{"id":101740,"date":"2026-07-01T18:49:29","date_gmt":"2026-07-01T18:49:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101740"},"modified":"2026-07-01T18:49:29","modified_gmt":"2026-07-01T18:49:29","slug":"stc2569-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2569-2018\/","title":{"rendered":"STC2569-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2569-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2017-00515-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el catorce de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la se\u00f1ora Martha Elena Villegas de Gonz\u00e1lez, a trav\u00e9s de apoderado judicial, contra el Juzgado Once de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales UGPP, los herederos indeterminados del se\u00f1or Luis Horacio Gonzalez Chica (q.e.p.d.), Claudia Eugenia, Juan Carlos, Luisa Fernanda y Martha Eliana Gonz\u00e1lez Villegas, as\u00ed como a todos los intervinientes del expediente objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, igualdad, debido proceso, protecci\u00f3n al adulto mayor en conexidad con el m\u00ednimo vital, salud y vida que considera vulnerados por la autoridad accionada, por cuanto dentro del juicio de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico que existi\u00f3 entre ella y el se\u00f1or Luis Horacio Gonz\u00e1lez Chica (q.e.p.d.), culmin\u00f3 por acuerdo conciliatorio en el que se pact\u00f3 que ella tendr\u00eda derecho a recibir alimentos mensuales provenientes de la pensi\u00f3n de vejez y seria beneficiaria de la de sobrevivientes al momento de su fallecimiento. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, se ordene al Despacho demandado \u00abSE DECLARE SIN EFECTO (..), la sentencia No. 451 proferida por el Juzgado 11 de Familia de Medell\u00edn Antioquia el d\u00eda 22 de julio de 2014 (\u2026), mediante la cual el Despacho Judicial aprob\u00f3 el acuerdo conciliatorio de las partes\u00bb Por consiguiente, terminar el proceso por abstracci\u00f3n de materia y declarar que el referido v\u00ednculo matrimonial se mantuvo hasta la defunci\u00f3n de su c\u00f3nyuge. [Folio 9, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

2. El se\u00f1or Luis Horacio Gonz\u00e1lez Chica (q.e.p.d.) inici\u00f3 proceso de divorcio que se conoci\u00f3 con N\u00b0 de radicado 2014- 00015, tramitada ante el Juzgado Once de Familia de Medell\u00edn. <\/p>\n

3. El 22 de julio de 2014 culmin\u00f3 el proceso por acuerdo conciliatorio, en el que las partes convinieron la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio, la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, el demandante se comprometi\u00f3 a aportar una cuota alimentaria mensual de $550.000, as\u00ed como continuar como beneficiaria en la seguridad social y ser la favorecida de la sustituci\u00f3n pensional al momento de su fallecimiento. <\/p>\n

4. El 28 de febrero de 2015 acaeci\u00f3 el deceso del se\u00f1or Luis Horacio Gonz\u00e1lez Chica (q.e.p.d.). <\/p>\n

5. Mediante Resoluci\u00f3n RDP 029112 de 15 de julio de 2015, la subdirectora de determinaci\u00f3n de derechos pensionales de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social neg\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, al no cumplirse con el presupuesto de 5 a\u00f1os continuos de convivencia con anterioridad a su muerte. <\/p>\n

6. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la actora propuso los recursos de reposici\u00f3n y subsidiario de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

7. En Resoluci\u00f3n 039918 de 29 de septiembre de 2015 se mantuvo inc\u00f3lume ese pronunciamiento. <\/p>\n

8. El Director de Pensiones de la mencionada unidad, a trav\u00e9s de acto administrativo RDP040885 de 2 de octubre de la citada anualidad confirm\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n

9. El 19 de abril de 2017, la gestora present\u00f3 un derecho de petici\u00f3n ante la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social, con el prop\u00f3sito de que se anulen la mentadas resoluciones, porque se trata de una pensi\u00f3n de gracia reconocida y pagada por las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 71 de 1988. <\/p>\n

10. Por intermedio de la comunicaci\u00f3n No. 201714201706231 se neg\u00f3 su pedimento, debido a que los actos administrativos se encuentran debidamente notificados y ejecutoriados, sin que se hayan aportado nuevos elementos de juicio que permitan variar la decisi\u00f3n, as\u00ed que orden\u00f3 el archivo. <\/p>\n

11. En fallo de 16 de agosto del a\u00f1o pasado, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por la tutelante contra el aludido ente estatal, al no cumplirse con el presupuesto de la subsidiariedad, puesto que puede acudir a la justicia ordinaria para que se dirima su conflicto. <\/p>\n

12. En criterio de la peticionaria del amparo, el juzgado accionado vulner\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales al incurrir en una v\u00eda de hecho, puesto que al aprobar el evocado acuerdo de conciliaci\u00f3n, pas\u00f3 por alto que el asunto no era conciliable, ya que no es posible cobrar ejecutivamente la cuota de alimentos ni el beneficio de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. [Folios 1-13, c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 30 de noviembre de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n, orden\u00e1ndose el traslado a los involucrados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 186, c. 1] <\/p>\n

