{"id":101774,"date":"2026-07-01T18:52:54","date_gmt":"2026-07-01T18:52:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101774"},"modified":"2026-07-01T18:52:54","modified_gmt":"2026-07-01T18:52:54","slug":"stc2752-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2752-2018\/","title":{"rendered":"STC2752-2018"},"content":{"rendered":"
Magistrado Ponente <\/p>\n

STC2752-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2017-03785-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 18 de enero de 2018, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gloria Esperanza Zamora T\u00e9llez, Alberto Zamora T\u00e9llez y Diego Ospina Ospina contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Ochenta Civil Municipal de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el pleito n\u00ba 2013-00581. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando en su propio nombre, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad privada, a la familia y a la ni\u00f1ez, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas al disponer y llevar a la pr\u00e1ctica la diligencia de entrega de los bienes inmuebles que ocupan. <\/p>\n

2. En s\u00edntesis, expusieron que como consecuencia del proceso de terminaci\u00f3n de un contrato de administraci\u00f3n instaurado por Luis Antonio Ovalle Ortega y Luz Stella Berm\u00fadez contra Ricardo Augusto Charry Chac\u00f3n, y concretamente de lo resuelto en sentencia dictada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito el 6 de febrero de 2015, confirmada por el Tribunal Superior 3 de mayo de 2016, se dispuso la entrega del inmueble a trav\u00e9s del Juzgado Ochenta Civil Municipal de esta ciudad. <\/p>\n

Adujeron que lo anterior fue ordenado pese a que Gloria Esperanza Zamora T\u00e9llez, ha ejercido como \u00abposeedora de buena fe, por relaci\u00f3n directa contractual con el demandante LUIS ANTONIO OVALLE ORTEGA, quien era el propietario del predio, posesi\u00f3n otorgada mediante una promesa de contrato de compraventa\u00bb, y que en procura de la resoluci\u00f3n de dicho contrato adelanta ante el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el litigo radicado con el n\u00ba 2014-0008. <\/p>\n

Criticaron que se hubiera llevado a cabo la entrega sin previa notificaci\u00f3n a los interesados para que ejercieran su derecho de defensa, y que a pesar de ello, al haber concurrido la poseedora con apoderado judicial, el funcionario no le permiti\u00f3 oponerse y decretando el \u00aballanamiento\u00bb, orden\u00f3 el desalojo de los ocupantes y \u00absacar varios muebles a la calle\u00bb, y permiti\u00f3 que el apoderado de los demandantes \u00abamedrentara y coaccionada a los inquilinos a suscribir sendos contratos de arrendamiento\u00bb y a la se\u00f1ora Zamora T\u00e9llez \u00aba aceptar la entrega del inmueble para el 2 de enero de 2018\u00bb. <\/p>\n

Por su parte, Alberto Zamora T\u00e9llez y Diego Ospina Ospina, dijeron que se les vulneraron tanto sus prerrogativas fundamentales como las de sus familias integradas por menores de edad, y se desconocieron los argumentos dados para sostener que la tenencia se derivaba de contratos de arrendamiento celebrados con la poseedora Gloria Esperanza Zamora T\u00e9llez, y que por tanto ellos no ten\u00edan relaci\u00f3n alguna con el demandado en el proceso judicial. <\/p>\n

3. Pretenden que \u00abse decrete sin validez ni efecto jur\u00eddico alguno todo acto contractual que eventualmente nos afecte (\u2026) como son los contratos de arrendamiento que ilegalmente hicieron firmar a los arrendatarios (\u2026)\u00bb (fls. 1 a 12, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juez Ochenta Civil Municipal de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que la diligencia de entrega se surti\u00f3 \u00abcon el lleno de los requisitos legales\u00bb, y que la acci\u00f3n no estaba prevista para \u00abpara erigirse como una instancia m\u00e1s en la cual se pretenda subsana el actuar negligente\u00bb de quienes debieron intervenir oportunamente en el respectivo proceso (fls. 94 y 95, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. Luis Antonio Ovalle Ortega y Luz Stella Berm\u00fadez Ovalle, en su calidad de vinculados, se opusieron a lo pretendido, informando que la promesa de compraventa a que alude la accionante Zamora T\u00e9llez, \u00abfue tildada de falsa (\u2026) dentro del proceso de restituci\u00f3n\u00bb, y que igualmente el se\u00f1or Ovalle formul\u00f3 denuncia penal contra la mentada se\u00f1ora y \u00absu compa\u00f1ero permanente RICARDO AUGUSTO CHARRY CHAC\u00d3N, respecto de la promesa de compraventa mencionada, por el delito de falsedad en documento privado, la cual cursa en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n con radicado 110016000049201408709\u00bb, e igualmente, que ante otro despacho judicial cursa un proceso que busca la resoluci\u00f3n del referido contrato, en el que ellos contestaron con excepciones y reconvenci\u00f3n \u00abpor simulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Aseveraron que a la diligencia de entrega se present\u00f3 la se\u00f1ora Gloria Esperanza Zamora T\u00e9llez con su apoderado judicial y se opuso a la misma, pero su inconformidad fue negada por el comisionado; dijeron que no hubo coacci\u00f3n alguna ya que en raz\u00f3n a lo all\u00ed decidido, \u00abse acord\u00f3\u00bb con los ocupantes suscribir nuevo contrato de arrendamiento y con la opositora \u00abun plazo de 60 d\u00edas, para que procediera a la entrega y no fueran sacados a la calle sus bienes\u00bb. Acotaron que respecto a la oposici\u00f3n de Diego Ospina \u00abquien es abogado en ejercicio\u00bb, la misma fue rechazada porque lo hizo en su \u00abcalidad de arrendatario\u00bb (fls. 113 a 117, ib\u00edd.). <\/p>\n

