{"id":101737,"date":"2026-07-01T18:49:18","date_gmt":"2026-07-01T18:49:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101737"},"modified":"2026-07-01T18:49:18","modified_gmt":"2026-07-01T18:49:18","slug":"stc2565-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2565-2018\/","title":{"rendered":"STC2565-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC2565-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-00004-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n de Lilian Yamile Camacho Castellanos contra la sentencia proferida el 18 de enero de 2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que le neg\u00f3 la tutela frente al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esta ciudad, siendo vinculados los intervinientes en el asunto que la origina. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Directamente, la promotora solicit\u00f3 que se le protejan los derechos al debido proceso, \u201clegalidad, igualdad ante la ley, tutela judicial efectiva, correcta administraci\u00f3n de justicia y desconocimiento del precedente judicial\u201d (sic), ordenando al accionado que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, en el divisorio que adelanta contra Carlos Julio Blanco Alvarado, comisione al Juez Civil Municipal de Descongesti\u00f3n o Permanente de esta capital (reparto) para que nombre como secuestre a Luis Gabriel Mu\u00f1oz y le fije como honorarios anticipados los noventa mil pesos ($90.000) que ya le entreg\u00f3; igualmente, que invalide el auto de 3 de abril de 2017 y reduzca a doscientos ochenta mil pesos ($280.000) los honorarios a favor de una perito. <\/p>\n

2. En resumen, relat\u00f3 que el 26 de julio de 2016 el encartado design\u00f3 a Diana Marcela Medina Camargo para avaluar los dos inmuebles trabados y el 10 del siguiente mes le se\u00f1al\u00f3 doscientos cincuenta mil pesos ($250.000) para gastos provisionales, monto que ella le cancel\u00f3 convencida que era una \u201cespecie de \u2018adelanto\u2019\u201d de los \u201chonorarios\u201d definitivos, ya que conforme el inciso 1 del art\u00edculo 363 y el numeral 2 del siguiente precepto del C\u00f3digo General del Proceso estos constituyen la \u00fanica retribuci\u00f3n que cabe para esa labor. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que por auto de 3 abril de 2017 el Despacho asign\u00f3 a la prenombrada seiscientos mil pesos ($600.000) por ese \u00faltimo concepto, por lo que el 30 de mayo ella deposit\u00f3 la diferencia con lo que previamente hab\u00eda solucionado ($350.000) y el 1\u00ba de junio pidi\u00f3 aplicar la \u201cteor\u00eda de la invalidaci\u00f3n\u201d a esa providencia por ser abiertamente ilegal en la medida que desborda los par\u00e1metros de los Acuerdos 1518 de 2002 y 1852 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura en concordancia con el primer inciso del canon 363 ya citado, que de acatarse arrojar\u00edan un total de doscientos ochenta mil trescientos dos pesos ($280.302), pero el 27 del mismo mes el llamado desech\u00f3 esta petici\u00f3n arguyendo que \u201cno se observa aspecto de ilegalidad alguno\u201d, lo que sin argumento adicional mantuvo invariable el 6 de julio al desatar su reposici\u00f3n. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que en esa pen\u00faltima fecha, el convocado libr\u00f3 \u201cmandamiento de pago por la v\u00eda ejecutiva singular\u201d cuando el procedimiento correcto es el contemplado en el art\u00edculo 441 ejusdem, y que pese a que propuso excepciones de m\u00e9rito, la inst\u00f3 a satisfacer la suma completa (17 de octubre). <\/p>\n

