, dentro de la Acci\u00f3n de tutela Radicado al n\u00famero 2017 – 116 – 02 y promovida por Jorge Eli Acevedo S\u00e1nchez contra el Tribunal Superior de Bucaramanga -Sala Civil-, Juzgado Primero Civil del Circuito y Juzgado Once Civil Municipal de Bucaramanga,
\nSEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida por la se\u00f1ora Juez Once Civil Municipal de Bucaramanga el pasado 14 de octubre de 2015 dentro del proceso Ejecutivo Hipotecario que Jorge Eli Acevedo S\u00e1nchez adelanta contra Roci\u00f3 del Pilar Baptiste Castillo, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
\nTERCERO: Declarar no pr\u00f3speras las excepciones denominadas por la parte demandada como "'PRESCRIPCION EXTINTIVA DEL DERECHO Y DE LA ACCION IMPETRADA", "COSA JUZGADA", "EXCEPCI\u00d3N DE CARENCIA DE CAUSA DEL MUTUO CONTRATO REALIDAD" y "EXCEPCI\u00d3N DE INTERESES DE MORA A LA TASA CIVIL LEGAL POR AUSENCIA DE PACTO", por lo expuesto en las motivaciones de esta providencia.
\nCUARTO: Declarar probada la excepci\u00f3n \u201cAUSENCIA DE MORA PARA EL COBRO DE INTERES\u201d, (\u2026)
\nQUINTO. MODIFICAR el mandamiento de pago proferido por la se\u00f1ora Juez Once Civil Municipal de la ciudad el 4 de junio de 2013, frente al cobro de intereses, los cuales solo proceden los moratorios, que deber\u00e1n cobrarse a la demandada Roc\u00edo del Pilar Baptiste Castillo, a partir del 22 de marzo de 2013, d\u00eda en el cual se hizo exigible la obligaci\u00f3n cobrada y hasta cuando se cancele lo debido.
\nSEXTO: ORDENAR seguir adelante con la ejecuci\u00f3n (\u2026), teniendo en cuenta eso s\u00ed, las modificaciones que mediante este prove\u00eddo se hicieron a dicha orden de pago.
\nSEPTIMO: ORDENAR el remate del bien inmueble hipotecado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

20. El 25 de octubre del a\u00f1o pasado, el censor se quej\u00f3 del incumplimiento del fallo de tutela, por lo que pidi\u00f3 iniciar tr\u00e1mite de incidente de desacato. <\/p>\n

21. Luego de surtir el tr\u00e1mite pertinente, el 6 de diciembre del mismo a\u00f1o, el Tribunal de Bucaramanga decidi\u00f3 que el incidentado no incurri\u00f3 en desacato, al advertir que se dict\u00f3 una nueva sentencia en la cual estudi\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n. <\/p>\n

22. En criterio del peticionario del amparo, el juzgado de conocimiento vulner\u00f3 sus garant\u00edas superiores con lo resuelto en la nueva sentencia, pues seg\u00fan su dicho, no se ajust\u00f3 a las directrices trazadas por esta Corporaci\u00f3n; aunado, desconoci\u00f3 los intereses a que tiene derecho, causados desde el 29 de diciembre de 2004 hasta el 22 de marzo de 2013. <\/p>\n

Se quej\u00f3 que la agencia judicial encausada no resolviera los recursos de reposici\u00f3n y de queja formulados mientras no estaba en firme el fallo de segunda instancia. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. Por auto de 14 de diciembre de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 correr traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folios 64 – 65, c. 1] <\/p>\n

2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, expuso que en raz\u00f3n a la orden de tutela dictada por esta Corporaci\u00f3n, dict\u00f3 nueva sentencia de segunda instancia dentro del asunto materia de censura, en la que estudi\u00f3 suficientemente las razones de inconformidad ventiladas por el actor en la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la decisi\u00f3n de primer grado, al punto que lo all\u00ed resuelto, result\u00f3 favorable a sus intereses. [Folios 68- 71, c.1] <\/p>\n

3. En sentencia de 18 de enero de 2018, el Tribunal Superior de Bucaramanga neg\u00f3 la solicitud de amparo incoada, por considerar que la determinaci\u00f3n refutada, hab\u00eda sido revisada en el incidente de desacato que se tramit\u00f3 precisamente por esa decisi\u00f3n; no obstante, calific\u00f3 de razonable la motivaci\u00f3n planteada por el juzgador. Ya en lo referente al reclamo por las medidas cautelares, se\u00f1al\u00f3 que no encontr\u00f3 solicitud elevada al juez de la causa, por lo que deber\u00e1 acudir ante aquel para resolver en primera medida sus pedimentos. [Folios 112 -118, c.1] <\/p>\n

