{"id":101776,"date":"2026-07-01T18:53:04","date_gmt":"2026-07-01T18:53:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101776"},"modified":"2026-07-01T18:53:04","modified_gmt":"2026-07-01T18:53:04","slug":"stc2754-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2754-2018\/","title":{"rendered":"STC2754-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC2754-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2017-00945-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 16 de enero de 2018, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Nelly Guerrero Ortiz en representaci\u00f3n de su menor hijo Michael Andr\u00e9s Rinc\u00f3n Guerrero, contra el Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de Oralidad de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Defensor de Familia, la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos de Familia, y, la parte activa del juicio verbal sumario a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa promotora del resguardo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental de su descendiente al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con la sentencia de \u00fanica instancia dictada en audiencia el 7 de diciembre de 2017, dentro del proceso verbal sumario de levantamiento de patrimonio de familia que Marzio Jos\u00e9 Rinc\u00f3n Barroso promovi\u00f3 en contra de ella en la calidad que le asiste, radicado bajo el No. 2017-00499-00. <\/p>\n

Exige, entonces, para la protecci\u00f3n de tal prerrogativa, que se deje sin valor y efecto la aludida providencia, y que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de Oralidad de Bogot\u00e1, \u00abproferir una [nueva] sentencia ajustada a derecho\u00bb (fl. 60, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que la demanda que dio origen al litigio referido en l\u00edneas precedentes, fue instaurada con el fin de levantar o cancelar el gravamen de patrimonio de familia constituido en favor de sus hijos Edwin Felipe y Michael Andr\u00e9s Rinc\u00f3n Guerrero, primero de ellos que en la actualidad cuenta con 19 a\u00f1os y est\u00e1 cursando estudios universitarios, sobre el bien inmueble ubicado en \u00abla carrera 102 No. 70-76 casa 131 de Alameda de Tierra Grata de la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb, pretensi\u00f3n a la que accedi\u00f3 la citada oficina judicial a trav\u00e9s del fallo mencionado con antelaci\u00f3n. <\/p>\n

Asevera que el juez acusado en la anterior decisi\u00f3n incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por los defectos f\u00e1ctico, sustantivo y procedimental, toda vez que soport\u00f3 la misma en una indebida valoraci\u00f3n probatoria, en la medida que le dio total m\u00e9rito a la declaraci\u00f3n de parte del demandante, sin atender las defensas que ella propuso, error que condujo a que se tuvieran por satisfechas las exigencias consagradas en la Ley 70 de 1931 para levantar el susodicho gravamen, sumado a que, por un lado, su menor hijo no cont\u00f3 con nadie, excepto ella, que defendiera sus intereses, pues a m\u00e1s que no le fue nombrado curador ad-hoc como lo ordena la citada ley, la Defensora de Familia brill\u00f3 por su ausencia en el tr\u00e1mite; y por el otro, se autoriz\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n sobre el 100% del bien inmueble, pese a que al demandante solo le corresponde el 50%, lo que amerita a su juicio la intervenci\u00f3n del juez de tutela a favor de su prohijado (fls. 58 a 61, Cit.). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

a. El titular del Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de Oralidad de esta capital, solicit\u00f3 negar lo pretendido por la accionante, con fundamento en que la providencia criticada \u00abse halla por completo ajustada a derecho y a la realidad procesal, en la que [se] plante\u00f3 y analiz\u00f3 el problema jur\u00eddico a resolver y se observ\u00f3 todo el acervo probatorio\u00bb para acceder a las pretensiones de la demandada. <\/p>\n

Por \u00faltimo indic\u00f3, que \u00abno hab\u00eda lugar a designar un curador ad-hoc al menor hijo de las partes, como lo pretende la accionante, pues el tr\u00e1mite de que se trata, lo es contencioso; aquel auxiliar se designa cuando la solicitud es presentada de com\u00fan acuerdo entre las partes\u00bb (fls. 69 y 70, ejusdem). <\/p>\n

b. La apoderada judicial de la tutelante en el juicio de jurisdicci\u00f3n voluntaria cuestionado, coadyuv\u00f3 la solicitud de amparo elevada por \u00e9sta, tras expresar similares argumentos a los aducidos en el escrito de tutela (fls. 71 y 72, \u00eddem). <\/p>\n

