{"id":101779,"date":"2026-07-01T18:53:14","date_gmt":"2026-07-01T18:53:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101779"},"modified":"2026-07-01T18:53:14","modified_gmt":"2026-07-01T18:53:14","slug":"stc2758-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2758-2018\/","title":{"rendered":"STC2758-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2758-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-00033-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 25 de enero de 2018, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Jorge Arturo Acu\u00f1a Garc\u00eda contra el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coactivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al dar por terminada la ejecuci\u00f3n con t\u00edtulo hipotecario que Davivienda S.A. promovi\u00f3 en contra de Iv\u00e1n Garc\u00eda Posada, donde \u00e9l funge actualmente como cesionario del cr\u00e9dito. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, dejando sin efecto lo dispuesto el 21 de noviembre pasado al interior del mentado litigio (fl. 47, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en s\u00edntesis y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que en la ejecuci\u00f3n atr\u00e1s referida se hab\u00eda ordenado seguir adelante con el cobro compulsivo, y se encontraba pendiente de resolver la aposici\u00f3n que se formul\u00f3 en la diligencia de secuestro del bien inmueble objeto de garant\u00eda, el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1 desconociendo que la controversia tuvo su g\u00e9nesis en el a\u00f1o 2001 y que \u00abexisten m\u00e1s acciones en contra del deudor\u00bb, declar\u00f3 la terminaci\u00f3n anormal del proceso por no haberse reliquidado ni reestructurado la obligaci\u00f3n exigida, circunstancia que, asegura, vulnera los derechos fundamentales invocados (fls. 47 a 52, Cit.). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n

La titular del preanotado Juzgado de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito puntualiz\u00f3, que no ha lesionado prerrogativa superior alguna del actor, pues la decisi\u00f3n que profiri\u00f3 en el marco del proceso ejecutivo que se critica, es decir, la que puso fin a la controversia, se apoy\u00f3 en que \u00abrevisado oficiosamente el expediente, se encontr\u00f3 que nunca se alleg\u00f3 reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito ni reestructuraci\u00f3n conforme al art\u00edculo 42, de la Ley 546 de 1999 y los precedentes jurisprudenciales\u00bb, decisi\u00f3n que por dem\u00e1s, \u00abno fue objeto de recurso\u00bb alguno (fl. 68, \u00edd.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 el amparo incoado, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues no solo el actor opt\u00f3 por una actitud silente respecto de la decisi\u00f3n que critica, sino que \u00e9sta se fund\u00f3 en argumentos que no resultan cuestionables, pues \u00abse trata de un cr\u00e9dito de vivienda otorgado en UPAC, del cual no consta su reliquidaci\u00f3n o restructuraci\u00f3n\u00bb (fls. 77 a 81, ib\u00eddem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El promotor se mostr\u00f3 inconforme frente al anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela, destacando adem\u00e1s, que el a quo constitucional no tuvo en cuenta la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en punto de la particular tem\u00e1tica (fls. 86 a 89, \u00edd.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme \ta lo previsto por el \tart\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un \tmecanismo extraordinario establecido para la protecci\u00f3n de \tlos derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente \tamenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima \tde una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, \tde los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de \totro medio de defensa judicial. <\/p>\n

De la misma forma, se ha se\u00f1alado que esta acci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure un proceder arbitrario, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las prerrogativas fundamentales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2. En \tel presente asunto se observa, que \tla censura est\u00e1 encaminada, \tsin duda, contra \tel prove\u00eddo \tproferido el 21 de noviembre de 2017 por el Juzgado Tercero de \tEjecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s \tdel cual se resolvi\u00f3 dar por terminado el proceso ejecutivo \tcon t\u00edtulo hipotecario que Davivienda S.A. promovi\u00f3 \tfrente a Iv\u00e1n Garc\u00eda Posada, donde Jorge Arturo Acu\u00f1a \tGarc\u00eda (aqu\u00ed accionante), funge como cesionario del \tcr\u00e9dito, pues en sentir de este \u00faltimo, en la anterior \tdecisi\u00f3n se dejaron de analizar los requisitos normativos y \tjurisprudenciales vigentes para poder culminar el litigio en virtud \tde la Ley de vivienda. <\/p>\n

3.\tPara brindar soluci\u00f3n a la presente contienda, resulta necesario para la Corte verificar la documentaci\u00f3n obrante en el expediente, y que permite advertir lo siguiente: <\/p>\n

3.1. El 26 de julio de 2001 y con base en el pagar\u00e9 No. 2400321000034308 que conten\u00eda la obligaci\u00f3n de 1634.1439 UPAC, convertidos en 303.180.8074 UVR, el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de esta capital libr\u00f3 mandamiento de pago a favor de Davivienda S.A. y en contra del se\u00f1or Iv\u00e1n Garc\u00eda Posada. <\/p>\n

3.2.\tMediante prove\u00eddo del 22 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, se tom\u00f3 nota del embargo de remanentes ordenado por el Juzgado Cuarenta Civil Municipal de esta misma localidad, en el marco del proceso coercitivo seguido por Davivienda S.A. en contra del se\u00f1or Garc\u00eda Posada. <\/p>\n