4. Inconforme con el fallo anterior, el tutelante lo impugn\u00f3 e insisti\u00f3 en que el juzgado de conocimiento, incurri\u00f3 por segunda vez, en una v\u00eda de hecho al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia de primera instancia y es renuente en cumplir la orden de tutela ya proferida por esta Corporaci\u00f3n. [Folios 7 a 10, c. Corte] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.
\nLos criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas. <\/p>\n

2. En el caso sub examine, el reclamante se duele de la sentencia de segunda instancia dictada -dentro del juicio ejecutivo hipotecario en el que funge como demandante-, a ra\u00edz de la orden de tutela de fecha 28 de junio de 2017, emitida por esta Corporaci\u00f3n, en la cual se concedi\u00f3 el resguardo implorado y en consecuencia, se dej\u00f3 sin efectos la providencia de 13 de septiembre de 2016, para que en su lugar, profiriera una nueva determinaci\u00f3n. <\/p>\n

En su sentir, el pronunciamiento dictado en reemplazo, no se ajust\u00f3 a los par\u00e1metros se\u00f1alados por esta Sala, y tampoco vislumbra un estudio de las excepciones en conjunto con los hechos y las pruebas recolectadas. <\/p>\n

Para empezar, advi\u00e9rtase que por este mismo reparo, el actor promovi\u00f3 incidente de desacato al no mostrarse conforme con lo resuelto por el juzgado tutelado; para lo que una vez surtido el tr\u00e1mite pertinente, el Tribunal de Bucaramanga, en prove\u00eddo que data de 6 de diciembre del a\u00f1o anterior, bien le explic\u00f3: <\/p>\n

Lo anterior, para resaltar que no le es dable al actor refutar la actuaci\u00f3n, bajo el argumento que no se acat\u00f3 la orden de tutela al dictar la decisi\u00f3n sin seguir las directrices dadas; pues ciertamente, en la primera oportunidad, el juez de la causa al hallar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, se sustrajo de entrar a revisar las excepciones de m\u00e9rito restantes. <\/p>\n

Cosa distinta, es que al indic\u00e1rsele que para desatar la apelaci\u00f3n, deb\u00eda revisar la figura de la interrupci\u00f3n, y los efectos de una pasada acci\u00f3n ejecutiva \u2013iniciada el 10 de octubre de 2006 y terminada el 21 de enero del a\u00f1o siguiente, con ese trabajo, se abriera paso para el estudio de los dem\u00e1s medios exceptivos propuestos. <\/p>\n

3. En todo caso, a partir del examen de la providencia a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga decidi\u00f3 revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar, declarar probada la excepci\u00f3n \u00abausencia de mora para el cobro de intereses\u00bb, y entrar a modificar el mandamiento de pago, por ese concepto, al estimar que \u00abdeber\u00e1n cobrarse a la demandada Roc\u00edo del Pilar Baptiste Castillo, a partir del 22 de marzo de 2013, d\u00eda en el cual se hizo exigible la obligaci\u00f3n cobrada y hasta cuando se cancele lo debido\u00bb, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de sus derechos, toda vez que la interpretaci\u00f3n que all\u00ed se plasm\u00f3 no puede considerarse irracional o antojadiza, pues el despacho demandado motiv\u00f3 razonada y suficientemente las razones de su determinaci\u00f3n; aunado, delimit\u00f3 los extremos temporales de la obligaci\u00f3n presentada para el cobro. <\/p>\n

En efecto, el juez de segunda instancia, empez\u00f3 por enmarcar el problema jur\u00eddico, para lo que resalt\u00f3 los argumentos de la apelaci\u00f3n, junto con los par\u00e1metros se\u00f1alados por esta Corporaci\u00f3n para abordar puntualmente el tema de la prescripci\u00f3n extintiva, el cual se declar\u00f3 probado en primer grado. <\/p>\n

As\u00ed, pas\u00f3 a tener en consideraci\u00f3n no s\u00f3lo lo descorrido en el proceso ejecutivo de marras, sino adem\u00e1s el primer intento de cobro por v\u00eda judicial, que se frustr\u00f3 por la falta de exigibilidad de la obligaci\u00f3n, para lo que se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u00ab (\u2026) es claro que, como acertadamente lo hace ver la H. Corte Suprema de Justicia, para resolver de fondo las excepciones propuestas, deb\u00eda tenerse en cuenta por parte de los jueces de conocimiento, los efectos que en este tr\u00e1mite puede tener el proceso ejecutivo anterior entre las mismas partes y por la misma causa, demanda que fue presentada el 10 de octubre de 2006 y que culmin\u00f3 con la sentencia del 21 de enero de 2011. <\/p>\n

