{"id":101793,"date":"2026-07-01T18:55:08","date_gmt":"2026-07-01T18:55:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101793"},"modified":"2026-07-01T18:55:08","modified_gmt":"2026-07-01T18:55:08","slug":"stc2800-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2800-2018\/","title":{"rendered":"STC2800-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2800-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2017-02109-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por los entes fiscales accionados. <\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar al Fiscal Primero Delegado ante el Tribunal Superior de Medell\u00edn declarar probada la recusaci\u00f3n formulada contra la Fiscal 49 Seccional de esa misma localidad, y en su lugar, asignar la investigaci\u00f3n preliminar a otro funcionario que \u00abno haya hecho parte de esta cadena de desidia investigativa\u00bb, a fin de que una vez asumido el conocimiento resuelva \u00abobjetivamente si lo procedente es solicitar la imputaci\u00f3n o proceder a archivar la investigaci\u00f3n\u00bb, con fundamento en lo preceptuado en los art\u00edculos 175 de la Ley 906 de 2004, modificado por el 49 de la Ley 1453 de 2011, en concordancia con los art\u00edculos 56, numeral 7\u00ba y 64, \u00eddem. <\/p>\n

Pidi\u00f3 compulsar copias a las autoridades encargadas de investigar las faltas penales y\/o administrativas en que hubieren incurrido los operadores acusados. <\/p>\n

Suplic\u00f3, como medida provisional, suspender la actuaci\u00f3n procesal hasta que se decida la petici\u00f3n constitucional (folio 14, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tLos anteriores pedimentos fueron soportados en los siguientes hechos: <\/p>\n

2.1.\tDesde octubre de 2010 la Fiscal\u00eda 49 Seccional de Medell\u00edn viene adelantando investigaci\u00f3n previa contra Jorge Alberto Rojas Ot\u00e1lvaro, en su condici\u00f3n de Director Administrativo de la Contralor\u00eda General de Antioquia, en raz\u00f3n de la compulsa de copias efectuada por la Auditor\u00eda General de la Rep\u00fablica, a ra\u00edz de un hallazgo con incidencia penal encontrado en la auditor\u00eda realizada al contrato n\u00ba 134 de 2009 suscrito por dicha direcci\u00f3n. <\/p>\n

2.2.\tEl peticionario asisti\u00f3 a dos diligencias de \u00abinterrogatorio\u00bb en los meses de marzo de 2012 y 2017, las cuales fueron evacuadas dentro del radicado CUI 050016000248201101259, en las que rindi\u00f3 las explicaciones del caso y aport\u00f3 pruebas. Afirm\u00f3 que en varias ocasiones solicit\u00f3 el archivo de la preliminar pero no hab\u00eda obtenido pronunciamiento alguno. <\/p>\n

2.3.\tEl quejoso censur\u00f3 que desde octubre de 2010 a noviembre de 2017, fecha de la formulaci\u00f3n de la tutela, no se hab\u00eda emitido decisi\u00f3n tendiente a archivar la investigaci\u00f3n, as\u00ed como tampoco se hab\u00eda celebrado audiencia de imputaci\u00f3n de cargos, lo que conllev\u00f3 que el t\u00e9rmino previsto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 175 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal est\u00e9 vencido y, por consiguiente, la funcionaria acusadora est\u00e9 incursa en la causal de impedimento establecida en el numeral 7\u00ba, art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n

2.4.\tLa defensa del accionante solicit\u00f3 a la fiscal cognoscente declararse impedida con apoyo en la causal de recusaci\u00f3n anotada a espacio, respecto de lo cual en prove\u00eddo del 22 de julio de 2017 se neg\u00f3 a declarar la causal de apartamiento, arguyendo que dicho plazo estaba previsto para la etapa de juicio, mas no para la de indagaci\u00f3n preliminar; situaci\u00f3n por la cual el reclamante la recus\u00f3 ante el superior, quien resolvi\u00f3 declarar infundada la misma bajo el razonamiento seg\u00fan el cual dicha causal s\u00ed proced\u00eda para la etapa de investigaci\u00f3n previa, pero \u00fanicamente se contaba el plazo desde que el caso era asignado a cada funcionario, lo que derivaba en que el t\u00e9rmino deb\u00eda contarse de manera personal y no institucional. <\/p>\n

