{"id":101749,"date":"2026-07-01T18:50:07","date_gmt":"2026-07-01T18:50:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101749"},"modified":"2026-07-01T18:50:07","modified_gmt":"2026-07-01T18:50:07","slug":"stc2583-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2583-2018\/","title":{"rendered":"STC2583-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2583-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2018-00007-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 29 de enero de 2018, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la tutela instaurada por GM Financial Colombia S.A. Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento S.A. en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Guamo, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo \u201cmixto\u201d iniciado por la aqu\u00ed gestora respecto de Leonicio Aldana Gil (QEPD). <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La accionante suplica la protecci\u00f3n de, entre otros, el derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por el acusado. <\/p>\n

2. GM Financial Colombia S.A. Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento S.A. sostiene como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 25 a 27): <\/p>\n

2.1. Dentro del litigio materia de esta salvaguarda, el juzgado convocado libr\u00f3 mandamiento de pago el 30 de julio de 2010. <\/p>\n

2.2. Estando en curso la notificaci\u00f3n del anterior prove\u00eddo al all\u00e1 demandado, ese pleito fue suspendido en virtud de un \u201cproceso de reorganizaci\u00f3n empresarial (Ley 1116 de 2006)\u201d iniciado por el ejecutado. <\/p>\n

2.3. Por el fallecimiento del deudor, se \u201cregres\u00f3 el expediente\u201d al estrado querellado, en donde la tutelante requiri\u00f3 \u201c(\u2026) el emplazamiento de los herederos inciertos e indeterminados de Leonicio Aldana Gil (\u2026) y de su c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, Mar\u00eda Amanda Mej\u00eda Lozano (\u2026)\u201d, a lo cual accedi\u00f3 el juez el 21 de marzo de 2017. <\/p>\n

2.4. El 9 de junio pasado, el funcionario judicial dej\u00f3 sin efectos la determinaci\u00f3n antedicha. <\/p>\n

2.6. Aduce que como consecuencia de lo precedente, ese compulsivo \u201c(\u2026) se encuentra inactivo y cultivando una flagrante prescripci\u00f3n extintiva de la obligaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Implora invalidar lo actuado desde el 9 de junio anterior. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

Se opuso al ruego realzando la legalidad de su proceder (fls. 46 y 47). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

Desestim\u00f3 el resguardo tras inferir: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a parte accionante al interior del proceso no manifest\u00f3 su inconformidad frente a cada una de las providencias censuradas haciendo uso de los recursos ordinarios en las oportunidades procesales se\u00f1aladas por la ley (\u2026)\u201d (fls. 49 a 51). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 la promotora explicando: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]i bien es cierto las decisiones deben ser atacadas mediante los recursos ordinarios, tambi\u00e9n es muy acertado afirmar que entrat\u00e1ndose (sic) de autos ilegales, \u00e9stos no cobran ejecutoria material, y en ese orden de ideas no existir\u00eda el obst\u00e1culo advertido (\u2026)\u201d (fls. 55 a 60). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. GM Financial Colombia S.A. Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento S.A. critica la determinaci\u00f3n de 9 de junio de 2017, donde el despacho querellado dej\u00f3 sin efectos la de 21 de marzo de esa anualidad, en la cual hab\u00eda dispuesto \u201c(\u2026) el emplazamiento de los herederos inciertos e indeterminados de Leonicio Aldana Gil (\u2026) y de su c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, Mar\u00eda Amanda Mej\u00eda Lozano (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Asimismo, objeta las providencias 4 de julio y 9 de agosto de 2017, en donde el juzgador acusado manifest\u00f3 \u201cestarse a lo resuelto en el prove\u00eddo de 9 de junio de 2017\u201d, desestimando los requerimientos efectuados por la hoy quejosa para \u201c(\u2026) permitir que el proceso avanzara con la notificaci\u00f3n de los herederos del litigante fallecido (\u2026)\u201d (sic). <\/p>\n

