{"id":101778,"date":"2026-07-01T18:53:10","date_gmt":"2026-07-01T18:53:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101778"},"modified":"2026-07-01T18:53:10","modified_gmt":"2026-07-01T18:53:10","slug":"stc2757-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2757-2018\/","title":{"rendered":"STC2757-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2757-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 68679-22-14-000-2017-00114-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 1\u00ba de febrero de 2018, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de San Gil, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Bernardo Triana Neira contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl interesado reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00ablegalidad\u00bb, a la \u00abprevalencia del [d]erecho sustancial en las [a]ctuaciones [j]udiciales\u00bb, a la igualdad \u00abante la ley\u00bb, al acceso \u00abigualitario\u00bb a la administraci\u00f3n de justicia, al trabajo, a la libertad \u00abecon\u00f3mica\u00bb, a la \u00abpropiedad\u00bb y al m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al conceder el amparo solicitado en la acci\u00f3n de tutela que para el efecto Hern\u00e1n B\u00e1ez, Rodolfo Barrera Rodr\u00edguez y Adolfo Ferreira Rodr\u00edguez promovieron en su contra, de la Alcald\u00eda de San Gil, y, la Inspecci\u00f3n Municipal de Polic\u00eda de la misma ciudad. <\/p>\n

Y aun cuando de manera concreta no especific\u00f3 lo que pretende a trav\u00e9s de este mecanismo, se extrae de los hechos narrados en el escrito inicial, que lo que se intenta a trav\u00e9s del amparo es obtener la anulaci\u00f3n de la providencia adiada 21 de noviembre de 2017 (fls. 3 a 8, cdno. 1). <\/p>\n

2. En apoyo de tal pretensi\u00f3n aduce en s\u00edntesis y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que la Alcald\u00eda de San Gil a trav\u00e9s de su Secretar\u00eda Jur\u00eddica, determin\u00f3 en el marco de la querella policiva de perturbaci\u00f3n que promovieron en su contra los se\u00f1ores Jos\u00e9 Plutarco B\u00e1ez, Hern\u00e1n B\u00e1ez, Rodolfo Barrera Hern\u00e1ndez y Adolfo Ferreira Rodr\u00edguez, que \u00abel port\u00f3n instalado en la entrada del Predio denominado \u201cEL PORTAL\u201d [de su propiedad] se encuentra por fuera del per\u00edmetro que comprende la servidumbre de 153 metros reconocida en la escritura p\u00fablica No. 424 de 2011\u00bb, dando cabal cumplimiento a la orden constitucional que le fue impartida en virtud de la protecci\u00f3n que le fue concedida a \u00e9stos en una acci\u00f3n de igual naturaleza a la presente1, el Juzgado Primero Civil del Circuito de la citada ciudad, soslayando que los inconformes contaban con otros medios de defensa para dilucidar la tem\u00e1tica puntual de la servidumbre, les otorg\u00f3 nuevamente la salvaguarda rogada a \u00e9stos. <\/p>\n

Indica que aunque con anterioridad ya se hab\u00edan negado acciones judiciales de la misma \u00edndole, el Despacho convocado sin explicaci\u00f3n alguna \u00abcambi[\u00f3] su tesis\u00bb, desconociendo, dice, que respecto de su inmueble \u00abno existe servidumbre\u00bb, circunstancia que, asegura, le causa un perjuicio irremediable (fls. 3 a 8, Cit.). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

a).\tEl Personero de San Gil puntualiz\u00f3, que no ha lesionado prerrogativa fundamental alguna del actor, pues sus actuaciones se han limitado a dar cumplimiento a la dispuesto a la sentencia constitucional proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de dicha ciudad, es decir, a hacer el acompa\u00f1amiento requerido para que no se obstruya la servidumbre de tr\u00e1nsito existente entre los predios \u00abEl Portal, limoncitos, los mangos y vejaranas\u00bb, conminando a los propietarios de \u00e9stos, a realizar alg\u00fan acuerdo conciliatorio (fls. 40 a 44, \u00edd.). <\/p>\n

