{"id":101747,"date":"2026-07-01T18:49:59","date_gmt":"2026-07-01T18:49:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101747"},"modified":"2026-07-01T18:49:59","modified_gmt":"2026-07-01T18:49:59","slug":"stc2581-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2581-2018\/","title":{"rendered":"STC2581-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2581-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2018-00004-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 24 de enero de 2018, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la tutela instaurada por Aldemar Arenas Rojas, a nombre propio y en representaci\u00f3n del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado \u201cMovimiento Contra la Pobreza, S\u00ed al Desarrollo Sostenible y Honestidad\u201d, en contra de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de inscripci\u00f3n del aqu\u00ed gestor como candidato a las elecciones presidenciales para el per\u00edodo 2018-2022. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Aldemar Arenas Rojas suplica la protecci\u00f3n de, entre otros, el derecho a \u201celegir y ser elegido\u201d, presuntamente vulnerado por los acusados. <\/p>\n

2. Sostiene como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 1 a 3): <\/p>\n

2.1. En representaci\u00f3n del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado \u201cMovimiento Contra la Pobreza, S\u00ed al Desarrollo Sostenible y Honestidad\u201d, se inscribi\u00f3 ante la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil como candidato presidencial para la contienda electoral actualmente en curso. <\/p>\n

2.2. Se\u00f1ala que como requisitos para perfeccionar su postulaci\u00f3n deb\u00eda recopilar \u201c386184 firmas o apoyos\u201d y posteriormente constituir \u201cdep\u00f3sito o fianza por 30 o 40 millones de pesos\u201d. <\/p>\n

Adicionalmente, precisa que en caso de no \u201c(\u2026) saca[r] un n\u00famero establecido de votos debe devolver la plata de la campa\u00f1a (\u2026)\u201d (sic), y tampoco el movimiento por \u00e9l representado \u201cllega[r\u00e1] a [ser reconocido como] partido\u201d pol\u00edtico. <\/p>\n

2.3. En su opini\u00f3n, las aludidas exigencias truncan su aspiraci\u00f3n, pues carece de los recursos econ\u00f3micos suficientes para cumplirlas cabalmente, motivo por el cual califica tal procedimiento de discriminador. <\/p>\n

3. Implora permitirle \u201cinscribirse en las elecciones\u201d. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

1. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil esgrimi\u00f3 no haber <\/p>\n

\u201c(\u2026) incurrido en actuaci\u00f3n que comporte afectaci\u00f3n o lesi\u00f3n a los derechos invocados por la parte accionante, debido a que el Registrador Delegado en lo Electoral (\u2026) profiri\u00f3 el acta de registro del Comit\u00e9 del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado \u201cMovimiento Contra la Pobreza, S\u00ed al Desarrollo Sostenible y Honestidad\u201d, el cual no entreg\u00f3 los apoyos ciudadanos requeridos para la inscripci\u00f3n de candidato para las elecciones de Presidente de la Rep\u00fablica (\u2026)\u201d (fls. 39 a 60). <\/p>\n

2. El Consejo Nacional Electoral precis\u00f3 que el tr\u00e1mite de \u201cinscripci\u00f3n\u201d censurado corresponde adelantarlo a la entidad precitada (fls. 36 a 37 vuelto). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

Desestim\u00f3 el resguardo tras inferir: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]os requisitos establecidos por el legislador para el proceso de inscripci\u00f3n de candidatos por parte de grupos significativos de ciudadanos que no cuentan con personer\u00eda jur\u00eddica reconocida, (\u2026) cumplen con finalidades leg\u00edtimas en el marco del derecho de participaci\u00f3n pol\u00edtica y no constituyen condiciones desproporcionadas que obstaculicen el ejercicio de los derechos pol\u00edticos del accionante (\u2026)\u201d (fls. 61 a 65). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Aldemar Arenas Rojas persigue a trav\u00e9s de este amparo se le permita participar en la contienda electoral para presidente de la rep\u00fablica sin cumplir con los requisitos relativos a la recolecci\u00f3n de una cantidad de firmas equivalente al \u201c(\u2026) 3% del n\u00famero total de votos v\u00e1lidos depositados en las anteriores elecciones a la Presidencia de la Rep\u00fablica (\u2026)\u201d y al pago de una \u201cp\u00f3liza de seriedad\u201d. <\/p>\n

2. Delanteramente, es menester referir que en virtud de lo estipulado en la Resoluci\u00f3n N\u00b0 5552 de 26 de mayo de 2017 (fls. 53 a 55), a trav\u00e9s de la cual el Registrador Nacional del Estado Civil fij\u00f3 \u201cel calendario electoral para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la Rep\u00fablica\u201d, el t\u00e9rmino \u201c(\u2026) para la presentaci\u00f3n de firmas de candidatos inscritos por los grupos significativos de ciudadanos (\u2026)\u201d finaliz\u00f3 el 13 de diciembre de 2017, e, inclusive, el inicio de \u201cla campa\u00f1a presidencial\u201d fue el 27 de enero de 2018. <\/p>\n

