{"id":101750,"date":"2026-07-01T18:50:14","date_gmt":"2026-07-01T18:50:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101750"},"modified":"2026-07-01T18:50:14","modified_gmt":"2026-07-01T18:50:14","slug":"stc2584-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2584-2018\/","title":{"rendered":"STC2584-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2584-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2017-01117-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, veintis\u00e9is (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 17 de enero de 2018, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jaime Castro Ortiz, contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con ocasi\u00f3n del asunto disciplinario seguido respecto del aqu\u00ed interesado. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, \u201ca la prueba\u201d y defensa, presuntamente quebrantadas por las autoridades jurisdiccionales querelladas. <\/p>\n

2. De las manifestaciones del petente y de la informaci\u00f3n vertida en el expediente, se extraen como fundamentos del reclamo, en s\u00edntesis, los siguientes: <\/p>\n

2.1. El 22 de enero de 2014, ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, se iniciaron diligencias disciplinarias frente al interesado, con ocasi\u00f3n de la queja formulada por el exmilitar \u00c1lvaro Gamba Quiroga, derivada del presunto incumplimiento de los deberes que como defensor ten\u00eda en el juicio penal seguido en su contra. <\/p>\n

2.2. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, en sentencia de 10 de agosto de 2016, el precitado juzgador, tras estimar infringidas las obligaciones dimanadas de su condici\u00f3n de abogado, lo conden\u00f3 a un a\u00f1o de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n. <\/p>\n

2.3. Respecto de esa determinaci\u00f3n, el querellado impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n y solicit\u00f3 la nulidad por falta de competencia territorial; pedimentos ambos despachados desfavorablemente por el Consejo Superior de la Judicatura el 26 de abril de 2017. <\/p>\n

3. Tras aducir que la salvaguarda es tempestiva porque la sanci\u00f3n se registr\u00f3 en agosto de 2017, exige, en concreto, anular las diligencias surtidas \u201c(\u2026) incluso hasta el momento de la apertura de la investigaci\u00f3n\u201d, y rehacer las actuaciones (fl. 40). <\/p>\n

4. Del extenso ruego tuitivo (fls. 1-41), se colige que cuestiona espec\u00edficamente (i) la carencia de atribuciones del colegiado de primer grado para conocer del decurso, pues el negocio jur\u00eddico base de la denuncia disciplinaria se ejecut\u00f3 en Medell\u00edn y no en esta capital; y (ii) el indebido rechazo de los testimonios de M\u00e1ximo Duque Piedrahita, Nicasio Mart\u00ednez y Armel Guzm\u00e1n, conducentes a demostrar la rectitud de su gesti\u00f3n. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

El Consejo Superior de la Judicatura se opuso a las s\u00faplicas, y recalc\u00f3 no haber violado garant\u00eda alguna (fls. 75-82); similar manifestaci\u00f3n elev\u00f3 el Consejo Seccional fustigado, quien a\u00f1adi\u00f3 que la Corte Suprema de Justicia carec\u00eda de competencia para conocer del amparo, por cuanto deb\u00eda aplicarse la \u201cexcepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u201d frente al Decreto 1983 de 2017 (fls. 75-82). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

Rechaz\u00f3 el pedimento enfilado al empleo de la \u201cexcepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u201d, argumentando que exist\u00eda otra v\u00eda para cuestionar la licitud del mencionado Decreto 1983 de 2017, la \u201cacci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho\u201d, cuyo ejercicio posibilitaba requerir, ante la autoridad judicial correspondiente, su suspensi\u00f3n. <\/p>\n

Finalmente, desestim\u00f3 la salvaguarda porque de las decisiones confutadas no se desprend\u00eda irregularidad ninguna susceptible de permitir la injerencia del juez constitucional (fls. 119-133). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el promotor, insistiendo en los argumentos esbozados en el libelo genitor (fls. 158-162). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El presente auxilio se cifra en establecer si con la actuaci\u00f3n desplegada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 y el Consejo Superior de la Judicatura se violentaron los derechos de Jaime Castro Ortiz, al sancionarlo con suspensi\u00f3n de un (1) a\u00f1o en el ejercicio de la profesi\u00f3n. <\/p>\n