2.5.\tEl reclamante reproch\u00f3 tal determinaci\u00f3n porque considera que la titular de la acci\u00f3n penal era la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, por intermedio de sus delegados, de donde conclu\u00eda que la acci\u00f3n era una sola y el t\u00e9rmino deb\u00eda contarse como uno solo desde que se conoci\u00f3 la denuncia de la Auditor\u00eda General de la Rep\u00fablica, pues afirmar lo contrario desembocar\u00eda en que la acci\u00f3n penal depende \u00abde un sentido y t\u00e9rmino personal del delegado de la Fiscal\u00eda que en concreto adelanta las averiguaciones\u00bb. <\/p>\n

2.6.\tEl gestor del amparo fue citado para audiencia de imputaci\u00f3n de cargos para el 7 de noviembre de 2017, de donde le \u00abgenera a\u00fan m\u00e1s incertidumbre en torno a la objetividad de la Fiscal\u00eda sobre [su] caso\u00bb, pues la premura para evacuar la imputaci\u00f3n de cargos tiene como prop\u00f3sito ocultar la falta de diligencia y el vencimiento de t\u00e9rminos. <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y CONVOCADO <\/p>\n

1. La \tFiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior del \tDistrito Judicial de Medell\u00edn inform\u00f3 que en la \tdecisi\u00f3n cuestionada estim\u00f3 que el t\u00e9rmino de 7 \ta\u00f1os, que afirma el accionante ha transcurrido desde que se \tprodujo la compulsa de copias en su contra por parte de la Auditor\u00eda \tGeneral de la Rep\u00fablica, no pod\u00eda endilgarse a la \tFiscal 49 Seccional de esa ciudad, dado que esa funcionaria s\u00f3lo \tasumi\u00f3 el conocimiento de la investigaci\u00f3n en el a\u00f1o \t2015, \u00e9poca a partir de la cual viene desplegando todas las \tactividades necesarias para clarificar la existencia de la conducta; \tdijo que el peticionario desconoc\u00eda tanto las normas como \tjurisprudencia nacional e internacional que tratan el tema del plazo \trazonable, donde han admitido la posici\u00f3n de que el mismo \tadmite excepciones cuando: (i) resulta necesario verificar la \tcomplejidad del asunto, (ii) la conducta y actitud procesal del \tinteresado, que permite afirmar o no que \u00e9ste coadyuv\u00f3 \tcon la dilaci\u00f3n del plazo y, (iii) la conducta asumida por \tlas autoridades judiciales, dentro de las cuales obviamente hay que \tasumir la posici\u00f3n adoptada por la Fiscal\u00eda. <\/p>\n

Expres\u00f3 que en el caso del reclamante se daban los presupuestos de una supuesta corrupci\u00f3n administrativa, que tornaba compleja la instrucci\u00f3n, de modo que la operadora judicial asumi\u00f3 una conducta diligente, impartiendo \u00f3rdenes a la Polic\u00eda Judicial y posterior citaci\u00f3n a audiencias de imputaci\u00f3n, lo que alert\u00f3 y \u00abal parecer molest[\u00f3]\u00bb al actor; adujo que el peticionario no recus\u00f3 a los fiscales que con anterioridad tuvieron el caso, \u00ablo que [lo] hace part\u00edcipe de la presunta mora o desidia\u00bb; as\u00ed mismo las actuaciones desplegadas por el indiciado desde que la Fiscal 49 Seccional asumi\u00f3 el caso han sido encaminadas a \u00abtrata[r] de evitar la acci\u00f3n de la justicia acudiendo, entre otras actuaciones, a causales de recusaci\u00f3n improcedentes, como se indic\u00f3 en la orden mediante la cual se desat\u00f3 plenamente el tr\u00e1mite de la causal incoada por el hoy accionante\u2026, [tambi\u00e9n] ha llegado a impedir varias veces la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n\u00bb (folios 146 a 150, cuaderno 1). <\/p>\n

2. La \tFiscal 49 Seccional de la Unidad de Administraci\u00f3n P\u00fablica \tde Medell\u00edn pidi\u00f3 negar la tutela, dada la existencia \tde otros medios de defensa al interior de la indagaci\u00f3n \tpreliminar que adelanta contra el quejoso; afirm\u00f3 que en el \tcaso del reclamante se determin\u00f3 imputarle cargos, lo que no \thab\u00eda sido posible \u00abdesde \tel a\u00f1o 2015, dado que en la mayor\u00eda de las ocasiones \tlas audiencias han sido nugatorias por la no presencia del se\u00f1or \tJorge Alberto Rojas Ot\u00e1lvaro, solicitando a \u00faltimo \tmomento aplazamiento de las audiencias, informando cambios de \tapoderado, interponiendo recursos que no han sido procedentes, \talegando una causal de impedimento y recusaci\u00f3n sin sustento \tlegal\u00bb, \tgenerando una dilaci\u00f3n injustificada de la audiencia de \timputaci\u00f3n. <\/p>\n

