{"id":101752,"date":"2026-07-01T18:50:24","date_gmt":"2026-07-01T18:50:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101752"},"modified":"2026-07-01T18:50:24","modified_gmt":"2026-07-01T18:50:24","slug":"stc2717-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2717-2018\/","title":{"rendered":"STC2717-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2717-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-00370-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Inversiones Betania S.A. contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa misma ciudad, extensiva a la Agencia Nacional de Tierras, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n

Por tanto, solicit\u00f3 \u00abse decrete la [nulidad] de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito dentro del proceso de pertenencia (\u2026) interpuesto por la [accionante] contra personas indeterminadas (\u2026) y la sentencia proferida por el Tribunal Superior de (\u2026) Cartagena\u00bb; en consecuencia, se ordene \u00abla prueba que se dej\u00f3 de practicar, la cual fue decretada de oficio por [el a quo]\u00bb. <\/p>\n

2.\tSon hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n

2.1. Inversiones Betania S.A. promovi\u00f3 demanda de pertenencia en contra de \u00abpersonas indeterminadas\u00bb, con la finalidad de que se declarara que obtuvo, por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva, el dominio del predio \u00abubicado en la isla de Tierra Bomba (\u2026) demarcado con el n\u00famero de nomenclatura urbana (\u2026) Kra. 3 No. 6-238\u00bb de Cartagena. <\/p>\n

2.2. Con miras a dilucidar la naturaleza del inmueble en disputa (privada o p\u00fablica), el a quo dispuso, oficiosamente, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 17 de agosto de 2016, requerir a la Agencia de Nacional de Tierras para que \u00aballegara al proceso la clarificaci\u00f3n de la calidad de la propiedad que se pretende usucapir\u2026 (si es (\u2026) privada, bald\u00eda o si pertenece al Estado)\u2026\u00bb. <\/p>\n

2.3. El 11 de mayo de 2017, sin que arribara la informaci\u00f3n solicitada a la prenotada entidad p\u00fablica, el juzgado accionado profiri\u00f3 sentencia desestimatoria de las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la actora.
\n2.4. Admitida la alzada, el Tribunal convoc\u00f3 a las partes a audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, oportunidad en la que la promotora solicit\u00f3 evacuar el elemento de juicio decretado de oficio por el fallador de primer grado, petici\u00f3n que neg\u00f3 el ad quem. Seguidamente, en esa misma diligencia, se dict\u00f3 sentencia de segunda instancia, que confirm\u00f3 la providencia censurada. <\/p>\n

2.5. Por v\u00eda de tutela, argument\u00f3 la demandante que \u00abla inobservancia del deber de practicar la prueba decretada de oficio, [le] acarre\u00f3 graves consecuencias\u00bb, al no poder demostrar que el predio en litigio era un bien susceptible de adquirirse por prescripci\u00f3n, siendo \u00abf\u00e1cil para la Agencia Nacional de Tierras conceptuar sobre el (\u2026) lote\u00bb; y que esa entidad \u00abal no contestar la orden judicial (\u2026) en tiempo prudencial (\u2026), ha incurrido en el delito de [fraude a resoluci\u00f3n judicial] y (\u2026) [fraude procesal]\u00bb, por lo que solicit\u00f3 que \u00abse compulsen copias a las autoridades respectivas\u2026\u00bb. <\/p>\n

2.6. Agreg\u00f3 que el Tribunal \u00aberr\u00f3 (\u2026) al predicar que el recurrente, hab\u00eda solicitado [prueba de oficio]\u00bb, pues lo \u00abque se pretend\u00eda era que validara la prueba que [el a quo] hab\u00eda decretado oficiosamente\u2026\u00bb. <\/p>\n

3.\tLa Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena expres\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno a la Sociedad actora, quien pretende por esta v\u00eda preferente y sumaria atacar una decisi\u00f3n debidamente fundamentada y motivada en la normatividad y jurisprudencia del caso\u00bb. <\/p>\n

2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.
\n2. As\u00ed las cosas, considera la Corte que esta acci\u00f3n constitucional est\u00e1 llamada al fracaso, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la sentencia de 23 de octubre de 2017, que confirm\u00f3 la que dict\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, el 11 de mayo de esas mismas calendas, explic\u00f3 los motivos por los que no pod\u00eda prosperar la demanda de pertenencia que instaur\u00f3 la quejosa, respecto de lo cual se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026 para la prosperidad de la pretensi\u00f3n de pertenencia, corresponde establecer (\u2026) que el bien sea susceptible de adquirirse por prescripci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n