2. De entrada, se advierte el fracaso del reclamo, porque el amparo interpuesto el 6 de diciembre de 2017 (Cfr. fl. 61), no cumple el requisito de inmediatez, por cuanto, como se aprecia, no se plante\u00f3 dentro de los seis meses siguientes desde cuando se expidi\u00f3 la resoluci\u00f3n de segundo grado censurada, vale decir, la del 26 de abril de esa anualidad, con la cual se clausur\u00f3 todo el debate en el comentado juicio. <\/p>\n

Esa tardanza, por s\u00ed misma, desvirt\u00faa la finalidad del resguardo, pues la tutela es un mecanismo creado para la \u201cprotecci\u00f3n inmediata\u201d de los \u201cderechos constitucionales (\u2026) vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u201d (art. 86, C.P.). <\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo reci\u00e9n razonado esta Corporaci\u00f3n, reiteradamente, ha puntualizado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, si el censor se demor\u00f3 para incoar la salvaguarda constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible a las querelladas y con repercusi\u00f3n directa en la garant\u00eda fundamental invocada como soporte de tal amparo. <\/p>\n

3. Para la Sala, la tesis esgrimida por el opugnador, en aras de justificar el retardo en la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n, no es de recibo, por cuanto es patente, el supuesto quebranto de sus prerrogativas se produjo, sin atisbo de duda, con la decisi\u00f3n de segundo grado expedida el 26 de abril de 2017, por tanto, desde esa fecha estaba facultado para hacer uso de esta protecci\u00f3n; empero, como se vio, no actu\u00f3 de esa manera. <\/p>\n

4. Al margen de lo descrito, se advierte asimismo la improcedencia del auxilio pues la providencia dictada por el Consejo Superior de la Judicatura, y en cuya virtud, se insiste, finiquit\u00f3 el comentado litigio (fls. 44-60), no se muestra irregular hasta el punto de poderse predicar, respecto de ella, la existencia de una v\u00eda de hecho, porque en su cuerpo se explicitaron las razones por las cuales era inviable atender los argumentos de la nulidad y los de la alzada. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo primero, en lo medular adujo el sentenciador: <\/p>\n

\u201cSe tienen como argumentos del investigado para solicitar la nulidad que el a quo [es decir, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1], no era el competente territorialmente para conocer sobre la queja presentada por el se\u00f1or \u00c1lvaro Alfredo Gamba, pues el contrato de prestaci\u00f3n de servicios firmado entre el quejoso y el investigado fue firmado en la ciudad Medell\u00edn (sic) (\u2026). Sobre lo anterior, considera la Sala que dichos argumentos no tienen \u00e1nimo de prosperar en esta instancia, pues al investigado ya en primera instancia en audiencia de 19 de febrero de 2015, se le respondi\u00f3 esta solicitud, en \u00e9sta oportunidad procesal estim\u00f3 la magistrada que no hab\u00eda conflicto en el expediente, ya que exist\u00eda competencia prevalente al tratarse de hechos parcialmente ocurridos en Bogot\u00e1\u201d. <\/p>\n

Tampoco estim\u00f3 procedentes las premisas de la apelaci\u00f3n, sustentadas en la presunta ilegalidad del fallo de primera instancia, derivada de la ausencia de pr\u00e1ctica del testimonio de M\u00e1ximo Duque Piedrahita, por cuanto <\/p>\n