Por otra parte, sostuvo que para la aprehensi\u00f3n de los bienes, la Inspecci\u00f3n Doce C de Polic\u00eda de la localidad de Barrios Unidos nomin\u00f3 como secuestre a Luis Gabriel Mu\u00f1oz Pinz\u00f3n, quien delante de todos los presentes en un restaurante cercano a donde se desplazaron le exigi\u00f3 anticiparle noventa mil pesos ($90.000), los que ante el silencio de la funcionaria encargada y el asentimiento de su apoderada desembols\u00f3 porque desconoc\u00eda la din\u00e1mica del tr\u00e1mite, pero finalmente el despacho fue regresado sin tramitar.
\nAsever\u00f3 que luego de muchos esfuerzos para que el auxiliar le devolviera dichos dineros, sin apoyo de los funcionarios comprometidos a los que elev\u00f3 m\u00faltiples requerimientos ni de su apoderada quien le dijo que \u201cya tocaba perderlos\u201d, logr\u00f3 que aqu\u00e9l le expidiera un recibo, pero a pesar de que el 16 de febrero de 2017 reclam\u00f3 al juez denunciado tenerlos en cuenta como pago anticipado o de manera subsidiaria instar el reintegro no obtuvo respuesta en el auto de 21 del mismo mes, por lo que debi\u00f3 demandar su complemento, a lo que el 22 de marzo posterior se le replic\u00f3 que no ser\u00eda atendida por no hallarse asistida de abogado. Y cuando actu\u00f3 de esta manera, el 27 de junio simplemente se le neg\u00f3 la s\u00faplica, determinaci\u00f3n ratificada el 17 de octubre postrero, con lo que el funcionario desconoci\u00f3 sus deberes como director del proceso y garante de los privilegios de las partes (C-086, Corte Constitucional). <\/p>\n

Explic\u00f3 que su situaci\u00f3n econ\u00f3mica es precaria y que el tiempo transcurrido desde la ejecutoria de los pronunciamientos enunciados y esta salvaguarda fue el necesario para obtener las copias que anexa y tener una asesor\u00eda profesional adecuada. <\/p>\n

INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

No hubo m\u00e1s participaciones. <\/p>\n

LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el amparo al hallar que se present\u00f3 tard\u00edamente y sin haber usado todos las herramientas de defensa en lo atinente a la inconformidad con la fijaci\u00f3n de \u201chonorarios\u201d, mientras que la pretensi\u00f3n para que se designe a Luis Gabriel Mu\u00f1oz Pinz\u00f3n estim\u00f3 debe gestionarse en el respectivo pleito, am\u00e9n que \u00e9ste ya no figura activo en la lista respectiva (fls. 368 al 371). <\/p>\n

La demandante aleg\u00f3 que si bien su desacuerdo cobija el auto de 3 de abril de 2017, no es el \u00fanico atacado, comoquiera que despu\u00e9s present\u00f3 infructuosamente otros escritos cuyas definiciones impugn\u00f3, materializ\u00e1ndose as\u00ed la conducta vulneradora, por lo que desde \u00e9stos es que debe contarse el t\u00e9rmino, m\u00e1xime que la doctrina constitucional no ha establecido que sean seis (6) los meses para ese efecto, pues deben analizarse las circunstancias concretas, valorando adicionalmente que la afectaci\u00f3n persiste y que en el libelo introductorio justific\u00f3 la tardanza. Agreg\u00f3 que con las s\u00faplicas de invalidez y las reposiciones agot\u00f3 el otro presupuesto extra\u00f1ado y reliev\u00f3 la prevalencia de lo sustancial sobre lo adjetivo. Reiter\u00f3 las cuentas en que sustenta el disenso por la presunta excesiva fijaci\u00f3n de honorarios. Finalmente, se doli\u00f3 de que se rechazara su aspiraci\u00f3n en relaci\u00f3n con el secuestre \u201csin emprender los poderes correccionales\u201d conforme el art\u00edculo 42 memorado, compulsando copias para las investigaciones Penales y disciplinarias pertinentes, sopesando que la licencia de Luis Gabriel Mu\u00f1oz venci\u00f3 el 1\u00ba de abril de 2015. Reliev\u00f3 la falta de motivaci\u00f3n de las providencias del querellado (fls. 381 al 388). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario mediante el que toda persona puede acudir a los jueces en procura de la protecci\u00f3n de sus privilegios fundamentales vulnerados o amenazados por las autoridades p\u00fablicas o por los particulares, en el \u00faltimo caso en los precisos eventos previstos en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, destac\u00e1ndose como requisitos b\u00e1sicos la inmediatez y la subsidiariedad, en cuanto s\u00f3lo procede cuando se ejerce en un plazo razonable que, en principio, la jurisprudencia ha fijado en seis (6) meses, y ante la ausencia de otro medio judicial de defensa, salvo que se utilice para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

