{"id":101746,"date":"2026-07-01T18:49:55","date_gmt":"2026-07-01T18:49:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101746"},"modified":"2026-07-01T18:49:55","modified_gmt":"2026-07-01T18:49:55","slug":"stc2579-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2579-2018\/","title":{"rendered":"STC2579-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2579-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2018-00001-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 24 de enero de 2018, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la tutela instaurada por Wilson Gallardo Vergel en contra del Juzgado Primero de Familia de esa capital, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo por alimentos de la menor Valerie Nayara Gallardo Hurtado, iniciado por Jackeline Hurtado Rojas respecto del aqu\u00ed gestor. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante suplica la protecci\u00f3n de, entre otros, el derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por el acusado. <\/p>\n

2. Wilson Gallardo Vergel sostiene como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 1 y 2): <\/p>\n

2.1. Dentro del litigio materia de esta salvaguarda, el juzgado querellado program\u00f3 la realizaci\u00f3n de la \u201caudiencia de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 del C.G.P.\u201d para el 21 de noviembre de 2017. <\/p>\n

2.2. Seg\u00fan comenta, sufri\u00f3 un percance de salud el d\u00eda anterior y por ello no pudo asistir a ese acto, en el cual el despacho dict\u00f3 el fallo correspondiente. <\/p>\n

2.3. Arrim\u00f3 la justificaci\u00f3n respectiva, empero, el estrado no se \u201cpronunci\u00f3\u201d frente a la misma. <\/p>\n

2.4. Censura lo precedente, aduciendo que, de un lado, no se le permiti\u00f3 rendir su interrogatorio de parte, y, por el otro, el juzgador desconoci\u00f3 la prerrogativa legal de \u201cpresentar dicha excusa\u201d. <\/p>\n

3. Implora invalidar lo acontecido en ese decurso desde el 21 de noviembre pasado. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

Realz\u00f3 la rectitud de su proceder, explicando que obr\u00f3 de conformidad con lo reglado en el canon 372 del C\u00f3digo General del Proceso (fls. 8 a 19). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l accionante junto con su apoderado judicial alleg\u00f3 en tiempo las justificaciones correspondientes [por no haber asistido al mencionado acto] (\u2026), en donde se constata que el demandado hoy accionante se encontraba incapacitado para el d\u00eda de la diligencia[; empero,] no se puede perder de vista que dicha incapacidad data del 20 de noviembre de 2017, fecha anterior a la celebraci\u00f3n de la diligencia objeto de controversia y que fue puesta en conocimiento del despacho tres d\u00edas despu\u00e9s de que se hab\u00eda finiquitado la diligencia de que trata el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, hasta el 24 de noviembre de 2017, circunstancia por la cual mal podr\u00eda el estrado judicial negarse a realizar la diligencia programada, m\u00e1xime si tenemos en cuenta que la normatividad prev\u00e9 la realizaci\u00f3n de las audiencias aun cuando una de las partes no comparece, pues es la misma normatividad la que otorga al apoderado las facultades, (\u2026) en general, de disponer del derecho en litigio en caso que su mandante no comparezca\u201d. <\/p>\n

\u201cAhora bien, comoquiera que el tutelante asevera que (\u2026) no estuvo representado por apoderado judicial, advierte la sala que dicho argumento tampoco es de recibo, habida cuenta que quien represent\u00f3 sus intereses (\u2026) bien pudo haber sustituido su mandato para que otro profesional del derecho lo reemplazara en la correspondiente audiencia inicial, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la diligencia fue programada con m\u00e1s de un mes de antelaci\u00f3n por el despacho accionado y el hecho que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito hubiese programado la diligencia de tr\u00e1mite y juzgamiento para el mismo d\u00eda y hora no es raz\u00f3n suficiente para que se negara a comparecer a la audiencia del proceso ejecutivo (\u2026)\u201d (fls. 38 a 41). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el promotor sin manifestar los motivos de su inconformidad (fl. 45). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Wilson Gallardo Vergel critica que el despacho acusado no se haya pronunciado frente a la incapacidad m\u00e9dica arrimada para excusar su inasistencia a la \u201caudiencia inicial\u201d efectuada dentro del comentado subex\u00e1mine el 21 de noviembre de 2017. <\/p>\n

2. Delanteramente, es menester acotar, contrario a lo aducido en el escrito inicial, mediante auto de 28 de noviembre pasado (fl. 19), el estrado convocado desatendi\u00f3 la justificaci\u00f3n esgrimida por el tutelante. <\/p>\n

Por tanto, la lesi\u00f3n iusfundamental alegada no existi\u00f3, pues, como se vio, la omisi\u00f3n enrostrada al funcionario judicial no fue tal, porque, en realidad, se resolvi\u00f3 el pedimento del ac\u00e1 actor; por ende, aun cuando el prove\u00eddo sea desfavorable a los intereses del gestor, esa circunstancia, per s\u00e9, no abre paso a esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n

