{"id":101772,"date":"2026-07-01T18:52:48","date_gmt":"2026-07-01T18:52:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101772"},"modified":"2026-07-01T18:52:48","modified_gmt":"2026-07-01T18:52:48","slug":"stc2749-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2749-2018\/","title":{"rendered":"STC2749-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2749-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2018-00006-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 30 de enero de 2018, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Orlando Enrique Guti\u00e9rrez Lara contra la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Atl\u00e1ntico, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto disciplinario a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El \tpromotor \tdel amparo reclama \tla protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al \tdebido proceso, \tpresuntamente \tconculcado por \tla autoridad jurisdiccional accionada, con ocasi\u00f3n de la \tprovidencia del 31 de octubre de 2017, mediante la cual decret\u00f3 \tla terminaci\u00f3n del procedimiento adelantado en virtud de la \tqueja disciplinaria instaurada contra el abogado Juli\u00e1n \tMauricio Vallejo Parra. <\/p>\n

Solicita entonces, que se ordene a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Atl\u00e1ntico, requerir al citado abogado para que \u00ab[le] devuelva [su] dinero indexado, con los intereses causados\u00bb (fl. 2, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tPara sustentar su inconformidad aduce en s\u00edntesis, que mediante sentencia del 5 de octubre de 2010, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla conden\u00f3 al entonces Instituto de Seguros Sociales a pagarle un incremento pensional equivalente al 14% por su c\u00f3nyuge y un 7% para uno de sus hijos menores hasta que cumpliera la mayor\u00eda de edad, \u00abdentro del periodo comprendido entre el 01 de junio de 2007 hasta el 06 de marzo de 2012\u00bb. <\/p>\n

Asegura que la entidad mencionada deb\u00eda cancelarle la suma de \u00ab$13\u2019285.959.oo\u00bb; sin embargo, en comunicaci\u00f3n del 15 de marzo de 2012, su apoderado judicial Juli\u00e1n Mauricio Vallejo Parra, le inform\u00f3 que la cantidad reconocida en la sentencia mencionada ascend\u00eda era a \u00ab$8\u2019339.408.oo\u00bb, monto al que le rest\u00f3 el 40% por concepto de honorarios profesionales, por lo que \u00fanicamente le entreg\u00f3 la suma de \u00ab$5\u2019003.604.oo\u00bb. <\/p>\n

Manifiesta que como el abogado de manera indebida le quit\u00f3 \u00ab$2\u2019967.931.40\u00bb, el 19 de enero de 2015 present\u00f3 denuncia disciplinaria en su contra; empero, en providencia del 31 de enero de 2017, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico decret\u00f3 la terminaci\u00f3n anticipada de la investigaci\u00f3n por prescripci\u00f3n, tras advertir que hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de cinco a\u00f1os desde que se produjeron los hechos motivo de denuncia, con lo cual, dice, incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, habida cuenta que, en su opini\u00f3n, el t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n disciplinaria debi\u00f3 contabilizarse o bien a partir de la fecha en la que \u00e9l se enter\u00f3 del valor real de los dineros reconocidos a su favor -20 de marzo de 2014, ora en la data en que se interpuso la respectiva denuncia, por lo que tomando esos hitos temporales, solo ha trascurrido \u00abun poco m\u00e1s de dos a\u00f1os\u00bb (fls. 1 y 2, cdno. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

1. La \tSala Disciplinaria \tdel Consejo Seccional de la Judicatura de Atl\u00e1ntico, pidi\u00f3 \tnegar el amparo por improcedente, ya que el actor omiti\u00f3 \tinterponer recurso de apelaci\u00f3n contra la determinaci\u00f3n \tcuestionada \t(fls. \t60 a 65, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. Por \tsu parte, Colpensiones adujo que \u00abcarece \tde legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, \tya que de los hechos narrados por el accionante se infiere que no es \tla responsable por la \u00abtrasgresi\u00f3n \tde los derechos fundamentales alegados\u00bb \t(fl. \t42, \u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada por improcedente, tras advertir que, <\/p>\n

\u00ab[L]a decisi\u00f3n adoptada por el Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura Seccional Atl\u00e1ntico no fue controvertida por el actor en sede de los recursos ordinarios ante el juez natural, desidia que no puede purgar o remediar con la interposici\u00f3n de la tutela, buscando reversar esa decisi\u00f3n cuando de conformidad con el art\u00edculo 81 de la Ley 1123 de 2007, la providencia que ordena la terminaci\u00f3n del procedimiento es susceptible del recurso de apelaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando en concordancia con lo dispuesto en el art\u00edculo 83 de la misma norma, vencido el t\u00e9rmino para la interposici\u00f3n del recurso, la decisi\u00f3n quedar\u00e1 en firme si no fuere impugnada, tal como ocurri\u00f3 en el presente caso\u00bb (fls. 75 a 82, ib\u00eddem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, con argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fl. 91, ib\u00eddem). <\/p>\n