Atinente al primer presupuesto, la Sala ha dicho que <\/p>\n

(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en CSJ STC5341-2014 y STC2248-2015). <\/p>\n

Y respecto de la demora en la interposici\u00f3n del resguardo, ha expresado que <\/p>\n

(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC291-2017).
\nAgregando en otras ocasiones que \u201c[p]recisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado STC1410-2017). <\/p>\n

Adicionalmente es pertinente memorar, por ser aplicable al caso que se analiza, que el plazo y el despliegue de los remedios pertinentes se miran respecto de la situaci\u00f3n que efectiva y primariamente genera el aparente agravio, sin que sea de recibo admitir su reviviscencia por la presentaci\u00f3n de solicitudes de invalidez o nulidades ata\u00f1ederas al mismo o la interposici\u00f3n de recursos frente a lo decidido sobre \u00e9stas, pues en tal caso semejantes exigencias resultar\u00edan desdibujadas totalmente en la medida que siempre ser\u00e1 posible que el disconforme presente memoriales en ese sentido y reactivar las oportunidades. <\/p>\n

Al respecto, es precedente que <\/p>\n

Debido a que frente a esta \u00faltima decisi\u00f3n se presentaron solicitudes de ilegalidad, es oportuno se\u00f1alar lo inadmisible que resulta que a trav\u00e9s de reclamaciones de esta \u00edndole, nulidad o revocatoria de oficio se retrotraiga la actuaci\u00f3n a oportunidades precluidas, con el \u00fanico fin de atacar providencias dejadas ejecutoriar sin formularle reproches, pues, para tal prop\u00f3sito se debieron interponer los recursos ordinarios pertinentes en la debida oportunidad procesal. Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n sostuvo que \u201ca\u00fan cuando con posterioridad a la ejecutoria del mencionado prove\u00eddo, el apoderado judicial que ven\u00eda actuando en representaci\u00f3n de la parte actora mediante memorial solicit\u00f3 que se declarara la ilegalidad de todo lo actuado, a la saz\u00f3n denegada por el juzgado de conocimiento, tal circunstancia no tiene la virtualidad de revivir oportunidades clausuradas, ni allana el camino para acudir con \u00e9xito a la acci\u00f3n de tutela.\u201d (sentencia de 7 de julio de 2012, exp. 00143-01), CSJ STC, 2012-00280-01). <\/p>\n

Adem\u00e1s, se indica que cuando la finalidad de la guarda es reprochar los prove\u00eddos de los juzgadores naturales, exclusivamente se abre paso en las inusuales circunstancias en que \u00e9stos incurran en una protuberante trasgresi\u00f3n de la legislaci\u00f3n patria, es decir, \u201ccon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado [s] en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure[n] \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u201d (entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada STC1842-2017), lo que de suyo descarta divergencias meramente interpretativas. <\/p>\n

Finalmente, se recuerda que de manera constante esta Sala ha predicado que la jurisdicci\u00f3n constitucional no es el instrumento del que las partes pueden valerse para interponer las quejas disciplinarias y penales a que seg\u00fan su pensamiento dan lugar las conductas de los intervinientes en los asuntos que motivan su descontento, en la medida que si est\u00e1n persuadidas de la configuraci\u00f3n de ese comportamiento jur\u00eddicamente relevante pueden acudir directamente a los entes pertinentes, asumiendo las consecuencias de su obrar. <\/p>\n