b).\tEl Juez convocado precis\u00f3, que la protecci\u00f3n rogada est\u00e1 llamada al fracaso, pues la decisi\u00f3n que profiri\u00f3 en el marco de la memora acci\u00f3n constitucional \u00abfue encaminad[a] a no agravar a\u00fan m\u00e1s la situaci\u00f3n y evitar la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable de los all\u00ed demandantes (\u2026), en especial del adulto mayor Hern\u00e1n B\u00e1ez\u00bb, a m\u00e1s que la memorada protecci\u00f3n fue transitoria por el t\u00e9rmino de 4 meses, con el fin de que en ese interregno los all\u00ed accionantes \u00abacudieran al proceso declarativo id\u00f3neo, so pena que los efectos de la tutela (\u2026) cesaran\u00bb (fls. 51 a 52, \u00eddem). <\/p>\n

c).\tLa titular del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas y Conocimiento de la memorada localidad, se limit\u00f3 a indicar, que la controversia criticada se remiti\u00f3 al \u00f3rgano de cierre constitucional para su eventual revisi\u00f3n (fl. 53, \u00edd.). <\/p>\n

d).\tEl Secretario Jur\u00eddico del citado municipio aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por ser \u00abajen[o] a los procedimientos jur\u00eddicos que las partes estuvieron llevando ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria en el transcurso del proceso policivo por perturbaci\u00f3n\u00bb (fls. 54 a 57, ib\u00eddem). <\/p>\n

e).\tLos se\u00f1ores Jos\u00e9 Plutarco B\u00e1ez y Hern\u00e1n B\u00e1ez coincidiendo en se\u00f1alar, que en la memorada acci\u00f3n constitucional no se vulner\u00f3 derecho fundamental alguno del actor, sino que al quedar ellos sin v\u00edas de acceso a los predios de su propiedad como consecuencia de la decisi\u00f3n que les fue desfavorable en el marco de la querella policiva referida, se hizo necesario que les fuera concedido el amparo constitucional transitorio hasta tanto se adelanten las acciones judiciales pertinentes respecto de la pretendida servidumbre (fls. 65 a 70, \u00edd.). <\/p>\n

El Juez Constitucional de primera instancia neg\u00f3 el auxilio implorado, tras advertir que resultaba prematuro, como quiera que el expediente de la acci\u00f3n judicial cuestionada se encuentra ante el \u00f3rgano de cierre de esa jurisdicci\u00f3n pendiente de que se resuelva sobre su eventual revisi\u00f3n (fls. 71 a 75, ib\u00eddem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

EL accionante recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alado similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela (fls. 89 y 90, \u00edd.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tTal y como se ha sostenido de tiempo atr\u00e1s, las providencias de los jueces son, por regla general, ajenas al examen propio de la tutela, en aras de garantizar la autonom\u00eda que la propia Carta le ha otorgado a los administradores de justicia, salvo en los eventos en los que resultan ostensiblemente arbitrarias, es decir, producto de la mera liberalidad, y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino prudente a formularla y no tenga ni haya desperdiciado otros medios a su alcance para conjurar el agravio.
\nEl planteamiento anterior se aplica en mayor medida, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional, pues de lo contrario se abrir\u00eda la puerta a presentar de manera indefinida acciones de la misma naturaleza, y se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, se ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite, o cuando la decisi\u00f3n afecta de manera grave una garant\u00eda fundamental en sujetos considerados de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n

2.\tEn el presente asunto, la queja del impugnante est\u00e1 dirigida frente a la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2017 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil, mediante la cual se dispuso \u00abREVOCAR\u00bb el fallo dictado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de la misma ciudad, para en su lugar, entonces, conceder transitoriamente el amparo constitucional deprecado por los se\u00f1ores Hern\u00e1n B\u00e1ez, Rodolfo Barrera Hern\u00e1ndez y Adolfo Ferreira Rodr\u00edguez, dentro de la acci\u00f3n de tutela por \u00e9stos promovida en su contra y de la Secretar\u00eda Jur\u00eddica del memorado ente territorial (fls. 3 a 23, \u00edd.). <\/p>\n