Frente a este requisito, el art\u00edculo 2519 del C\u00f3digo Civil, fue claro al advertir que \u201clos bienes de uso p\u00fablico no se prescriben en ning\u00fan caso\u201d, y el numeral 4 del art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso, reiter\u00f3 lo anteriormente diciendo: \u201cla declaraci\u00f3n de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico\u201d, lo que significa a la saz\u00f3n, que por regla de principio, no es posible adquirir por prescripci\u00f3n bienes considerados como p\u00fablicos. <\/p>\n

Siendo las cosas de ese modo, es a la parte demandante a quien le incumbe entrar a demostrar que el bien que pretende prescribir no ostenta ese car\u00e1cter, y para ello el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso, ense\u00f1a que \u201ca la demanda deber\u00e1 acompa\u00f1arse un certificado del registrador de instrumentos p\u00fablicos en donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o que no aparece ninguna como tal\u201d, partiendo que, si no aparece persona alguna como titular de dominio, se presume que es un bien bald\u00edo. <\/p>\n

En el asunto, se anex\u00f3 certificado expedido por el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos, en donde se certific\u00f3 que no existe persona alguna como titular del derecho real de dominio sobre el bien, situaci\u00f3n que en una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de lo dispuesto en el art\u00edculos 1\u00ba de la ley 200 de 1936, con el art\u00edculo 65 de la Ley 160 de 1994, 675 del C\u00f3digo Civil y 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, hacen presumir que se trata de un bien bald\u00edo y, por lo tanto, no susceptible de ser adquirido por v\u00eda de prescripci\u00f3n como lo ha venido reiterando (\u2026) la Corte Constitucional, entre otras, en sentencias T-488 de 2014, T-293 de 2016, T-548 de 2016, T-549 de 2016, T-461 de 2016 y T-407 de 2017. <\/p>\n

Pero como lo ha venido sosteniendo la Corte, se trata de una presunci\u00f3n iuris tantum que, por consiguiente, admite prueba en contrario, pero que en todo caso la carga debe asumirla quien pretenda derruirla para adquirir el bien por la v\u00eda de prescripci\u00f3n, tal y como lo estableci\u00f3 la Corte en sentencia STC1675 de 2017… <\/p>\n

Al volcar la mirada al caso, efectivamente, se evidencia que el certificado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, es clara en indicar que \u201cno se encontr\u00f3 persona alguna como titular del derecho real sujeto a registro del bien\u201d, en cuyo caso (\u2026) aplica la presunci\u00f3n de tratarse de un bien bald\u00edo de conformidad a lo dispuesto en el art\u00edculo 675 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

Y es que, si nos atenemos a los relatos efectuados por Ana Cleotilde Amaya Orozco, Noel Enrique Cardale Carmona y Jorge Luis Medina Padilla, en un estudio en conjunto, no permiten clarificar la titularidad del bien, en especial, para aniquilar la presunci\u00f3n de bald\u00edo que recae sobre el mismo y, se insiste, en este caso es a la parte actora a quien incumbe entrar a desvirtuar la presunci\u00f3n en donde se privilegia (\u2026) los (\u2026) bienes p\u00fablicos. <\/p>\n

Se ha reiterado tambi\u00e9n que para efectos de determinar la naturaleza de un inmueble, que como en este caso, carece de antecedentes registrales, se puede acudir al tr\u00e1mite de la clarificaci\u00f3n de la propiedad establecido en el art\u00edculo 48 de la ley 160 de 1994, reglamentado inicialmente por el Decreto 2663 de 1994, despu\u00e9s por el Decreto 1465 del a\u00f1o 2013 que los ajust\u00f3 al C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (\u2026) y ahora regulados por el Decreto 1071 de 2015, en virtud del cual, se le impuso al particular la carga de entrar a demostrar la propiedad privada. <\/p>\n