3. La Juez Cincuenta y Uno Civil del Circuito de esta capital, afirm\u00f3 que en ese estrado se adelanta el proceso de \u00abresoluci\u00f3n de contrato de promesa de compraventa\u00bb n\u00ba 2014-00008, instaurado por la se\u00f1ora Zamora T\u00e9llez contra Luis Antonio Ovalle Ortega, en el que se propuso \u00abdemanda de reconvenci\u00f3n de nulidad absoluta\u00bb, encontr\u00e1ndose en la etapa probatoria (fl. 127, \u00eddem).
\nLA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Neg\u00f3 el auxilio al encontrar que los reclamantes no son parte dentro del proceso cuya actuaci\u00f3n censuran y porque \u00abGloria Esperanza Zamora T\u00e9llez est\u00e1 haciendo valer sus derechos en el proceso de resoluci\u00f3n de contrato 2014-008\u00bb, y para los arrendatarios \u00abse est\u00e1n respetando los contratos hasta su terminaci\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, porque hubo omisi\u00f3n de la parte accionante \u00abal no interponer el respectivo recurso de queja contra la decisi\u00f3n de no conceder la alzada, dilapidando as\u00ed la oportunidad procesal con la que contaba para su impugnaci\u00f3n\u00bb, y que si consideraban que proced\u00eda la nulidad de lo actuado por el comisionado, debieron plantearla conforme a lo previsto en el art\u00edculo 40 del estatuto adjetivo (fls. 137 a 141, cd. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Gloria Esperanza Zamora T\u00e9llez y Alberto Zamora T\u00e9llez impugnaron el fallo para insistir en los argumentos de su demanda tutelar, precisando que el comisionado incurri\u00f3 en \u00abun defecto procedimental absoluto\u00bb al no admitirles la oposici\u00f3n ni los recursos incoados como terceros de \u00abbuena fe\u00bb, y con ello se les \u00abneg\u00f3\u00bb la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n (fls. 160 a 165, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLa reiterada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo excepcionalmente puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario profiera alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada en STC4885-2017, 6 abr. 2017, rad. 00398-01, entre otras). <\/p>\n

Lo anterior por cuanto el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando desde 1991, han precisado que la tutela solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales que son objeto de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, pues dicha acci\u00f3n no es una herramienta sustitutiva o paralela de los dem\u00e1s instrumentos que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

2. Bajo tales premisas, correspondiendo a la Sala resolver si a los accionantes, quienes alegaron derechos derivados de posesi\u00f3n y tenencia sobre el inmueble objeto de una diligencia de entrega, les fueron vulneradas sus prerrogativas fundamentales por el Juzgado Ochenta Civil Municipal de esta ciudad, al desatender las oposiciones y los recursos en ella planteados, se establece que el fallo denegatorio del amparo deber\u00e1 ratificarse, por cuanto \u00e9ste, en relaci\u00f3n con quien dice ser poseedora, no alcanza a superar el esencial requisito de la subsidiariedad, mientras que en lo atinente al reclamo realizado por los tenedores, lo resuelto no obedece a un capricho o arbitrariedad sino a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n

2.1. En efecto, el aludido impedimento de procedibilidad surge porque Gloria Esperanza Zamora T\u00e9llez, pese a que actuaba a trav\u00e9s de apoderado judicial previamente reconocido, dej\u00f3 de emplear los recursos previstos en la ley, lo cual configura incuria, en la medida en que, da cuenta el acta de la diligencia de entrega llevada a cabo el 2 de noviembre de 2017 (fls. 3 a 7, cd. Corte), que si bien propuso el recurso de apelaci\u00f3n contra la resoluci\u00f3n desfavorable a la oposici\u00f3n que planteara, ante la negativa del comisionado para concederlo pudo insistir para que el asunto fuera revisado por el superior jer\u00e1rquico, acudiendo al recurso de queja conforme al tr\u00e1mite contemplado en el precepto 353 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Lo anterior no obstante que al tenor de lo previsto en el numeral 9\u00ba del canon 321 del referido estatuto adjetivo, el auto \u00abque resuelve sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano\u00bb, es susceptible de apelaci\u00f3n, pero la querellante no hizo uso de tal mecanismo jur\u00eddico. <\/p>\n

