{"id":101743,"date":"2026-07-01T18:49:37","date_gmt":"2026-07-01T18:49:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101743"},"modified":"2026-07-01T18:49:37","modified_gmt":"2026-07-01T18:49:37","slug":"stc2575-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2575-2018\/","title":{"rendered":"STC2575-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2575-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2018-00006-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 30 de enero de 2018, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Marco Antonio D\u00edaz Jaimes y Gloria Morales Jim\u00e9nez contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Segundo Civil Municipal, ambos de la citada ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo singular adelantado por Enrique Gamboa a los aqu\u00ed actores. <\/p>\n

1.\tLos gestores requieren el amparo de los derechos al debido proceso e igualdad, entre otros, presuntamente quebrantados por los acusados. <\/p>\n

2. Del ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

En el Juzgado Segundo Civil Municipal de Tunja, los aqu\u00ed accionantes fueron demandados por Enrique Gamboa en juicio ejecutivo singular, pleito en el cual se profiri\u00f3 sentencia el 31 de julio de 2014, desestimando las excepciones de fondo all\u00ed planteadas. <\/p>\n

Se\u00f1alan que la anterior providencia fue apelada por su apoderado, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada al Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, quien mediante fallo de 6 de abril de 2015, modific\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, conden\u00e1ndolos al pag\u00f3 de una suma mayor a la determinada en el prove\u00eddo recurrido. <\/p>\n

Se duelen los censores porque los estrados confutados, no tuvieron en cuenta que la deuda cobrada en el compulsivo subex\u00e1mine, se origin\u00f3 en una conciliaci\u00f3n incumplida por el all\u00ed demandante, por tanto, no hab\u00eda m\u00e9rito para seguir con el litigio. <\/p>\n

3. Piden en concreto, decretar \u201c(\u2026) la nulidad de las sentencias (\u2026)\u201d emitidas en el comentado proceso. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde \t\tlos accionados <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Segundo Civil Municipal de Tunja inst\u00f3 declarar improcedente el ruego, pues \u201cadolece del principio de inmediatez\u201d (fls. 12 a 13. Cuaderno 2). <\/p>\n

2. El estrado del circuito querellado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2. La sentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El tribunal deneg\u00f3 la salvaguarda, aduciendo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) no se considera de recibo que se encuentra [verificada] la causal excepcional de inobservancia del principio de inmediatez en este caso, por cuanto las decisiones que se cuestionan ya se encuentran ejecutoriadas hace ya un tiempo considerable, y si bien los mismos accionantes refieren que su apoderado hizo ver que ya exist\u00eda otro mecanismo judicial que promover a continuaci\u00f3n de la emisi\u00f3n de las decisiones que ahora se cuestionan, no se interpuso la acci\u00f3n de tutela oportunamente (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En todo caso de la revisi\u00f3n del proceso cuestionado, se tiene que (\u2026) los accionantes (\u2026) cuestionar[on] la idoneidad del t\u00edtulo ejecutivo (\u2026), no obstante, habi\u00e9ndose apelado por ambas partes el fallo [proferido], autorizaba al juez de segunda instancia a tener una visi\u00f3n panor\u00e1mica del litigio, por lo que resultaba procedente que la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n fuera coherente con el mandamiento de pago emitido (\u2026)\u201d (fls. 63 a 67. Cuaderno 2). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

Los tutelantes impugnaron aduciendo que lo pretendido \u201c(\u2026) con esta acci\u00f3n (\u2026) es que el estado brinde seguridad jur\u00eddica en la facultad de administrar justicia bajo su experiencia y sana cr\u00edtica (\u2026)\u201d (fls. 77 a 79. Cuaderno 2). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El reclamante ataca la sentencia de segunda instancia emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja el 6 de abril de 2015, dentro del compulsivo bajo estudio, pues considera que no se tuvo en cuenta que el all\u00ed ejecutante hab\u00eda incumplido el acuerdo conciliatorio contentivo de la obligaci\u00f3n cobrada. <\/p>\n

2. Es palmario el fracaso del reclamo, por cuanto fue incoado tard\u00edamente el 16 de enero de 2018, esto es, luego de m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os de proferida la determinaci\u00f3n reprochada, superando ampliamente el t\u00e9rmino estimado por esta Sala como tempestivo para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