3.\tPara brindar soluci\u00f3n a la presente contienda, resulta necesario para la Corte verificar la documentaci\u00f3n obrante en el expediente, y que permite advertir lo siguiente: <\/p>\n

3.1.\tAnte los problemas generados por el uso de una servidumbre de tr\u00e1nsito y las condiciones especiales de Jos\u00e9 Plutarco B\u00e1ez y su agenciada Margarita Ardila Miranda \u2013adultos mayores con diferentes patolog\u00edas, mediante prove\u00eddo del 16 de agosto de 2016, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Gil resolvi\u00f3 salvaguardar las prerrogativas superiores de \u00e9stos \u00aba la dignidad humana, libre locomoci\u00f3n, m\u00ednimo vital, debilidad manifiesta\u00bb, raz\u00f3n por la cual orden\u00f3 al se\u00f1or Bernardo Triana Neira (aqu\u00ed tutelante), que \u00abproced[iera] a retirar el port\u00f3n y todos los obst\u00e1culos como candados, cercamientos entre otros, que impidan el libre tr\u00e1nsito del accionante y la agenciada en veh\u00edculo o a pie por el camino que atraviesa su predio NARANJITO II al predio EL LIMONCITO\u00bb (fls. 181 a 188, cdno. copias acci\u00f3n constitucional. Rad. 2017-00370-00). <\/p>\n

3.2.\t Los se\u00f1ores Hern\u00e1n B\u00e1ez, Jos\u00e9 Plutarco B\u00e1ez, Rodolfo Barrera Hern\u00e1ndez y Adolfo Ferreira en su condici\u00f3n de propietarios de los predios denominados \u00abLimoncitos\u00bb, \u00ablos Mangos\u00bb y \u00abVejaranas\u00bb, formularon en contra del se\u00f1or Triana Neira como due\u00f1o del inmueble \u00abel Portal\u00bb, querella policiva por perturbaci\u00f3n a la servidumbre de tr\u00e1nsito, tr\u00e1mite que se desat\u00f3 mediante la Resoluci\u00f3n No. 100-R-542-2017 del 10 de agosto de 2017, a trav\u00e9s de la cual la Secretar\u00eda Jur\u00eddica de la Alcald\u00eda de San Gil dispuso: \u00abPRIMERO. Declarar probadas las excepciones propuestas (\u2026); SEGUNDO. Revocar el amparo policivo para el uso de la servidumbre de tr\u00e1nsito\u00bb concedido mediante la Resoluci\u00f3n de 15 de marzo de la citada anualidad, por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda del citado municipio (fls. 116 a 125, Cit.). <\/p>\n

3.3. Inconformes con la anterior determinaci\u00f3n, los citados querellantes presentaron acci\u00f3n de tutela frente al se\u00f1or Triana Neira y el memorado ente territorial, la que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de esa ciudad, quien a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 10 de octubre pasado, neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, tras considerar, por una parte, que exist\u00eda una anterior acci\u00f3n judicial a la cual pod\u00eda acudir el interesado al que se le concedi\u00f3 la inicial protecci\u00f3n, y por la otra, que no solo \u00ablas actuaciones en sede administrativa tanto en primera como en segunda instancia se han ajustado a derecho, han contado con plenario probatorio suficiente y con fundamentos t\u00e9cnicos y profesionales propios\u00bb, sino que los inconformes ten\u00edan las herramientas necesarias para dirimir su conflicto ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria (fls. 189 a 101, Cit.). <\/p>\n