1. Recuerda la Corte que conforme a lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a que un derecho fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n; que se haya acudido a la misma dentro de un tiempo razonable; y, que el interesado no haya contado o cuente con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, dado que la misma no puede constituirse en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de prerrogativas. <\/p>\n

2.\tEn el caso bajo estudio se observa, que el accionante se duele, concretamente, del prove\u00eddo dictado el 31 de octubre de 2017 por la Sala Disciplinaria de Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Atl\u00e1ntico, que decret\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria iniciada contra el abogado Juli\u00e1n Mauricio Vallejo Parra. <\/p>\n

3. Para \tla decisi\u00f3n \tque se est\u00e1 adoptando tienen trascendencia para la Corte los \telementos de juicio que enseguida se relacionan, \ta saber: <\/p>\n

1. El \t\t19 de enero de 2015, Orlando Enrique Guti\u00e9rrez Lara, aqu\u00ed \t\tinteresado, formul\u00f3 denuncia disciplinaria en contra del \t\tmentado abogado por \t\tlos hechos ocurridos el 15 \t\tde marzo de 2012, \t\tdado que supuestamente \u00e9ste no le hizo entrega de la \t\ttotalidad del dinero que fue reconocido a su favor en el marco del \t\tproceso laboral que curs\u00f3 ante el ISS en el Juzgado Tercero \t\tLaboral del Circuito de \t\tBarranquilla \t\t(fls. \t\t7 a 9, cdno. 1). <\/p>\n

2. En \t\tprovidencia del 31 de octubre de 2017, la autoridad convocada con \t\tfundamento en el art\u00edculo 103 de la Ley 1123 de 2007, \t\tdecret\u00f3 la culminaci\u00f3n anticipada del procedimiento \t\ten cita, tras advertir que la acci\u00f3n disciplinaria hab\u00eda \t\tprescrito, si en cuenta se tiene que hab\u00edan transcurrido m\u00e1s \t\tde cinco (5) a\u00f1os desde la data de los hechos motivo de \t\tdenuncia -15 de marzo de 2012 \t\t(fls. \t\t14 a 18, \t\tib\u00eddem). <\/p>\n

3. Pese \t\ta que el quejoso, aqu\u00ed accionante, fue enterado de la \t\tanterior determinaci\u00f3n (fl. 19, \u00eddem), \t\tguard\u00f3 silencio. <\/p>\n

3. Visto \tlo anterior, se advierte que el par\u00e1grafo del art\u00edculo \t66 de la Ley 1123 de 2007 establece, que \u00ab[e]l \tquejoso \tsolamente podr\u00e1 concurrir al disciplinario para la \tformulaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de la queja bajo la gravedad \tdel juramento, aporte de pruebas e impugnaci\u00f3n \tde las decisiones que pongan fin a la actuaci\u00f3n, \tdistintas \ta la sentencia. \tPara este efecto podr\u00e1 conocerlas en la Secretar\u00eda de \tla Sala respectiva\u00bb \t(resalta la Sala). <\/p>\n

En armon\u00eda con lo anterior, el inciso primero del canon 81 de la misma obra dispone, que el recurso de apelaci\u00f3n \u00ab[p]rocede \u00fanicamente contra las decisiones de terminaci\u00f3n del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitaci\u00f3n, la que niega la pr\u00e1ctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia\u00bb (resalta la Corte). <\/p>\n

5.\tBajo esa perspectiva, no cabe duda para la Sala que en el caso sub-examine Orlando Enrique Guti\u00e9rrez Lara incurri\u00f3 en un actuar negligente al omitir controvertir la decisi\u00f3n que hoy estima lesiva de sus garant\u00edas superiores a trav\u00e9s del mecanismo previsto por el legislador para el efecto, esto es, el de apelaci\u00f3n a voces de lo establecido en los mandatos legales referidos, por lo que dicha circunstancia analizada a la luz del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, impide cualquier pronunciamiento del juez constitucional, quien no podr\u00eda, por esta senda, revivir t\u00e9rminos u oportunidades que se han desperdiciado por el descuido o la negligencia de los interesados. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n

\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC262-2018). <\/p>\n

As\u00ed mismo ha referido que, <\/p>\n

\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ib). <\/p>\n

6.\tAhora, cabe recordar, que esta herramienta excepcional fue concebida para la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, y no para invocar pretensiones de \u00edndole patrimonial o de contenido eminentemente econ\u00f3mico, m\u00e1xime cuando no se demostr\u00f3 un da\u00f1o irreparable. <\/p>\n

As\u00ed lo explic\u00f3 en pasada oportunidad la Corte cuando se\u00f1al\u00f3 que \u00abesta v\u00eda excepcional no es adecuada para estudiar las reclamaciones patrimoniales deprecadas por el interesado, salvo que se estructure un perjuicio irremediable, circunstancia que no se acredit\u00f3 en el sub lite\u00bb (CSJ STC13857-2017). <\/p>\n

7.\tPor tanto, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo de primera instancia, por las razones expuestas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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