En ese sentido, se memora que \u201c(\u2026.) ha sido criterio de esta Corporaci\u00f3n, que \u2018la funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n`\u2019 (CSJ STC, 17 feb. 2010, Rad. 00449-01; CSJ STC 16 mar. 2012, Rad. 00037-01; y STC15096-2017, entre otras)\u201d, CSJ STC7886-2017. <\/p>\n

3. De acuerdo con lo anterior, la providencia apelada ser\u00e1 ratificada, toda vez que efectivamente la decisi\u00f3n que fij\u00f3 los \u201chonorarios definitivos\u201d de la perito avaluadora data de 3 de abril de 2017 (fls. 346 vuelto) pero, por un lado, hasta la radicaci\u00f3n el 19 de diciembre de esta querella transcurrieron ocho meses y medio, y por el otro, contra la misma no se formul\u00f3 el ataque pertinente al tenor del inciso segundo del art\u00edculo 363 del C\u00f3digo General del Proceso, que a la letra indica que \u201c[l]as partes y el auxiliar podr\u00e1n objetar los honorarios en el t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que los se\u00f1ale. El juez resolver\u00e1 previo traslado a la otra parte por tres (3) d\u00edas\u201d. <\/p>\n

De tal suerte que las reclamaciones posteriores de ilegalidad, por fundadas que estuvieran en doctrina al respecto, no tienen la virtualidad de revivir el t\u00e9rmino y las oportunidades indicados, conforme se explicara suficientemente, m\u00e1xime que contrario al sentir de la libelista, el auto de 27 de junio \u00faltimo que no accedi\u00f3 a dejar sin efecto el anterior de 3 de abril (fl. 354 vuelto) precisamente fue sustentado en la falta de ese reparo tempestivo, pensamiento refrendado el 17 de octubre postrero al desatar la reposici\u00f3n respectiva e indicarle a la memorialista que \u201c\u2026el art\u00edculo invocado, se\u00f1ala que se puede objetar el auto que se\u00f1ala que los honorarios del auxiliar de la justicia, sino (sic) se est\u00e1 de acuerdo con esta suma, actuaci\u00f3n que no despleg\u00f3 la parte actora, lo anterior de conformidad con el principio general del derecho \u2018nadie puede alegar en su favor su propia culpa\u2019 (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)\u201d. <\/p>\n

Semejantes reflexiones, al margen de que la gestora no las comparta o las estime insuficientes, sin duda que dada la eventualidad concreta escrutada no se apartan del ordenamiento, de tal forma que aunque pudiera ensayarse otra como la que \u00e9sta propone acorde con sus intereses, no es esta la ocasi\u00f3n para acoger ese ejercicio argumentativo, toda vez que como se ha subrayado hasta la saciedad, la salvaguarda no es un mecanismo dise\u00f1ado para imponer el criterio del juez constitucional o de alguno de los contendientes, sino para corregir los yerros superlativos en que excepcionalmente incurren los falladores naturales, los que no se advierten en este litigio. <\/p>\n

Por otra parte y de conformidad con lo tambi\u00e9n se\u00f1alado, ante la evidencia de que Luis Gabriel Mu\u00f1oz Pinz\u00f3n se encuentra inactivo de la lista de auxiliares de la justicia desde el 1\u00ba de abril de 2015, es claro que queda sin sustento el anhelo que se conmine a la encartada a nombrarlo como secuestre y tener como parte de sus honorarios la suma que le pag\u00f3, sin perjuicio de que precisamente la apelante entable las acciones penales o disciplinarias que estime pertinentes frente a esa designaci\u00f3n y la no devoluci\u00f3n del dinero que cancel\u00f3 por fuera del marco de la diligencia de secuestro frustrada. <\/p>\n

4. As\u00ed las cosas, se impone la ratificaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n opugnada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente a los interesados lo resuelto y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n de los fallos. <\/p>\n

Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente STC2565-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-00004-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n de Lilian Yamile Camacho Castellanos contra la sentencia proferida el 18 de enero de 2018 por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101737","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101737","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101737"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101737\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101737"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101737"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101737"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}