Por lo tanto, se despachar\u00e1 desfavorablemente el resguardo por desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad, pues al gestor le ata\u00f1\u00eda elevar las pretensiones aqu\u00ed esbozadas ante las autoridades respectivas previo al fenecimiento de la etapa procesal pertinente y, en caso de obtener una respuesta negativa, agotar los recursos en esa sede y, adem\u00e1s, acudir ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo a trav\u00e9s del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en la regla 138 de la Ley 1437 de 2011, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [T]oda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior (\u2026). <\/p>\n

\u201c(\u2026.) [I]gualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Adem\u00e1s, en el eventual proceso, el quejoso pod\u00eda requerir el decreto de las medidas cautelares que estimase pertinentes a fin de conjurar un posible perjuicio irremediable, con sustento en el precepto 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1.
\n4. Si se dejara de lado lo precedente, atendiendo al fenecimiento de la oportunidad para registrar su candidatura, se concreta una carencia de objeto en este auxilio, el cual se materializa cuando no hay lugar a la expedici\u00f3n de ning\u00fan mandato tutelar, porque la actividad presuntamente conculcadora de las garant\u00edas invocadas \u201cdej\u00f3 de tener vigencia\u201d. <\/p>\n

En casos an\u00e1logos, esta Corporaci\u00f3n ha adoctrinado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]i desaparecen los supuestos de hecho aducidos en la queja, bien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto de la actuaci\u00f3n constitucional\u201d. <\/p>\n

\u201cEn el caso objeto de estudio, la pretensi\u00f3n de los accionantes se dirigi\u00f3 a que se ordenara la inclusi\u00f3n de Ram\u00f3n Andr\u00e9s Ram\u00edrez Uribe, dentro de la lista de candidatos del grupo significativo de ciudadanos \u00abUribe Centro Democr\u00e1tico \u2013 Santander\u00bb a la C\u00e1mara de Representantes por ese departamento\u201d. <\/p>\n

\u201cSin embargo, dicha jornada se llev\u00f3 a cabo el pasado 9 de marzo y tal modificaci\u00f3n no se efectu\u00f3. Por tal motivo, se deduce, que las supuestas irregularidades que motivaron la interposici\u00f3n del mecanismo constitucional perdieron vigencia y por tanto, carecer\u00eda de objeto y resultar\u00eda ineficaz e inocua, una orden de protecci\u00f3n respecto de un proceso electoral que ya se surti\u00f3\u201d. <\/p>\n

\u201cEn un asunto de similar connotaci\u00f3n, la Sala expres\u00f3 que: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [C]como es de dominio p\u00fablico, la \u201cconsulta popular\u201d a cargos de elecci\u00f3n se cumpli\u00f3 el 29 de mayo de 2011 de acuerdo con el calendario electoral previamente se\u00f1alado por la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, de donde emerge que actualmente se est\u00e1 frente a una carencia de objeto por sustracci\u00f3n de materia y cualquier determinaci\u00f3n que como desenlace del tr\u00e1mite se adopte, no tendr\u00eda resonancia alguna, dado que, se reitera, el proceso ya tuvo ocurrencia, lo que impedir\u00eda una eventual procedencia de la protecci\u00f3n de amparo, pues, no puede predicarse la reversibilidad de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que aqu\u00ed se cuestiona\u201d [CSJ STC 7 jul. 2011, Rad. 00179-01] (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

5. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Adem\u00e1s, la regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

6. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.
\nSEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el ejercicio del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb6, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb7; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagadas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la acci\u00f3n de tutela, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional8, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual "La Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales". <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como le son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC,C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC,C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \t\u201c(\u2026) \tLas \tmedidas cautelares podr\u00e1n ser preventivas, conservativas, \tanticipativas o de suspensi\u00f3n, y deber\u00e1n tener \trelaci\u00f3n directa y necesaria con las pretensiones de la \tdemanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podr\u00e1 \tdecretar una o varias de las siguientes medidas:
\n\u201c1. \tOrdenar que se mantenga la situaci\u00f3n, o que se restablezca al \testado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o \tamenazante, cuando fuere posible\u201d.
\n\u201c2. \tSuspender un procedimiento o actuaci\u00f3n administrativa, \tinclusive de car\u00e1cter contractual. A esta medida solo acudir\u00e1 \tel Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de \tconjurar o superar la situaci\u00f3n que d\u00e9 lugar a su \tadopci\u00f3n y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el \tJuez o Magistrado Ponente indicar\u00e1 las condiciones o se\u00f1alar\u00e1 \tlas pautas que deba observar la parte demandada para que pueda \treanudar el procedimiento o actuaci\u00f3n sobre la cual recaiga \tla medida\u201d. \t<\/p>\n

\u201c4. \tOrdenar la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n administrativa, o \tla realizaci\u00f3n o demolici\u00f3n de una obra con el objeto \tde evitar o prevenir un perjuicio o la agravaci\u00f3n de sus \tefectos\u201d.
\n\u201c5. \tImpartir \u00f3rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del \tproceso obligaciones de hacer o no hacer (\u2026)\u201d.
\n2 \tCSJ. \tCivil, sentencia STC3659-2014 de 27 de marzo de 2014, exp. \t2014-00092-01.
\n3 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n7 \tCIDH. Caso \tHeliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de \t2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n8 \tSentencias C-225-1995, C-028-2006, C-35 5-2006 y C-488-2009 entre \totras.
\n20<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC2581-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2018-00004-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 24 de enero de 2018, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101747","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101747","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101747"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101747\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101747"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101747"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101747"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}