N\u00f3tese que tras haberse negado la posibilidad de que se surtiera el referido recurso vertical, la opositora y el apoderado de la parte demandante acordaron que la entrega del apartamento del \u00abpiso 4\u00bb se realizar\u00eda en \u00abun t\u00e9rmino de sesenta (60) d\u00edas, esto es, hasta el dos (02) de enero de dos mil dieciocho (2018)\u00bb, a\u00f1adiendo que \u00aben caso de no hacerse efectiva dicha obligaci\u00f3n, se fijar\u00e1 nueva fecha\u00bb, y que la \u00abmisma suerte correr\u00e1 el apartamento (\u2026) 302, que ser\u00e1 entregado dentro de los sesenta (60) d\u00edas, esto es, hasta el dos (02) de enero de dos mil dieciocho (2018)\u00bb. <\/p>\n

En este orden, el car\u00e1cter residual de la tutela no se abre paso, pues bajo esa perspectiva la Sala reitera que no es ante el juez constitucional sino ante el de conocimiento donde deben plantearse los recursos y acciones previstas en el ordenamiento legal, ya que: <\/p>\n

\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada entre otras en STC18714-2017, 10 nov. 2017, rad. 00417-01). <\/p>\n

2.2. Ahora, en lo que refiere a los accionantes Alberto Zamora T\u00e9llez y Diego Ospina Ospina, quienes adujeron su calidad de \u00abarrendatarios\u00bb de los apartamentos 20l y 202, respectivamente, el rechazo de sus aspiraciones que en la referida diligencia de entrega llevada a cabo el 2 de noviembre de 2017 adoptara el funcionario judicial comisionado, se ajusta a la normativa aplicable, pues dada su condici\u00f3n de tenedores, no estaban legitimados para oponerse y por ende interponer los recursos ordinarios tendientes a reversar la decisi\u00f3n que les fue desfavorable. <\/p>\n

Ciertamente, la segunda regla contenida en el art\u00edculo 309 del ordenamiento procedimental vigente, se\u00f1ala que para no ser rechazada de plano la oposici\u00f3n, \u00e9sta deber\u00e1 provenir de \u00abla persona en cuyo poder se encuentre el bien y contra quien la sentencia no produzca efectos, si en cualquier forma alega hechos constitutivos de posesi\u00f3n y presenta prueba siquiera sumaria que los demuestre\u00bb, siendo claro entonces que el arrendatario, como simple tenedor que es de la cosa, no est\u00e1 llamada a ejercer v\u00e1lidamente el derecho de oposici\u00f3n. Subrayado fuera del texto. <\/p>\n

En las condiciones descritas, la Sala encuentra que frente a los accionantes en comento, el amparo no se abre paso, en tanto la decisi\u00f3n objeto de cuestionamiento no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad capaz de quebrantarla, y al respecto es necesario reiterar que mientras las determinaciones cuestionadas en un proceso no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, en la medida en que: <\/p>\n

\u00abeste mecanismo no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterada entre otras en STC10869-2017, 25 jul. 2017, rad. 01406-01). <\/p>\n

En similar sentido la Corte ha venido sosteniendo que: \u00abS\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC. 24. jun. 2004, rad. 00142-01, reiterada en STC8870-2017, 21 jun. 2017, rad. 01464-00, y STC18071-2017, 2 nov. 2017, rad. 00284-01, entre otras). <\/p>\n

3. Sobre la posibilidad de conceder la salvaguarda como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubieran configurado las m\u00ednimas exigencias que hagan posible el auxilio en tales condiciones, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras, en STC11415-2017, 3 ago. 2017, rad. 00294-01), lo cual ac\u00e1 no acontece, pue se recuerda que respecto de los contratos de arrendamientos se encontraban vigentes al momento de la diligencia, la autoridad acusada dispuso mantenerlos hasta el vencimiento del t\u00e9rmino estipulado, y tambi\u00e9n se garantiz\u00f3 su renovaci\u00f3n pero ya fungiendo el propietario como su nuevo arrendador. <\/p>\n

4. En consecuencia, con las consideraciones que se han dado en precedencia, se impondr\u00e1 la confirmaci\u00f3n del fallo mediante el cual se neg\u00f3 el resguardo implorado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Magistrado Ponente STC2752-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2017-03785-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 18 de enero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101774","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101774","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101774"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101774\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101774"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101774"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101774"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}