En efecto, la Corte Suprema de Justicia, se refiri\u00f3 sobre este particular (\u2026): \u201c\u2026 la Ley 160 de 1994 modific\u00f3 lo anterior, pues le impuso al particular la carga de demostrar la propiedad privada, lo que claramente se colige de los apartes destacados por la Sala del art\u00edculo 48 transcrito, y as\u00ed lo dispuso el art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 2663 de 1994 que la reglament\u00f3 al estatuir que en \u00ablas diligencias administrativas de clarificaci\u00f3n de la propiedad y en los procesos judiciales que se sigan como consecuencia del mismo, la carga de la prueba corresponde a los particulares\u00bb, lo que fue ratificado por el art\u00edculo 2.14.19.2.7. del Decreto 1071 de 2015, y tal procedimiento (\u2026) podr\u00e1 adelantarse cuando, por cualquier raz\u00f3n, el Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio P\u00fablico, las comunidades u organizaciones campesinas, las entidades p\u00fablicas o \u00abcualquier persona natural o jur\u00eddica\u00bb considere que el predio podr\u00eda ser bald\u00edo\u201d (STC2618 de (\u2026) 2017). <\/p>\n

De lo anterior se desprende, que desde otrora, cualquier persona contaba con la posibilidad de clarificar la situaci\u00f3n de un bien inmueble ante la presunci\u00f3n de ser bald\u00edo, inicialmente, ante el Incoder, hoy ante la Agencia Nacional de Tierras, por lo que no le asiste raz\u00f3n al recurrente al afirmar que no era posible acudir a dicho tr\u00e1mite ante la desaparici\u00f3n del Incoder en el a\u00f1o 2015, y menos si se tiene en cuenta que dicha entidad ya ha emitido un pronunciamiento en torno del car\u00e1cter p\u00fablico y privado de los predios ubicados en la Isla Tierrabomba, a partir del cual la sociedad contaba con los mecanismos para efectos de entrar a determinar si el bien es prescriptible\u2026 <\/p>\n

Sobre la prueba de oficio que decret\u00f3 el a quo, precis\u00f3 el Tribunal: <\/p>\n

Y valga indicar que en el asunto, la Jueza de conocimiento dentro de su facultad oficiosa, decidi\u00f3 requerir a la Agencia Nacional de Tierras para que informara sobre la calidad o naturaleza del bien inmueble que se pretende adquirir por prescripci\u00f3n, pero ante el silencio de dicha entidad, le correspond\u00eda proferir decisi\u00f3n de fondo teniendo como base el material probatorio incorporado al proceso, sin que ese mutismo se pueda tomar como una aquiescencia de ser privado y menos como una causal de suspensi\u00f3n del proceso debido a que no se estructura ninguna de las causales previstas en el art\u00edculo 161 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

No sobra acotar, que en este caso existe libertad probatoria para demostrar que se trata un bien privado y no p\u00fablico, no siendo suficiente la manifestaci\u00f3n de testigos sobre actos propios de due\u00f1o, por manera que al no ser desvirtuada la presunci\u00f3n de tratarse de un bien bald\u00edo, no era posible acceder a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa es una diferencia de criterio acerca de la manera como el Tribunal accionado interpret\u00f3 las normas que regulan la pertenencia y valor\u00f3 las pruebas recaudadas, concluyendo que la demandante incumpli\u00f3 con la carga probatoria que le correspond\u00eda, toda vez que no logr\u00f3 desvirtuar la presunci\u00f3n de bald\u00edo que reca\u00eda sobre el bien pretendido en usucapi\u00f3n, al carecer de antecedentes registrales; adem\u00e1s, destac\u00f3 que el proceso no pod\u00eda permanecer paralizado a la espera de respuesta por parte de la Agencia Nacional de Tierras, por lo que resultaba procedente proferir decisi\u00f3n de fondo, a pesar de no haberse evacuado la prenotada prueba de oficio. <\/p>\n

En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n

3. Aunado a lo anterior, encuentra la Corte que la gestora del amparo desaprovech\u00f3 los mecanismos ordinarios de defensa judicial que tuvo a su alcance, para la salvaguarda de sus garant\u00edas constitucionales, toda vez que omiti\u00f3 formular recurso de s\u00faplica contra el prove\u00eddo dictado en audiencia de 23 de octubre de 2017, mediante el cual el Tribunal neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba de oficio que decret\u00f3 el juez de primer grado, escenario en el que bien pudo debatir las inconformidades que sobre tal cuesti\u00f3n esgrimi\u00f3 por v\u00eda de tutela. <\/p>\n

De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n

Entonces, si la demandante desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n

(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n

4. Finalmente, respecto a la solicitud de compulsar copias por la omisi\u00f3n achacada a la Agencia Nacional de Tierras, es necesario precisar que si la quejosa considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular por parte de la mencionada entidad, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n

Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n

\u2026 es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016).
\n5. Lo anterior es suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2717-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-00370-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Inversiones Betania S.A. contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101752","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101752","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101752"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101752\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101752"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101752"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101752"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}