2. Respecto de las dos primeras decisiones anotadas, la demanda de amparo interpuesta el 16 de enero pasado (fl. 1) no cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto, como se aprecia, no se plante\u00f3 dentro de los seis meses luego del proferimiento de esos autos, tardanza que, por s\u00ed, desvirt\u00faa la finalidad del resguardo impetrado, pues la tutela es un mecanismo creado para la \u201cprotecci\u00f3n inmediata\u201d de los \u201cderechos constitucionales (\u2026) vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u201d (art. 86, C.P.). <\/p>\n

Sobre este aspecto esta Sala, reiteradamente ha puntualizado:
\n\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, si la censora se demor\u00f3 para incoar la salvaguarda constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible al querellado y con repercusi\u00f3n directa en la garant\u00eda fundamental invocada como soporte de tal amparo. <\/p>\n

3. Si se dejara de lado lo precedente, tampoco saldr\u00eda avante el amparo por ausencia del principio de subsidiariedad, pues la ac\u00e1 quejosa no formul\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n procedente frente a ninguna de las tres providencias reprochadas, de conformidad con la regla 318 del C\u00f3digo General del Proceso2. De esta manera, desaprovech\u00f3 la posibilidad de controvertir en el campo id\u00f3neo, esto es, dentro del litigio, las se\u00f1aladas determinaciones. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

En cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha expuesto: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

No se validar\u00e1 el aserto esgrimido por la tutelante en su impugnaci\u00f3n para justificar su comportamiento desidioso, por cuanto, contrario a lo all\u00ed aseverado, las actuaciones reprochadas no son \u201cilegales\u201d, pues se encuentran ejecutoriadas y fueron proferidas por la autoridad judicial competente, sigui\u00e9ndose los derroteros legales aplicables a la materia. <\/p>\n

4. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Adem\u00e1s, la regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7. <\/p>\n

5. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nCORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n

STC2583-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 73001-22-13-000-2018-00007-01 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado, yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

Magistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 73001 22 13 000 2018 00007 01 <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb8, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb9; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nSALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n

Con todo respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito expresar a continuaci\u00f3n las razones por las cuales discrepo de la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3, toda vez que revisado el expediente advierto que lo procedente es salvar voto. <\/p>\n

1. La confirmaci\u00f3n de la negativa a conceder la protecci\u00f3n constitucional reclamada se fund\u00f3 esencialmente en dos razones: La desatenci\u00f3n del principio de inmediatez, y la improcedencia de la acci\u00f3n bajo el entendido de que a ella se acudi\u00f3 para subsanar la desidia de la accionante, quien dentro del proceso no formul\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra las providencias cuya legalidad cuestion\u00f3 en su queja constitucional. <\/p>\n

No obstante, cuando la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales es protuberante y afecta de manera evidente garant\u00edas de superior valor como el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, uno de cuyos componentes es la tutela judicial efectiva, la procedencia del amparo no puede desconocerse, so pretexto de que no se atendieron requerimientos de naturaleza procedimental. <\/p>\n

En ese sentido, la Corte ha considerado en varios de sus pronunciamientos que debe superarse la mencionada exigencia formal ante la trascendencia constitucional del debate planteado, procediendo a analizar si ha existido o no la violaci\u00f3n de garant\u00edas superiores que se alega (CSJ STC, 12 Oct. 2012, Rad. 2012-1545-01; CSJ STC8850-2016, 30 Jun. 2016, Rad. 2016-00186-01; CSJ STC8909-2017, Rad. 2017-01328-00, entre otras). <\/p>\n

Lo anterior \u00aben aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb y atendiendo que la herramienta de la tutela, \u00abno puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos\u00bb, de ah\u00ed que \u00abla mera ausencia de un requisito general de procedencia, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 13 Ago. 2013, Rad. 2013-00093-01). <\/p>\n

