{"id":101765,"date":"2026-07-01T18:51:59","date_gmt":"2026-07-01T18:51:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101765"},"modified":"2026-07-01T18:51:59","modified_gmt":"2026-07-01T18:51:59","slug":"stc2741-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2741-2018\/","title":{"rendered":"STC2741-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2741-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00424-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Flota Magdalena S.A., contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, conformada por los Magistrados Carlos Alberto Romero S\u00e1nchez, Homero Mora Insuasty y Hernando Rodr\u00edguez Mesa y el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de la nombrada ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso declarativo de responsabilidad civil contractual No. 2010-00114. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El apoderado de la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas con las sentencias proferidas en el juicio mencionado en precedencia el 26 de septiembre de 2016 y 25 de septiembre de 2017. <\/p>\n

Pide que se deje sin efectos el fallo de segunda instancia referido, \u00aby en su lugar que se tenga en cuenta la sustentaci\u00f3n realizada en audiencia y que en consecuencia se nieguen las pretensiones de la demanda por estar prescrita la acci\u00f3n contractual o se desestime las mismas por la ausencia de valor probatorio de los documentos aportados en la demanda y en consecuencia se nieguen las mismas\u00bb (f. 91). <\/p>\n

2. Para sustentar el reparo aduce, en s\u00edntesis, que el 14 de diciembre de 2009 asisti\u00f3 a una audiencia de conciliaci\u00f3n en la que no se lleg\u00f3 a ning\u00fan acuerdo, y luego, el 15 de marzo de 2010, Catalina Cer\u00f3n y otros, interpusieron a trav\u00e9s de apoderado judicial, demanda de responsabilidad civil extracontractual contra la empresa que representa, la Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. y otros, en la que aport\u00f3 una constancia de no acuerdo y dos de inasistencia, con el fin de cumplir el requisito de procedibilidad. <\/p>\n

Manifiesta que el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali admiti\u00f3 la demanda el 16 de abril de 2010, y notificada la sociedad transportadora contest\u00f3 oponi\u00e9ndose, y formul\u00f3 excepciones entre las que se encontraban la de \u00abprescripci\u00f3n\u00bb y llam\u00f3 en garant\u00eda a la Aseguradora Solidaria de Colombia. <\/p>\n

Agrega que reformada la demanda con el fin de incluir como demandado igualmente a Luis Eduardo Neira Garc\u00eda, el a quo la admiti\u00f3 el 6 de febrero de 2012, y luego remiti\u00f3 el expediente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Cali, donde se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa frente a Seguros Generales Suramericana S.A., para luego enviar el proceso al Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de la ciudad nombrada, que llev\u00f3 a cabo todas las audiencias, hasta la de instrucci\u00f3n y fallo. <\/p>\n

Sostiene que esta \u00faltima se realiz\u00f3 el 26 de septiembre de 2016, y en ella, se adecu\u00f3 la demanda a la responsabilidad civil contractual asumiendo la calidad de pasajera de la demandante, se examin\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n la que se desestim\u00f3 en raz\u00f3n del agotamiento del requisito de procedibilidad y finalmente se conden\u00f3 a Flota Magdalena S.A. y a la Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. al pago de las sumas que all\u00ed fueron indicadas a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente, lucro cesante consolidado y futuro, da\u00f1o moral y da\u00f1o a la vida en relaci\u00f3n, sentencia que considera se fundamenta en una errada valoraci\u00f3n probatoria.
\nExplica que apelada la decisi\u00f3n por la parte demandante y la Aseguradora, \u00abEl suscrito se adhiri\u00f3 al recurso de apelaci\u00f3n presentado en audiencia y precis\u00f3 como reparos los siguientes: "1. El suscrito no est\u00e1 de acuerdo con la valoraci\u00f3n que el Ad quo hiciera de los medios de prueba con base en los cuales fundament\u00f3 la sentencia. 2. El suscrito no est\u00e1 de acuerdo con las cuant\u00edas establecidas en la condena, y tampoco con la forma como el juez de instancia arribo las cuant\u00edas en las cuales fijo las condenas\u201d\u00bb. <\/p>\n