2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social solicit\u00f3 que se declare improcedente el amparo, dado que no existe trasgresi\u00f3n alguna a las prerrogativas invocadas por la accionante, tras lo cual agreg\u00f3 que esta herramienta no es la id\u00f3nea para sustituir el procedimiento contencioso administrativo, as\u00ed como reclamar prestaciones econ\u00f3micas. <\/p>\n

Entre tanto, el curador de los herederos indeterminados de Luis Horacio Gonz\u00e1lez Chica (q.e.p.d.) asever\u00f3 que no existe quebrantamiento a la garant\u00eda fundamental al debido proceso, pues la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico se tramit\u00f3 de acuerdo con las normas del estatuto procesal vigente para esa fecha. <\/p>\n

3. En sentencia de 14 de diciembre de 2017, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn deneg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional invocada, tras considerar que no se cumplen con los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. El primero, en raz\u00f3n a que la tutela no se propuso dentro de un t\u00e9rmino razonable, y el segundo, en virtud a que no se agotaron los medios de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance para la protecci\u00f3n de sus derechos. [Folios 243-249, c.1] <\/p>\n

4. Inconforme, la quejosa impugn\u00f3 el fallo, para lo cual se\u00f1al\u00f3 que no atac\u00f3 el pronunciamiento de 22 de julio de 2014, puesto que no tuvo la necesidad de ejecutar lo all\u00ed pactado, adem\u00e1s que acab\u00f3 de percibir que no era posible cumplir con lo acordado, ya que la pensi\u00f3n no se puede disponer por actos de voluntad entre vivos. [Folios 254-257, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La jurisprudencia de la Corte ha sido invariable al se\u00f1alar que son dos los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica: la inmediatez y la subsidiariedad. <\/p>\n

Vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, la inmediatez impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la transgresi\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n

Frente a este tema, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n

\u201caquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u201d. (CSJ STC 2 ago. 2007, Rad. 00188-01) <\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u201cEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerando por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u201d. (CSJ STC 29 abr. 2009, Rad.00624-00) <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un medio generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros. <\/p>\n

En virtud del otro principio se\u00f1alado, debe recordarse que el amparo s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, por lo tanto, no puede considerarse una herramienta alternativa o adicional del presunto lesionado con la trasgresi\u00f3n. <\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, se concluye que el resguardo solicitado resulta improcedente, porque no atiende ninguno de los postulados que vienen de comentarse. <\/p>\n

En efecto, la accionante cuestiona, en su solicitud de protecci\u00f3n, la audiencia mediante la cual el Juzgado Once de Familia de Medell\u00edn culmin\u00f3 el proceso de divorcio que el se\u00f1or Luis Horacio Gonz\u00e1lez Chica (q.e.p.d.) instaur\u00f3 en su contra, por acuerdo conciliatorio, en el que las partes convinieron la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio, la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, el demandante se comprometi\u00f3 a aportar una cuota alimentaria mensual de $550.000, as\u00ed como continuar como beneficiaria en la seguridad social y ser la favorecida de la sustituci\u00f3n pensional al momento de su fallecimiento, decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 el 22 de julio de 2014. <\/p>\n

Por lo anterior, se concluye que para el instante en que se present\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n (3 de noviembre de 2017) se hab\u00eda superado, con amplitud, el t\u00e9rmino razonable para promover el mecanismo constitucional, sin que de manera alguna se justifique la tardanza en su interposici\u00f3n. <\/p>\n

3. De otra parte, el amparo tampoco atiende el principio de subsidiariedad, pues la promotora tuvo a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para cuestionar la determinaci\u00f3n que considera lesiva a sus garant\u00edas. <\/p>\n

En efecto, si a juicio de la peticionaria la plurievocada audiencia de 22 de julio de 2014, mediante la cual el juzgado accionado declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del juicio y dispuso la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio y la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, por causa del mutuo acuerdo de los contrayentes, no se encontraba ajustado a derecho, debi\u00f3 interponer los recursos ordinarios de reposici\u00f3n o subsidiario el de apelaci\u00f3n contra esa decisi\u00f3n. <\/p>\n

Sin embargo, la censora, pese a tener los citados medios de defensa a su disposici\u00f3n para plantear el debate al interior del proceso, no hizo uso de estos, sin que su incuria tenga justificaci\u00f3n alguna. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un procedimiento instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

En ese orden, no es viable admitirse que a trav\u00e9s de este procedimiento constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir a la autoridad natural en la instancia que no se adelant\u00f3, porque la aqu\u00ed tutelante no utiliz\u00f3 el medio de protecci\u00f3n que contempla la norma adjetiva, pues la tutela no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de aquellas v\u00edas ordinarias contempladas por la ley. <\/p>\n

4. En suma, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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