Expres\u00f3 que durante el tiempo en que ha conducido la investigaci\u00f3n no ha tenido inactividad procesal, que si bien el par\u00e1grafo del art\u00edculo 175 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal previ\u00f3 un t\u00e9rmino para investigar, el mismo fue establecido sin perjuicio de la facultad investigativa y represora del Estado, la que estar\u00e1 vigente hasta cuando se produzca la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, la cual prescribe en el m\u00e1ximo de la pena de la conducta punible investigada, por lo que no resultaba adecuado hablar del vencimiento de t\u00e9rminos en ese asunto; agreg\u00f3 que la indagaci\u00f3n previa inici\u00f3 el 7 de marzo de 2011, pero por reestructuraci\u00f3n de la unidad el 4 de mayo de 2015 le fue asignado el caso, desde entonces se han venido recopilando los elementos materiales probatorios y la informaci\u00f3n legalmente obtenida conllevando a solicitar la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n contra Rajas Ot\u00e1lvaro (folios 155 a 162, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al considerar que la inconformidad planteada pretend\u00eda un pronunciamiento adicional al cuestionado, insistiendo en un punto que fue decidido de fondo por el funcionario competente, lo que conllevaba a infringir el car\u00e1cter aut\u00f3nomo de la tutela convirti\u00e9ndola en un recurso ordinario. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que en la providencia de 9 de agosto de 2017 el Fiscal Primero Delegado ante el Tribunal Superior de Medell\u00edn despach\u00f3 adversamente la recusaci\u00f3n propuesta contra la Fiscal 49 Seccional de esa ciudad, tras estimar que el vencimiento del plazo establecido en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal no genera un archivo inmediato de la indagaci\u00f3n, conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 despu\u00e9s de realizar un examen de las actuaciones desplegadas por la funcionaria acusada y de aplicar la jurisprudencia pertinente, argumentaci\u00f3n razonable y alejada de alguno de los defectos espec\u00edficos de procedencia de la tutela. <\/p>\n

Reiter\u00f3 la posici\u00f3n de la Sala concerniente a que no era procedente intervenir en los procesos en curso, no solo porque se desconocer\u00eda la independencia de las autoridades judiciales, sino porque tal proceder desnaturalizaba la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n constitucional (folios 164 a 178, cuaderno 1). <\/p>\n

La present\u00f3 el actor insistiendo en los argumentos del libelo introductor, agregando que lo que busca con la acci\u00f3n constitucional es que la Fiscal\u00eda \u00abreleve a una funcionaria que ha sido negligente y que podr\u00eda no ser objetiva con quien ya puso en evidencia sus falta de cuidado en la investigaci\u00f3n penal\u00bb; que en la providencia criticada se ignor\u00f3 por completo el hecho de que el t\u00e9rmino previsto para la indagaci\u00f3n preliminar venci\u00f3, circunstancia que objetivamente hizo incurrir al funcionario que lo dej\u00f3 fenecer en causal de recusaci\u00f3n; y dicha determinaci\u00f3n hizo una \u00abama\u00f1ada interpretaci\u00f3n del contenido de las normas\u00bb aplicables, pues la Fiscal\u00eda accionada llevaba m\u00e1s de dos a\u00f1os conociendo del asunto sin archivar o sin imputar cargos (folios 184 a 187, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tEn el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, el gestor enfil\u00f3 la queja constitucional frente a la providencia de 9 de agosto de 2017, dictada por la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Medell\u00edn, habida cuenta de que la tilda de constituir una v\u00eda de hecho al no haber declarado fundada la recusaci\u00f3n formulada contra la Fiscal 49 Seccional de la Unidad de Administraci\u00f3n P\u00fablica de esa ciudad, por haber sobrepasado el t\u00e9rmino consagrado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 175 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, sin haber archivado la indagaci\u00f3n previa seguida contra el actor o haber realizado la imputaci\u00f3n de cargos respectiva. <\/p>\n

Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria o caprichosa. <\/p>\n

En efecto, la decisi\u00f3n criticada analiz\u00f3 el aspecto relativo a la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 56 [7], y 175 [par\u00e1grafo] \u00eddem, se\u00f1alando que: <\/p>\n