Indica que admitido el recurso el 23 de noviembre de 2016, en el que se tuvo en cuenta la apelaci\u00f3n adhesiva, el Tribunal fij\u00f3 la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo para el 25 de septiembre de 2017, y en tal diligencia, \u00abel suscrito explic\u00f3 de manera concreta y clara los reparos que se le hicieron a la sentencia de primera instancia\u00bb, y el Tribunal frente al reparo referente a la autenticidad de los documentos que mencion\u00f3 en su alegaci\u00f3n \u00abCroquis, Historia Cl\u00ednica, Certificado de tradici\u00f3n, dado que el A quo presumi\u00f3 aut\u00e9nticos dichos documentos, con la aplicaci\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso, obviando que los mismos fueron aportados en la Vigencia Del C\u00f3digo de Procedimiento Civil,\u00bb, indic\u00f3 textualmente \u00ab\u201csorprende la argumentaci\u00f3n, cuando desde la ley 1395 de 2010 sabemos que todos los documentos que se aporten por las partes, (…) se presumen aut\u00e9nticos y para eso no hay que esperar a la vigencia del c\u00f3digo general del proceso", obviando que la mentada ley entr\u00f3 a regir el 12 de julio de 2010 y la demanda se impetro el d\u00eda 15 de marzo de 2010, es decir en vigencia del CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL\u00bb. <\/p>\n

Expone que de otra parte, el Tribunal consider\u00f3 que la alegaci\u00f3n ateniente al tema de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, que se mencion\u00f3 en la sustentaci\u00f3n en esa audiencia, era improcedente, porque no hizo parte de los reparos concretos que formul\u00f3, interpretaci\u00f3n que considera errada porque qued\u00f3 impl\u00edcita en el reparo primero. <\/p>\n

Indica que en conclusi\u00f3n, la aplicaci\u00f3n de las Leyes 1395 de 2010 y 1564 de 2012 respecto de las pruebas documentales aportadas con la demanda en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, le cercen\u00f3 la posibilidad de controvertirlas; que los argumentos que present\u00f3 acerca de la prescripci\u00f3n no fueron atendidos, \u00abdado que no se contempl\u00f3 de manera taxativa e inequ\u00edvoca la palabra PRESCIPCION en el escrito de adhesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n\u00bb, y adem\u00e1s, \u00abNo existi\u00f3 un estudio serio y fundado de todas las pruebas documentales aportadas en el proceso en ambas instancias\u00bb (ff. 62 a 92, negrilla y subrayado en texto). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

1. El Magistrado Ponente de la sentencia cuestionada se opuso al amparo y manifest\u00f3 que en la audiencia de alegaciones y fallo celebrada por el 25 de septiembre de 2017, fueron considerados de manera estricta los reparos concretos que el apoderado de Flota Magdalena S.A., formulara en escrito presentado ante el juez de primera instancia, que denomin\u00f3 \u00abprecisi\u00f3n de los reparos\u00bb como apelante adhesivo, en donde se limit\u00f3 a se\u00f1alar que: \u00aba) No est\u00e1 de acuerdo con la valoraci\u00f3n que se hiciera de los medios de prueba con los cuales se fundament\u00f3 la sentencia. b) No est\u00e1 de acuerdo con las cuant\u00edas establecidas en la condena, y tampoco con la forma como el juez de instancia arrib\u00f3 a las cuant\u00edas en las cuales fijo las condenas", (sic)\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que adem\u00e1s, en la audiencia referida, el apoderado en menci\u00f3n a manera de sustentaci\u00f3n de tales reparos, \u00abmanifest\u00f3 lo que a continuaci\u00f3n me permito transcribir para mayor precisi\u00f3n y claridad: \u201cEl se\u00f1or Juez tom\u00f3 como base algunos documentos como son el croquis, la historia cl\u00ednica y una declaraci\u00f3n de un testigo, para efectos de fundar su sentencia, y es precisamente esa parte la que quiero analizar a efectos de establecer que hubo una apreciaci\u00f3n indebida de esos elementos materiales de prueba o pruebas que se arrimaron al expediente. Bien sabemos que la justicia nuestra es rogada, es as\u00ed como el C.G.P., en su art\u00edculo 176 nos impone la obligaci\u00f3n de apreciar los medios de prueba y hay unos que son solemnes, la ley los cataloga como solemnes y no se pueden apreciar de otra manera. Es el caso concreto de un certificado de tradici\u00f3n que no se aport\u00f3 y que de alguna manera se bas\u00f3 tambi\u00e9n la sentencia, a efectos de establecer que Flota Magdalena estaba como afiliador de un veh\u00edculo…". <\/p>\n