3.4.\tImpugnada la anterior determinaci\u00f3n, el Juzgado Primero Civil del Circuito de la aludida urbe en providencia del 21 de noviembre siguiente, revoc\u00f3 lo resuelto, para as\u00ed, proteger los derechos \u00abal trabajo, a la vida, e integridad personal, la dignidad humana, a la salud, solidaridad de las personas de la tercera edad y debilidad manifiesta, libertad de locomoci\u00f3n\u00bb, de los se\u00f1ores Hern\u00e1n B\u00e1ez, Rodolfo Barrera Hern\u00e1ndez y Adolfo Ferreira Rodr\u00edguez, disponiendo en consecuencia, que Bernardo Triana Neira (aqu\u00ed tutelante), \u00abcomo propietario del predio El Portal, (\u2026) dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la comunicaci\u00f3n de es[a] decisi\u00f3n, retire los obst\u00e1culos y adopte las medidas encaminadas a garantizar que los accionantes (\u2026) puedan transitar a trav\u00e9s del camino ubicado dentro de su propiedad que conduce hacia sus predios (\u2026)\u00bb, no sin antes advertir a los tutelantes, \u00abque los efectos de es[a] decisi\u00f3n se mantendr\u00e1n mientras las autoridades judiciales competentes deciden de forma definitiva los alcances de la servidumbre alegada conforme su derecho de acci\u00f3n y tramiten el proceso respectivo, en caso de no haberlo hecho ya, dentro de un plazo perentorio de cuatro (4) meses\u00bb. <\/p>\n

La anterior decisi\u00f3n tuvo como fundamento, en lo esencial, en que <\/p>\n

\u00abpese a las determinaciones tomadas en el proceso policivo, los accionantes se encuentran en estado de indefensi\u00f3n frente al accionado, m\u00e1s exactamente frente al se\u00f1or Triana Neira; porque (\u2026), como primera medida, no puede someterse a las personas de especial protecci\u00f3n a la degradaci\u00f3n de sus derechos, y segundo, mucho menos impedirles el goce efectivo de su inmueble \u2013 funci\u00f3n social de la propiedad-, pues reiteradamente se ha dicho que todos los predios deben comunicarse con la v\u00eda principal, con el fin de acceder a la misma de manera libre y sin restricci\u00f3n alguna, luego entonces, el obst\u00e1culo impuesto por el accionado en su propiedad, limita la explotaci\u00f3n del predio de manera adecuada, [m\u00e1xime cuando] la anterior propietaria (\u2026) manifest[\u00f3] que dicho camino o servidumbre llevaba m\u00e1s de 38 a\u00f1os y mientras ella residi\u00f3 all\u00ed, nunca existi\u00f3 inconveniente en el tr\u00e1nsito mismo\u00bb (fls. 3 a 25, cdno. impugnaci\u00f3n Rad. 2017-00370-01). <\/p>\n

4.\tVisto lo anterior, para la Sala se anticipa la negativa del resguardo implorado, dado que la determinaci\u00f3n criticada se observa proferida por la autoridad judicial convocada en el marco de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente, por lo que se configura la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, como quiera que en el presente caso no se evidencia la ocurrencia de alguna de las hip\u00f3tesis en las que la Corte ha admitido de manera excepcional\u00edsima la intervenci\u00f3n de un segundo juez constitucional. <\/p>\n

Ciertamente, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, \u00fanicos recursos procesales que pueden interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto, lo que permite corroborar el fracaso de la nueva protecci\u00f3n presentada. <\/p>\n

En este sentido, la Sala ha se\u00f1alado que proceder de esta manera <\/p>\n

\u00abevita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (ver en CJS STC1988-2017). <\/p>\n

5.\tAunado a lo anterior, y como quiera que se advierte que el expediente contentivo de la acci\u00f3n judicial criticada est\u00e1 surtiendo el tr\u00e1mite respectivo ante la Corte Constitucional, t\u00e9ngase en cuenta que el actor est\u00e1 en la posibilidad de acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del memorado compendio2, para pedir a la referida Colegiatura su escogencia para la eventual revisi\u00f3n, \u00fanico mecanismo procesal que puede interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto, <\/p>\n

Herramienta esta \u00faltima respecto de la cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n

\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC6137-2017). <\/p>\n

6.\tCorolario de lo esgrimido, se impone ratificar el fallo constitucional de instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tAcci\u00f3n de Tutela que conoci\u00f3 el Juzgado Primero \tPromiscuo Municipal de San Gil.
\n2 \tReglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte \tConstitucional<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC2757-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68679-22-14-000-2017-00114-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 1\u00ba de febrero de 2018, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101778","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101778","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101778"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101778\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101778"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101778"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101778"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}