3. Al margen de lo discurrido, refuerza la denegaci\u00f3n del amparo la ausencia del principio de subsidiariedad, por cuanto el querellante no propuso reposici\u00f3n en contra de la decisi\u00f3n atr\u00e1s referida, procedente de conformidad con la regla 318 del C\u00f3digo General del Proceso1. De esta manera, desaprovech\u00f3 controvertir en el campo id\u00f3neo, esto es, al interior del litigio, la se\u00f1alada determinaci\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, no es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o desidias en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa dispuestos por el legislador al interior del proceso. Al respecto, esta Corte ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

En cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha conceptuado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

4. Ahora bien, en el pronunciamiento de 28 de noviembre de 2017, el juzgador razon\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Respecto a lo solicitado por el se\u00f1or apoderado del demandado, se le hace saber que el d\u00eda de la audiencia y en vista de que no se present\u00f3 la excusa para no comparecer a la misma, se procedi\u00f3 a dictar la sentencia que en derecho corresponde, quedando en firme la misma, por lo que no se har\u00e1 pronunciamiento alguno (\u2026)\u201d (fl. 19). <\/p>\n

4.1. Sobre el tema, conviene traer a colaci\u00f3n el numeral tercero del art\u00edculo 372 del vigente Estatuto Procedimental Civil, en donde se establece sin ambig\u00fcedad, la forma como debe proceder el funcionario judicial frente a la inasistencia de alguna de las partes a la audiencia inicial: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo\u00a0372.\u00a0Audiencia inicial.\u00a0(\u2026) La audiencia se sujetar\u00e1 a las siguientes reglas:
\n(\u2026)
\n\u201c3. Inasistencia. La inasistencia de las partes o de sus apoderados a esta audiencia, por hechos anteriores a la misma, solo podr\u00e1 justificarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa\u201d.
\n\u201cSi la parte y su apoderado o solo la parte se excusan con anterioridad a la audiencia y el juez acepta la justificaci\u00f3n, se fijar\u00e1 nueva fecha y hora para su celebraci\u00f3n, mediante auto que no tendr\u00e1 recursos. La audiencia deber\u00e1 celebrarse dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes. En ning\u00fan caso podr\u00e1 haber otro aplazamiento\u201d.
\n\u201cLas justificaciones que presenten las partes o sus apoderados con posterioridad a la audiencia, solo ser\u00e1n apreciadas si se aportan dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la fecha en que ella se verific\u00f3. El juez solo admitir\u00e1 aquellas que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y solo tendr\u00e1n el efecto de exonerar de las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias adversas que se hubieren derivado de la inasistencia\u201d.
\n\u201cEn este caso, si el juez acepta la excusa presentada, prevendr\u00e1 a quien la haya presentado para que concurra a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento a absolver el interrogatorio (\u2026)\u201d. <\/p>\n

As\u00ed, se\u00f1ala, que solo podr\u00e1 exculparse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa. Adicionalmente, precisa dos escenarios hipot\u00e9ticos posibles, derivados del espacio temporal en que los sujetos procesales se excusan por su no comparecencia, implicando consecuencias jur\u00eddicas espec\u00edficas en cada uno de ellos. <\/p>\n

El primero de estos opera cuando la justificaci\u00f3n por la no concurrencia a la diligencia, se ventila con anterioridad a la data programada para el desarrollo de la misma; evento en el cual, si el despacho la acepta, se fijar\u00e1 nueva fecha y hora para su celebraci\u00f3n. <\/p>\n

La segunda hip\u00f3tesis plantea el supuesto f\u00e1ctico en el cual las razones de la no presentaci\u00f3n, se ponen a consideraci\u00f3n del juzgador luego de materializada la memorada actuaci\u00f3n; en cuyo caso, la preceptiva legal es di\u00e1fana en se\u00f1alar, que la apreciaci\u00f3n de estos argumentos por parte del juzgador, depender\u00e1 de que su aportaci\u00f3n sea dentro de los tres d\u00edas siguientes a la verificaci\u00f3n de dicha audiencia; imponiendo al juez el deber de estudiar solo aquellas razones que adem\u00e1s de haber sido aducidas en el lapso estipulado, se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito. <\/p>\n

En el marco de este segundo escenario, si en virtud de su independencia y autonom\u00eda, el funcionario judicial considera v\u00e1lida la justificaci\u00f3n a la inasistencia, la referida norma estipula los efectos jur\u00eddicos que conlleva esa aceptaci\u00f3n. <\/p>\n

4.2. En el asunto analizado, si bien el estrado no expres\u00f3 con suficiencia los motivos para desestimar la incapacidad m\u00e9dica por tres d\u00edas arrimada por Gallardo Vergel, lo cierto es, teniendo en cuenta que la dolencia alegada aconteci\u00f3 un d\u00eda antes a cuando se efectu\u00f3 el acto procesal, era posible para el hoy gestor enterar de lo sucedido previo a la realizaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n