Indic\u00f3 que el apelante al sustentar el reparo \u00abdelimit\u00f3 los medios de prueba a los arriba resaltados y en modo alguno el apoderado se\u00f1al\u00f3 como indebidamente apreciada o valorada la constancia de no acuerdo No 01974 del 28 de abril de 2009 del centro de conciliaci\u00f3n y arbitraje Fundasolco, que habilitara como en forma habilidosa lo hace ahora por v\u00eda de tutela, debate en torno al t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Asever\u00f3 a la par, \u00abEn verdad, el apelante no formul\u00f3 reparo acerca de la improsperidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n y no es posible suponer tal reparo, cuando lisamente se afirmara no estar de acuerdo con la valoraci\u00f3n que se hiciera de los medios de prueba con los cuales se fundament\u00f3 la sentencia, y frente a tal punto en la sustentaci\u00f3n se precisan las pruebas indebidamente valoradas, que nada tienen que ver con la citada excepci\u00f3n. <\/p>\n

El accionante confiesa en el numeral 34 de su petici\u00f3n de amparo que, al alero del primer reparo formulado, y a fin de discutir (en forma extempor\u00e1nea) el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n, "el suscrito ampli\u00f3 su reparo, atacando la valoraci\u00f3n que hizo el JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, frente a la PRUEBA DOCUMENTAL, consistente en el ACTA DE NO ACUERDO del 03 de junio de 2009…". Contrario a lo afirmado en el hecho 39, el reparo NO VERS\u00d3 SOBRE TODAS LAS PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS. <\/p>\n

No se trata entonces, de un \u201cexcesivo rigorismo", sino de la cabal aplicaci\u00f3n de la ley procesal, que impone al apelante "sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia" (art\u00edculo 327 in fine del C.G.P.), y al juez de segunda instancia "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante" (art\u00edculo 328 ib\u00eddem), que obviamente dimanan o tienen como \u00fanico insumo "los reparos concretos" que se hacen a la decisi\u00f3n apelada (art\u00edculo 322 n\u00fam 3 inc 2o ib\u00eddem)\u00bb (ff. 108 y 109, may\u00fascula fija y negrilla en texto). <\/p>\n

2. El representante legal de Aseguradora Solidaria de Colombia, solicit\u00f3 negar la tutela porque los hechos alegados por la actora se encuadran en lo establecido en el principio \u00abNo Auditur Propiam Turpitudinem Allegans\u00bb (ff. 121 a 123). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLa reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC7941-2016). <\/p>\n

Ahora, vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, en lo que a la subsidiariedad refiere, se precisa que \u00e9sta surge tanto por haber dejado de emplear los recursos previstos ordinariamente en la ley, lo cual configura incuria, sino tambi\u00e9n porque la pare interesada, a\u00fan cuente con los mecanismos de defensa judicial tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos que cuya tutela reclama. <\/p>\n