Por eso, ni la formulaci\u00f3n tard\u00eda de la solicitud de amparo, ni la falta de utilizaci\u00f3n del mecanismo ordinario de defensa, pueden privar a la tutelante del goce efectivo de sus derechos fundamentales, precisando que, en lo concerniente a la inmediatez, el quebranto denunciado tiene la caracter\u00edstica de permanecer en el tiempo, porque las equivocadas determinaciones de la autoridad accionada han conducido a la inactividad del proceso con repercusi\u00f3n en la eventual configuraci\u00f3n del medio extintivo de la prescripci\u00f3n contra el acreedor demandante, menoscabo que a\u00fan est\u00e1 generando efectos jur\u00eddicos. <\/p>\n

2. En el asunto sub-judice, la Sala debi\u00f3 reparar en que el juzgado accionado incurri\u00f3 en un defecto sustantivo al fundar las decisiones reprochadas por la ejecutante, en normas que de ninguna manera ten\u00edan aplicaci\u00f3n en la controversia por regular una clase de litigio diferente al que hab\u00eda sido puesto bajo su conocimiento, dej\u00e1ndose de aplicar las disposiciones que prove\u00edan la soluci\u00f3n a las cuestiones debatidas en el juicio compulsivo a efectos de dar continuidad al tr\u00e1mite. <\/p>\n

Con lo anterior, quebrant\u00f3 los derechos al debido proceso, defensa, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la ejecutante, vulneraci\u00f3n que hac\u00eda inexcusable la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

En efecto, la juez del conocimiento estim\u00f3 aplicables los preceptos del C\u00f3digo General del Proceso al concluir que como al demandado \u00abno se le alcanz\u00f3 a notificar\u00bb la providencia de mandamiento de pago, porque falleci\u00f3 en el curso de la ejecuci\u00f3n, el tr\u00e1mite \u00abno se puede catalogar como un proceso en curso sino como un proceso nuevo y por consiguiente tiene que someterse \u00edntegramente a la legislaci\u00f3n vigente\u00bb.10 <\/p>\n

En cuanto a las repercusiones que en el tr\u00e1mite generaba la muerte del deudor, concluy\u00f3 la inexistencia de una causal de interrupci\u00f3n por ese hecho, debido a que no se pod\u00eda \u00abhablar de proceso\u00bb, por cuanto \u00abno se ha trabado la litis\u00bb, raz\u00f3n por la cual tampoco era necesaria la citaci\u00f3n de los herederos como sucesores procesales. <\/p>\n

En los prove\u00eddos siguientes y en respuesta a las peticiones presentadas por el apoderado judicial de la ejecutante, en las que manifest\u00f3 su inconformidad con la tesis planteada por la juzgadora, \u00e9sta orden\u00f3 estarse a lo resuelto, de modo que no adopt\u00f3 las medidas legales tendientes a redireccionar la actuaci\u00f3n bajo las disposiciones aplicables al asunto. <\/p>\n

3. El an\u00e1lisis contenido en la determinaci\u00f3n adoptada por la Sala, eludi\u00f3 las evidentes desviaciones del ordenamiento jur\u00eddico en que incurri\u00f3 la autoridad judicial accionada, pues desconoci\u00f3 que la existencia del proceso judicial se predica desde que la demanda es sometida al conocimiento del juez competente y no a partir de la integraci\u00f3n del contradictorio o del momento en que \u00abse traba la litis\u00bb, por lo que carece de toda justificaci\u00f3n legal la calificaci\u00f3n que le dio al tr\u00e1mite de no ser un \u00abproceso en curso\u00bb, sino un \u00abproceso nuevo\u00bb para efectos del tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n procesal. <\/p>\n

