{"id":101761,"date":"2026-07-01T18:51:40","date_gmt":"2026-07-01T18:51:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101761"},"modified":"2026-07-01T18:51:40","modified_gmt":"2026-07-01T18:51:40","slug":"stc2737-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2737-2018\/","title":{"rendered":"STC2737-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2737-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00379-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Automotores Llano Grande S.A. contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Magistrada Gloria Esperanza Malaver de Bonilla, tr\u00e1mite al que fueron citados el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad y las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil contractual No. 2014-00128-00. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa apoderada de la sociedad, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada en la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2017, dentro del juicio referido que promovi\u00f3 Elizabeth Silva Castro contra esa sociedad y General Motors Colmotores SAS, al aceptar \u00abcomo probado un acontecimiento, que no forma parte del acervo probatorio, lo cual dio origen a la revocatoria de la sentencia proferida por el a quo, ya que con esas suposiciones consider\u00f3 estar demostrado el da\u00f1o y la culpa del demandado. Irregularidad procesal que fue decisiva y determinante en la sentencia que se demanda, variante esta que se conoce como falso juicio de existencia por suposici\u00f3n\u00bb (f. 25). <\/p>\n

Pide que se deje sin efecto el fallo mencionado, y, \u00abordenar proferir la que en derecho corresponde\u00bb (f. 25). <\/p>\n

2. En apoyo de lo anterior, se aduce, en s\u00edntesis, que la demandante pretendi\u00f3 el resarcimiento de perjuicios por \u00abhaber padecido una larga espera a fin de lograr hacer efectiva la garant\u00eda\u00bb de un veh\u00edculo que compr\u00f3 al concesionario Llano Grande S. A. de Yopal, y afirm\u00f3 que tuvo que acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio en protecci\u00f3n de su derecho de consumidor, quien orden\u00f3 la entrega de un carro nuevo y pagar los gastos respecto de tr\u00e1mites y matricula, adem\u00e1s que, por 27 meses tuvo que pagar arrendamiento de un veh\u00edculo, por la suma de $35\u2019400.00. <\/p>\n

Sostiene que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, que en sentencia de 11 de julio de 2017 neg\u00f3 las pretensiones al concluir que no existi\u00f3 el da\u00f1o aducido porque era el ex esposo de Elizabeth Silva Castro quien cancelaba los c\u00e1nones de arrendamiento y, por lo tanto, su patrimonio no se vio afectado, y al no demostrarse tampoco la culpa del demandado consider\u00f3 innecesario realizar el estudio del nexo de causalidad. <\/p>\n

Manifiesta que apelada la decisi\u00f3n por el apoderado de la demandante, el Tribunal accionado la revoc\u00f3 el 29 de noviembre de 2017, y declar\u00f3 civil y contractualmente responsable a la sociedad Automotores del Llano S.A., por el incumplimiento tard\u00edo de la garant\u00eda del contrato de compraventa del veh\u00edculo marca Chevrolet Aveo Emotion, de placas DYX 993 y la conden\u00f3 a pagarle a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n de perjuicios materiales la suma de $33\u2019526.667. <\/p>\n

Explica que la nombrada Corporaci\u00f3n incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, porque fundament\u00f3 la decisi\u00f3n \u00aben meras suposiciones ya que no se demostr\u00f3 que el patrimonio de la demandante se hubiese mermado\u00bb, porque si bien un tercero puede pagar por el deudor conforme lo establece el art\u00edculo 1630 del C\u00f3digo Civil, \u00abel cuestionamiento esta dado a determinar qu\u00e9 afectaci\u00f3n patrimonial hay en la demandante cuando un tercero paga\u00bb, y el defecto f\u00e1ctico que gener\u00f3 la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas de su representada, se dio por indebida valoraci\u00f3n probatoria, puesto que \u00abse hizo un falso juicio de existencia por suposici\u00f3n, como quiera que el juzgador concluye que la demandante si demostr\u00f3 en el plenario un da\u00f1o cierto y real, debido a que quien pag\u00f3 fue su ex esposo\u00bb, pero en el interrogatorio que absolvi\u00f3 simplemente refiri\u00f3 que ten\u00eda un acuerdo econ\u00f3mico con el padre de sus hijas conforme al cual \u00e9l se encargaba del pago mensual del veh\u00edculo, y de tal afirmaci\u00f3n se \u00absupuso que correspond\u00eda a la obligaci\u00f3n vigente en materia de alimentos para las hijas, y que en ese mismo sentido el acuerdo econ\u00f3mico que refiri\u00f3 deber\u00eda de encaminarse a determinar que se trataba de una obligaci\u00f3n alimentaria simplemente por ser el padre de sus hijas\u00bb. <\/p>\n