2. Descendiendo al sub lite, del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la demanda y los documentos allegados por el apoderado de la sociedad accionante, observa la Corte en lo que constituye la queja constitucional, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. En el proceso verbal de responsabilidad civil promovido por Catalina Cer\u00f3n Contreras, Claudia Eurline Contreras y Luis \u00c1ngel Cer\u00f3n Contreras contra Flota Magdalena S.A. y otros, el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Cali, profiri\u00f3 sentencia el 26 de septiembre de 2016 en la que declar\u00f3 fundadas las excepciones de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n\u00bb y la de \u00abl\u00edmites m\u00e1ximos de la eventual obligaci\u00f3n indemnizatoria\u00bb propuestas en su orden por QBE Seguros S.A. y la Aseguradora Solidaria de Colombia S.A., y declar\u00f3 civilmente responsable a Flota Magdalena S.A. de los perjuicios causados a los demandantes con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito acaecido el 24 de diciembre de 2007, los que determin\u00f3 en el fallo (Cd, f. 16 y ff. 46 a 48). <\/p>\n

2.2. Decisi\u00f3n que recurrida en apelaci\u00f3n por los apoderados de la parte demandante y la Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. concedi\u00f3 el Juzgado de conocimiento en la referida audiencia (ff. 47 y 48). <\/p>\n

El apoderado de Flota Magdalena present\u00f3 escrito de adhesi\u00f3n al recurso el 29 de septiembre de 2017, que denomin\u00f3 \u00abPRECISI\u00d3N DE LOS REPAROS\u00bb, y en el que se\u00f1al\u00f3: \u00ab1. El suscrito no est\u00e1 de acuerdo con la valoraci\u00f3n que se hiciera de los medios de prueba con los cuales se fundament\u00f3 la sentencia. 2) El suscrito no est\u00e1 de acuerdo con las cuant\u00edas establecidas en la condena, y tampoco con la forma como el juez de instancia arrib\u00f3 a las cuant\u00edas en las cuales fijo las condenas. Sobre estos dos grandes temas versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n en la audiencia que para el efecto disponga el superior\u00bb (f. 50).
\n2.3. El Tribunal Superior de Cali el 25 de septiembre de 2017 confirm\u00f3 el fallo del a quo (Cd. f. 16), sin que su determinaci\u00f3n se muestre antojadiza o caprichosa. <\/p>\n

3. En efecto, el audio que contiene la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo que resuelve la apelaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia, permite advertir a la Corte que entre los minutos 15:50:39 a 15:53:47, se dijo lo siguiente: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) vamos a ocuparnos en relaci\u00f3n con los argumentos que ha planteado el apoderado de Flota la Magdalena y para ello hay que recordar lo que se\u00f1al\u00f3 en su escrito que denomin\u00f3 \u00abprecisiones de los reparos\u00bb ante el Juez de primera instancia el 29 de septiembre de 2017 y en ese escrito textualmente se dijo lo siguiente (\u2026) <\/p>\n

As\u00ed las cosas, es evidente que de entrada hemos de decir que la alegaci\u00f3n atinente al tema de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n que se ha mencionado en la sustentaci\u00f3n en esta audiencia, es del todo impertinente e improcedente, sencillamente por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que no hace parte de los reparos concretos que se formularon contra la sentencia de primera instancia. <\/p>\n

Por lo dem\u00e1s, es de se\u00f1alarse que se duele el recurrente Flota Magdalena acerca de los documentos que se tuvieron en cuenta por parte del Juez de primera instancia para resolver el proceso, tales como el croquis, o la historia cl\u00ednica o los testimonios y alega la ausencia de pruebas solemnes para acreditar la pertenencia o la correspondencia del veh\u00edculo como afiliado a la Flota Magdalena. Al respecto, pues de verdad sorprende la argumentaci\u00f3n cuando desde la Ley 1395 de 2010 sabemos que todo los documentos declarativos que se aporten por las partes se presumen aut\u00e9nticos y para eso no hab\u00eda que esperar a la vigencia del C\u00f3digo General del proceso, salvo que las partes pidieran su ratificaci\u00f3n, pero aqu\u00ed jam\u00e1s se pidi\u00f3 ratificaci\u00f3n de ning\u00fan documento. En segundo lugar, no porque el Juez haya hecho la valoraci\u00f3n de las pruebas en la forma en que se ha se\u00f1alado en esta audiencia, se cercen\u00f3 alguna oportunidad probatoria de la parte Flota la Magdalena, eso no aparece o se avizora por ninguna forma al esgrimir la falta de autenticidad de documentos, por lo que de ninguna manera podemos predicar que los documentos valorados y el testimonio valorado por el Juez en primera instancia tengan que ver con cercenaci\u00f3n de oportunidades probatorias o defensivas por parte del aqu\u00ed recurrente\u00bb (minuto 15:53:47). <\/p>\n