En no pocas ocasiones, la Corporaci\u00f3n ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d1. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, si los censores se demoraron para presentar la petici\u00f3n constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta indebida atribuible a las autoridades accionadas y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas fundamentales invocadas como soporte de tal amparo. <\/p>\n

3. Ahora, si se pasara por alto la anterior falencia, el ruego tampoco prosperar\u00eda, por cuanto auscultado el fallo del ad quem, no se advierte irregularidad en el argumento invocado por ese despacho para confirmar el auto de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y modificar el pago ordenado. En efecto, ese juzgado sostuvo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Vista el acta de conciliaci\u00f3n (\u2026) se dijo all\u00ed que la misma prestaba m\u00e9rito ejecutivo y que el acuerdo hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada. Igualmente contiene una obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigible. Adem\u00e1s, el Director Centro de conciliaci\u00f3n hizo constar que era la primera copia. Para este despacho ese acto jur\u00eddico celebrado como fruto de la autonom\u00eda de la voluntad de las partes trabadas en un litigio por el cumplimiento de un contrato de promesa de compraventa de un inmueble rural, en donde los hoy ejecutante y ejecutados de manera libre y voluntariamente crearon el t\u00edtulo ejecutivo por medio de un acto jur\u00eddico fruto de la voluntad capaz de cada uno de los obligados, y sin coacci\u00f3n ni vicio del consentimiento adquirieron obligaciones resolviendo la controversia contractual que se hab\u00eda suscitado. en el asunto y con independencia del tr\u00e1mite que le dio origen, naci\u00f3 la obligaci\u00f3n libre y voluntaria\u201d. <\/p>\n

\u201cClaro, en la g\u00e9nesis del acto jur\u00eddico actu\u00f3 el Conciliador de la C\u00e1mara de Comercio de esta ciudad, quien por dem\u00e1s est\u00e1 facultado para intervenir como conciliador seg\u00fan lo dispone la Ley 640 de 2001. Su intervenci\u00f3n dio al acuerdo alcances conciliatorios y, adem\u00e1s, efectos de cosa juzgada. Pero las partes llegaron al acuerdo, sin que en ning\u00fan momento se observe vicio alguno que pueda anularlo, pues no se acredit\u00f3 en la ejecuci\u00f3n que la accionante y demandados lo firmaran obligadamente o sin consentimiento, de modo que no permitieran a la parte deudora actuar con lucidez. Igualmente se advirti\u00f3, que la misma constitu\u00eda t\u00edtulo ejecutivo. (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En el presente caso, err\u00f3 el juez a quo al interpretar la conciliaci\u00f3n y considerar que no era procedente el pago de mejoras cuando el tema ya hab\u00eda sido conciliado. En consecuencia, le asiste raz\u00f3n a la apoderada de la parte demandante, en cuanto que le est\u00e1 vedado al juez de la ejecuci\u00f3n entrar a modificar la misma cuando los t\u00e9rminos en que est\u00e1 redactada son claros e indubitables\u201d (fls. 57 a 67). <\/p>\n

4. Aunque los actores no compartan los argumentos del despacho tutelado, ello no convierte su determinaci\u00f3n en caprichosa o antojadiza con entidad suficiente como para permitirle el paso de esta particular justicia, pues dicho pronunciamiento fue examinado razonablemente con fundamento en los mandatos jur\u00eddicos respectivos. <\/p>\n

5. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

Al respecto, esta Corte ha adoctrinado: <\/p>\n

6. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

7. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el ejercicio del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb6, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb7; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la acci\u00f3n de tutela, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional8, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual "La Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales". <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como le son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC,C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC,C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. STC 2 de agosto de \t2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros pronunciamientos, \t16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.
\n2 \tCSJ \tSTC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado el 3 de junio \tde 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n7 \tCIDH. Caso \tHeliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de \t2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n8 \tSentencias C-225-1995, C-028-2006, C-35 5-2006 y C-488-2009 entre \totras.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC2575-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2018-00006-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 30 de enero de 2018, por la Sala Civil Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101743","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101743","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101743"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101743\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101743"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101743"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101743"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}