Advi\u00e9rtase en primera instancia, que el numeral 7o del art\u00edculo 56 de nuestro C\u00f3digo Procedimental Penal es claro al determinar que se configurar\u00eda una causal de impedimento si existe un vencimiento del t\u00e9rmino previamente se\u00f1alado por la ley, que en el presente evento ser\u00eda de 3 a\u00f1os, haci\u00e9ndose una salvedad en dicha normatividad, que los t\u00e9rminos vencidos se hubiesen generado por una inactividad total del funcionario de conocimiento. <\/p>\n

En el caso que nos ocupa, v\u00e9ase que la indagaci\u00f3n le fue asignada a la titular de la fiscal recusada el 4 de mayo de 2015, observ\u00e1ndose que existe en el sistema misional SPOA, desde su asignaci\u00f3n a la fecha, actuaciones continuas de \u00f3rdenes, actividades investigativas y conexidades registradas tanto por la se\u00f1ora fiscal como por los funcionarios de polic\u00eda Judicial adscritos a ese despacho. Entre estas anotaciones nos encontramos con b\u00fasquedas selectivas en base de datos, ubicaci\u00f3n de personas, identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n, inspecciones, labores de verificaci\u00f3n, an\u00e1lisis de documentos, \u00f3rdenes de entrevista, \u00f3rdenes de acumulaci\u00f3n por conexidad, entre otras, puntualizando que las fechas de tales registros corresponden a los meses de agosto y septiembre de 2015, junio, septiembre, noviembre y diciembre de 2016, enero, junio y julio de 2017, significando ello, que de ninguna manera se ajusta lo actuado dentro del proceso a la disposici\u00f3n normativa que permita configurar la causal de recusaci\u00f3n evocada. <\/p>\n

Aunado a lo precedente, se tiene que en pronunciamiento de la Corte Constitucional [sic]1, se sostuvo expresamente que el vencimiento del plazo previsto en la norma no genera un archivo inmediato, que si bien ese no es el motivo de disenso del solicitante, si ser\u00eda una de las actuaciones \u00faltimas a las que deber\u00eda recurrir la se\u00f1ora Fiscal 49 Seccional para no incurrir objetivamente en la causal de recusaci\u00f3n por la que procede la actual decisi\u00f3n. Dicha Corporaci\u00f3n ha reconocido que: <\/p>\n

\u00ab… la decisi\u00f3n de archivo debe responder a criterios materiales objetivos, y que el precepto impugnado no contempla el acaecimiento del t\u00e9rmino como causal aut\u00f3noma de archivo. <\/p>\n

El examen anterior demuestra la existencia de una comprensi\u00f3n relativamente uniforme, consolidada y relevante en la comunidad jur\u00eddica del precepto demandado, en el sentido de que el plazo all\u00ed previsto no genera la obligaci\u00f3n de archivar inmediatamente las diligencias: dentro de esta lectura, se trata ele una norma de tr\u00e1mite encaminada a promover la actuaci\u00f3n diligente en esta fase del procedimiento penal, tras cuyo vencimiento el fiscal debe hacer una evaluaci\u00f3n integral del caso para adoptar una decisi\u00f3n, y eventualmente archivar el caso, cuando a ello haya lugar\u00bb2. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, esta postura soporta a\u00fan m\u00e1s la improcedencia del requerimiento elevado por el defensor del implicado ROJAS OT\u00c1LVARO, habida cuenta que las actuaciones surtidas por la delegada fiscal desde su asignaci\u00f3n hasta la fecha, tornan m\u00e1s que necesario el tiempo transcurrido, no encuadr\u00e1ndose de esta manera la normatividad invocada por el peticionario. <\/p>\n

Entonces, es claro que lo resuelto por la delegada del ente acusador deriva de la interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas que regulan el caso particular, la valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n y la aplicaci\u00f3n del precedente jurisprudencial establecido por el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia penal, lo que en manera alguna evidencia un desborde del ordenamiento jur\u00eddico, de modo que con independencia de que se comparta o no, esa decisi\u00f3n no se muestra caprichosa o irrazonable. <\/p>\n

Por consiguiente, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis acogida por esa autoridad, esa divergencia, per se, no es motivo para calificar su decisi\u00f3n como configurativa de v\u00eda de hecho, porque reiteradamente se ha dicho que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y CSJ STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n

3.\tBaste lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1CSJ \tSTP 9 \tmay. \t2012, \trad. \t58791.
\n2 \tCorte Constitucional C-893\/12.
\n13<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2800-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2017-02109-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018). ANTECEDENTES 1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101793","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101793","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101793"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101793\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101793"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101793"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101793"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}