c. La precursora judicial del vinculado Marzio Jos\u00e9 Rinc\u00f3n Barroso, luego de hacer algunos comentarios frente a los hechos narrados en la demanda de tutela, se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, con sustento en que la decisi\u00f3n reprochada \u00abse encuentra enmarcada en las formalidades y rigurosidades de la ley sin vulnerar derecho alguno\u00bb (fl. 90, Cfr.). <\/p>\n

d. Los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que <\/p>\n

\u00abal no existir un acuerdo entre las partes para levantar el patrimonio de familia constituido por MARZIO JOS\u00c9 RINC\u00d3N BARROSO mediante escritura p\u00fablica No. 4454 de 14 de agosto de 2002 de la Notar\u00eda 1\u00aa de Bogot\u00e1, respecto del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula No. 50C-1539638, en aplicaci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 23 de la Ley 70 de 1931, le correspond\u00eda al interesado promover el proceso verbal sumario de cancelaci\u00f3n de patrimonio de familia en contra de su excompa\u00f1era permanente, se\u00f1ora Nelly Guerrero Ortiz, quien, en su calidad de representante legal del menor hijo MICHAEL ANDR\u00c9S RINC\u00d3N GUERRERO, concedi\u00f3 poder a su apoderada judicial, quien fue reconocida en tal sentido por el Funcionario accionado mediante auto de 31 de agosto de 2017 y se opuso a las pretensiones de la demanda, lo que pone de presente que no existe un conflicto de intereses entre madre e hijo, precisamente porque propugn\u00f3 ella por el no levantamiento del patrimonio de familia, posici\u00f3n procesal que favorece los intereses del menor beneficiario, quien, por ello, pod\u00eda representar los intereses de su hijo\u00bb. <\/p>\n

Por \u00faltimo advirti\u00f3, que \u00aben el asunto materia de la censura constitucional la Defensora de Familia adscrita al Juzgado fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda, luego por ese aspecto no es imputable al titular del juzgado accionado la inactividad en que ella hubiera podido incurrir\u00bb, sumado a que no es cierto que el juez acusado incurri\u00f3 en una indebida valoraci\u00f3n probatoria, pues \u00abtal y como se verifica de la grabaci\u00f3n magnetof\u00f3nica contenida en el respectivo CD que recogi\u00f3 la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2017, incursion\u00f3 en el an\u00e1lisis de cada una de las excepciones formuladas por la demandada, as\u00ed como de los elementos probatorios aportados por las partes, dentro de las oportunidades legales; valoraci\u00f3n que aparece debidamente motivada, y le permiti\u00f3 al titular de ese despacho a declarar[las] infundadas (\u2026), con el consecuente decreto del levantamiento de patrimonio de familia que reca\u00eda sobre el inmueble referido\u00bb, ejercicio que no se puede descalificar bajo el argumento de que con el mismo es que se garantizan los alimentos del susodicho infante, dado que ante un eventual incumplimiento, \u00ab\u00e9sta podr\u00e1 acudir ante el juez de familia, a efectos de promover el proceso ejecutivo de alimentos y solicitar las medidas cautelares a que hubiera lugar, a efectos de garantizar el cumplimiento de dicha obligaci\u00f3n\u00bb (fls. 93 a 98, cdno. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La accionante replic\u00f3 el anterior fallo, esgrimiendo, en forma condensada, los mismos planteamientos que expuso como sustento de la queja constitucional (fl. 118, Cit.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Por regla general, tal y como lo ha sido sostenido la jurisprudencia nacional, esta acci\u00f3n especial\u00edsima no procede contra providencias judiciales; de ah\u00ed, que la tutela s\u00f3lo resulta viable para cuestionarlas de forma excepcional, cuando la actividad de la administraci\u00f3n de justicia se advierta arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, en detrimento de las garant\u00edas primarias que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica reconoce a los asociados. <\/p>\n