Finalmente afirma que, \u00abEl aceptarse como probado ese acontecimiento, que no forma parte del acervo probatorio; dio origen a la revocatoria de la sentencia proferida por el a quo, ya que con esas suposiciones consider\u00f3 estar demostrado el da\u00f1o y la culpa del demandado. Irregularidad procesal que fue decisiva y determinante en la sentencia que se demanda, variante esta que se conoce como falso juicio de existencia por suposici\u00f3n\u00bb (ff. 22 a 28). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS
\nLa Magistrada Ponente de la providencia cuestionada solicit\u00f3 negar las pretensiones, y manifest\u00f3 que al encontrar estructurados los elementos de la responsabilidad civil contractual con apoyo en la legislaci\u00f3n vigente, la jurisprudencia y el material probatorio, se revoc\u00f3 el fallo de primera instancia (f. 43). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC683-2016). <\/p>\n

2. Examinada la queja formulada, se encuentra que la sociedad accionante reprocha la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Yopal, Sala \u00danica el 29 de noviembre de 2017, por supuestamente incurrir en causal de procedibilidad por defecto f\u00e1ctico; no obstante, observa la Corte que el amparo reclamado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que estudiados los documentos allegados y en especial el fallo de segunda instancia atacado por el cual decidi\u00f3 revocar el del Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad de 11 de julio de 2017 que neg\u00f3 las pretensiones (ff. 9 a 14), para en su lugar declarar civil y contractualmente responsable a la sociedad Automotores del Llano S.A. por el cumplimiento tard\u00edo de la garant\u00eda del contrato de compraventa del veh\u00edculo marca Chevrolet Aveo Emotion, de placas DYX 993, y, en consecuencia, condenar a la sociedad nombrada a pagar a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n de perjuicios materiales a la demandante Elizabeth Silva Castro, la suma de $33\u2019526.667, no se advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, porque la Corporaci\u00f3n accionada analiz\u00f3 razonablemente la actuaci\u00f3n, lo cual descarta un actuar irregular producto de su exclusiva voluntad. <\/p>\n

3. En efecto, tanto el audio que contiene la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo que resuelve la apelaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia, como la copia del acta de la audiencia en la que consta la decisi\u00f3n (CD, f. 19 y ff. 15 a 18), permiten advertir a la Corte, lo siguiente: <\/p>\n

En la demanda Elizabeth Silva Castro pidi\u00f3 el resarcimiento de perjuicios por haber soportado una larga espera para lograr hacer efectiva la garant\u00eda de un veh\u00edculo nuevo comprado en el concesionario demandado, que le oblig\u00f3 a acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio en protecci\u00f3n de su derecho de consumidor, de manera que 27 meses despu\u00e9s logr\u00f3 que le entregaran otro, pero en este per\u00edodo debi\u00f3 pagar arrendamiento por un autom\u00f3vil diferente. <\/p>\n