3.4.\t Finalmente, mediante prove\u00eddo del 21 de noviembre pasado, el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esta capital dispuso la terminaci\u00f3n de la controversia por la falta de exigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo, con base en lo siguiente:
\nSi bien en la ejecuci\u00f3n de marras \u00abel apoderado del demandante inicial trae su demanda con unas sumas de dinero supuestamente convertidas a la UVR\u00bb, lo cierto, es que \u00e9stas no hacen referencia \u00abal alivio aplicado al cr\u00e9dito, lo que hace presumir\u00bb que \u00e9ste \u00abno fue reliquidado en debida forma\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abno obra prueba alguna de haberse reestructurado la obligaci\u00f3n\u00bb, por lo que \u00abexiste en la presente causa un claro desconocimiento [a] lo ordenado en el Art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999\u00bb. <\/p>\n

Adicionalmente precis\u00f3, que a pesar de que existen otras obligaciones pendientes en cabeza del deudor \u2013embargo de remanentes, lo que constituye una excepci\u00f3n para declarar el finiquito procesal en t\u00e9rminos de la sentencia SU 787\/12, en el presente caso \u00e9sta no es aplicable, habida cuenta que \u00abconsultado el sistema de informaci\u00f3n de la p\u00e1gina de la Rama Judicial, dicho proceso, fue terminado por desistimiento t\u00e1cito\u00bb (Cit.). <\/p>\n

4.\tVisto lo anterior, no cabe duda para la Sala la imposibilidad de acceder a lo pretendido a trav\u00e9s de este mecanismo especial por el se\u00f1or Jorge Arturo Acu\u00f1a Garc\u00eda, si en cuenta lo siguiente: <\/p>\n

4.1. Como quiera que dentro del prenotado tr\u00e1mite judicial el accionante no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, las cuestiones planteadas por \u00e9ste resultan ajenas al campo de acci\u00f3n del juez constitucional, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, toda vez que de acuerdo a las documentales adosadas, y dada la naturaleza del asunto, el gestor del amparo en un acto constitutivo de incuria, dej\u00f3 de interponer los recursos reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 318 y 321 del C\u00f3digo General del Proceso, para atacar la decisi\u00f3n que hoy considera lesiva de sus garant\u00edas superiores, esto es, la que termin\u00f3 el asunto donde act\u00faa como cesionario de la obligaci\u00f3n exigida, medios de impugnaci\u00f3n que estaban a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural los reparos aqu\u00ed tra\u00eddos, por lo que cerrada le qued\u00f3 de poder acudir con \u00e9xito al amparo. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese tambi\u00e9n que al respecto, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho, que como <\/p>\n

\u00abes posible afirmar v\u00e1lidamente que (\u2026) [ha] tenido a su alcance los mecanismos de regular procedencia para debatir en el escenario del proceso las inconsistencias que en su opini\u00f3n afectan la actuaci\u00f3n escrutada, sin que los [haya] agotado en debida forma, (…) mal [puede] tratar de remediar su propia incuria acudiendo a este mecanismo extraordinario de protecci\u00f3n constitucional\u00bb (enunciada en CSJ STC1276-2017). <\/p>\n

4.2.\tY a\u00fan con prescindencia de lo anterior, t\u00e9ngase en cuenta adem\u00e1s, que el razonamiento que le dio al asunto la funcionaria acusada, por m\u00e1s discutible que le parezca al aqu\u00ed interesado, no lleva inserto el quebrantamiento superior endilgado, ello en atenci\u00f3n a que puso fin a la ejecuci\u00f3n precisamente porque se encontraban satisfechos los presupuestos exigidos jurisprudencialmente para ello, en la medida que el cr\u00e9dito es anterior a 1999, con destino a vivienda, y, la obligaci\u00f3n no fue objeto de reestructuraci\u00f3n ni de reliquidaci\u00f3n, conforme a lo exigido en las Sentencias SU-813 de 2007 y SU-787-2012 que recogieron todas las posturas y precedentes anteriores a ellas. <\/p>\n

4.3. Aunado a lo dicho en precedencia, y si bien se tiene noticia en el expediente del embargo de remanentes ordenado en otro proceso coercitivo seguido en contra del ejecutado, lo que le restar\u00eda en \u00faltimas capacidad de pago a \u00e9ste, sin que se pudiera ver concretada la salvaguarda al derecho fundamental a la vivienda dispuesta jurisprudencialmente para ese tipo de asuntos, lo cierto es que en vista de que el Sistema de Informaci\u00f3n Judicial da cuenta que dicha controversia igualmente se termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito, esa situaci\u00f3n conduc\u00eda inexorablemente a no tener en cuenta la memorada medida cautelar, habida cuenta que, por una parte, el Juez como director del proceso no estaba vedado para buscar informaci\u00f3n respecto de la controversia respecto de la cual se tom\u00f3 nota del embargo en el asunto; y por la otra, en vista de que el finiquito no fue informado como debi\u00f3 suceder en la oportunidad procesal correspondiente por la sede judicial municipal que conoc\u00eda de la mentada controversia, no era posible atribuir a la parte obligada esa irregularidad en detrimento de sus derechos, para negarle la terminaci\u00f3n del proceso por la falta de exigibilidad del t\u00edtulo b\u00e1culo de la acci\u00f3n1. <\/p>\n

5.\tCorolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nAusencia Justificada <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tVer STC14491-17<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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