\u201cCon respecto a que no fue practicada la prueba solicitada por el investigado la cual era escuchar en testimonio al se\u00f1or M\u00e1ximo Duque, esta Sala considera que la petici\u00f3n (\u2026) no est\u00e1 llamada a prosperar, puesto que en audiencia del 9 de diciembre de 2015, la magistrada de instancia decret\u00f3 escuchar en testimonio al se\u00f1or M\u00e1ximo Duque, el cual fue citado para declarar el 19 de febrero de 2016, como consta a folio 176 del cuaderno de primera instancia, pero la no asistencia a la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n del se\u00f1or M\u00e1ximo Duque no se le puede achacar al fallador de primera instancia, adem\u00e1s el investigado pod\u00eda volver a solicitar la pr\u00e1ctica de la mencionada prueba, hasta que se lo permitiera la Ley, pues cada etapa dentro del proceso es preclusiva y si el investigado no volvi\u00f3 a solicitar la pr\u00e1ctica del testimonio por medio de sus apoderados (\u2026) ello no puede ser considerado como actuaci\u00f3n irregular del juez a quo\u201d. <\/p>\n

El labor\u00edo de la convocada, orientado a desestimar los motivos de la censura all\u00ed propuesta, no se muestra arbitrario ni irracional, pues correspondi\u00f3 a una ex\u00e9gesis plausible de las normas que gobiernan el proceso disciplinario, en particular de las ata\u00f1ederas tanto a la instituci\u00f3n de las nulidades (arts. 98-101 Ley 1123 de 2007) como a los aspectos probatorios (arts. 84-97, ib\u00eddem), descart\u00e1ndose, en consecuencia, la v\u00eda de hecho atribuida por el interesado. <\/p>\n

Seg\u00fan lo ha expresado esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

5. Tampoco sale avante la queja relativa a la falta de pr\u00e1ctica de las declaraciones de los testigos Nicasio Mart\u00ednez y Armel Guzm\u00e1n, porque se trata de un punto que no fue discutido, as\u00ed se verifica de lo dicho por el reclamante, en la alzada interpuesta contra la sentencia de primera instancia3. <\/p>\n

Siendo la apelaci\u00f3n, medio de \u201c(\u2026) protesta y rebeld\u00eda contra lo resuelto por los grados inferiores\u201d4, y la \u201c(\u2026) v\u00eda abierta por el ordenamiento jur\u00eddico para que los litigantes hagan sentir ante el superior su inconformidad con los prove\u00eddos de las jurisdicciones inferiores\u201d5, emerge palmario que el descuido del impulsor le cierra el paso a esta justicia, en atenci\u00f3n a su naturaleza subsidiaria. <\/p>\n

Sobre ese aspecto, la Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [l]a incuria (\u2026) no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

6. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El convenio citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Complementariamente, la regla 93 ej\u00fasdem, dispone: <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9. <\/p>\n

7. De acuerdo a lo discurrido, se convalidar\u00e1 el fallo examinado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tCONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el ejercicio del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb10, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb11; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagadas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la acci\u00f3n de tutela, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional12, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual "La Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales". <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como le son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC,C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC,C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1\u0002 \tCSJ. STC. 14 Sep. 2007, \tExp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. \t2011-02245-00.
\n2\u0002 \tCSJ. STC de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n3\u0002 \tVer \tac\u00e1pite \u201cla \tapelaci\u00f3n\u201d en \tla sentencia de segundo grado, emitida por el Consejo Superior de la \tJudicatura (fls. 51-52). <\/p>\n

5\u0002 \tCSJ. SC. \u00cddem.
\n6\u0002 \tCSJ. STC. 11 abr. 2011, \trad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de \tnoviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, \trespectivamente.
\n7\u0002 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n8\u0002 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n9\u0002 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n10\u0002 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n11\u0002 \tCIDH. Caso \tHeliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de \t2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n12\u0002 \tSentencias C-225-1995, C-028-2006, C-35 5-2006 y C-488-2009 entre \totras.
\n12<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC2584-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2017-01117-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, veintis\u00e9is (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 17 de enero de 2018, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101750","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101750","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101750"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101750\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101750"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101750"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101750"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}