4. Debe tenerse presente, que el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala: \u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u00bb (resalta la Sala), y en punto a la sustentaci\u00f3n, la misma norma en su pen\u00faltimo inciso prev\u00e9, que \u00abPara la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada\u00bb. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo anterior, la Sala en STC2423-2018, de 22 de febrero, rad. 00295-00, se\u00f1al\u00f3 \u00ab(\u2026) Es en el C\u00f3digo General del Proceso donde se implement\u00f3 el \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb en el campo civil, mismo que refiri\u00e9ndose a sentencias contempla para el reclamante tres pasos distintos: la interposici\u00f3n, la exposici\u00f3n del reparo concreto y la alegaci\u00f3n final. En ese orden de ideas, el inconforme durante el t\u00e9rmino de ejecutoria deber\u00e1 discutir los elementos de la providencia que le generen malestar y expresar de forma breve los mismos, toda vez que el enjuiciador de segundo grado solamente basar\u00e1 su examen en las objeciones concretas que el suplicante haya formulado tal y como lo describe el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 320 ib\u00eddem, siendo competente \u00fanicamente para pronunciarse de lo expuesto por ese sujeto procesal tal y como reza el inciso 1\u00ba del canon 328 siguiente. Seguidamente tiene operancia la etapa ante el superior, no menos importante y destinada al desarrollo y sustento de lo ya anunciado en precedencia. <\/p>\n

Las fases mencionadas con antelaci\u00f3n, son complementarias entre s\u00ed a tal punto que prescindir de una de ellas trae como resultado el fracaso de la oposici\u00f3n intentada\u00bb. <\/p>\n

5. En el presente asunto, conforme al recuento expuesto en precedencia se advierte que el amparo reclamado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, puesto que la sociedad actora, tuvo a su alcance la posibilidad de debatir lo resuelto por el Juzgado a quo ante el superior cumpliendo con el tr\u00e1mite para la apelaci\u00f3n regulado en el C\u00f3digo General del Proceso, esto es, precisando entre los reparos concretos a esa decisi\u00f3n, los que ahora viene a alegar por v\u00eda de tutela. <\/p>\n

De ese modo, en conclusi\u00f3n, el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades preclu\u00eddas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n

Entonces, como la promotora del amparo, en calidad de demandada en el proceso referido cont\u00f3 con los medios de defensa judicial id\u00f3neos para plantear las inconformidades que ahora manifiesta por v\u00eda de tutela, y desech\u00f3 la oportunidad de hacerlo, tal descuido es imposible de subsanar por esta v\u00eda extraordinaria dada su naturaleza eminentemente excepcional y residual. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo anterior, la Sala ha sido enf\u00e1tica al indicar que, <\/p>\n

\u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01, STC11856-2015, STC4687-2016 y, STC7571-2016, 9 jun. rad. 01408-00). <\/p>\n

6. De acuerdo con lo planteado resulta innegable que el Tribunal no pod\u00eda pronunciarse sobre alegaciones que no fueron materia de reparo, conforme lo estipula el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, por ende, la determinaci\u00f3n criticada por este camino extraordinario no es fruto de una interpretaci\u00f3n ama\u00f1ada, grosera o arbitraria, sino, m\u00e1s bien, de una actuaci\u00f3n acorde con las reglas procedimentales, que parte de un razonamiento aceptable, ponderado y juicioso; circunstancia que descarta cualquier posibilidad de incurrir en una v\u00eda de hecho. <\/p>\n

7. Por las razones anotadas, el amparo pedido ser\u00e1 negado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC2741-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00424-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Flota Magdalena S.A., contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101765","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101765","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101765"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101765\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101765"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101765"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101765"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}