La Corporaci\u00f3n accionada para resolver de la manera criticada, luego de ocuparse de los art\u00edculos 1602, 1603 y 1613 del C\u00f3digo Civil, estudi\u00f3 acorde a la pretensi\u00f3n de la demandante, si se encontraban acreditados los elementos que exige la doctrina y la jurisprudencia para la responsabilidad civil contractual, y hall\u00f3 que en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor que adelant\u00f3 Elizabeth Silva Castro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, qued\u00f3 establecida la culpa del vendedor al se\u00f1alarlo como la parte incumplida en la obligaci\u00f3n de garant\u00eda del veh\u00edculo, \u00abal punto que la orden con la que culmin\u00f3 la actuaci\u00f3n fue la de cambiar el veh\u00edculo objeto del negocio jur\u00eddico, por uno nuevo de iguales o similares caracter\u00edsticas\u00bb. <\/p>\n

En seguida, y puntualmente en cuanto a lo que constituye materia de queja constitucional, esto es, el da\u00f1o derivado del incumplimiento contractual, tuvo en consideraci\u00f3n las pruebas recaudadas en el tr\u00e1mite y \u00e9stas le permitieron concluir, que la demandante demostr\u00f3 un da\u00f1o cierto y real que se puede cuantificar en dinero, como aquella suma que dej\u00f3 de percibir al tener que cancelar el arrendamiento de un nuevo veh\u00edculo por el tiempo que tard\u00f3 el vendedor en hacer efectiva la garant\u00eda. <\/p>\n

Para llegar a dicha determinaci\u00f3n, la citada Corporaci\u00f3n, explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) En la demanda se reclamaron como perjuicios derivados del incumplimiento del vendedor a la compradora, tanto los de car\u00e1cter moral, como los de \u00edndole material, especialmente el da\u00f1o emergente porque la demandante tuvo que alquilar un veh\u00edculo para reemplazar el defectuoso que qued\u00f3 en custodia del vendedor, luego de las m\u00faltiples y reiteradas fallas mec\u00e1nicas que present\u00f3. <\/p>\n

Sobre el tema el a quo consider\u00f3, que por lo dicho por la actora en el interrogatorio, se pod\u00eda deducir que quien pag\u00f3 el canon de arrendamiento del veh\u00edculo automotor alquilado fue el esposo de la demandante, de manera que por esa circunstancia su patrimonio no se vio afectado; concluyendo que no existe el da\u00f1o aducido. <\/p>\n

En este punto el recurrente discrepa y pretende alcanzar la condena; aduce que la persona que realiz\u00f3 los pagos de los c\u00e1nones de arrendamiento del veh\u00edculo fue el esposo de la demandante, pero que esos gastos eran en conjunto para el hogar. <\/p>\n

Al revisar el acervo probatorio, se puede advertir que si bien Elizabeth Silva Castro durante el interrogatorio de parte, al indag\u00e1rsele por su estado civil indic\u00f3 que se encontraba separada, all\u00ed mismo expres\u00f3 con claridad que el pago del arriendo del veh\u00edculo lo hac\u00eda su ex esposo porque ten\u00edan un acuerdo econ\u00f3mico con el pap\u00e1 de sus hijas y \u00e9l se encargaba de cancelar el pago mensual del veh\u00edculo.
\nRespecto a esta situaci\u00f3n, el C\u00f3digo Civil expresa en su art\u00edculo 1630 lo siguiente: \u00abPAGO POR TERCEROS. Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre de \u00e9l, a\u00fan sin su conocimiento o contra su voluntad y a\u00fan a pesar del acreedor\u00bb. Del contenido de esta norma, se puede concluir que el pago que realiza un tercero es v\u00e1lido para extinguir la obligaci\u00f3n de un acreedor; de manera que si el padre de las hijas de la demandante era quien pagaba los c\u00e1nones de arrendamiento del veh\u00edculo que la actora tuvo que alquilar para sustituir el servicio que le prestaba su carro nuevo, ese hecho no significa que el patrimonio de la actora no haya sufrido merma como lo concluy\u00f3 el a quo. Lo cierto es que quien se oblig\u00f3 fue la demandante al suscribir los contratos de arrendamiento conforme los cuales H\u00e9ctor Horacio Garz\u00f3n, le confer\u00eda la tenencia de un veh\u00edculo y como contraprestaci\u00f3n la arrendataria deb\u00eda pagar un canon mensual como renta\u00bb. <\/p>\n