2. En el caso bajo estudio se observa, que la queja est\u00e1 puntualmente dirigida contra la sentencia emitida en audiencia el 7 de diciembre de 2017, a trav\u00e9s de la cual la Juez Veintitr\u00e9s de Familia de Oralidad de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3, entre otros, \u00abdeclarar infundadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la parte demandada, y que denominara como \u201causencia de motivo para demandar\u201d, \u201causencia de requisitos para el levantamiento del gravamen\u201d y \u201causencia del litisconsorcio necesario\u201d\u00bb, y en consecuencia, \u00abdecretar el levantamiento del gravamen de patrimonio de familia inembargable (\u2026) que pesa sobre el bien inmueble ubicado en la carrera 102 No. 70-76 casa 131 barrio La Alameda Tierra Grata de la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb, dentro del proceso verbal sumario de levantamiento de patrimonio de familia que Marzio Jos\u00e9 Rinc\u00f3n Barroso promovi\u00f3 en contra de la accionante en su condici\u00f3n de representante legal de su menor hijo Michael Andr\u00e9s Rinc\u00f3n Guerrero (fl. 5, Cdno. Corte), pues en sentir de la aqu\u00ed interesada, dicha decisi\u00f3n se soport\u00f3 en una indebida valoraci\u00f3n probatoria, sumado a que, por un lado, su descendiente no estuvo representado por curador ad-hoc, tal y como lo ordena la Ley 70 de 1931, menos a\u00fan por la Defensora de Familia convocada al juicio, quien brill\u00f3 por su ausencia en toda la actuaci\u00f3n; y por el otro, se autoriz\u00f3 la referida cancelaci\u00f3n sobre el 100% de la propiedad en cuesti\u00f3n, pese a que al demandante solo le corresponde el 50% de \u00e9ste. <\/p>\n

3.\tSin embargo, escuchado el audio que contiene los pormenores de la audiencia donde se dict\u00f3 la referida providencia, advierte la Sala que lo decidido frente a la tem\u00e1tica anterior de manera alguna puede considerarse caprichoso o absurdo, tal y como lo indic\u00f3 el a quo constitucional, en tanto que se encuentra soportada en argumentos jur\u00eddicos que con independencia de si la Corte disienta o no de ellos, no se trata de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico, lo que descarta la posibilidad de censurar dicha resoluci\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

En efecto, se llega a la anterior apreciaci\u00f3n, por cuanto que la citada autoridad, a punto de adoptar una decisi\u00f3n de fondo frente a las pretensiones incoadas en la demanda, y teniendo de presente que no hay acuerdo entre las partes para el levantamiento de la mentada salvaguarda patrimonial, tuvo en consideraci\u00f3n no solo la normatividad aplicable al asunto, sino tambi\u00e9n el motivo aducido por el demandante para ello, as\u00ed como las pruebas recaudadas en el litigio, concluyendo que lo pedido no afecta los intereses del menor involucrado en la contienda, ya que a m\u00e1s que \u00e9ste no reside en la demarcada casa habitaci\u00f3n, la cual en la actualidad no genera ingreso alguno1, sus alimentos (necesarios y congruos) no corren riesgo de ser desatendidos por su progenitor, quien viene cumpliendo su obligaci\u00f3n de suministrarlos de acuerdo con el fallo proferido el 9 de septiembre de 2010 por el Juzgado Noveno de Familia de esta capital, sumado a que lo finalmente pretendido por aqu\u00e9l, esto es, constituir \u201cun negocio\u201d con el producto de la venta del porcentaje (50%) que le fue adjudicado sobre la memorada propiedad en la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que conform\u00f3 con la demandada, aqu\u00ed actora, redunda en beneficio no solo de \u00e9l sino tambi\u00e9n de todos sus hijos, inferencia que analizada bajo la teleolog\u00eda de la acci\u00f3n de tutela, va en contrav\u00eda del ordenamiento jur\u00eddico, ni constituye una afrenta a los derechos iusfundamentales del joven Michael Andr\u00e9s Rinc\u00f3n Guerrero. <\/p>\n