La consideraci\u00f3n anterior, am\u00e9n de notoriamente desacertada, result\u00f3 lesiva del derecho al debido proceso de las partes, pues ignor\u00f3 que el legislador fij\u00f3 una serie de reglas cuya observancia es obligatoria para el juzgador con miras a determinar si las controversias puestas bajo su conocimiento continuaban regidas por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil o entraban bajo la regulaci\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso, situaci\u00f3n que depend\u00eda, esencialmente, de la fase en que se encontraban o de las actuaciones surtidas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva reglamentaci\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed, el art\u00edculo 625 del \u00faltimo estatuto citado estableci\u00f3, que trat\u00e1ndose de procesos ejecutivos, los que estuvieran en curso se tramitar\u00edan \u00abhasta el vencimiento del t\u00e9rmino para proponer excepciones con base en la legislaci\u00f3n anterior\u00bb y vencido dicho t\u00e9rmino \u00abel proceso continuar\u00e1 su tr\u00e1mite conforme a las reglas establecidas en el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (el subrayado es propio). <\/p>\n

En virtud de la preanotada regla y dado que la ejecuci\u00f3n promovida por la sociedad tutelante inici\u00f3 con demanda asignada por reparto el 29 de enero de 2010 y para la fecha en que comenz\u00f3 a regir el estatuto procesal general no se hallaba fenecida la oportunidad para formular excepciones, teniendo en cuenta que a ese momento ni siquiera se hab\u00eda notificado la orden de pago al deudor, la juez accionada estaba en la obligaci\u00f3n de tramitar el proceso conforme a las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil hasta que venciera el t\u00e9rmino para excepcionar se\u00f1alado en esa normatividad, de ah\u00ed que al concluir lo contrario, obr\u00f3 en contrav\u00eda de lo estatuido por el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n

Por otra parte, los art\u00edculos 1289 del C\u00f3digo Civil y 492 del C\u00f3digo General del Proceso si bien aluden al derecho del asignatario de aceptar la herencia o de repudiarla y la obligaci\u00f3n del juez de requerirlo para que efect\u00fae esa declaraci\u00f3n, llamamiento que se extiende al c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero sobreviviente para que indique si opta por gananciales, porci\u00f3n conyugal o marital, seg\u00fan el caso, son preceptos que no eran aplicables a la controversia conocida por la accionada, porque su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n se encuentra en el proceso de sucesi\u00f3n y no en la acci\u00f3n de recaudo judicial. <\/p>\n

En consecuencia, la juzgadora incurri\u00f3 en un grave equ\u00edvoco al ordenar el previo requerimiento a los herederos y esposa del deudor a fin de que en el plazo conferido por la primera de las normas precitadas11, realizaran la manifestaci\u00f3n correspondiente en relaci\u00f3n con la herencia, porque la norma aplicable era el art\u00edculo 81 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, conforme al cual si los herederos que fueron notificados del mandamiento ejecutivo \u00abno manifiestan su repudio de la herencia\u00bb en el t\u00e9rmino para proponer excepciones \u00abse considerar\u00e1 que para efectos procesales la aceptan\u00bb. <\/p>\n

De la misma manera, al considerar que no se produjo la interrupci\u00f3n del proceso con la muerte del demandado, dej\u00f3 de aplicar el art\u00edculo 168 ejusdem, a cuyo tenor \u00abel proceso o la actuaci\u00f3n posterior a la sentencia se interrumpir\u00e1: 1. Por muerte o enfermedad grave de la parte que no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad litem\u00bb12, hecho que se present\u00f3 en el proceso adelantado por la accionante, ante el cual la funcionaria judicial, tan pronto tuvo conocimiento del mismo, debi\u00f3 proceder de la forma se\u00f1alada en el precepto siguiente, esto es, ordenar la citaci\u00f3n del c\u00f3nyuge, los herederos, el albacea con tenencia de bienes o del curador de la herencia yacente, seg\u00fan fuere el caso. <\/p>\n

Cumplido lo anterior y vencidos los diez d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de los citados -t\u00e9rmino que la ley les otorga para que comparezcan-, \u00abo antes cuando concurran o designen nuevo apoderado, se reanudar\u00e1 el proceso\u00bb, para continuar con ellos el tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n, toda vez que en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 60 \u00eddem tienen la calidad de sucesores procesales del deudor. <\/p>\n