Destac\u00f3 a continuaci\u00f3n,
\n\u00abOlvid\u00f3 analizar el a quo que quien realizaba los pagos del arrendamiento lo hac\u00eda por virtud de un acuerdo con el padre de sus hijas, naturalmente dentro de la libertad que tienen los padres en el manejo de las obligaciones alimentarias para con sus hijos. Ese acuerdo, aun cuando no se ahond\u00f3 en ese aspecto en el interrogatorio, correspond\u00eda a la obligaci\u00f3n vigente en materia de alimentos para las hijas que all\u00ed se mencionan, de manera que a cambio del pago de esa renta en nombre de la demandante y a favor del arrendador, \u00e9sta sufragar\u00eda otros gastos propios de la manutenci\u00f3n de los hijos.
\nLo cierto es que el tercero pag\u00f3 en nombre de la demandante, y ese pago es v\u00e1lido en nuestra legislaci\u00f3n, y si en ese pago medi\u00f3 un acuerdo entre el tercero y la demandante, no es posible desconocer el perjuicio que se le caus\u00f3, puesto que ese dinero ser\u00eda para la demandante\u00bb. <\/p>\n

Luego, procedi\u00f3 a analizar la demostraci\u00f3n y cuantificaci\u00f3n del da\u00f1o, para lo cual expuso,
\n\u00abAhora, en materia de da\u00f1o de veh\u00edculos, la jurisprudencia nacional, especialmente la del Consejo de Estado, ha llegado a afirmar que se presume para el due\u00f1o de un veh\u00edculo un perjuicio adicional, consistente en la p\u00e9rdida del uso y de goce del bien durante el tiempo que toma la reparaci\u00f3n del automotor, porque es evidente que el due\u00f1o del veh\u00edculo debe seguir moviliz\u00e1ndose y para ello debe incurrir en ciertas expensas, para reemplazar su utilizaci\u00f3n; en la sentencia del 8 de junio de 1999 en el Radicado 13540 la secci\u00f3n tercera del C.E., incluso indic\u00f3 que ese perjuicio se presume y pod\u00eda ser tasado estimando la cuant\u00eda conforme los rendimientos que generar\u00eda un capital equivalente al valor del veh\u00edculo para el momento en que sufre los da\u00f1os, rendimiento que corresponde al valor comercial de los intereses. (\u2026) <\/p>\n

Bajo este an\u00e1lisis, concluye la Colegiatura, que la demandante s\u00ed demostr\u00f3 en el plenario, un da\u00f1o cierto y real, que se puede cuantificar en dinero, como aquella suma que dej\u00f3 de percibir la actora al tener que cancelar el arrendamiento de un nuevo veh\u00edculo por el tiempo que tard\u00f3 el vendedor en hacer efectiva la garant\u00eda; obligaci\u00f3n que el concesionario vendedor solamente vino a cumplir cuando la autoridad administrativa as\u00ed se lo orden\u00f3, al concluir que la protecci\u00f3n efectiva al consumidor deb\u00eda imperar mediante la reposici\u00f3n del objeto vendido por un veh\u00edculo nuevo. <\/p>\n

N\u00f3tese como aqu\u00ed la demandante se ocup\u00f3 de demostrar la cuantificaci\u00f3n de ese da\u00f1o, al traer al proceso los contratos de arrendamiento del veh\u00edculo que le sirvi\u00f3 para suplir el servicio que el automotor comprado a la demandada le prestaba. Trajo copia de los contratos celebrados con H\u00e9ctor Horacio Garz\u00f3n el 2 de junio de 2009, el 2 de diciembre de 2009, el 2 de junio de 2010, 2 de diciembre de 2010 y 2 de junio de 2011, todos con t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de 6 meses, donde la renta mensual correspondi\u00f3 al pago de $1'200.000,00 para el a\u00f1o 2009, y $1\u2019400.000 para los a\u00f1os 2010 y 2011. De igual manera, trajo al proceso los recibos de caja del pago de la renta mensual desde junio de 2009 hasta agosto de 2011 (fi. 64 a 70) <\/p>\n