4.\tLo anterior, por cuanto que, dada la finalidad del patrimonio de familia, cual es la de \u201cdar estabilidad y seguridad al grupo familiar en su sostenimiento y desarrollo, salvaguardando su morada y techo y los bienes necesarios para su supervivencia en condiciones de dignidad\u201d (C.C. C-317\/10), protecci\u00f3n que se concentra \u201cen la inembargabilidad del inmueble que le sirve de vivienda\u201d (ejusdem, C-107\/17), para el caso no se aprecia la necesidad, utilidad y conveniencia de mantener dicha protecci\u00f3n, y por el contrario, s\u00ed de cancelarla, en la medida que, como lo anot\u00f3 el juez acusado al adoptar la providencia cuestionada, tanto la separaci\u00f3n de las partes como el desuso del bien inmueble tantas veces mencionado por parte de la demandada, y en consecuencia, de sus hijos, para beneficio propio (vivienda-arriendos), no justifican la permanencia del gravamen, m\u00e1xime cuando no se aprecia que con su cancelaci\u00f3n se pueda poner en riesgo el sostenimiento y desarrollo de los hijos del demandante, quien adem\u00e1s de venir cumpliendo con su obligaci\u00f3n de dar alimentos a todos ellos, pretende mejorar sus ingresos con el valor que pueda obtener de la enajenaci\u00f3n del porcentaje que tiene sobre aqu\u00e9l, circunstancias que dieron lugar a la desestimaci\u00f3n de las defensas propuestas2. <\/p>\n

5.\tAhora, no es cierto que el aludido funcionario haya incurrido en una indebida valoraci\u00f3n probatoria, toda vez que la decisi\u00f3n fue producto de la sana cr\u00edtica probatoria ejercida conforme al art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, si se tiene en cuenta que estudi\u00f3 en conjunto todos los medios persuasivos obrantes en el proceso, y menos a\u00fan puede endilg\u00e1rsele una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 23 de la Ley 70 de 19313, pues ante la ausencia de consentimiento por parte de la demandada para autorizar el levantamiento del patrimonio de familia, el juzgador estaba en la obligaci\u00f3n de estudiar la necesidad, utilidad y conveniencia de mantener dicha garant\u00eda a la luz del motivo arg\u00fcido por el demandante, y en armon\u00eda con las circunstancias del caso, presupuestos que estim\u00f3 no estaban dados; adem\u00e1s, tampoco era necesario designarle curador ad-hoc al menor involucrado en la contienda, como insistentemente lo sugiere la tutelante, pues ella funge como tal, al ser su representante legal, raz\u00f3n por la que la supuesta inactividad de la Defensora de Familia adscrita al Despacho accionado, m\u00e1s all\u00e1 de la responsabilidad que le pueda corresponder, no puede generar la invalidaci\u00f3n de lo decidido. <\/p>\n

6.\tPor virtud de lo anterior, se descarta la eventualidad de predicar que en el fallo controvertido la oficina judicial criticada hubiera incurrido en una actitud susceptible de ser cuestionada positivamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta, dado que, como qued\u00f3 visto, de acuerdo a los medios de prueba obrantes en el memorado litigio, la decisi\u00f3n a la que arrib\u00f3 no se aprecia antojadiza o caprichosa, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en la rese\u00f1ada providencia se hubiera incurrido en alguna causal de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a la misma, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (citada \u00faltimamente, entre otros, en STC17722-2017 y STC065-2018). <\/p>\n

A ese respecto, se ha considerado que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb, y que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ver entre otros, en CSJ STC17973-2017 y STC939-2018). <\/p>\n

7. Por tanto, las razones que anteceden se estiman suficientes para mantener inc\u00f3lume el fallo confutado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tSeg\u00fan la declaraci\u00f3n rendida por la \ttutelante hacia el interior del memorado litigio, la cuida una \tpersona que paga \u00fanicamente los servicios p\u00fablicos y \tlos impuestos.
\n2 \tLo anterior se puede verificar a folio 5 del \tcuaderno de la Corte (CD. Min. 1:14:08 a Min. 1:20:40).
\n3 \tQue reza: \u201cEl propietario \tpuede enajenar el patrimonio de familia o cancelar la inscripci\u00f3n \tpor otra que haga entrar el bien a su patrimonio particular sometido \tal derecho com\u00fan; pero si es casado o tiene hijos menores, la \tenajenaci\u00f3n o cancelaci\u00f3n se subordinan, en el primer \tcaso, al consentimiento de su c\u00f3nyuge, y, en el otro, al \tconsentimiento de los segundos, dado por medio y con intervenci\u00f3n \tde un curador, si lo tienen, o de un curador nombrado ad hoc\u201d.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC2754-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2017-00945-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 16 de enero de 2018, proferido por la Sala de Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101776","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101776","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101776"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101776\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101776"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101776"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101776"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}