Igualmente, es menester aclarar, no se trata de cualquier afecci\u00f3n a la salud, \u00e9sta debe ser grave, de forma tal que impida al interesado no solo asistir, sino tambi\u00e9n comunicar oportunamente esa circunstancia al despacho. <\/p>\n

Adicionalmente, el abogado del aqu\u00ed quejoso tampoco acudi\u00f3 a esa diligencia, y solamente explic\u00f3 con posterioridad a la audiencia que ello se debi\u00f3 a un compromiso de similar \u00edndole adquirido en otro juzgado con antelaci\u00f3n. <\/p>\n

N\u00f3tese, el aludido profesional ten\u00eda la obligaci\u00f3n de informar tal eventualidad con la suficiente anticipaci\u00f3n deprecando la reprogramaci\u00f3n de la audiencia en el pleito ac\u00e1 censurado; empero, no procedi\u00f3 a ello ni tampoco a poner en conocimiento el delicado estado de salud de su prohijado. <\/p>\n

En asuntos de parecidos contornos, esta corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]os accionantes se duelen, concretamente, del auto de 15 de marzo de 2017, mediante el cual el Tribunal de Yopal no acept\u00f3 la excusa presentada por su apoderado judicial para justificar su inasistencia a la audiencia (\u2026) programada para el 16 de febrero pasado, pues, en su opini\u00f3n, se desatendi\u00f3 lo previsto en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [P]ara la Corte la excusa mencionada ciertamente no cumple el presupuesto normativo consagrado en el inciso 3\u00ba del canon referenciado, (\u2026) en tanto que con ella no se alcanzan a divisar los elementos de \u00abirresistibilidad\u00bb e \u00abinsuperabilidad\u00bb que comprende aqu\u00e9l acontecimiento (STC1877-2017), al menos frente al cometido de informar al Tribunal de dicha circunstancia en forma oportuna, teniendo en cuenta que, de un lado, el abogado acudi\u00f3 al m\u00e9dico un (1) d\u00eda antes de la fecha fijada para la realizaci\u00f3n de la diligencia, como bien lo precis\u00f3 el Magistrado sustanciador; y, del otro, la patolog\u00eda diagnosticada al togado no es de aquellas que puedan ser consideradas \u00abgraves\u00bb, por lo que no se encontraba impedido para acudir al mecanismo de la sustituci\u00f3n, circunstancias que, indefectiblemente, llevaban a la conclusi\u00f3n que finalmente adopt\u00f3 el ad quem\u201d. <\/p>\n

\u201cBajo esa perspectiva, se descarta la eventualidad de predicar que en esa labor el magistrado sustanciador de la Corporaci\u00f3n censurada hubiera incurrido en una actitud susceptible de ser cuestionada positivamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta, dado que, como qued\u00f3 visto, no era admisible la excusa presentada por el apoderado judicial de los accionantes por no fundamentarse en fuerza mayor o caso fortuito, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en la providencia confutada se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a la actuaci\u00f3n que se debate (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

En sede de casaci\u00f3n, aludiendo al caso fortuito o a la fuerza mayor, se ha adoctrinado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a fuerza mayor o caso fortuito, por definici\u00f3n legal, es \u201cel imprevisto a que no es posible resistir\u201d (art. 64 C.C., sub. art. 1\u00ba Ley 95 de 1890), lo que significa que el hecho constitutivo de tal debe ser, por un lado, ajeno a todo presagio, por lo menos en condiciones de normalidad, y del otro, imposible de evitar, de modo que el sujeto que lo soporta queda determinado por sus efectos. No se trata entonces, per se, de cualquier hecho, por sorpresivo o dificultoso que resulte, sino de uno que inexorablemente re\u00fana los mencionados rasgos legales, los cuales, por supuesto, deben ser evaluados en cada caso en particular (\u2026)\u201d5 (se resalta). <\/p>\n

4.3. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

5. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d.
\nAdem\u00e1s, la regla 93 ej\u00fasdem, precept\u00faa: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9. <\/p>\n

6. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb10, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb11; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagadas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la acci\u00f3n de tutela, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional12, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual "La Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales". <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como le son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC,C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC,C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \t\u201c(\u2026) Art. \t318. Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n \tprocede contra los autos que dicte el juez (\u2026)\u201d.
\n2 \tCSJ. \tSTC. 11 \tabr. 2011, rad. \t00043-01; \treiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, \trad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente.
\n3 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de \t28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y \tel 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y \t2012-02127-00.
\n4 \tCSJ. \tCivil, sentencia STC6922 de 18 de mayo de 2017, exp. 2017-01154-00, \tcitado en el exp. 2017-00222-01.
\n5 \tCSJ. \tCivil, sentencia de 29 abril de 2005, exp. 0829-92.
\n6 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n7 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n8 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n9 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n10 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n11 \tCIDH. Caso \tHeliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de \t2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n12 \tSentencias C-225-1995, C-028-2006, C-35 5-2006 y C-488-2009 entre \totras.
\n24<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC2579-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2018-00001-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 24 de enero de 2018, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101746","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101746","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101746"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101746\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101746"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101746"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101746"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}