De igual forma, tambi\u00e9n es acertada el se\u00f1alamiento hecho por la m\u00e1xima autoridad judicial en lo civil, al1 se\u00f1alar que se deb\u00edan estudiar las consecuencias jur\u00eddicas que respecto a la exigibilidad. de la obligaci\u00f3n generaba lo se\u00f1alado por el H. Tribunal Superior de este Distrito Judicial, en la sentencia, del 21 de enero de 2011, pues en efecto dicha providencia constituye un precedente de obligatorio cumplimiento para esta instancia y no pod\u00edan desconocerse sus efectos.
\n(\u2026)
\nPero resulta, como ya se ha se\u00f1alado, que la sentencia de segunda instancia, denegatoria de las pretensiones ejecutivas, proferida en fecha 21 de enero de 2011 por el H. Tribunal Superior de este Distrito Judicial, se\u00f1al\u00f3 expresamente en su parte considerativa, como "ratio decidendi", que "El contrato de mutuo se utiliz\u00f3 para disfrazar la deuda de parte del precio que se repite, existe pero no se ha hecho exigible porque el permutante o aparente vendedor no ha cumplido con sus obligaciones", expresi\u00f3n que para la H. Corte Suprema en el fallo de tutela de fecha 28 de Junio de 20107, tiene "consecuencias jur\u00eddicas" respecto a la exigibilidad de la obligaci\u00f3n, "pues hasta tanto el demandante no efectuara las obligaciones que a su cargo se derivaban, con independencia del plazo inicialmente pacto, no le era posible exigir de parte de la compradora el pago del precio restante (…) Circunstancia que fue reconocida por la propia ejecutada, quien al formular el medio exceptivo en comento, manifest\u00f3 que ella no estaba obligada a cancelar hasta tanto el vendedor no liberara el inmueble, carga que como advirtieron los juzgados accionados se cumpli\u00f3 el 21 de marzo de 2013".\u00bb <\/p>\n

Precisamente, sobre la obligaci\u00f3n ejecutada, resalt\u00f3: <\/p>\n

\u00abLa interpretaci\u00f3n literal de lo se\u00f1alado por el H. Tribunal en la sentencia de fecha 21 de enero de 2011 junto con las motivaciones consignadas por la H. Corte Suprema de Justicia en el fallo de tutela de fecha 28 de junio de 2017, que son de obligatorio acatamiento para esta instancia judicial, nos llevan a la conclusi\u00f3n que la obligaci\u00f3n dineraria pactada entre los aqu\u00ed demandante y demandada en el contrato de permuta contenido en la Escritura P\u00fablica No. 2802 de fecha 29 de diciembre de 2004, no se hac\u00eda exigible en la fecha indicada inicialmente por las partes, sino hasta tanto el aqu\u00ed ejecutante cumpliera con sus obligaciones contractuales. <\/p>\n

Y como ello ocurri\u00f3 s\u00f3lo hasta el 21 de marzo de 2013, fecha en que se produjo por parte del ejecutante el levantamiento de la medida que gravaba el inmueble dado en permuta, pues s\u00f3lo a partir de esta fecha la obligaci\u00f3n se hizo exigible en contra de la se\u00f1ora BAPTISTE, y por lo mismo, s\u00f3lo a partir del 21 de marzo de 2013, puede contarse el t\u00e9rmino prescriptivo del art\u00edculo 2536 del C.C., pues claramente el art\u00edculo 2535 ib\u00eddem se\u00f1ala que \u201cSe cuenta este tiempo desde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible\u201d. <\/p>\n

En consecuencia, si al interponerse la anterior demanda ejecutiva, en fecha 10 de octubre de 2006, la obligaci\u00f3n no era exigible, mal puede hablarse de interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva, pues \u00e9sta se cuenta "desde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible"\u00bb. <\/p>\n

Dilucidado lo anterior, para lo que interesa en este asunto, el fallador de segunda instancia, se enfrent\u00f3 a las dem\u00e1s excepciones de m\u00e9rito enervadas, entre las cuales, abord\u00f3 la \u00abausencia de mora para el cobro de intereses\u00bb; frente a lo que concluy\u00f3: <\/p>\n