4. El manifiesto desconocimiento de las normas adjetivas aplicables a la controversia, acto que acarre\u00f3 la vulneraci\u00f3n flagrante de los derechos fundamentales de la tutelante, impon\u00eda, en mi criterio, la intervenci\u00f3n de la Corte como juez de tutela. <\/p>\n

En consecuencia, a mi juicio, deb\u00eda revocarse la sentencia proferida por el a quo constitucional y en su lugar, dejar sin efecto las providencias reprochadas y ordenar a la accionada adoptar las medidas tendientes a la citaci\u00f3n de las personas referidas por la ley como sucesores procesales del deudor a fin de proseguir con ellos el tr\u00e1mite del proceso. <\/p>\n

5. Por otra parte, en lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente en los asuntos de tutela entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la indicada acci\u00f3n, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional13, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual \u201cLa Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales\u201d. <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como lo son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente, y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC, C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando aborde el tema del control de convencionalidad para llevar a cabo un estudio serio, riguroso y detallado sobre \u00e9ste, pues las afirmaciones consignadas al respecto en la providencia corresponden a una opini\u00f3n personal del ponente. <\/p>\n

Si en gracia de discusi\u00f3n se admitiera su aplicabilidad, lo que se evidencia es que no se realiz\u00f3, pues de haberse efectuado se habr\u00eda encontrado quebrantada la garant\u00eda que consagra el art\u00edculo 8\u00ba (numeral 1\u00ba) del instrumento internacional al que se aludi\u00f3, dado que a la tutelante no se le asegur\u00f3 el goce de su derecho a ser o\u00eddo por un \u00abjuez o tribunal competente\u00bb para la \u00abdeterminaci\u00f3n de sus derechos\u00bb de orden civil. <\/p>\n

Adem\u00e1s, con la decisi\u00f3n adoptada en esta sede no se le garantiz\u00f3 la disponibilidad de un \u00abrecurso efectivo\u00bb para protegerla de actos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, aun si el quebranto se produjere en ejercicio de una funci\u00f3n p\u00fablica como la judicial, como tampoco se resguard\u00f3 su prerrogativa de que la \u00abautoridad competente prevista por el sistema legal del Estado\u00bb decida \u00absobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso\u00bb (art. 25 numerales 1 y 2 de la Convenci\u00f3n), pues en este caso, a pesar de la protuberante violaci\u00f3n de garant\u00edas supralegales, la Sala hizo prevalecer condiciones formales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela sobre los derechos sustanciales involucrados. <\/p>\n

En los t\u00e9rminos que preceden, dejo consignadas las razones de mi disenso con lo decidido. <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. \tSTC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. \t2011, Rad. 2011-02245-00 <\/p>\n

3 \tCSJ. \tSTC. 11 \tabr. 2011, rad. \t00043-01; \treiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, \trad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente.
\n4 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de \t28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y \tel 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y \t2012-02127-00.
\n5 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n6 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n7 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n8 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n9 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n10 \tFolio 14, cno. 1.
\n11 \tDe acuerdo con esta norma, el asignatario \u00abser\u00e1 \tobligado, en virtud de demanda de cualquiera persona interesada en \tello, a declarar si acepta o repudia; y har\u00e1 esta declaraci\u00f3n \tdentro de los cuarenta d\u00edas siguientes al de la demanda\u00bb, \tplazo que puede aumentarse a un a\u00f1o en caso de ausencia, \tubicaci\u00f3n distante de los bienes heredados, o de otro grave \tmotivo, y en ese periodo \u00abno \tser\u00e1 obligado al pago de ninguna deuda hereditaria o \ttestamentaria\u00bb.
\n12 \tDebido a la derogatoria del art\u00edculo 1434 del C.C por el art. \t626 (literal c) \tdel C.G.P., se aplica esta causal de interrupci\u00f3n en lugar de \tla prevista en el numeral 3\u00b0.
\n13 \tSentencias \tC-225-1995, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009 entre otras.
\n22<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC2583-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2018-00007-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 29 de enero de 2018, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101749","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101749","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101749"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101749\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101749"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101749"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101749"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}