Estos documentos no ofrecieron reparo alguno por la defensa, no fueron desconocidos ni tachados de falsos, luego sirven corno fundamento para tasar el monto de la condena por indemnizaci\u00f3n de da\u00f1o material en la modalidad de da\u00f1o emergente. En este punto debe precisar la Sala, eso s\u00ed, que el lapso o per\u00edodo donde se reconocer\u00e1 el pago del arrendamiento para indemnizar el da\u00f1o por la p\u00e9rdida de posibilidad de uso y goce del veh\u00edculo debe ir, solamente desde el d\u00eda 15 de julio de 2009 y hasta el 7 de agosto de 2011, pues fue en ese lapso de tiempo, donde la demandante dej\u00f3 de tener la posibilidad de usar su veh\u00edculo, debiendo arrendar el otro para suplir la necesidad del servicio que le prestaba. La primera fecha, porque en ese momento es que la compradora hace devoluci\u00f3n del veh\u00edculo de manera definitiva al concesionario por garant\u00eda, y la segunda, porque el d\u00eda 8 de agosto de 2011 la demandante tuvo su veh\u00edculo nuevo producto de la efectividad de la garant\u00eda del automotor comprado en enero de 2009\u00bb. <\/p>\n

Finalmente y en materia del nexo de causalidad, explic\u00f3, <\/p>\n

\u00abno hay duda que este da\u00f1o obedece al incumplimiento del vendedor en su deber de garant\u00eda para el objeto vendido; el pago del arrendamiento de un veh\u00edculo para suplir las necesidades que el comprado nuevo le brindaba en transporte para la demandante y su familia, obedeci\u00f3 a las m\u00faltiples fallas mec\u00e1nicas presentadas por el automotor que implicaron tener que reponerlo por uno nuevo, objetivo que solo se cumpli\u00f3 tras tener que acudir a una instancia con funciones jurisdiccionales. Fue la tardanza en hacer efectiva la garant\u00eda por parte del vendedor lo que ocasion\u00f3 el tener que pagar el alquiler de un veh\u00edculo para suplir el derecho de usar y gozar el que hab\u00eda sido comprado pero que no prest\u00f3 el servicio real para el cual hab\u00eda sido adquirido\u00bb. <\/p>\n

4. El pronunciamiento as\u00ed descrito, luce acorde con lo acreditado en el asunto, sin que la inconformidad de la sociedad accionante con el mismo por ser adverso a sus intereses, le abra paso a esta especial jurisdicci\u00f3n, y bajo esa perspectiva, emerge la inviabilidad de la protecci\u00f3n extraordinaria exigida, en la medida en que no est\u00e1 demostrado el defecto f\u00e1ctico reprochado, en tanto que, de la transcripci\u00f3n antes vista, independientemente de que la Corte la proh\u00edje, surge que las pruebas obrantes en el plenario fueron puntual y arm\u00f3nicamente observadas y apreciadas, seg\u00fan la sana cr\u00edtica, conforme as\u00ed lo imponen las reglas probatorias. <\/p>\n

As\u00ed lo ha consolidado la jurisprudencia: <\/p>\n

\u00abS\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC. 24. jun. 2004, rad. 00142-01, reiterada en STC 25. ene. 2012, rad. 00001, STC15879-2016, STC17828-2016, STC16155-2017 y STC1894-2018, 14 feb, rad. 00205-00, entre muchas otras). <\/p>\n

Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otra, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00). <\/p>\n

5. Por tanto, no se acceder\u00e1 a lo pretendido con el escrito de tutela. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC2737-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00379-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Automotores Llano Grande S.A. contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101761","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101761","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101761"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101761\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101761"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101761"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101761"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}