\u00ab Sostiene la parte demandada que en caso de considerar que s\u00ed existe contrato, no pod\u00eda el acreedor solicitar el pago de intereses de mora desde la fecha estipulada en la escritura para el pago, por cuanto el demandante fue quien demor\u00f3 el cumplimiento de la obligaci\u00f3n, al no cumplir con la obligaci\u00f3n estipulada en la escritura de cancelar la medida que pesaba sobre el bien hipotecado, hecho que solo hasta el 21 de marzo de 2013 realiz\u00f3.
\nFrente a esta excepci\u00f3n considera este Despacho que la misma est\u00e1 llamada a prosperar, asisti\u00e9ndole raz\u00f3n a la parte demandada, por cuanto, si la obligaci\u00f3n dineraria s\u00f3lo se hac\u00eda exigible hasta tanto el ejecutado cumplir\u00e1 con su propia obligaci\u00f3n de sanear el inmueble dado en permuta, y habi\u00e9ndose acreditado que ello s\u00f3lo ocurri\u00f3 hasta el 21 de marzo de 2013, seg\u00fan aparece acreditado en el expediente, pues s\u00f3lo a partir de la misma fecha puede considerarse que la aqu\u00ed demandada entr\u00f3 en mora de cumplir su obligaci\u00f3n. <\/p>\n

Por tanto, no es procedente el cobro de intereses moratorios durante el tiempo que el demandante no cumpli\u00f3 con sus propias obligaciones contractuales, sino a partir del d\u00eda siguiente a su cumplimiento, es decir a parir del 22 de marzo de 2013\u00bb. Se resalta <\/p>\n

Sin asomo de duda, de lo dicho se concluye que la fecha de exigibilidad de la obligaci\u00f3n, no s\u00f3lo import\u00f3 para el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n, sino que adem\u00e1s, determin\u00f3 la fecha a partir de la cual empezaban a correr los intereses de mora a cargo de la deudora. <\/p>\n

4. En ese orden, es palmario que la pretensi\u00f3n del tutelante se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a la valoraci\u00f3n probatoria del juzgador; lo cual, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente el funcionario judicial tiene entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran. <\/p>\n

5. Como puede advertirse, al margen de que la Corte comparta o no el entendimiento del accionado, la determinaci\u00f3n adoptada no se manifiesta caprichosa, como tampoco las razones expuestas merecen el calificativo de absurdas, ni de autoritarias, de modo que no se amerita el otorgamiento del amparo, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a la acci\u00f3n de tutela para imponer al sentenciador un determinado criterio jur\u00eddico o un an\u00e1lisis probatorio, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes. <\/p>\n

Particularmente, en lo que refiere a la actividad evaluativa de los medios de persuasi\u00f3n, como l\u00edneas atr\u00e1s se indic\u00f3, el Juez de la causa cumpli\u00f3 con su deber legal de justificar sus conclusiones, de ah\u00ed que en el asunto no se habilita la intervenci\u00f3n en sede constitucional, m\u00e1xime cuando se tiene claro que el mecanismo excepcional al que ahora acude el reclamante, s\u00f3lo est\u00e1 llamado a prosperar si en el caso concreto se advierte que \u00abde manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u00bb, relievando que \u00ab[e]l error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb. (CSJ STC, 16 jun. 2011, rad. 01192-00; y STC, 25 ene. 2012, rad. 00001-00; entre otras) <\/p>\n

En ese orden, dado que no se satisface ninguna de las condiciones se\u00f1aladas, las cuales son capaces de estructurar defecto en el juicio de valoraci\u00f3n de los medios persuasivos con entidad de tornar procedente la protecci\u00f3n bajo la perspectiva ius fundamental, no es posible en esta v\u00eda interferir en la tarea que el encausado acometi\u00f3 con respaldo en la autonom\u00eda e independencia que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica reconoce como atributos necesarios del ejercicio de la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

6. Por \u00faltimo, si bien el reclamante se queja de la mora judicial para resolver los recursos de reposici\u00f3n y de queja que formul\u00f3 contra el auto mediante el cual se rechaz\u00f3 de plano la apelaci\u00f3n impetrada frente a la sentencia materia de censura, lo cierto es que la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos ces\u00f3 al emitirse el prove\u00eddo de 12 de diciembre de 2017, que los declar\u00f3 improcedentes. <\/p>\n

En esa medida, carece de objeto una orden de protecci\u00f3n en el sentido reclamado en la demanda de tutela, pues la actuaci\u00f3n echada de menos, ya se profiri\u00f3. <\/p>\n

7. Consecuente con lo consignado, se confirmar\u00e1 el fallo que se revis\u00f3 por v\u00eda de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N
\nEn m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tEscritura p\u00fablica N\u00b0 2802 de 29 de \tdiciembre de 2004, suscrita en la Notaria \u00danica del Circulo \tde Piedecuesta<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC2564-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2017-00901-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela emitido el dieciocho de enero de dos mil dieciocho por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101736","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101736","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101736"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101736\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101736"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101736"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101736"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}